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“No todo lo que es legal es conveniente para nuestros departamentos”

El cobro de valorización de la Circunvalar  Barranquilla-Cartagena generó  inquietud  en unos sectores de la comunidad.

Por Keir Villero

Bogotá 6 de diciembre de 2024 (Prensa Senado).- 

En una sesión descentralizada en la capital del Atlántico, la Comisión Cuarta realizó cuestionamientos parciales al impuesto de valorización que pretende legalizar el gobierno sobre la vía Circunvalar entre Barranquilla y Cartagena, tal como lo expuso el senador citante Carlos Meisel, del Centro Democrático.

El dirigente político del Atlántico expresó: “La primera gran conclusión de este debate es que se debe empezar una socialización desde cero, porque no se ha socializado con nadie. Según las cuentas del proyecto, se dice que llevan cuatro socializaciones donde no ha asistido nadie”.

“Una sesión como esta es la oportunidad para aterrizar las cosas en la realidad, porque la gente que trabaja está en quiebra. Son personas que se arriesgan en proyectos empresariales y merecen conocer su situación frente a este proyecto de cobro de valorización. Aquí estamos varios que hemos acudido a los tribunales de Cundinamarca para pedir medidas cautelares”, enfatizó.

El dirigente comunitario Alberto Cianci descalificó la iniciativa gubernamental: “Debemos mirar que la contribución del gobierno se basó en un estudio que carece de elementos importantes para la valorización de los inmuebles, necesarios para la construcción de la vía al mar”.

Por otro lado, el dirigente de la comunidad de Manga, Francisco de la Rosa, afirmó: “No estamos de acuerdo con ese cobro de valorización porque la actualización catastral que se presentó en Cartagena desde el año pasado ha sobrepasado cualquier límite. Hay predios cuyo valor se incrementó en más del 1000 por ciento en su avalúo”.

Desde CAMACOL, Jorge Segebre manifestó: “No estamos buscando un triunfo jurídico contra el gobierno. Nosotros estamos buscando una reactivación desde hace tres años, ya que llevamos sufriendo las malas medidas y actuaciones económicas del gobierno. Nuestro departamento del Atlántico ha sido duramente golpeado”.

El presidente de Cotelco, Mario Muvdi, afirmó: “Estas carreteras son de uso nacional y no las deben pagar obstinadamente los vecinos. El cierre de las aerolíneas de bajo costo ha obligado necesariamente a que el turismo nacional se desarrolle por carreteras, y esta carretera es muy importante”.

Por su parte, el senador Mauricio Gómez (Partido Liberal) aseveró: “El deporte de este gobierno se ha convertido en tocarle el bolsillo a los colombianos. ¿Para qué quieren los 12 billones de la reforma tributaria si tienen 97 billones en fiducia y no los ejecutan? Nunca nos habíamos unido tanto los gremios, los políticos y la academia para pedirle a la ministra que detenga dicho cobro de valorización”.

En el mismo sentido, el senador Antonio Zabarain (Cambio Radical) indicó que  “el gobierno está tratando de hacer caja. Antes de iniciar estos proyectos, se debe socializar con la gente para que les indiquen cuál es el beneficio que van a recibir con este impuesto de valorización”.

La ministra de Transporte, María Constanza García, sostuvo que “es un cobro legal que le estamos proponiendo a la sociedad colombiana. Quiero contarles que el Puerto de Barranquilla ha crecido un 10 por ciento en su demanda y va a cerrar este año con 13.5 millones de toneladas. El proyecto Barranquilla-Cartagena solo se ha pagado con peajes en un 24 por ciento; esto es inversión del gobierno”.

“Aquí no estamos cobrando por la infraestructura ni por su uso. Lo que nos permite la ley es que estas inversiones no provienen solo de los peajes. Aquí están los recursos de todos los colombianos en un 75 por ciento, lo que hace posibles estas inversiones. El mismo presidente Petro nos ha indicado que no se le puede cobrar a nadie que no tenga capacidad de pago”.

Al cierre, el senador Carlos Meisel manifestó: “No todo lo que es legal es conveniente para nuestros departamentos”.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Carolina Espitia presenta leyes clave para la inclusión

Presentó dos proyectos de ley clave para promover la inclusión y equidad de las personas con discapacidad en Colombia.

Por Johan Nassar

Bogotá, 6 de diciembre de 2024 (Prensa Senado). Este proyecto de ley busca extender la excepción al pico y placa a nivel nacional, eliminando las restricciones actuales que solo aplican en la ciudad de matrícula del vehículo. La senadora Espitia explicó que esta medida es crucial para la movilidad de las personas con discapacidad, quienes pierden el beneficio al trasladarse a otras ciudades. "Esto limita su independencia y obliga a usar un transporte público, muchas veces inaccesible", afirmó Espitia. Además, el proyecto busca simplificar trámites burocráticos y garantizar la aplicación uniforme de la excepción en todo el país, beneficiando especialmente a las familias que deben desplazarse entre ciudades.

El segundo proyecto, denominado Pensión Anticipada de Vejez para Personas con Discapacidad, propone una reforma integral al sistema pensional para este grupo poblacional. Entre sus puntos clave, destaca la reducción de las semanas de cotización para aquellos con una discapacidad superior al 50%, y la extensión de este beneficio a quienes tienen una discapacidad entre el 25% y el 49%. 

Además, se propone un cambio en el lenguaje normativo para promover el respeto y la dignidad de esta población, reemplazando el término “pensión anticipada por invalidez” por “pensión anticipada para personas con discapacidad”, un paso hacia el reconocimiento de sus derechos y capacidades.

“La realidad laboral de las personas con discapacidad es preocupante.

Mientras que la tasa de desempleo general en Colombia es del 9%, para este grupo asciende al 12%. Esto demuestra que enfrentan barreras más grandes para acceder al mercado laboral, lo que también dificulta cumplir con los requisitos para obtener una pensión. Es urgente implementar medidas que garanticen su bienestar y el de sus familias a futuro”, explicó Espitia.

Estas iniciativas no solo abordan problemas inmediatos, sino que buscan transformar las condiciones estructurales de vida de las personas con discapacidad en Colombia. Garantizar su movilidad, acceso al empleo y protección social es esencial para avanzar hacia una verdadera equidad en derechos y oportunidades. Con estas propuestas, la senadora reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde las personas con discapacidad puedan vivir con dignidad y ejercer plenamente sus derechos.

“El Día Internacional de las Personas con Discapacidad no debe limitarse a la reflexión, sino que debe impulsarnos a la acción. Estas propuestas legislativas son una muestra de que es posible eliminar barreras y construir un país donde la discapacidad no sea sinónimo de exclusión, sino una oportunidad para la solidaridad y la inclusión”, concluyó la senadora.

Estas iniciativas representan un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Al eliminar barreras físicas, legales y lingüísticas, se promueve un país más inclusivo y solidario, donde la diversidad se convierte en una fortaleza, no un motivo de exclusión. La senadora Carolina Espitia hace un llamado a todos los sectores de la sociedad, incluyendo el Gobierno, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, para apoyar estas iniciativas que buscan un futuro más justo para todos.

Comisión VII del Senado debatió sobre tratamientos de reasignación de género en menores de edad

Se negó ponencia de archivo para Proyecto de Ley que busca establecer lineamientos en la prestación del servicio de salud para menores de 18 años frente a tratamientos de reasignación de género

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2024. La Comisión VII del Senado de la República desarrolló un intenso debate en torno al Proyecto de Ley que busca establecer lineamientos en la prestación del servicio de salud para menores de 18 años frente a tratamientos de reasignación de género, cuya ponente es la Senadora Lorena Rios. Durante la sesión, se discutieron aspectos médicos, sociales y éticos, poniendo en el centro de la conversación la protección de los derechos de los niños y adolescentes colombianos.

La senadora ponente, presentó el proyecto resaltando la necesidad de regular este tipo de tratamientos en menores de edad, incluyendo el uso de bloqueadores de pubertad, tratamiento hormonal cruzado y cirugías de afirmación de género.  

“Este proyecto se fundamenta en proteger la salud integral de los menores, alejándonos de discursos ideológicos y centrándonos en criterios médicos y éticos. Queremos garantizar que los derechos de los niños y adolescentes prevalezcan en cualquier decisión que involucre su salud física y mental," afirmó Ríos.  

El proyecto tiene en cuenta conceptos previos como disforia de género, discordancia de género, la ruta afirmativa (affirmative care) y directrices internacionales como las de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH). Además, destaca la prohibición del uso de recursos públicos para estos tratamientos en menores y establece lineamientos para la atención integral en salud, incluyendo la conformación de equipos interdisciplinarios.

Riesgos asociados y casos internacionales  

La senadora enfatizó los riesgos médicos y psicológicos de estos tratamientos en menores, señalando:  "Los bloqueadores hormonales y tratamientos irreversibles pueden alterar de forma permanente el desarrollo físico y mental de un menor, con consecuencias como hipertensión, tromboembolias, cáncer y trastornos psiquiátricos. Esto no puede tomarse a la ligera".

Ríos también comparó el caso colombiano con legislaciones internacionales, mencionando que países como el Reino Unido, Francia y Dinamarca han restringido este tipo de intervenciones en menores, priorizando terapias psicológicas y tratamientos menos invasivos. "El ejemplo de estas naciones nos demuestra que es preferible optar por enfoques precautorios que salvaguarden la integridad de los menores," puntualizó.

Posturas divergentes: Proposición de archivo

El senador Wilson Arias, Pacto Histórico, presentó una proposición de archivo del proyecto, argumentando que este no toma en cuenta el sufrimiento derivado de la discriminación que enfrentan las personas transgénero y que podría estigmatizar aún más a esta población vulnerable.  

"No podemos desconocer que las dificultades psicológicas de las personas trans son producto de prejuicios sociales, no de su identidad de género. Necesitamos un enfoque que garantice sus derechos y no uno que limite su acceso a tratamientos",expresó Arias.  

Sin embargo, la proposición de archivo fue negada con siete votos en contra y cinco a favor, permitiendo que el debate del proyecto continúe en una próxima sesión.

La senadora Ríos destacó que el proyecto ha sido construido con base en el diálogo técnico. "El pasado 26 de septiembre realizamos una mesa técnica con representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, universidades como la Universidad de La Sabana, y organizaciones de la sociedad civil, para abordar esta problemática desde una perspectiva integral", afirmó.  

Por su parte, Arias solicitó la creación de una nueva mesa técnica para incluir mayor participación de expertos médicos y académicos antes de tomar decisiones definitivas.

Próximos pasos  

El debate continuará en la Comisión VII retomando la discusión del articulado, enfocado en:  

- Definir la atención integral en salud para menores con disforia de género.  

- Prohibir ciertos tratamientos irreversibles y experimentales en menores de edad.  

- Garantizar que las decisiones relacionadas con la salud de los menores se tomen en un marco de protección integral de sus derechos.