Por KeirErnesto Villero Damian

Bogotá 13 de noviembre de 2024 (Prensa Senado) El Senado aprobó en cuarto debate el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio de los menores de edad, así quedó contemplado en la plenaria, tal como lo explicó la ponente Clara López Obregón (Pacto Histórico) luego de un largo debate.

La legisladora López Obregón, al explicar el contenido de la llamada ley “Son niñas no esposas”, dijo que “con la aprobación de esta iniciativa prohíbe el matrimonio infantil, es un gran avance porque va acompañado de una política pública muy robusta, porque el mayor reto es cultural porque estos matrimonios lo que están haciendo es quitándole unas enormes posibilidades a las niñas de educarse en ver de ser sometidas y obligadas a casarse a temprana edad”.

López, destacó que “por lo regular son niñas pobres, obligadas, sacándolas de las escuelas, sometidas a violencias en el hogar, cuando aquí estamos haciendo algo civilizatorio porque las menores no son objetos sexuales si no niñas, de modo que las prohibiciones son de carácter general incluyendo los sectores religiosos de modo que la ley ayuda, aunque no cambia las costumbres”.

Señalóademás , “lo que cambia las costumbre es la pedagogía, el diálogo, la publicidad que se desarrolle con el Ministerio de Educación, con una política pública encaminada a su prevención acompañando a los niños, niñas y adolescentes en sus proyectos de vida para que puedan disfrutar  de todos los derechos  desde su temprana edad”.

Aclaró que “el matrimonio infantil no es exclusivo de las comunidades indígenas, pero el proyecto lo prohíbe a todo el mundo, pero hay usos y costumbres que deben cambiarse con pedagogía porque no es lo mismo la pedagogía en la comunidad campesina, urbana o indígena es una diferenciación que le corresponde a la política pública”.

La senadora   Clara López pidió “no se debe estigmatizar la comunidad indígena, debemos entender que aquí no hay una sola cultura sino varias y son las mujeres indígenas las primeras que han estado apoyando esta iniciativa y por último no nos incluye el tema de ideología de género”.

En el mismo  sentido  la senadora indígena  Marta Peralta Epiayú (PH) informó que “nosotros proponemos que los pueblos indígenas puedan participar en  la implementación de la prevención para que este tipo de conductas no se  realicen, pero que tengan un enfoque diferencial porque en muchas culturas como la mía Etnia Guayú, se considera que desde el primer periodo de menstruación  ya es una mujer pero estamos encontrando casos que hay niñas  que su primer periodo  menstrual le llega a los 10 años”.

Enfatizó, “no aceptamos que aquí se siga estigmatizando a las comunidades indígenas porque estos cambios necesitamos hacerlos con políticas públicas que se desarrollen desde adentro, con programas de prevención expuestos en nuestras lenguas, nuestra habla teniendo en cuenta nuestras costumbres, porque nosotros defendemos que se protejan los derechos de las niñas”.

Finalmente explicó que “lo que queremos es que la educación pedagógica  vaya encaminado no solo a las zonas urbanas , sino rurales  y comunidades étnicas llegando a sus colegios y escuelas para que nuestras culturas empiecen a  entender de que hay que proteger primero los derechos de los niños y de las niñas”.

La iniciativa de la autoría de la representante Jenifer Pedraza (PH) pasa a conciliación para sersancionada luego por el Jefe del estado Gustavo Petro.

Corte Suprema, Fiscalía y Ministerio de Justicia,autores de la iniciativa, manifestaron que buscanrestaurar el equilibrio, la oportunidad y la eficacia de la justicia penal.

Por: Karen LisetheMadera Castro 

Bogotá D.C,noviembre 13 de 2024 (Prensa Senado) La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debateproyecto de ley de reforma que busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.

El senador Ariel Ávila, partido Alianza Verde, uno de los ponentes, manifestó que esta reforma busca abreviar el paso por el sistema judicial, restaurar el equilibrio y los fines del sistema acusatorio, Según el congresista, también busca estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales de los mecanismos de terminación anticipada.

“Busca garantizar los derechos de las víctimas a la reparación integral y justicia. En el sistema jurídico colombiano más del 70% es cifra negra, está colapsado por el 25% de los delitos que llegan al sistema”, dijo.

Agregó, “nuestro sistema penal acusatorio que empezó a regir desde el 2004 muy parecido al modelo gringo, es adversarial y se basa en una justicia negociada y en la lógica de hacer todo rápido para que le resuelvan rápidamente a los ciudadanos. Hemos tenido 67 reformas hasta hoy”.

Por su parte, el senador German Blanco, Partido Conservador, manifestó que el país está exigiendo una gran reforma integral a la justicia, “lo que se está presentando es una reforma a un articulado a la justicia premial, a la justicia de beneficios, a la negociable, no la vendan como una reforma a la justicia porque estamos equivocados, la reforma es más amplia”, indicó en su intervención.

“Estamos confundiendo capacidad institucional con necesidad social. A mí me sigue dando pena que nosotros beneficiemos a los terroristas en Colombia, un país con la problemática que tiene, la disculpa no puede ser que entonces beneficiemos a quien se acerque a la justicia y nos cuenta una actividad delictiva conexa al terrorismo,”, agregó el Senador conservador.

La iniciativa es producto de un proceso de discusión y concertación con distintos sectores para lograr un articulado que propone cambios estructurales, mediante los cuales se restituye el equilibrio del Sistema Penal Oral Acusatorio, se disminuyen los tiempos de los procesos y se optimiza el funcionamiento del aparato judicial.

El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano, creado en 2004 para potenciar las actuaciones a través de la justicia premial, pero que ha ido sufriendo modificaciones aumentando las restricciones a figuras como los preacuerdos y principios de oportunidad, valiosas alternativas para la terminación anticipada de los procesos.

Contrario al ideal de las soluciones ágiles y consensuadas de los procesos como regla general, actualmente solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal son resueltos por mecanismos de terminación anticipada.

Con la reforma se busca revertir esta situación para que un mayor porcentaje de casos pueda resolverse de manera rápida y eficiente, sin llegar a juicio, como es la tendencia en los modelos penales internacionales, y así, también, evitar prescripciones, vencimientos de términos y la revictimización a las personas afectadas por los delitos.

Más reacciones

“Considero que una reforma que solucione agilidad que es lo que pide la gente, es una verdadera reforma la justicia. Hubiera preferido que se hiciera una norma general para devolver en principio lo que debiera ser el código penal, que la gente tuviera los descuentos normales por aceptación de penas, para todos”: Senador Alejandro Chacón, Partido Liberal.

“Esta reforma a la justicia contiene varios puntos polémicos, pero celebro que por fin empecemos a resaltar en el contenido de la misma, las realidades. En esta reforma a la justicia encontramos que un bandido puede cometer un delito lograr una extinción penal y 5 años después volver a cometerlo y volver a lograr beneficios, esto se debe modificar”: Senador Jonathan Pulido, Alianza Verde.

“Este proyecto puede ayudar de manera significativa a solucionar los problemas de congestión y de impunidad que enfrenta el sistema procesal penal colombiano. Permitir y estimular los mecanismos de justicia premial para estos casos, representa que un grupo importante de delitos puedan terminar por la vía abreviada o anticipada. Este proyecto también le va a permitir a los jueces de la república y a los fiscales, generar su esfuerzo mayor de investigación y juzgamiento en otro tipo de delitos”: Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra.

“En Colombia la indemnización integral no es solamente económica, sino que requiere 3 elementos fundamentales desde el derecho internacional: verdad, justicia y reparación. El sistema acusatorio le apuntó a estos mecanismos de principio de oportunidad y preacuerdo, que no son impunidad. Estamos avalando una pretensión de que el sistema penal funcione en un plazo razonable, que es un derecho humano traído por la Convención Americana y con derecho de las víctimas”, ministra de Justicia, Angela Buitrago.