Plenaria de la corporación tiene previsto debatir y votar una iniciativa que combina el aprovechamiento ganadero con el cuidado del medio ambiente.

Bogotá D.C., 29 de septiembre. (Prensa Sendo). El Senado de la República adelanta el trámite del Proyecto de Ley 261 de 2024, una iniciativa que busca convertir los sistemas de trazabilidad animal en una herramienta activa contra la deforestación, articulando los registros agropecuarios con los sistemas de monitoreo forestal y catastral.

La iniciativa legislativa es autoría de senadores como Marcos Daniel Pineda (Partido Conservador); Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), y José David Name (Partido de La U), entre otros.

La propuesta integra plataformas como el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino (SINIGAN), el SNIITA, el SIGMA, el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (IDEAM), así como las bases catastrales y de propiedad, con el fin de priorizar la vigilancia en los Núcleos Activos de Deforestación (NAD).

El proyecto también eleva a rango legal el Sello Ambiental Colombiano, contemplado en la Norma Técnica Colombiana NTC 6550:2021, con el objetivo de fortalecer la comercialización de productos “libres de deforestación”.

Asimismo, establece obligaciones de debida diligencia para plantas de beneficio, subastas y exportadores, quienes deberán implementar buenas prácticas en un plazo máximo de dos años.

De igual forma, la iniciativa crea las denominadas Zonas de Alta Vigilancia, que podrán ser declaradas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para reforzar los controles en los territorios con mayores riesgos de deforestación.

En medio del debate, el senador Andrés Guerra (Centro Democrático) destacó el alcance de la propuesta.

“Hoy Colombia evoluciona hacia la ganadería sostenible. Hemos entendido mucho sobre el tema de la sombra, las pasturas; hemos entendido mucho de cuidar los silvopastoreos, los acuíferos, y este proyecto lleva toda esa connotación de entender el mundo ganadero, también con el mundo ambiental”, afirmó el congresista.

El proyecto está listo para su segundo debate en la Plenaria del Senado, luego de superar el primero en la Comisión Quinta de la corporación.

La iniciativa superó su paso por el Senado y debe surtir dos debates más en la Cámara de Representantes.

Por María Camila Fernández
Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2025 (Prensa Senado). Más recursos y una distribución más equitativa de los mismos son dos de las principales novedades que fueron aprobadas en la Plenaria del Senado en medio del proyecto de ley que modifica algunos aspectos de la Ley 30 y que fue celebradaspor varios sectores de las universidades públicas.

La iniciativa, que superó su paso por el Senado y va para la Cámara de Representantes, busca una financiación más equilibrada y sostenible para las universidades públicas, y fue avalada por los senadores con 60 votos a favor.

¿Qué cambia en la práctica? Una vez se apruebe el proyecto de ley y sea sancionado por el Presidente de la República, los recursos ya no se ajustarán con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -como se hace hoy en día-, sino con un índice especial (ICES) elaborado por el DANE y que reflejaría los costos reales de las instituciones, incluyendo salarios de docentes y gastos de funcionamiento.

Además, se establecen recursos adicionales permanentes por parte del Gobierno y las entidades territoriales, que se destinarían a ampliar el acceso, apoyar la permanencia y la graduación de los estudiantes, fortalecer el bienestar universitario e incrementar las plantas de profesores y administrativos.

La reforma también cobija a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales, con el fin de abrir más oportunidades educativas en las regiones. Y, a mediano plazo, fija un compromiso: en los próximos 15 años, la inversión en educación superior pública crecerá progresivamente hasta alcanzar el 1 % del PIB, acercando a Colombia a los estándares internacionales.

Lo que dijeron los senadores

Durante el debate, la Senadora Sandra Ramírez (Pacto Histórico) celebró la decisión como un triunfo de los estudiantes y la comunidad educativa.

“Recursos permanentes años tras año; no aumentos pasajeros;estudiantes, profes y directivos con voz en la construcción de presupuestos; veedurías ciudadanas para vigilar el uso de cada peso (…), y distribución de recursos con criterios de equidad y de justicia”, fueron los aspectos que resaltó la congresista.

El Senador Guido Echeverry (En Marcha) destacó que los recursos deberán destinarse a ampliar cobertura, investigación, bienestar e internacionalización, y dijo que “lo que se está planteando es que esos recursos adicionales se apliquen exactamente con unos criterios que tengan que ver con ampliación de cobertura, desarrollo de investigación, con bienestar universitario, con internacionalización de la educación superior”.

Desde otros sectores políticos hubo diferentes miradas. El Senador Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) advirtió que la reforma solo toca dos artículos de una ley que tiene 144en total.

“Hoy se está vendiendo este proyecto de ley como un gran triunfo. Yo creo que esto no es un triunfo para la educación superior. La Ley 30 tiene 144 artículos y estamos modificando dos, solo la parte financiera”, aseguró el congresista del partido independiente del Gobierno Nacional.

Por su parte, la Senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) alertó sobre las limitaciones fiscales del país.“Lo que pedimos, señores congresistas, es que demos la plata con unos criterios que permitan que el país responda a las realidades fiscales, hoy muy precarias”, advirtió la congresista opositora.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmó que “el déficit de la financiación de la universidad pública empieza a cerrarse gracias a la voluntad de este Congreso”

“Este proyecto es, sobre todo, una victoria del movimiento estudiantil, una victoria de la juventud colombiana”, manifestó el funcionario.