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Congreso busca corregir omisión del Estado con proyecto sobre cambio de régimen pensional

Se propone mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Asofondos para revisar las cifras y el posible impacto fiscal de esta iniciativa.

Bogotá,D.C. 2 de septiembre de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión Séptima adelantó el foro “cambio de régimen pensional”, con la participación del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, delegada del Ministerio de Hacienda, representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, centrales obreras, Colpensiones y miembros de la academia.

El objetivo de este foro además de socializar la iniciativa, garantizar el traslado de afiliados entre fondos de pensiones, se desarrolló entre el análisis y debate con las partes interesadas frente a los alcances legales, financieros y sociales del mismo. La propuesta legislativa plantea que los colombianos que estén a menos de 10 años para pensionarse puedan cambiarse de régimen si cumplen con los requisitos de ser mayores de 52 años, para los hombres, o mayores de 47 años, para las mujeres, y haber cotizado un mínimo de 750 semanas, un beneficio que actualmente está prohibido y que podría favorecer a más de 400 mil colombianos.

“Con esta iniciativa el Congreso de la República tiene la oportunidad de brindarle a todos los colombianos que están a punto de pensionarse y que no contaron con la doble asesoría en el término establecido, el poder remediar una mala decisión tomada por falta de información”, afirmó la senadora Nadia Blel, ponente de la iniciativa. Quien a su vez hizo un llamado frente al costo que está asumiendo tanto el país con los procesos que generan detrimento al estado, como el costo para los afiliados por hacer efectivo su derecho a pensionarse.

En el mismo sentido, el representante a la Cámara Juan Carlos Wills, autor del proyecto de ley, indicó que con este se busca poder resarcir el error del sistema pensional que impidió que durante más de 20 años se tuviera acceso a una decisión informada, "No protegimos a nuestros pensionados", y también concluyó que por vía judicial el impacto fiscal sería mayor, ¨No hay megapensiones, no es para los más ricos. Se está legislando en justicia social¨, precisó.

Por su parte, el senador citante, Gabriel Velasco Ocampo, invitó a realizar una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Asofondos para revisar las cifras y el posible impacto fiscal de esta iniciativa.

Para el ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, este proyecto de ley llama su atención porque básicamente modifica laLley 797 del año 2003. ¨El proyecto propone el traslado de un fondo a otro, es claro que connota un impacto fiscal porque es pasar del régimen de ahorro individual a un régimen de prima media en donde el estado subsidia, hay un impacto fiscal y eso no se puede negar y así debe ser¨, precisó el Ministro.

Otro punto que informa el jefe de la cartera es con respecto al trabajo que vienen adelantando con Colpensiones frente a los cerca de 34.230 procesos con corte a abril 30, de estos Colfondos tiene 6.343; Porvenir, 17.692; Protección, 8.795 y Skandia, 1.400. Dijo que de estos procesos un 95% se pierden generando altos costos a la nación.

Sin embargo, el Ministro, al igual que la delegada del Ministerio de Hacienda, llamó la atención frente al cuidado que se debe tener con las personas que hoy están en el régimen de ahorro individual por el retorno financiero que ellos pueden recibir cuando tengan el equivalente a 1.150 semanas. Si pertenecen al régimen de prima media el equivalente es de 1300 semanas, y cuando ya están cerca de una pensión, sería delicado cambiarse, precisó.

De otra parte, el Ministro destacó la importancia de la doble asesoría para que el ciudadano tenga claro si puede o no trasladarse. Ratificó que su cartera está preparada para asimilar conjuntamente con Colpensiones, estos traslados siempre y cuando se realicen con un régimen de transición como se viene proponiendo. Reiteró que la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda. Fue claro en mencionar que trasladarse de un régimen individual a uno de prima media tiene un impacto fiscal. Esta decisión la debe tomar el Congreso.

Maria Virginia Jordán delegada del Ministerio de Hacienda, esta medida traería costos asociados a los subsidios que otorga el régimen de prima media con prestación definida a las personas de más altos ingresos. Según información de la Superfinanciera con corte al año 2018, identifica a los potenciales individuos que estarían cobijados por esta norma, los cuales podrían ascender a 478 mil personas. La funcionaria precisó que hay ciudadanos a los que les conviene el traslado y hay otros a los que no. Así mismo informó que esto generaría un nuevo escenario fiscal, de acuerdo al valor neto de las obligaciones causadas por este proyecto de ley, el cual se estima en 34,2 billones de pesos.

Fondos de pensiones y la academía expresaron su opinión

Voces en contra y a favor se dieron durante el desarrollo del foro en donde los representantes de los fondos de pensiones privados y la academia, centraron su discusión alrededor de la conveniencia o no para los ciudadanos de someterse a los 10 años antes de la pensión, catalogada como una restricción, la cual , según ellos es incierta ante la imposibilidad de saber 10 años antes qué régimen le puede beneficiar.

Así mismo, visibilizaron el gran costo fiscal que ocasionarían estos traslados, definen que al aumentar el déficit de aquí en adelante y aumentar la deuda pública generarían un efecto fiscal. Otra de las críticas se centró en que se dirige el gasto público a quienes menos lo necesitan.

De otra parte, académicos señalaron que este proyecto lo que busca es corregir el problema que suscitó la falta de asesoría que evidenciara los pro y contra de pertenecer a un régimen pensional. Enfatizaron que con este proyecto se está dando libertad para entender y tomar el régimen que mejor le convenga al ciudadano, es un proyecto que habilita el traslado. Dejan en claro que esta no es una reforma estructural de la reforma pensional. Algunos consideran que de no aprobarse este proyecto se tendría que asumir un costo moral, económico y psicológico para quienes en un futuro quieran hacer un traslado.

Al cierre del foro, el citante del mismo, el senador Gabriel Velaso concluyó que las recomendaciones y observaciones que se presentaron serán estudiadas con detenimiento y tenidas en cuenta para que la Comisión realice el debate de este proyecto de ley en beneficio de los pensionados en Colombia. 

Este miércoles continúa aprobación del proyecto que reforma el Sistema General de Regalías

Se aprobó una citación a debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que explique al Congreso las condiciones del crédito asignado a Avianca.

Bogotá D.C., septiembre 1 de 2020 (Prensa Senado).- Con 82 votos a favor y 9 en contra y por recomendación de la comisión accidental, la plenaria aprobó inicialmente un bloque de 19 artículos ( 12-13-21-25-28-32-36-37-41-54-60-68-71-88-114-133-153-155 y 162) tal y como se presentaron en la ponencia, luego de negar las proposiciones que se habían presentado para dichos artículos.

Así mismo con 81 votos a favor y 6 en contra,  la plenaria votó un segundo bloque de 47 artículos (2,4,5,7,9,10,11,16,19,20,22,23,24,27,29,30,33,34,35,39,40,44,45,46,48,50,51,52,53,55,56,57,64,65,66,70,157,168,169,173,174,176,177,178,179,209 y 211) con las proposiciones acogidas por la Comisión Accidental. 

El pasado sábado 29 de septiembre, la plenaria de Senado había aprobado en bloque 143 artículos, sin proposición, del proyecto número 200 de 2020 Senado, 311 de 2020 Cámara que establece la distribución de las regalías para los departamentos y las regiones.

Al presentar el informe de la comisión accidental la senadora Maritza Martínez (Partido de la U) informó que todos los artículos fueron enriquecidos con las proposiciones de los Senadores.

Aclaró, sin embargo, que no se lograron consenso sobre cuatro artículos que deben ser discutidos de manera profunda, a saber, el artículo 6 sobre los órganos Colegiado Regionales; el 44 sobre asignación regional; el 209 sobre reactivación económica y el 210 sobre yacimientos no convencionales o fracking.

La comisión accidental estuvo integrada por los senadores: Alejandro Corrales, Paloma Valencia (Centro Democrático), Didier Lobo (Cambio Radical), Guillermo García Realpe (Partido Liberal), David Barguil (Partido Conservador), Maritza Martínez (Partido de la U), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), Alexander López (Polo Democrático), Richard Aguilar (Cambio Radical) y Temístocles Ortega (Cambio Radical).

El presidente Arturo Char, levanta la sesión y  cita para este miércoles 02 de septiembre, con el fin de continuar con la votación del resto del articulado del proyecto.

Proposiciones y Constancias

Al inicio de la sesión el senador Roy Barreras presentó una proposición para citar al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, para que explique al Congreso las condiciones del crédito asignado a Avianca. A esta petición se sumaron los senadores Rodrigo Lara y Jorge Londoño, la cual fue aprobada y que espera realizarse en dos semanas.

 

Aplazada aprobación de prórroga de Ley de Víctimas ante propuesta de anexar nuevo artículo

La célula legislativa avanzó analizando los textos del contenido de los artículos y cambió la palabra “ampliación” por “prórroga”, se mantuvo el texto aprobado de la Cámara de Representantes y se discutirá nuevo artículo.

Bogotá D.C., septiembre 01 de 2020. (Prensa Senado). En la sesión virtual no presencial que se adelantó este martes con la continuación del debate del Proyecto de Ley 284 de 2020 Senado – 199 de 2019 Cámara Acumulado con el proyecto 247 de 2019 Cámara, suspendido el día anterior, fue nuevamente postergado para su aprobación, ante el surgimiento de la propuesta de incluir un nuevo artículo del senador Eduardo Pacheco, del partido Colombia Justa Libres.

La propuesta se refiere a incluir dentro del proyecto beneficios jurídicos y de oportunidad para los campesinos en estado de vulnerabilidad que han ocupado de buena fe, por desconocimiento o por ser víctimas de estafadores, terrenos de propiedad de desplazados o abandonados por amenazas y que al momento que sus propietarios regresen amparados por la ley de Restitución de Tierras, no sean desalojados y tengan oportunidad de reubicación con la protección del Gobierno y sean acreedores a beneficios y amparados jurídicos por su ocupación.

La citada proposición presentada por el senador Eduardo Pacheco, produjo varias reacciones en favor y en contra lo que motivó que al agotarse el tiempo, el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), determinó posponer la votación para aprobar la propuesta, el título y el informe con que termina la ponencia de la Prórroga de la Ley de Víctimas para éste miércoles a las 10:00 AM.

Sin embargo antes de la citada propuesta la sesión avanzó para analizar los 6 artículos que componen el proyecto de ley objeto del debate, siendo aprobados sin reparos y tal como venían de la Cámara de Representantes y solamente fue sometido a estudio y aprobación el artículo Primero, donde fue cambiada la palabra “ampliación por “Prórroga”, el cual tuvo votación de aprobación unánime como de los demás 5 artículos que componen la denominada Ley de Víctimas que perdurará por 10 años más.

Los parlamentarios y representantes del gobierno, intervinieron por espacio de cinco horas para analizar cada uno de los seis artículos del contenido del proyecto que hace parte del Acuerdo Final de la firma de paz y con el cual se adelantan programas de subsidios económicos, restitución de tierras, viviendas, educación y generación de proyectos productivos entre otros.

Gobierno presenta balance

Con el objeto de exponer los avances que ha tenido la Ley de Víctimas a la fecha, la Comisión citó al Gobierno para que a través de los Directores de la Unidad de Víctimas, Restitución de Tierras y de la Defensoría del Pueblo quienes presentaron informes de los objetivos alcanzados a la fecha en favor de las 9 Millones de víctimas del conflicto interno armado que se han registrado y son objeto de las reparaciones de acuerdo a la norma.

Unidad para atención y reparación integral a víctimas

El directo de la entidad, Ramón Rodríguez, afirmó que el Gobierno ha incluido esta Ley dentro del Plan Nacional de Desarrollo con el fin de garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas con un enfoque de paz con legalidad y no marginar de la política pública a las víctimas, mediante una destinación presupuestal específica para financiar los programas de beneficios y de reparación.

El funcionario señaló que también se vienen realizando acciones articuladas con otras entidades para adelantar el denominado Pacto por la Vida y protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Con relación a las cifras, Rodríguez señaló en su exposición que en el actual Gobierno se han cobijado a 469. 827 víctimas de las 9 Millones 014 mil 766 que corresponden al 28% de la población colombiana, así como a 25 mil 386 que se encuentran en el exterior (Noruega y Panamá) con atención y ayudas económicas humanitarias. Destacó igualmente que se requieren más fuentes de financiación para atender el gran número de personas ya que los victimarios a la fecha no han hecho aún entrega de recursos ni inmuebles para reparar a sus víctimas como se ha acordado en la firma del acuerdo final, destacó.

De otra parte destacó que en la actualidad se vienen apoyando 182 proyectos de infraestructura social y comunitaria en 156 municipios beneficiando a 36 mil hogares. Así mismo afirmó que se han atendido seis mil emergencias humanitarias y se han coordinado 499 emergencias humanitarias masivas.

Agregó que actualmente se han instalado 193 puntos de atención y 33 centros regionales donde se han tramitado cerca de 10 millones de solicitudes de las cuales se han atendido 6 Millones 200 mil víctimas desde 2019.

Finalmente recalcó que a la fecha se han invertido en las 48 mil víctimas únicas, 61 Mil Millones de pesos, se han indemnizado a 171 personas de las cuales 113 mil 816 corresponden a mayores de 74 años. Así mismo otras indemnizaciones a Un Millón 072 víctimas por vía administrativa y judicial por un monto de 7. 29 Billones de pesos.

Unidad de Restitución de Tierras

El titular del despacho adscrito a la Presidencia de la República, Andrés Castro, también expuso el avance del Gobierno. “ Analizamos cada caso para proceder a la entrega a los dueños de los terrenos despojados , así como los que por buena fe o los segundos o terceros ocupantes que han ocupado y se procede con las autoridades judiciales para verificar y caracterizar para que la Defensoría del Pueblo interceda para aclarar y tomar medidas”. Mantenerlo en el predio o entregarle otro predio con subsidio de vivienda y apoyo para proyecto productivo”, explicó.

Agregó que se han recibido 28 Mil 652 solicitudes para 99 Mil 910 personas inscritas en el programa de las cuales en sentencias se han adjudicado 157 Mil 627 hectáreas para 31 mil 183 personas beneficiadas en sentencias donde 15 mil 570 mujeres beneficiadas.

Dentro del balance destacó igualmente que en cuanto a las órdenes proferidas a favor de segundos ocupantes, jueces y magistrados han proferido 525 órdenes a favor de 518 segundos ocupantes.

Señaló las regiones donde se vienen adelantando los programas con mayor número de órdenes en las que se destacan Apartadó, Córdoba, Antioquia, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre.

Intervención de senadores

El ponente del PL, Senador Roy Barreras (Partido de la U), señaló que “el gobierno no está de acuerdo con la prórroga por 15 años, y no se hace reconocimiento del Acuerdo Final. Vamos a presentar una proposición para excluir el texto de “acuerdo final” por ser pluralismo. Esta ley se aprobó antes del acuerdo final y antes del acuerdo de paz. Retiro de 4 proposiciones mías y que fuera por 15 y no por 10. En plenaria se insistirá. Aprobar el texto tal como viene de Cámara, seguirán siendo 10 años y haciendo caso a la sentencia de la Corte Constitucional que señala que es prórroga y no ampliación de la ley”, explicó.

Por su parte, el parlamentario por el MIRA, Carlos Guevara, insistió en la necesidad de la prórroga de la ley. “Me sumo a la reflexión que permita la eficiencia de los entes territoriales. Indemnización administrativa no es así y más bien reparar a las víctimas con oportunidades como empleos, tierras, formación técnica, y acceso a la educación entre otros” Agregó que “Hay que revisar la indemnización administrativa ya que persisten problemas de choque por competencias sumado a las trabas por burocracia en las gestiones y atender derechos de petición y otros. Ser más prácticos con una ley más integral y fortalecerla con presupuesto y a las instituciones para que lleguen a las regiones.

Por su parte el senador del partido Conservador, Eduardo Enriques Maya se refirió a la necesidad de blindar la Ley e hizo reparos al sistema “Se creó una jurisdicción especial con 38 magistrados y no se conocen decisiones sobre estos temas. En reparación de tierras y reparación víctimas. Los resultados. Los representantes del Gobierno expusieron muchas cifras y tengo reparos. 9 millones de víctimas y puerta abierta para más, en otros países que lograron la paz el número de víctimas alcanzan el 1 o 2 % de la población mientras en Colombia es el 18% de la población.

Por su parte la Senadora Paloma Valencia y María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático, señalaron su apoyo a la aprobación de la prórroga a la Ley de Víctimas y manifestaron igualmente su voto positivo para la propuesta de su colega Eduardo Pacheco en la inclusión de un nuevo artículo que proteja a los campesinos en estado de vulnerabilidad.

Finalmente ante la ampliación de las discusiones en favor y en contra del nuevo artículo propuesto para anexar a la Ley de Víctimas, se levantó la sesión y se aplazó la votación para este miércoles, donde se anunció desde ya la aprobación de la prórroga del PL y se abre nuevamente la discusión para aceptar o no el nuevo articulado.