En comisión Séptima desarrolló el debate de control político para dar a conocer las metas, logros y acciones implementadas por la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Deportes para garantizar los programas sociales a favor de las comunidades más vulnerables.

Por Marcela Balcázar Martínez

Bogotá D.C., agosto 18 de 2021 (Prensa Senado).- En su intervención el director de la Superintendencia de Salud Fabio Aristizábal dio a conocer el presupuesto 2021- 2022 destacando que el rubro 20201 fue de $194 mil millones para funcionamiento e inversión, con una ejecución presupuestal del 95 por ciento a 2020 y para la vigencia 2022 solicitó al Ministerio de Hacienda $ 263 millones, de los cuales se le asignaron$ 256 mil millones,  "una reducción del 3 por ciento que impacta un poco la inversión con una reducción cerca del 21% pero tendríamos un aumento de gasto de funcionamiento del 4 por ciento haciendo un comparativo entre el año 2021 y 2022”.

El funcionario puntualizó que en comparativo 2021 2022 hubo un aumento del presupuesto del 31% equivalente a una variación de $61 mil millones para la entidad, “un aumento destinado para el funcionamiento y la implementación del rediseño que la institución viene trabajando hace dos años y está próximo a ser firmado por el Presidente de la República, dicho rediseño pretende generar una planta profesionalizada para crear 570 nuevos cargo, y pasar de los 715 cargos actuales a mil 285, en los cuales se tendrán como prioridad a los contratistas que ya se encuentran en la entidad, con el fin de dar cumplimiento al decreto 1800 de 2019 , que los cargos pasen a la entidad y no sigan como contratistas, además de lograr fortalecimiento territorial como la creación de nuevos perfiles para el rediseño como el análisis de riesgo analítica y e informática forense”.

En su intervención el funcionario destacó que el rediseño va permitir la vigilancia y control de la entidad implementar nuevas competencias, en cuanto inversión hay un recorte de 16 mil millones de pesos, afectando la optimización de la prestación de los servicios y provisión de soluciones en tecnologías de la superintendencia y el plan PETI, Afectando los servicio de infraestructura, fortalecimiento a la gestión documental, por su parte el funcionario solicito a los Congresistas el apoyo en el informe a presentar a las comisiones para que la Superintendencia Nacional de Salud mantenga el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda para poder cumplir con las principales necesidades proyectadas para el próximo año.

De igual manera el funcionario habló de la vigilancia y control ejercido a las EPS, dejando en la actualidad 11 EPS liquidadas por su falta de compromiso y cumplimiento, a lo que la senadora Victoria Sandino contestó que la Supersalud debe ser más rigurosa con las EPS, de acuerdo al informe de la Contraloría , donde se evidencias múltiples denuncias presentadas por no girar a tiempo los recursos de las vacunas.

A su paso el ministro del Deporte Guillermo Herrera, dio a conocer el presupuesto y  manifestó que el presupuesto solicitado para la próxima vigencia fue de 843 mil millones y se le asignaron 645 mil millones, con un déficit de 198 mil millones, rubro enfocado al desarrollo de programas para fomentar la recreación y la actividad física, como la preparación y la formación de deportistas, al igual que el fortalecimiento a la infraestructura deportiva, programas que verían afectados hacia el 2022 y que generó preocupación entre la célula legislativa.

El senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical expresó que cerca del 24 por ciento de las necesidades del Ministerio no se pueden cumplir con el presupuesto asignado y se pondrían en peligro proyectos como “ el desarrollo del deporte como herramienta de convivencia y paz, al igual municipios PDET afectados, donde cerca de 600 escuelas no tendrían apoyo, si no se corrige el rubro de Ministerio de Deporte, evidenciando también afectaciones al apoyo de organización de eventos colocando en riesgo los juegos bolivarianos, el mundial juvenil de atletismo, los juegos panamericanos de la juventud, entre otros, debido a la falta de financiamiento”.

Por su parte la senadora Victoria Sandino de Comunes reiteró su preocupación ante el déficit de las entidades que cumplen funciones sociales ”nos preocupa el déficit fiscal ya que hay afectaciones en los programas de desarrollo escolar y en la formación y preparación de deportistas, afectando la política públicas del deporte, herramienta clave de convivencia y paz para garantizar los derechos de la ciudadanía y dar cumplimiento a los acuerdos de paz”, manifestó su preocupación ante la reducción del 50 por ciento de la participación de los atletas colombianos en los juegos internacionales.

Entre tanto la congresista Aydeé Lizarazo del Mira expresó su compromiso para solicitar al Ministerio de Hacienda mayor inversión para garantizar el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas y contribuir a la reactivación económica, estableciendo al deporte como eje fundamental a dicha reactivación, así lo manifestó la congresista “ el deporte es generador de ingreso, de empleo y reactivación económica en el mundo, hay un reto muy grande para el DANE, para incluir el deporte dentro del PIB e identificar cuál es el aporte del deporte al producto Interno Bruto”.

A su paso el presidente de la Comisión Senador, Mauricio Delgado también fue enfático en anunciar que el recorte presupuestal al Ministerio de Deporte pone en riesgo los juegos nacionales y paranacionales, por lo cual manifestó la importancia de citar al Ministro de Hacienda para que puedan concertar y evaluar el tema de incremento presupuestal antes de entregar el informe a las comisiones económicas, y llegar a acuerdos que faciliten el cumplimiento a las actividades deportivas para la vigencia 2022.

Finalmente el Ministro de Deporte agradeció el respaldo de los congresistas y reiteró su compromiso y priorizo el área de inversión para poder duplicar en los municipios las escuelas de formación deportivas y el apoyo a eventos deportivos en los juegos nacionales y paranacionales, así como también seguir avanzando en el proceso de seguridad en los estadios a través de plataformas digitales que depure el ingreso a los estadios, acciones encaminadas a garantizar el acceso al deporte y a la reactivación económica del país.

Reviva la sesión de la Comisión Séptima a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=042x1PvQlbw

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El gobierno confirmó lo ya expresado por la Corte Constitucional, que los Derechos de autor son irrenunciables.

Bogotá D.C., agosto 18 de 2021 (Prensa Senado).- Con el fin de abogar por el cumplimiento de la Ley 1403 de 2010 o Ley Fanny Mikey, ante el no pago de los derechos de remuneración a los actores, por parte de los teleoperadores Claro, Movistar, DirecTv y Tigo, la Comisión Primera adelantó un debate por iniciativa del senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.

En sesión mixta el senador Velasco precisó que “este debate busca impulsar unas decisiones para reconocer no solo los derechos morales de los actores de Colombia sino hacer efectivos unos derechos patrimoniales que también los tienen”. Pidió el congresista una reglamentación de la ley y la expedición de un paz y salvo por concepto de pago de derechos de autor, para prorrogar las concesiones de estos tele operadores.

Al respecto la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático recalcó que es necesario trazar una línea entre los derechos públicos y derechos privados. “Cómo lograr que los derechos de actores, autores, compositoras que están en esas asociaciones no se vulneren, si escuchamos quejas que se les pagan a esas asociaciones, pero a ellos no les llega nada. Es imposible obtener un paz y salvo”.

El senador Luis Fernando Velasco preció que el debate es en defensa de los derechos de comunicación pública de actores, “estoy hablando de 4 empresas específicas, los derechos de comunicación pública son irrenunciables” y recordó que lo que hacían las empresas de televisión, era llamar al actor y decirle “quiere trabajo?, firme aquí y renuncie a un derecho fundamental y la Corte dijo no señor, esos derechos son irrenunciables”.

En sesión informal, intervino la presidenta de Actores de Sociedad de Gestión, Aura Helena Prada, quien agradeció al senador Luis Fernando Velasco por hacer cumplir la ley. “Es una pena tener que asistir a un debate por el incumplimiento de nuestra ley por parte de los 4 operadores de televisión por suscripción que recogen el 85 por ciento del mercado en el país. Llevamos 11 años sin poder distribuir ese dinero entre nuestros socios y a miles de actores en el mundo, estas cosas no deberían pasar, porque este es un derecho fundamental”.

“En nuestra reunión con la ministra de las TICS fue diligente, gracias a su gestión los canales regionales nos pagaron la semana siguiente, ojalá que no hubiera delegado el tema de la tele operadores, así no estaríamos acá”, afirmó la actriz Prada. Adicional cuestionó el por qué si las pequeñas y medianas empresa pueden cumplir, las grandes no, “estas empresas pagan en Chile Perú, Argentina, España, cuál es la excusa para no pagarnos. En nuestra sociedad de gestión la plata se distribuye y se distribuye bien. Gracias a esta sociedad la actriz María Eugenia Dávila pudo vivir sus últimos años bien”.

A su turno el ministro del Interior, Daniel Palacio afirmó que es un tema que no se le da la importancia que se merece, “desde que asumí el ministerio con los actores buscamos impulsar una reforma en materia de derechos de autor, para que este Ministerio pueda actuar en defensa de los actores y autores. “La dirección de derechos de autor tendría la facultad de sancionar a un tele operador o a la asociación si esa demanda prevaleciera, hay 10 demandas contra cable operadores, que tiene unos tiempos y están en trámite, debo reconocer que no haya un solo fallo y eso nos lleva a reevaluar cómo está funcionando esa dirección. Tener el año para fallar no quiere decir que debamos tomaros ese año, preció el ministro Palacio.

Así mismo propuso estudiar un mínimo que tiene que estar obligado a pagar un cable operador, o más,” debemos buscar mecanismos que pueda garantizar que la concertación no sea la forma para evadir el pago y los actores no reciban por su trabajo, no es una ayuda ni limosna, es un derecho por su trabajo. Hoy 11 años después si podemos pensar en una revaluación dela ley”.

Por su parte la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen afirmó que cuando el Ministerio cupo de esta problemática, se les solicitó a todos los operadores ponerse al día, “fueron más de 300 solicitudes en todo el país, para que cumplieran con las obligaciones que tenían frente a la ley”.

Además fue enfática en afirmar que se debe reglar esos topes, “ es necesario un tope máximo para que realmente podamos conciliar, porque las respuesta de los operadores es que no están de acuerdo con la tarifa que unilateralmente los actores van y cobran. Ellos necesitan que la sociedad de gestión no llegue sola, sino que llegue acompañada del gobierno, para hacer cumplir lo que la ley establece y lo que los actores están reclamando frente a su situación.

Respaldo de los senadores a las peticiones de los actores

El senador Temístocles Ortega, de Cambió Radical expresó su respaldo a este debate, “tomemos como punto de referencia aquellas obligaciones del estado y la calidad de vida de los afectados, que son nos nuestros actores y actrices. Aprovechemos esta ocasión para que materialicemos sin más los derechos de los colombianos, no nos enredemos en los vericuetos jurídicos”. En igual sentido se pronunció el senador Rodrigo Lara en defensa de los derechos de los actores.

Para la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático se requieren unas mesas de concertación, una ventanilla única que los pagos que hacen los usuarios se hagan una vez al año y se pueda expedir un paz y salvo y así decirle al estado que lo exija; mejorar los criterios para determinar las tarifas, eliminar contratos de privacidad, que impiden control del estado como de los mismo autores y actores y que la Dirección de Protección de Derechos de Autor protejan tanto a los usuarios como a los actores y autores.

Finalmente, el senador Luis Fernando Velasco recordó que hoy el gobierno confirmó lo que dijo la Corte, “los derechos de autor son un derecho fundamental, para qué derechos si no van a ser gozados por los asociados”. Cuestionó que los 4 cable operadores han recibido $25 billones en los últimos años y se han negado a reconocer el derecho.” Me gusta la idea de la mesa de negociación, para que el Ministerio les repita a los cable operadores que ese es un derecho y hay que reconocerlo”.

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