Prensa Senado hace un recorrido explicativo a la enmienda constitucional que está próxima a entrar en vigencia.

Por Johan Nassar

Bogotá, diciembre 6 de 2024 (Prensa Senado). La semana que termina el Congreso de la República culminó el trámite del acto legislativo que le devolverá a los departamentos y municipios del país más recursos vía del Sistema General de Participaciones, SGP, para lo cual requirió de ocho debates en su trámite por el Senado y la Cámara.

¿Qué es el Sistema General de Participaciones? 

Es un mecanismo clave para el desarrollo de los municipios y departamentos en Colombia. Este sistema asigna recursos del presupuesto nacional a áreas prioritarias como educación, salud y saneamiento básico, desempeñando un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de las comunidades, especialmente en aquellas regiones más necesitadas y con dificultades económicas.

¿Esto recoge cuánta cantidad del presupuesto nacional?

El SGP, anteriormente conocido como situado fiscal, constituye entre el 60% y el 70% del presupuesto en muchos municipios, especialmente aquellos en crisis financiera o acogidos a la Ley 550. Este porcentaje refleja su importancia para la sostenibilidad y el desarrollo de las entidades territoriales.

¿Cuánto reciben hoy los municipios y departamentos y cuánto recibirán con la reforma?

Actualmente reciben el 24% del presupuesto nacional, porcentaje que se incrementará al 39.5% en los próximos 14 años.

¿El SGP está diseñado para atender tres sectores principales, cuáles son?

 Son los siguientes:

1. Educación: Garantiza cobertura y calidad en el sistema educativo.

2. Salud: Proporciona recursos para servicios de salud pública esenciales.

3. Saneamiento básico: Mejora el acceso a agua potable y condiciones higiénicas.

¿Cómo se aceden a estos recursos?

Los alcaldes acceden automáticamente a estos recursos sin necesidad de concursar, ya que su distribución se realiza en función de criterios como población y necesidades insatisfechas. Las consecuencias legales del mal uso de los fondos, pueden derivar en sanciones penales.

¿Los ciudadanos puede hacer una veeduría o seguimiento al uso de esos dineros?

Es importante la vigilancia ciudadana para garantizar el uso transparente de los recursos del SGP. Los ciudadanos pueden participar en veedurías, ejercer control político y tomar decisiones informadas al elegir a sus gobernantes.

¿La financiación de los proyectos de qué dependerá? 

Los ministerios pueden cofinanciar proyectos alineados con los objetivos del SGP, maximizando el impacto de las inversiones en las comunidades. Asimismo, se podrán articular estos recursos con otras fuentes de financiación, como regalías y cooperación internacional, para potenciar el desarrollo local.

¿Por qué es importante el SGP?

Es una herramienta indispensable para el progreso de Colombia. Su correcto manejo y fortalecimiento no solo promueven la equidad, sino que también mejoran significativamente la calidad de vida de millones de ciudadanos.

 Los pronunciamientos se dieron durante Foro sobre Reforma a la Justicia en Barranquilla.

 Por: Rodrigo Meléndez Prenk

Bogotá, Dic 7 de 2.024 (Prensa Senado)

 Varios senadores de la República expresaron su posición frente a la Reforma a la Justicia, que discute en el Congreso de la República, teniendo como escenario un foro sobre el tema que se llevó a cabo en Barranquilla. La mayoría de las observaciones apuntan hacia la impunidad y la falta de eficacia de la justicia en algunos casos, afectando principalmente al colombiano de a pie.

El senador Mauricio Gomez Amin (Partido Liberal) estimó que lo que más se debe promover es la eficacia. “Ese tema de capturar a un bandido y que esté libre a las 10 o 12 horas o que una mujer denuncie maltrato por parte de su pareja y que el marido vuelva a las cuatro horas a seguir golpeándola no puede suceder”, concluyó el congresista”.

En el mismo sentido se pronunció la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) al considerar que los ciudadanos quisieran que no haya tanta impunidad para los delitos en Colombia, que se castigue severamente a los criminales “cuando haya un delito grave como el terrorismo o un delito como el asesinato de nuestros niños. Uno lo que quiere es que el responsable termine en la cárcel” puntualizó la senadora.

Además, dejó ver su preocupación por dos delitos: el terrorismo que según la congresista va a tener rebaja con el aumento de la pena y los delitos que afectan a los niños, que no se tocaron, se quejó la legisladora.

Por su parte del senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) se refirió a los múltiples cambios que en los últimos 20 años ha sufrido la justicia colombiana con cerca de 67 modificaciones, sobre lo cual él se ha pronunciado en la Plenaria del Senado de la República.

 “Nosotros como senadores debemos mantener una coherencia en lo que ha sido nuestra posición ideológica y aquí hay que recordar que hace muy poco tal vez en el 2019 votamos en el Senado la cadena perpetua para los delitos que se cometieran contra menores de edad”, dijo.

El congresista expresó su esperanza en que esta reforma pueda generar confianza en la rama judicial con el fin de lograr impactar de manera positiva la preocupación ciudadana y su desconfianza con las instituciones.

También hubo pronunciamiento por parte de la procuradora Margarita Cabello en el sentido de que se manifiesta una insatisfacción por el sistema judicial y puntualizó que todavía se está muy lejos del ciudadano de a pie y aún no se resuelven oportunamente las necesidades jurídicas de los colombianos.

La Fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que el delito que más afecta a las grandes urbes está relacionado con la extorsión e indicó que se ha detectado que este delito está asociado al crimen organizado por lo que se espera detectar los primeros eslabones de esa estructura criminal para que se pueda brindar información y se desmantelar las organizaciones con justicia negociada.

Finalmente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, reconoció que en los 20 años en que ha funcionado el sistema penal acusatorio que opera en Colombia, los resultados no son los mejores expresando que hay altos niveles de impunidad y existe una congestión impresionante a tal punto que hay procesos en los despachos judiciales, con más de 12 años después de ocurrido el delito.