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 Senado pide mayor bioseguridad para cosecha cafetera del segundo semestre del año

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que las regiones agrícolas ya tienen protocolos de bioseguridad que se aplicaron en la primera cosecha del 2020, aunque admitió que la segunda cosecha será un mayor desafío para el sector salud.

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión Cuarta del Senado pidió hoy medidas urgentes para garantizar la adecuada y segura recolección de café en el segundo semestre del año, en medio de la pandemia por el Covid-19.

“Estamos ad portas de una cosecha fundamental para la recuperación económica del país, pero también estamos en medio de la pandemia por lo que es urgente que se tomen medidas para garantizar la salud de más de 150 mil recolectores que llegarán a la zona cafetera para recolectar la cosecha”, dijo el senador Juan Felipe Lemus (Partido de la U).

La petición, apoyada por todos los senadores de la Comisión Cuarta, se hizo durante un debate de control político sobre “las acciones que se están tomando para ayudar a los cafeteros en la recolección de las cosechas en el segundo semestre del 2020”, al que asistieron los ministros de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, y de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

El senador Lemus explicó que la cosecha del segundo semestre del 2020 será todo un desafío para el sistema de salud de Colombia ya que se prevé que hasta el 25% de los miles de recolectores que llegarán a las grandes haciendas cafeteras puede estar contagiado de Covid-19.

“El sistema hospitalario en estas zonas cafeteras no está en capacidad de responder a una avalancha de contagios o de atender los muchos casos que seguramente se pueden agravar y necesitar servicios de UCI. Así las cosas, la pregunta es quién va a atender a los recolectores que se contagien, cómo están preparándose las EPS, cómo se desplazarán en estas regiones”, dijo el senador Lemus.

“Es muy preocupante que estamos a tres semanas de la segunda cosecha del año, que es la más grande e importante para la economía del país, y que todavía los caficultores no tengan claro cuáles serán las medidas de salubridad y los protocolos de bioseguridad, quién asumirá los costos por los enfermos y fallecidos, cómo será la movilidad de personas en la zona cafetera”, agregó.

El senador Lemus rechazó las explicaciones dadas por los ministros, que básicamente, señalaron que, la estrategia para la segunda cosecha 2020 es aplicar los mismos protocolos de bioseguridad aplicados en la primera cosecha.

“Resulta censurable que los ministros del Gobierno vengan a esta comisión a decir que lo que hay que hacer es lo mismo que ya se hizo cuando las condiciones son totalmente diferentes. La segunda cosecha tiene un volumen mucho mayor y no nos pueden venir a decir olímpicamente que hay que hacer lo que ya se hizo”, lamentó Lemus.

La congresista Aída Avella (Decentes) pidió medidas concretas como dar elementos de bioseguridad a los recolectores. “Estamos ante una cosecha de 14 millones de sacos y los ministros están escatimando en recursos para tomar medidas concretas que ayuden a los caficultores del país”.

Samy Merheg, legislador de Risaralda, lamentó que el Gobierno nacional no entienda la urgencia de nuevas medidas acordes con el desafío de esta nueva cosecha. “No podemos seguir con palmaditas en la espalda, sino que necesitamos recursos para nuevas medidas. El nivel de riesgo de hoy no es el mismo del primer semestre”.

Senadores como Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, Wilson Arias, del Polo Democrático, y Myriam Paredes, del Partido Conservador, coincidieron en que se requiere de un trabajo conjunto que incluya la asignación de recursos para solucionar el desafío de los caficultores de cara a la segunda cosecha 2020 y no dejar el problema a los entes territoriales.

“El campesinado colombiano tiene problemas como es el aumento de los insumos agropecuarios, mayor control de precios. Los campesinos mayores de 70 años no han recibido ayudas por lo que no han podido quedarse en casa. Se requiere una acción más directa del Gobierno Nacional”, dijo el senador Castro.

John Milton Rodríguez, de Colombia Justa y Libre, pidió que la Comisión Cuarta realice un nuevo debate en el que los funcionarios del Gobierno den respuestas reales a las preocupaciones de los caficultores y no la “retórica del presente debate”.

El Gobierno responde

A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que las regiones agrícolas ya tienen protocolos de bioseguridad que se aplicaron en la primer cosecha del 2020 aunque admitió que la segunda cosecha será un mayor desafío para el sector salud.

“Durante la primera cosecha hubo muy buenos resultados en materia de salud. Hubo una baja tasa de contagios y pensamos que lo que hay que hacer es adaptar los protocolos que ya aplicamos para responder a este nuevo desafío”, dijo el Ministro quien pidió colaboración de los alcaldes para adecuar esos protocolos.

El Ministro agregó que se está trabajando en el tema de la portabilidad de salud para que quienes se desplacen a zona cafetera tengan la seguridad de estar protegidos por una EPS. Además que las entidades territoriales pueden hacer afiliaciones rápidas para garantizar la protección.

Ruiz también aseguró que el Ministerio de Salud ha fortalecido a los hospitales regionales, pero recordó que el sistema colombiano es descentralizado por lo que también corresponde a las regiones invertir para mejorar la red hospitalaria.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, señaló que el Gobierno diseñó una estrategia con la Federación Nacional de Cafeteros para la primera cosecha del 2020 y que los resultados fueron positivos.

“Podemos tomar esta estrategia como un piloto para la segunda cosecha. Sin embargo, sabemos que esta cosecha es mucho más grande así que lo importante es adecuar estos protocolos para este nuevo reto. Tenemos que trabajar de manera conjunta con todos los organismos para llegar a un resultado adecuado”, dijo el Ministro.

El funcionario informó que la cosecha de la primera mitad del año 2020 fue de un poco más de seis millones de sacos, lo que representó una disminución del 5% respecto a la misma de 2019, pero destacó que esta reducción es mínima si se tiene en cuanta que se hizo en medio de la pandemia por el Covid-19.

“Hasta el mes de junio de este año, el ingreso cafetero creció 28%. Yo quisiera preguntar en este momento de crisis qué sector registra aumento de ingresos. Eso refleja que se ha diseñado una estrategia adecuada”, dijo Zea.

El funcionario señaló que lo ideal es que las regiones puedan realizar esta segunda cosecha del año con recolectores locales en su gran mayoría para no tener que desplazar trabajadores y minimizar los riesgos.

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros , Roberto Vélez, coincidió en que su gremio y el Gobierno han desarrollado de manera conjunta una estrategia exitosa que se aplicó en la primera cosecha del año.

“El reto es evitar que el coronavirus llegue a las zonas cafeteras y que podamos realizar una segunda cosecha con mano de obra segura. Esta cosecha será el motor para la reactivación económica pero tiene que ser segura. Estamos trabajando con los Gobernadores en temas como crear centros de aislamiento para los recolectores enfermos”, señaló Velez.

En el debate también participaron los voceros de Dignidad Cafetera de Antioquia, Guillermo Gaviria y Alexander Taborda, quienes advirtieron que si no se toman medidas se puede perder cosecha que se calcula dará a la economía nacional más de cinco billones de pesos. En el mismo sentido se pronunció Carlos Osorio, alcalde de Andes (Antioquia), quien reiteró que la cosecha es fundamental para varios municipios.

 

 

 

Regulan, en primer debate, funcionamiento de consultorios jurídicos

Deseamos que los consultorios jurídicos se fortalezcan y cumplan a cabalidad su función social. Que las universidades sean empoderadas y brinden a la población que lo requiera un acceso a la justicia”, dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, tras la aprobación de la iniciativa, por parte de la Comisión Primera.

 Bogotá D.C., 5 de agosto de 2020 (Prensa Senado). Con 13 votos a favor y uno en contra, fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, el proyecto de ley que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior.

La iniciativa busca el fortalecimiento técnico de los consultorios jurídicos, como herramienta indispensable para permitir mayor cobertura de la justicia en personas que no pueden disponer recursos para el pago de honorarios a un abogado.

También tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de los estudiantes de derecho que hacen sus prácticas y vigilar que esas asesorías gratuitas sean de calidad en favor de las personas que depositan su confianza para resolver los problemas legales que les aquejan o exigir el cumplimiento de los derechos que son vulnerados.

De manera permanente, los consultorios jurídicos deberán garantizar las condiciones de funcionamiento conforme a las disposiciones que establezca el Gobierno nacional. El Ministerio de Justicia y del Derecho será el encargado de ejercer el control y la vigilancia sobre los mismos.

Sobre los servicios de los consultorios jurídicos se expresa que prestarán asesoría jurídica, conciliación extrajudicial en derecho, representación judicial y extrajudicial, adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede administrativa y pedagogía en derechos. Así mismo, podrán prestar servicios de conciliación en equidad, mediación, mecanismos de justicia restaurativa y litigio estratégico de interés público, así como todos aquellos otros servicios que guarden relación y permitan el cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en esta ley.

Estos servicios se prestarán por conducto de los estudiantes de Derecho, bajo la guía, supervisión y control del Consultorio Jurídico, el cual se podrá cursar a partir de la aprobación de por lo menos la mitad de los créditos académicos del plan de estudios y en cualquier caso hasta su finalización, cumpliendo con los requisitos que establezca cada institución de educación superior conforme a los principios de autonomía y progresividad previstos en la presente ley.

“Deseamos que los consultorios jurídicos se fortalezcan y cumplan a cabalidad su función social. Que las universidades sean empoderadas y brinden a la población que lo requiera un acceso a la justicia”, dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, tras la aprobación en primer debate de la iniciativa.

Para segundo debate fue designado nuevamente como ponente el senador Miguel Ángel Pinto.

Por otra parte, se aprobó por parte de la Comisión Primera, la realización de un foro, iniciativa del congresista Roy Barreras, sobre la crisis financiera de la Universidad Nacional de Colombia, que se ha visto agravada por los efectos de la pandemia del Covid-19 y la solicitud de matrícula cero universal para compensar la deserción masiva de estudiantes.

El foro se llevará a cabo el próximo lunes 10 de agosto de manera virtual, a partir de las 9:00 de la mañana.

Presencia del Estado en el Putumayo y una banca más solidaria con el país, piden en plenaria

La senadora Myriam Paredes afirmó en sesión  virtual que en menos de 25 días, el número de casos en el Putumayo creció a más de 2.751%, llegando a 1.128 confirmados, lo que significa un aumento diario del 110%. Afirman que “el Gobierno es el garante de hasta el 90% del valor de cada crédito que bancos hagan a Mipymes". Algunos congresistas presentaron constancias.  

Bogotá D.C., 4 de agosto de 2020 (Prensa Senado). La senadora Myriam Paredes presentó hoy ante la sesión virtual de la plenaria del Senado una constancia para que se atienda de manera urgente crisis sanitaria del departamento del Putumayo, dada la situación que está atravesando esa región del país, por el aumento de contagio del Covid-19.

La congresista conservadora manifestó que ante la difícil situación que afronta el mundo por la pandemia, el día 6 de marzo, cuando el Ministerio de Salud, confirmó el primer caso, ya hoy van más de 300 mil contagiadas en todo el país, unas 11.017 personas fallecidas y 173.227 recuperadas.

Paredes señaló que ese departamento presentó el día 12 de mayo, los dos primeros casos y hasta el 9 de julio iban 41 confirmados.

Informó que antes de la pandemia se contaba con cuatro camas UCI y el Gobierno Nacional ante la emergencia se comprometió a entregar 54 UCI, a lo que agregó que a la fecha se han entregado veinte. Señaló que esa región sólo tiene dos hospitales de segundo nivel y ocho de primer nivel.

“En la misiva enviada por el gerente de la ESE de Mocoa, José María Hernández, al Ministro de Salud, se expone la difícil y angustiosa situación, que vive el departamento, por la falta del talento humano, elementos de protección al personal y carencia de infraestructura para el traslado de pacientes con Covid-19”, expresó.

 A lo anterior, la congresista agregó: “El sistema de salud es muy precario, es por eso que se debe entregar cuanto antes la respectiva dotación de los elementos necesarios, para surtir a todo el departamento de Putumayo, como medida para contrarrestar los efectos de la pandemia. Asimismo, es importante que se haga entrega de la totalidad de todos los requerimientos”.

Por esa razón, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que implemente las medidas solicitadas, con el fin de atender la crisis en el departamento, dado el aumento desmedido de pacientes por la pandemia, para evitar una crisis sanitaria en el sur occidente del país.

Bancos, insolidarios con colombianos

Por su parte, el senador conservador Efraín Cepeda dijo que las tasas de desempleo entregadas por el DANE, en su último informe, registran la destrucción de 4 millones de empleos en Colombia. “¿Cuáles son los empleos que se salvarían si los bancos desembolsaran los $18,5 billones que aún retienen, de los $24 billones que les irrigan el Gobierno?”

Seguidamente dijo que “el Gobierno es el garante de hasta el 90% del valor de cada crédito que bancos hagan a Mipymes, pero éstos no desembolsan recursos, en un actuar insolidario frente a necesidades de colombianos. El próximo 27 de agosto, el Superintendente Financiero debe responder ¿por qué no se desembolsan esos créditos?”

En defensa del magisterio

A su turno el senador Jorge Guevara (Polo Democrático) pidió a la Ministra de Educación continuar las negociaciones con Fecode y que se respete el derecho a las vacaciones de los maestros.

“En este momento hay una situación sanitaria de emergencia y es importante que los maestros tengan derecho a su descanso. Los maestros tienen un cansancio que afecta su salud por lo tanto no se puede negar el derecho legal al descanso”, dijo.

El senador Guevara recalcó además que hoy los maestros usan su sala, computador y su internet para dar clases. “Hay gastos y todo para garantizar el derecho a la educación”.

Agregó que es necesario negociar un nuevo sistema general de participaciones porque se necesita más dinero para la educación. “La pandemia ha demostrado que se necesitan mucho más recursos para la educación”, dijo

Otros pronunciamientos

De otra parte, algunos congresistas presentaron constancias respecto a la resolución No.001 expedida por los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para el retorno a la presencialidad de las sesiones en el Congreso.

Según algunos senadores, respaldan la sentencia C-242 de 2020 de la Corte Constitucional, donde se hace mención sobre las sesiones presenciales de la actividad legislativa del Congreso de la República, pero siempre y cuando se garanticen las medidas de bioseguridad.

Por su parte, el Presidente del Senado, Arturo Char, respondió “hemos estado revisando por supuesto la sentencia con todo el detenimiento y por eso conjuntamente con la Cámara de Representantes, su Presidente, estamos conformando una Mesa de Trabajo porque allí intervienen muchos factores y una serie de elementos que tienen que darse para ir avanzando”.

Por otra parte, diferentes bancadas se refirieron al fallo de la Corte Suprema de Justicia en la que le dictó medida de aseguramiento al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Tras los diversos pronunciamientos, el presidente del Senado, Arturo Char, levantó la sesión no sin antes anunciar que por Secretaría se informaría sobre la fecha de la próxima sesión, cuando se hará el examen de conveniencia y oportunidad al estado de emergencia económica, social y ecológica dictada por el Gobierno, así como de las medidas adoptadas a través de ese estado de excepción.