La ponente de la iniciativa, senadora Emma Claudia Castellanos se comprometió a buscar el consenso de los congresistas para la aprobación en la presente legislatura.

Bogotá D.C., 18 de agosto de 2020 (Prensa Senado). Encaminar esfuerzos para que el proyecto sea una realidad en corto tiempo y así responder a las inquietudes de los migrantes para que los procesos sean ágiles y tengan una especial atención, anunció la ponente de la iniciativa que será próximamente debatida en la plenaria para su aprobación y que se trató hoy en la Comisión de Derechos Humanos.

Para tal efecto y buscando perfeccionar el contenido de los textos del mencionado documento, fue convocada una audiencia pública a la cual fueron invitados sectores que tienen que ver con el tema desde el sector oficial como de agremiaciones, asociaciones, la academia y el Gobierno.

Uno de los objetivos planteados es que la norma sea un proceso migratorio seguro, ordenado y regular y ágil con una atención adecuada por parte del Estado, ya que persisten inconvenientes para los migrantes al momento de disponerse a realizar cualquier trámite, argumentó la legisladora del partido Cambio Radical al momento de iniciar la audiencia pública.

Planteamientos

Distintas agremiaciones concurrieron a la plataforma virtual para dar a conocer algunos inconvenientes que se registran al momento de solicitar los servicios de migración por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la entidad adscrita Migración Colombia y que impiden que por tramitología no se logren los resultados esperado para resolver su estadía en el caso de extranjeros como el ingreso de connacionales desde el exterior para su ingreso y otros trámites de legalización como el de los títulos de estudio que requieren homologación, entre otros.

El Colectivo Migrantes y Exiliados por la Paz a través de su vocero, Mauricio Viloria, dijo que “en países donde la población colombiana y migrante accede a regularización migratoria, sus posibilidades de incorporarse a las economías formales, acceder a derechos económicos, sociales, políticos y culturales, se fortalecen" y plantea agilidad en los procesos.

"Una ley migratoria debe contemplar regularización aparte del visado, estar orientados hacia poblaciones migrantes irregular y vulnerable, que sean permanentes y una vía para integración y estabilización migratoria al futuro y es crítica situación de migraciones. Es una oportunidad para que Colombia ajuste su política migratoria. Hay alrededor de un millón de venezolanos migrantes en situación irregular. Preocupa que el proyecto de ley no establece mínimas garantías", expuso el director nacional de Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, sacerdote Mauricio García.

A su vez, Esteban Trujillo, por el colectivo Estudiantes Migrantes, afirmó: "Solicitamos que la Política Integral Migratoria debe estipular en educación, que en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión en un establecimiento educativo".

“Se debe garantizar una amplia participación. Una Ley migratoria debe fundamentarse en el principio de no discriminación, que garantice la inclusión de personas con distintos perfiles migratorios”, reiteró por su parte Alejandro Daly, director del Derecho a No Obedecer.

“No hay acceso a la justicia para migrantes. Debemos crear una Política Integral Migratoria eficaz y positiva hacia estos miembros y connacionales que regresan al país, que están desprotegidos y muchas veces terminan en delincuencia, trata de blancas o prostitución. Colombianos que hemos regresado nos hemos visto perjudicados, porque no hay igualdad. Solicitamos que otorguen los beneficios que están en la Constitución”, dijo el representante de la Organización sin Fronteras., José Martínez.

La academia opina

Alexandra Castro, representante de la Universidad Externado de Colombia, dijo que había “ausencia de enfoque integral en Derechos Humanos, ya que no hay mecanismos de protección ni enfoque diferencial, lo que genera discriminación. Invitamos a que se incluye un enfoque amplio en Derechos Humanos que represente a todos”.

A su vez, la vocera de la Universidad del Rosario, Manuela Chávez argumentó que "es importante incluir en el apartado de principios la no criminalización, la prohibición de expulsión colectiva a extranjeros, respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos y el principio pro persona":

La Universidad Nacional. a través de Stephanie López, afirmó que debe ser el resultado de un debate amplio y democrático. “Los perfiles migratorios son diversos. No debe limitarse a Venezuela, tenemos más fronteras, deben asignarse responsabilidades institucionales y se debe crear programas socioeconómicos”.

"El tema de refugio tiene que considerarse de manera amplia y considerar los motivos y contextos específicos en que estas personas se han visto obligadas a regresar, y cómo esto afecta su solicitud de refugio o condición de refugiado", señaló Carolina Moreno, en representación de la Universidad de los Andes.

Conclusiones

La senadora Aydeé Lizarazo (MIRA) afirmó en su intervención que “este proyecto tiene una planeación especial que el Partido MIRA ha liderado para facilitar trámites. Se necesita una política pública de migrantes para colombianos en el exterior como para los extranjeros en tránsito. Hemos trabajado desde hace 6 años para este proyecto que se suma a otros que se han expuesto por 12 congresistas”,

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), indicó que es apropiado tener una norma que beneficie a los ciudadanos colombianos como extranjeros en sus trámites y se les atienda en sus solicitudes, reclamos y especialmente soluciones.

Luego de escuchar los planteamientos, tanto de las agremiaciones y colectivos como de la academia en torno al tema migratorio, la ponente de la iniciativa, congresista Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical) dijo que la iniciativa requiere que los múltiples actores relacionados con la migración converjan y así lograr una política pública que responda a las necesidades del presente, pero que a su vez tenga un marco flexible para los desafíos al futuro.

Los senadores Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Antonio Sanguino citaron al Gobierno a un debate de control político, donde fueron cuestionadas las acciones adelantadas en las zonas de cultivos ilícitos.

Bogotá D.C., 18 de agosto de 2020 (Prensa Senado). Al debate fueron citados los ministros del Interior, Alicia Arango; de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el de Justicia, que envió a su viceministro Javier Sarmiento, lo mismo que el director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, general Jorge Luis Ramírez Aragón, y el director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, Hernando Londoño, quienes respondieron cuestionarios de los congresistas citantes.

La metodología usada para el debate de control político fue dar paso a una exposición de la problemática que se ha planteado por parte de los senadores que convocaron al control político al Gobierno, frente a los programas de erradicación de los cultivos ilícitos y las acciones que se han venido desarrollando para su sustitución y los efectos en la población.

Planteamientos

El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, tomó la vocería exponiendo lo que ha considerado que ha causado efectos negativos en el programa que adelanta el Gobierno para disminuir los cultivos con la erradicación forzada y voluntaria como para la restitución y los beneficios para los cultivadores que en su totalidad es población vulnerable.

Inicialmente el legislador Berner Zambrano, del Partido de la U, señaló que la situación de alteración del orden público en el sur del país es preocupante ante las masacres, asesinatos por el narcotráfico como de aparición de grupos armados al margen de la ley. Solicitó mayor atención de las autoridades y del Gobierno, para que lideren una comisión de garantías de seguridad para Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Por su parte, el senador Sanguino trajo a colación una amplia exposición de la situación que se registra en varias regiones del país convulsionadas por el cultivo y narcotráfico que viene ocasionando problemas de orden público y social.

“El Gobierno ha incumplido con el pago a las familias que adelantan el programa de sustitución de cultivos ilícitos pese a que han erradicado 41.513 hectáreas, no les han dado los beneficios suscritos con el Gobierno con el punto 4 del Acuerdo de Paz”, aseveró, agregando que se han denunciado 52 casos de violación de derechos humanos en regiones de violencia contra líderes sociales y comunidades.

Agregó que se ha incumplido con el pago a las familias que adelantan el programa de sustitución de cultivos ilícitos pese a que han erradicado 41.513 hectáreas, no les han dado los beneficios suscritos con el Gobierno con el punto 4 del Acuerdo de Paz. Se ha disminuido en un 93% el presupuesto para la erradicación de cultivos ilícitos desmotivando el proceso. El Gobierno priorizó ocho municipios, de los cuales en tres no hay ni una sola hectárea de cultivos en Barrancominas, Guainía; Rosas en Cauca, y El Dovio, en el Valle del Cauca.

El observatorio de Restitución y Regulación de los derechos de propiedad agraria registró 51 incidentes entre campesinos y Fuerza Pública, el 42% de ellos, durante el aislamiento obligatorio. El 58% de los cultivadores estaría dispuesto a participar en algún programa de erradicación voluntaria, afirmó.

Agregó que la remilitarización ocasiona victimas de lado y lado. 126 erradicadores han muertos y más de 100 heridos, la mayoría de las víctimas perteneciente a las Fuerzas Militares. “La política de erradicación es equivocada, la aspersión aérea es peligrosa. La guerra contra las drogas es perdida, la política de militarización no es la solución. Los narcotraficantes se están aliando con la política y eso también debe preocupar”, reiteró el senador citante.

Por su parte, su colega Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena Social, MAIS, denunció: “Los indígenas estamos de luto por los atentados contra nuestras comunidades y lamentamos esta situación. Solicitamos atención del Gobierno para garantizar seguridad y adelantar esfuerzos con acciones para detener esa violencia, 82 mil familias están inscritas y no 92 como afirma el Gobierno. Al 41% de ellas no le han girado los beneficios para sustitución y el 27% no ha recibido los dineros de autoabastecimiento productivo. Esperan respuestas y acciones inmediatas y que se cumpla el acuerdo de paz en estos temas”, concluyó.

Comunidades opinan

La Asociación de Campesinos del Catatumbo, a través de su vocero Juan Quintero, afirmó que desde hace siete años se adelantan esas labores y se han inscrito en los programas, especialmente en los municipios de Tibú y Sardinata, en Norte de Santander. Los proyectos de ciclo corto y largo en los últimos 3 años ya no están, se requiere apoyo para sustitución con cultivos lícitos, no hay programas concretos”.

“Las comunidades indígenas y afro en el pacífico estamos cumpliendo con la erradicación, pero el Gobierno no. La Fuerza Pública se va de las regiones y quedamos sin protección, lo que aprovechan los grupos armados para atentar contra los líderes. Solicitamos cumplimiento del Estado y que hagan efectivos los acuerdos”, dijo Nelson Estupiñán, por las Comunidades Indígenas del Pacífico.

Responde el Gobierno

La ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que respondiendo a las inquietudes de las comunidades en torno a programas de protección a los líderes sociales, en zonas de restitución de cultivos ilícitos: “Los alcaldes y gobernadores deben ser los canales ante el Gobierno para atender problemas de inseguridad. Así mismo se adelantan acciones especiales de protección y atención de derechos humanos con 100 sistemas de seguridad individual y colectiva en las zonas de erradicación de cultivos ilícitos, como para los líderes sociales y se están ajustando más para mejorar”.

A su vez, el delegado de la Defensoría del Pueblo. Mateo Gómez, reveló que se han realizado un total de 177 alertas de riesgo de peligro por grupos armados, 159 son tempranas por actividad de narcotráfico, de las cuales 68 corresponden a la zona del Pacífico. Recomendamos al Gobierno atender con actividades coordinadas para atender a la población en su protección”,

Emilio José Archila, alto Comisionado Presidencial afirmó: “El Gobierno ha invertido 1,4 billones de pesos para beneficiar a 99.097 familias en 56 municipios, de 14 departamentos, donde 41.513 hectáreas de cultivos ilícitos fueron erradicadas de forma voluntaria y asistida. 15.295 hectáreas de han sustituido durante el actual Gobierno”.

El viceministro de Justica, Diego González, anunció la próxima presentación de un proyecto de ley para tratamiento penal de pequeños cultivadores ilícitos, donde se contemplan aspectos de beneficio para los erradicadores voluntarios y otros aspectos judiciales.

A su turno, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes, afirmó que “las cifras afirman que la política de antinarcóticos que se aplicó con anterioridad al presente Gobierno tuvo un aumentó histórico por incremento de cultivos ilícitos. Nariño y Norte de Santander acumulan los más altos índices de cultivos y tráfico de Cocaína. 1.100 hectáreas de cultivos ilícitos se han erradicado en el último año. Norte de Santander y Nariño siguen siendo las zonas donde más cultivos existen y donde se están enfocando las acciones de erradicación con programas del Gobierno como en otras regiones como Valle y Cauca” y finalizó afirmando que “el Gobierno no trivializa los hechos de violencia, ni la seguridad pública. Es falso y es cierto que tenemos problemas en algunas zonas, pero por culpa de las decisiones del 2013. En los últimos dos años ha disminuido los delitos y los crímenes. También se han incrementado las incautaciones de alucinógenos y grupos criminales”.

“Lo que podemos es seguir luchando contra el narcotráfico y todas sus redes con constitucionalidad y apegados a la ley, lo que no se puede es politizar estas acciones”, reiteró en su presentación.

Conclusiones

El senador Ernesto Macías (Centro Democrático) dijo: ”Muchos acuerdos hizo el pasado Gobierno con agremiaciones, sociedades y comunidades que se quedaron solo en el papel, porque no dejó recursos e incumplió, así como en materia de erradicación de cultivos ilícitos, hay que seguir en esa lucha de erradicar tanto manual y aérea como voluntaria y forzosa”.

“Nuestras autoridades con la Fuerza Pública deben llegar a los sitios libres o vacíos, donde el Estado debe estar allí ejerciendo presencia y así evitar que lleguen los criminales a ocuparlos con cultivos ilícitos”, sostuvo el congresista José Luis Pérez, (Cambio Radical).

La senadora Paola Holguín (Centro Democrático) intervino al señalar; “El glifosato se usa en otros sectores y no son nocivos, pero algunos se oponen a la fumigación para acabar con los cultivos ilícitos por defender sus negocios y ellos son los que se oponen a cualquier acto de erradicación. No engañar a los colombianos con sesgos. Acabar el narcotráfico se debe atacar toda la cadena desde la siembra”.

“Busquemos entre todos una salida para todos estos problemas que vienen generando los cultivos ilícitos y narcotraficantes. No nos echemos la culpa los unos a los otros y con mayor voluntad política superemos todos estos problemas, debemos avanzar en soluciones y no se requiere enfrentamientos, ni polarización”, indicó el senador Feliciano Valencia.

Finalmente, el legislador Antonio Sanguino hizo un llamado al Gobierno para que suspenda los programas de erradicación forzosa, no al glifosato ni a la aspersión aérea. Es cumplir el punto uno del acuerdo de paz. Hay que desmilitarizar las zonas para evitar enfrentamientos y reforzar programas de restitución con cultivos lícitos.

Por su parte, el presidente de la Comisión Segunda, Luis Diazgranados (Cambio Radical) señaló que otros debates sobre el tema se estarán desarrollando para buscar soluciones en conjunto con el Gobierno para la erradicación de cultivos ilícitos, que será en otra sesión donde se hable de los avances y las soluciones ante las problemáticas expuestas.