Uno de los objetivos de la iniciativa es fortalecer las garantías en todas las actuaciones disciplinarias contra servidores públicos de elección popular.

Bogotá, 25 de marzo de 2021 (Prensa Senado). – Ante el Congreso de la República, fue radicado el Proyecto de Ley que busca reformar el Código General Disciplinario, que atenderá el fortalecimiento de las garantías en las 12, 142 actuaciones disciplinarias contra servidores públicos de elección popular.  

La propuesta legislativa se concentra en tres puntos:

1. Facultades jurisdiccionales

La Procuraduría propone al Congreso de la República que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.

2. División en las fases investigativas

De esta manera, la Procuraduría quiere garantizar que las etapas de investigación 

y juzgamiento dentro del proceso, sean atendida por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue.

3. Doble instancia

Asimismo, se plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros.

“El presente proyecto en consecuencia fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo en lo sucesivo los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló la procuradora General de la Nación Margarita Cabello Blanco.

El dato:

A la fecha, se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 Representantes a la Cámara y 21 Senadores.

(Con información procuraduría.gov.co)

la congresista boyacense afirmó que de esta manera se podrá evitar de alguna manera, que las mujeres sufran aún más este flagelo y por ende vean en la ley una real protección para ellas.

Por: Isabel Colomna

Bogotá D. C. marzo 25 de 2021(Prensa Senado). - La senadora Sandra Ortiz (Partido Alianza Verde), radicó ante la Secretaría General, un proyecto de ley que busca fortalecer la ruta de atención integral para víctimas de violencia de género, que modifica la Ley 1257 de 2008, creando sanciones disciplinarias y pecuniarias contra quienes por acción u omisión revictimicen.

Durante la radiación de la iniciativa, la senadora expresó que sobre las crecientes cifras que se tienen en Colombia, que en la mayoría de los casos las victimas claman protección frente a sus agresores, quedando en total desamparo por el Estado y sus funcionarios.

La legisladora afirmó que la iniciativa busca la garantía de derechos de las mujeres en Colombia, en atención al clamor de la emergencia humanitaria por el creciente número de víctimas fatales de violencia de género en el país. Dijo que unas 630 mujeres fueron asesinadas en Colombia, en el 2020 y entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2021, se registraron 37 feminicidios según la Fiscalía General de la Nación que entregó un informe en el que confirma que, estas cifras indicarían, según la entidad, que, con relación a los asesinatos de mujeres registrados en 2020, la cifra aumentó en un 8.8%”.

“En la mayoría de los casos las víctimas ya habían presentado denuncias clamando protección frente a sus agresores pero que no recibieron la debida atención y protección por parte de las entidades y los funcionarios encargados”. Sostuvo.

De igual manera apuntó, que actualmente la Ley 1257 del 2008, conocida como la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de violencias, comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima, de acuerdo con sus competencias y la coordinación de las intervenciones intersectoriales, considerando que cada caso es único y particular por las condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de violencia de género presentado y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en los territorios.

“Hasta ahora, la ley es letra muerta porque no se está cumpliendo a cabalidad, trayendo consecuencias irremediables para las familias de las víctimas que, desafortunadamente, no fueron tomadas en serio al momento de presentar su denuncia, dejando a muchos niños y niñas en situación de orfandad, en los que la justicia, brilla por su ausencia”, indicó la legisladora.

También dijo que es por ello, que el proyecto está dirigido al fortalecimiento institucional, articulación real a través de mecanismos articuladores locales, departamentales y nacionales, atención en salud integral para mujeres, atención en salud mental para agresores, recursos económicos garantizados para protección, exigencia de obligatoriedad de formación en género, así como el establecimiento de sanciones a aquellos funcionarios que no cumplan con la aplicación de la Ruta de Atención.

Finalmente indicó, “hasta 20 años de destitución e inhabilidad para las faltas gravísimas dolosas y en relación a las faltas relacionadas con la moralidad pública 500 SMMLV, tendrán que pagar las personas que no actúen acorde a la presente Ley y sus conexas. No vamos a permitir que mueran más mujeres por falta de efectividad del Estado, no podemos seguir siendo cómplices de estas tragedias, es momento de reaccionar y haremos lo que sea necesario para cambiar este triste panorama. Seguimos de luto por nuestras mujeres, pero esta vez damos un paso adelante por todas nosotras”.

La senadora Ortiz, anunció que seguirá dando la lucha por los derechos de las mujeres esperando además que más allá de tener que sancionar a los funcionarios públicos, se haga una pedagogía y garantías del cuidado a nivel intrafamiliar, educación en el asertividad de la convivencia y busca promover una cultura de la no violencia al interior de los hogares y fortalecer simultáneamente, todas las actuaciones de la vida en el país.