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Legislatura que definirá el Futuro Energético de Colombia

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La próxima legislatura del Congreso de la República, y en particular del Senado, llega en un momento decisivo para el sector minero-energético colombiano.

Por Diego Aretz

Bogotá. D. C, 14 de diciembre de 2025 (Prensa-Senado). - El país enfrenta la necesidad urgente de garantizar la sostenibilidad y seguridad energética en el mediano plazo, mientras intenta contener el creciente costo de los servicios públicos, que hoy genera preocupación tanto en los hogares como en la actividad productiva.

Lo que antes era un debate técnico se ha convertido en uno de los ejes políticos más sensibles del país, y en un punto clave de tensión entre gobierno, reguladores, empresas y usuarios.

Este debate toma relevancia en un contexto global marcado por el cambio climático, que exige a los países actuar con mayor responsabilidad frente a sus sistemas de producción y consumo de energía.

Colombia se enfrenta a la presión de avanzar hacia modelos más limpios y resilientes, al tiempo que debe preparar su infraestructura para fenómenos climáticos cada vez más extremos que afectan tanto la generación hidroeléctrica como la estabilidad de las redes.

La crisis climática no es un asunto lejano: ya impacta los embalses, altera la demanda y eleva la vulnerabilidad del sistema, lo que obliga al país a pensar su política energética con un horizonte de riesgo más amplio y de manera mucho más anticipada.

Al mismo tiempo, la demanda energética del país continúa creciendo impulsada por el desarrollo industrial, la expansión urbana, nuevas tecnologías, el transporte eléctrico y la necesidad de garantizar cobertura y calidad en regiones históricamente rezagadas.

Esto supone un desafío monumental: aumentar la capacidad de generación y distribución sin aumentar las emisiones, ampliar redes en territorios complejos, sostener financieramente el sistema y evitar que la transición energética profundice brechas sociales o territoriales. Los retos ambientales y políticos se entrelazan, pues cualquier decisión energética tiene repercusiones directas en la competitividad económica, la inversión y la gobernabilidad.

Alertas en el Senado

En este escenario, la Comisión Quinta del Senado —responsable de los asuntos minero-energéticos— se perfila como uno de los escenarios centrales para la discusión pública.

Desde allí, los legisladores han venido alertando sobre las tensiones entre la transición energética, la estabilidad regulatoria y los riesgos de una pérdida acelerada de autonomía en materia de gas y petróleo.

El senador Didier Lobo Chinchilla destaca que en esta legislatura “hemos sacado iniciativas importantes como el proyecto de economía azul, se trata de exploraciones que se han hecho en el mar que deben ser cuidadosas, que se deben hacer con responsabilidad y cuidado del medio ambiente”.

Señala que la Comisión ha impulsado proyectos de transición energética que se han convertido en pilares para modernizar el sector, al tiempo que han puesto la lupa en temas ambientales como la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde persisten afectaciones ecosistémicas profundas.

Lobo también resalta el papel del Congreso en el control político, particularmente frente a Ecopetrol: “Hemos hecho un debate a Ecopetrol donde quedó claro todos los actos de corrupción que se vienen dando en esa entidad, toda la dificultad que se tiene pues quieren hoy vender en Texas toda su exploración; nos preocupa cada una de estas cosas”, afirma.

El senador anticipa que en la próxima legislatura continuarán revisiones a la Ley de Servicios Públicos y a la estructura tarifaria, temas que considera urgentes debido al impacto de las tarifas en las regiones y a la falta de claridad del Gobierno en sus decisiones regulatorias.

El tema de Ecopetrol también fue objeto de un debate reciente liderado por el senador José David Name, quien explicó que durante una sesión de control político el presidente de la empresa, Ricardo Roa Barragán, y el viceministro de Hacienda confirmaron que no existe ninguna decisión ni estudio serio sobre la supuesta venta de activos en Texas. “Estamos tranquilos; es una de las retóricas más del presidente Petro, pero no se llevará a cabo. Yo no creo que la junta directiva va a votar por vender el activo más importante en la actualidad, sencillamente porque se produce a través de fracking”, enfatizó.

El senador Name señaló que las preocupaciones deben dirigirse a otros puntos críticos del sistema energético, como los subsidios impagos a las empresas distribuidoras, muchas de ellas públicas, que atraviesan una crisis económica profunda. “Ahí ha fallado el Gobierno, especialmente el Ministerio de Hacienda, que ha preferido hacer gastos, abrir embajadas y no pagar el subsidio de energía eléctrica para todos los colombianos, especialmente los más pobres”.

Autonomía energética

La Comisión Quinta también ha llamado la atención sobre la creciente fragilidad en materia de gas natural. Según Name, Colombia pasó de ser autosuficiente a importar más del 20% de la demanda nacional, tendencia que se agravará con los años si no se reactivan la exploración y la producción. “Perdimos la autonomía energética, y eso lo van a ver los hogares colombianos; ese aumento lo van a tener las familias colombianas”, advierte. Para el senador, el Gobierno ha privilegiado una “ideología ambiental” que desconoce las necesidades reales del país, generando una pérdida acelerada de autonomía en gas y petróleo.

Las consecuencias, afirma el senador Name, serán tarifas más altas en energía, gas y combustibles, además de una caída en la confianza inversionista. “Tenemos que invitar a la inversión extranjera a volver a creer en Colombia; es muy importante que se paguen los subsidios”.

Transición y seguridad energética

Las voces desde el Senado reflejan las tensiones que definirán la próxima legislatura. Colombia necesita avanzar en la transición energética, pero sin comprometer la seguridad del suministro ni deteriorar la estabilidad fiscal y tarifaria.

Requiere modernizar la infraestructura, acelerar los proyectos renovables, reducir pérdidas, ajustar la regulación y asegurar que las entidades públicas —incluida Ecopetrol— actúen con responsabilidad y transparencia. Necesita, además, reconstruir la confianza de los usuarios y de los inversionistas en un sistema que hoy atraviesa momentos de incertidumbre.

La discusión que se dará en el Congreso será, en buena medida, la discusión sobre el futuro energético del país, que va directamente proporcional al futuro económico de Colombia.

La próxima legislatura tendrá en sus manos decisiones que influirán directamente en la competitividad económica, la protección ambiental, la autonomía energética y la calidad de vida de los colombianos.

Es un momento que exige visión de Estado, rigor técnico y un sentido de urgencia que esté a la altura de los desafíos que enfrenta el país.

Qué dejó el segundo semestre legislativo 2025

Contenido especial 1Balance del Senado en materia de trámite de proyectos y debates de control político. Pasaron importantes iniciativas para beneficio de los colombianos.  

Por: Jaime Arbeláez Ospina

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2025. (Prensa Senado)

En vísperas de terminar el primer semestre del último año del cuatrienio de las sesiones del Congreso, debido al receso normal de la temporada navideña, es oportuno hacer un balance de lo más importante del trabajo del Senado en materia de estudio, discusión y votación de proyectos y debates de control político, como es deber constitucional.  

En este periodo se analizaron y aprobaron importantes iniciativas para el país; otras se negaron o quedaron pendientes, por diversas razones; y se realizaron relevantes debates en plenaria y comisiones para dar respuestas a temas de interés nacional.

En el trámite legislativo vale destacar que la plenaria del Senado aprobó el proyecto de Acto Legislativo que pretende recuperar la mesada 14 para los docentes oficiales, un pago adicional que han reclamado que se les restituya a 165.000 maestros del país, iniciativa liderada por el senador liberal Carlos Alejandro Chacón.

Se dio tránsito al proyecto que amplía 10 años la prórroga del Decreto Ley 893 de 2017, norma clave para fortalecer institucional, técnica y financieramente a los municipios vinculados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para transformar los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la ilegalidad y el abandono estatal.

Quedaron en tránsito para aprobación definitiva en la siguiente legislatura proyectos sociales como el que garantiza normas para el acceso a los servicios públicos domiciliarios y prohíbe cobros no justificados, propuesta que ha conducido y liderado el presidente del Congreso Ludio García Turbay; fortalecer la lucha contra el VIH; por el cual se exonera del pago de impuesto a los vehículos automotores a cargo de los bomberos de Colombia; y el que viabiliza el acceso a servicios bancarios básicos y fortalecer la protección al consumidor.

Control político

En el recuento de las tareas se debe contar, especialmente, tres debates de control político: el del estado de los créditos educativos, las condiciones de acceso y la carga financiera que enfrentan los jóvenes beneficiarios del Icetex.

La citación al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para responder por la participación del general del Ejército, Juan Miguel Huertas, en las presuntas filtraciones de las disidencias de las Farc en la Fuerza Pública.

En otro debate en plenaria se cuestionaron aspectos del proceso del “Acuerdo Marco de Nube”, desde el ámbito de la eficiencia, competencia y ciberseguridad. Varios senadores encendieron alertas sobre la continuidad de los servicios digitales gubernamentales, la transparencia en la contratación y los riesgos de concentración del mercado.

Los senadores que integran la Comisión Quinta de la Corporación requirieron al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, para que respondiera sobre la iniciativa gubernamental de vender la participación de la empresa en el campo Permian de Texas. El alto funcionario de la estatal fue preciso en señalar que ese negocio aún no se ha definido, sin embargo los senadores José David Name, Jaime Durán, Didier Lobo, Miguel Ángel Barreto, entre otros, exigieron que sobre el tema de ese negocio, que ha hecho eco en el país, se deba hablar claro puesto que Ecopetrol es patrimonio de los colombianos.

El Senado también se ocupó de la inseguridad en la campaña política que inicia. El presidente Lidio García Turbay coordinó personalmente una mesa de seguimiento para evaluar la seguridad de los congresistas, con presencia de funcionarios y autoridades de la Casa de Nariño, el ministro del interior Armando Benedetti y altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía. Están pendientes nuevas reuniones.

La plenaria eligió con estrictas medidas de transparencia al ex Defensor del Pueblo y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional, de una terna que envió la Corte Suprema de Justicia.  

También hubo lunares de parte del Gobierno Nacional que obligaron al rechazo de los senadores. En varias ocasiones funcionarios citados a control político no asistieron o delegaron en funcionarios.

Respecto a la inasistencia de los ministros a los debates de control político tanto en comisiones como en la plenaria, el presidente del Congreso fue concluyente en afirmar: “El Senado de la

Vía libre a acceso a servicios bancarios básicos y a fortalecer protección al consumidor

La Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate un proyecto que promueve una relación más equitativa entre usuarios y entidades financieras.

Por: Jaime Arbeláez Ospina

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2025. (Prensa Senado)

La Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate con 11 votos a favor y uno en contra el proyecto de ley número 281 de 2025 “que promueve la inclusión financiera mediante la eliminación de barreras económicas en el acceso a servicios bancarios básicos y se fortalece la protección al consumidor financiero”. 

El ponente de la iniciativa, José Alfredo Gnecco, dijo que “la iniciativa busca generarle unas garantías y unos servicios que no tengan costos a los usuarios de las entidades financieras”. 

Los objetivos claves del proyecto, autoría de Julio Elías Vidal, son eliminar costos de mantenimiento, transacciones y otros cargos que impiden a personas de bajos ingresos acceder y usar servicios financieros básicos.

Promover la equidad al crear un sistema financiero que atienda las necesidades de todos, incluyendo poblaciones vulnerables, evitando la exclusión.“Y mejorar la protección de los derechos de los usuarios, exigiendo mayor transparencia y un trato justo por parte de las entidades financieras”. 

Opines

La senadora Sonia Bernal señaló que “esta es una propuesta justa y que Colombia sepa que los congresistas estamos trabajando para una Colombia justa”.  

El senador Mauricio Gómez dijo que “el poder de los bancos en este país es bárbaro. Les voy a decir algo: este proyecto llega a primer debate, pero, no llega a segundo. Si quiere, le apuesto un pavo del 24”.  

Ciro Ramírez, el único voto negativo, señaló que “hoy es el sector financiero, mañana será otro al que le vamos a decir: oiga, usted no puede cobrar por esto y esto…ah, entonces tomen el papel, me voy para otro país y nos quedamos como en Cuba y que el Estado nos entregue todo y nos guarde todo”.  

Al final se creó una subcomisión para contribuir en el trámite en segundo debate.  

El proyecto de ley que promueve la inclusión financiera en Colombia busca eliminar barreras económicas para el acceso a servicios bancarios básicos y fortalecer la protección al consumidor, eliminando costos innecesarios y creando una relación más equitativa con los bancos, con iniciativas recientes como el Proyecto de Ley 281 de 2025 en el Senado, que busca una banca más inclusiva, y otros similares en la Cámara que eliminan costos financieros y promueven la equidad. 

Objetivos Clave del Proyecto:

• Reducir Barreras Económicas: Eliminar costos de mantenimiento, transacciones y otros cargos que impiden a personas de bajos ingresos acceder y usar servicios financieros básicos.
• Promover la Equidad: Crear un sistema financiero que atienda las necesidades de todos, incluyendo poblaciones vulnerables, evitando la exclusión.
• Fortalecer al Consumidor: Mejorar la protección de los derechos de los usuarios, exigiendo mayor transparencia y un trato justo por parte de las entidades financieras. 

Aspectos Específicos:

• Servicios Básicos Inclusivos: Las entidades financieras deberán ofrecer productos y servicios accesibles y adaptados a las necesidades de todos los consumidores, considerando factores de vulnerabilidad.
• Información Transparente: Obligación de información clara y comprensible sobre productos y costos, como se ha visto en otras normativas como la Ley 1748 de 2014.
• Apoyo al Acceso: Las entidades deben promover activamente el acceso y uso de servicios, eliminando obstáculos y fomentando la permanencia en el sistema financiero.