En Comisión de Derechos Humanos se cumplió audiencia pública sobre inclusión laboral y productiva para este grupo de la población.

Bogotá D.C., diciembre 3 de 2019 (Prensa Senado). Según cifras del Departamento Nacional de Estadística, DANE, en Colombia hay 3 millones 474 mil 611 personas con discapacidad. Sobre este dato, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Baena, aseguró que el 26,7% está ocupado pero el 80% no tiene contrato de trabajo.

Lo anterior fue mencionado en la Audiencia Pública ‘Reconocemos tu capacidad: inclusión laboral y productiva para personas con discapacidad’ que se realizó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Para el funcionario esto “significa que hay que formalizar y garantizar la seguridad social de la población en cuestión”.

En la instalación de la sesión, la senadora citante Aydeé Lizarazo, del Partido MIRA, resaltó el trabajo que sobre empleabilidad realizan el SENA, los Ministerios del Trabajo y de Comercio, así como las fundaciones que se dedican a capacitar y rehabilitar a este grupo poblacional. “Es el caso de los incentivos tributarios que hoy tienen las empresas por hacer vinculaciones, igualmente desde el sector público con la Agencia Pública de Empleo que tiene por norma cumplir con unas cuotas de vinculación que van por buen camino” sostuvo.

Para el presidente de la Comisión, el senador Edgar Palacio, el país debe tener ciudades amables en educación y comercio pues aún cuentan con barreras y riesgos que afectan la dignificación de estas personas. “En el caso de los colombianos sin discapacidad el desempleo es del 10,3% con tendencia al alza y en ellos está en el 70%. Es urgente presentar un proyecto de ley que permita esa inclusión laboral para más de 3 millones de personas”, señaló el legislador de Colombia Justa Libres.

Una posición similar en cuanto a la labor de los congresistas frente al tema abordado expresó el senador del Partido Liberal, Iván Dario Agudelo, quien dijo que “tenemos que hacer unas leyes más cercanas al ciudadano. El Congreso quiere hacerles este reconocimiento que ojalá no sea solo en este día, ellos también hacen parte de la población que nos hace legislar”.
Por su parte, Griselda Lobo, senadora del Partido FARC, propuso a la Comisión de Derechos Humanos buscar mayores garantías en el desarrollo de sus proyectos de vida, “que este espacio sea un paso para que en el Senado nos apersonemos de estos casos. Sólo en Bogotá hay 54 mil personas con discapacidad y un millón 500 mil en Colombia”.

El viceministro Carlos Baena, indicó además que entre 2018 y 2019 se han registrado 40.468 personas con discapacidad en el Servicio Público de Empleo, como una herramienta de ayuda para garantizarles acceso a vacantes de trabajo. Esto hace parte de una estrategia del Ministerio del Trabajo para que los colombianos accedan a oportunidades laborales y para que los empresarios cuenten con el talento humano idóneo.

Entre tanto, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, expuso los resultados de una encuestada realizada a 139 empresas, la cual arrojó que solo 4 de cada 100 personas en discapacidad tienen algún nivel de educación superior y 2 de cada mil trabajadores tienen alguna discapacidad. De acuerdo con Carolina Mejía, abogada de la Vicepresidencia Jurídica del gremio, el 59% de estas personas no necesitan ayuda para desempeñar sus actividades del día a día, lo que quiere decir que en gran parte la dificultad para encontrar un puesto de trabajo se debe a la falta de estudio.

“El 38% de empresas cuentan con políticas de inclusión laboral. La mayoría desconocen los incentivos que brinda el Gobierno a quienes contraten personas con discapacidad, otras en su defecto, consideran que existe rigidez normativa”, explicó Mejía.

En el cierre de la audiencia ‘Reconocemos tu capacidad’ el senador Carlos Guevara, del Partido MIRA, aseguró que entre las personas con discapacidad hay mucho talento. “Eso puede abrir puertas laborales, se pueden profundizar sectores como turismo, diseño de modas, entre otros y visibilizar también a las empresas que aportan a la inclusión social”.

En la audiencia intervinieron fundaciones, instituciones privadas y delegados del SENA, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de otras entidades gubernamentales con el fin de socializar cómo se encuentra el país en acceso al empleo, estudio y programas de turismo.

El evento, en el salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional, se cumplió a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Las iniciativas serán ajustadas de acuerdo a las proposiciones de modificación a los artículos y en 10 días se presentarán de nuevo para ser debatidos en plenaria.

Bogotá D.C., diciembre 03 de 2019. (Prensa Senado). En medio de un controvertido y reñido debate, la Comisión Primera del Senado aprobó con 12 votos a favor y dos en contra, el proyecto que garantiza el derecho fundamental a la impugnación y el principio de favorabilidad.

Con ponencia de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) se debatió por espacio de 3 horas y media, la iniciativa que tiene como objeto garantizar el derecho a la doble instancia y doble conformidad, de manera retroactiva, reabriendo así, procesos que fueron fallados en única instancia penal para aforados constitucionales.

El desarrollo del debate se escucharon varias opiniones, una en favor y otras en contra como lo argumentado por el senador Alexander López (Polo Democrático), quien calificó el proyecto de ley como no ajustado, al indicar que “el derecho fundamental es proteger a los menores con salud y educación como a los indígenas que se les vulneran y no establecer que la doble instancia favorezca a los aforados que han sido condenados por delitos atroces y por lo tanto invitó a votar negativamente”, agregando que “esto genera impunidad y perdona a delincuentes condenados por corrupción. No debe debe haber doble instancia para perdonar criminales. Eso no es un derecho fundamental”.

Por su parte, el senador Gustavo Petro (Colombia Humana), señaló que “de aprobarse el proyecto del derecho a segunda instancia, se estaría favoreciendo a muchos econgresistas, criminales y narcotraficantes para salir de la cárcel con impunidad", mientras su colega Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), indicó “todos los colombianos tienen el derecho a la segunda instancia, ya que se han conocido muchos casos donde inocentes han sido sentenciados injustamente”, mientras el legislador Temísclotes Ortega (Cambio Radical) manifestó su opinión al reiterar que “se deben reconocer los principios de igualdad y la doble instancia “.

A su vez, otras opiniones en torno al proyecto se escucharon para apoyarlo como fue el caso de la senadora Esperanza Andrade (Partido Conservador), quien reclamó: “No más polarización en los debates y debemos ser responsables de legislar y votar positivamente el proyecto que pretende establecer un verdadero equilibrio y oportunidad para la defensa a quienes han sido condenados y apelan para demostrar su inocencia”.

Para el senador Roy Barreras (Partido de la U) es necesario mejorar la tesis del proyecto para que sea más claro y destacó la necesidad de incluir una proposición que será anexada en la próxima ponencia que se debatirá en la plenaria.

Sin embargo, en el desarrollo de las discusiones se propuso archivar el proyecto ante las múltiples diferencias expuestas y se procedió a someter por votación a su archivo, aspecto que fue sometido a votación, siendo aprobado con 12 votos a favor y 3 en contra.

La discusión se extendió hasta declarar sesión permanente para darles oportunidad a los senadores para que expusieran sus puntos de vista para perfeccionar la propuesta y ajustar los textos del articulado para su siguiente proceso legislativo y seguidamente se procedió a votar para su aprobación con 12 votos a favor y ninguno en contra.

A su vez, la siguiente iniciativa aprobada por unanimidad es la que busca establecer disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva a nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y administrativas para la racionalización de trámites, proyecto que se condensa en suprimir la tramitología y buscar más eficiencia para realizar gestiones ante las entidades públicas.

El ponente, senador Fabio Amín (Partido Liberal), explicó que este proyecto agilizará los trámites administrativos a los ciudadanos y evitar la tramitología y acabar con el exceso de los mismos y señaló que es necesaria su aprobación si se tiene en cuenta que el país tiene 62 mil trámites y solo el 50 por ciento entidades tienen sistema electrónico y se demoran 20 días en darle respuesta al ciudadano y Colombia está entre los países que más trámites se deben hacer para cualquier solicitud ante el Estado y esto es propicio para que exista corrupción”, ante lo cual solicitó su aprobación y recordó que la iniciativa pretende ser efectiva para que las gestiones ante el Estado sean transparentes y ágiles, en favor de la ciudadanía.

A su vez, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) manifestó que es vital revisar y en especial lo relacionado con las historias clínicas, donde más inconvenientes se registran y preocupa a la ciudadanía en general, así como lo relacionado con las oficinas de atención al ciudadano que es muy ineficientes para respuestas ágiles.

Otros congresistas apoyaron la aprobación del proyecto como el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), quien señaló que “el proyecto es necesario para suprimir tanta tramitología y solicitar que todas las entidades los hagan en línea, así se evita también irregularidades en los procesos y en especial la corrupción".

Igualmente explicó el senador ponente del proyecto, Fabio Amín, quien dijo que con la iniciativa antitrámite todas las entidades están de acuerdo para que sean incluidos y así agilizar las gestiones, entre ellas las estampillas electrónicas y otros y el objeto del mismo se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo y con la política del Gobierno para reducir la tramitología y la corrupción”. 

Seguidamente se procedió a la votación del articulado para su aprobación con resultado de 14 votos a favor y pasa a su cuarto debate ante la plenaria para que se convierta en Ley de la República.