“Es urgente una intervención de la Contraloría para encontrar claridad administrativa”: senador Efraín Cepeda.
Bogotá D.C., 16 de junio de 2020 (Prensa Senado). En sesión virtual, la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, señaló que se vienen cobrando altas tarifas a los usuarios de Sayco y Acimpro en esta temporada de pandemia, pese a la emergencia social.

El presidente de la Comisión y citante al debate, senador conservador Efraín Cepeda Sarabia, pidió al Gobierno revisar en esta época de pandemia los continuos cobros que de manera irregular se viene cobrando por parte de la Sociedad de Autores y Compositores, Sayco, a diferentes establecimientos y empresarios musicales por derechos de autor, cuando nos encontramos en una situación de receso.

El congresista Cepeda Sarabia expresó que se debe revisar las tarifas para que se posibilite el espectáculo, porque se dice que es el 3 por ciento pero se cobra el 10. Aquí los rangos deben ser claros más aún en esta época de excepción.

El senador de Colombia Justa Libre Eduardo Pacheco afirmó que Sayco les está cobrando a las iglesias cristianas derechos de autor, aún en esta época de emergencia tal como lo certifican los recibos que allí llegan.

La senadora Rosario Guerra, del Centro Democrático dijo que “hoy si no se está haciendo uso de esos elementos no se deben cobrar”, a la vez que aclaró: “Soy una persona que respalda a los artistas y compositores del país, pero el presidente Duque lo pidió en la emergencia”.

El senador de la Alianza Verde Jorge Londoño manifestó: “Defiendo a los artistas y compositores, pero estamos en una situación excepcional que amerita la concertación, frente a los cobros que se efectúan en radio, televisión, espectáculos y plataformas digitales.

Entidad citada

El presidente de Sayco, César Ahumada, informó que es una entidad de carácter privado y que en la época de pandemia les ha dado a sus socios, cerca de 4 mil compositores, un aproximado de 1.200 millones de pesos.

“Sayco no les cobra a las iglesias cristianas por las alabanzas”, dijo Ahumada, quien aclaró que a los bares cerrados y a dichas asociaciones se les dio la información que no se les iba a cobrar y aquellos que pagaron por anticipado se les va a devolver el dinero.

El director Jurídico de Sayco, Ricardo Gómez, afirmo: “De los cobros desmedidos de los que señala el senador Efraín Cepeda, les comento que la ejecución en vivo de manera virtual es una nueva modalidad que nuestra entidad no conocía, como el uso de las obras digitales, por eso Sayco no había cobrado nunca. El criterio es del 10 por ciento y no del 12 por ciento. Esa es la tarifa concertada”.

Por su parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, dijo: “Las normas las hay, pero el tema es de funcionamiento. Debemos llegar a concertar las tarifas y lo mejor es sentarse a negociar. Aquí lo importante son los autores, de modo que Sayco debe velar para que los compositores tengan buenas ganancias al igual que los empresarios”.

“Se debe actuar con imparcialidad buscando el gana-gana, que ganen los empresarios y los autores”, enfatizó la titular de la cartera política, Alicia Arango, quien dijo que “frente a la virtualidad es algo que debemos reglamentar, ya que tiene unas limitaciones que no conocemos, pero lo básico es concertar”.

El debate contó con la participación de cerca de cuatro mil internautas, que se pronunciaron a través del chat de la Comisión. En el mismo sentido muchos empresarios fijaron su desacuerdo con Sayco y pidieron cumplir con las normas.

Algunos cantautores como Osnaider Brito, Luis Egurrola e Iván Ovalle dieron su respaldo a Sayco y otros pidieron el verdadero reconocimiento a autores y compositores por parte de quien los representa, porque al parecer se han desconocido las obligaciones de esta entidad.

Para el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, lo importante es que no se maltrate a Sayco y que se busque la concertación.

Finalmente, el senador Efraín Cepeda pidió la intervención de la Contraloría general de la república porque Sayco actúa de manera arrogante y dominante frente a los posibles benefactores artísticos.

Así mismo descalificó las respuestas del Presidente de Sayco y dijo: “Es necesario que se trabaje en la concertación, pero no con una posición dominante de Sayco, sino con equilibrio para que se responda a los autores y empresarios en beneficio del espectáculo”.

En la sesión virtual también se discutió el proyecto de legalización terrenos, donde están ubicados colegios y escuelas no legalizados, el cual será ajustado para presentar uno nuevo el 20 de julio próximo.

Bogotá D.C., 16 de junio de 2020 (Prensa Senado). Por unanimidad, 20 votos a favor, la Comisión Primera aprobó hoy en primera vuelta el proyecto por el cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones, cuyo ponente fue el Senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical.

La iniciativa contempla, entre otros aspectos, conceder a las mujeres, que en su condición de ser mujeres cabeza de familia y con hijos, que hayan cometido delitos menores con actuación de no violencia, ni de uso de armas, ni que sea reincidente en los delitos que se le imputan, a quienes se les concederá pagar prisión en sus domicilios con trabajo social, explicó el legislador en la exposición del objeto de la iniciativa que fue apoyada por la totalidad de sus colegas.

Argumentó el ponente que el proyecto, cuya autoría es de 20 senadores y cuatro representantes a la Cámara, es una justa medida que entre otras, busca la resocialización y evitar la reincidencia, además de ser una herramienta para descongestionar las penitenciarías y establecer una nueva política que permita la no descomposición familiar y que los hijos de las internas no sigan un camino errado hacia la delincuencia ante el abandono forzado de sus madres.

Contempla también que el Estado debe proporcionar condiciones al interior de los centros de reclusión con programas de capacitación, formación laboral y emprenderismo para que las internas puedan asumir una labor digna para seguir en la formación de sus hijos y para su sustento, sin que tengan que recurrir a cometer delitos ante las premuras económicas que son la causa principal para que ellas incurran en delitos como el narcomenudeo o almacenamiento de alucinógenos que son los que en un 85% son condenadas.

Explicó el senador Lara que analizando las causas por las cuales las mujeres cometen infracciones es su condición de extrema pobreza, sin oportunidades laborales, abandonadas por sus parejas y a cargo de sus hijos lo que las arrastra a cometer esos delitos y sería justo que en su primera vez que cometen esos delitos, tengan la oportunidad de ser útiles a la sociedad y a su familia, brindándoles esa oportunidad.

Archivo de proyecto

Otra iniciativa que se discutió al inicio de la sesión virtual no presencial fue el proyecto de ley por el cual se regula un procedimiento especial para la legalización y adquisición de los predios e inmuebles en favor de las entidades territoriales de predios, donde funcionan instituciones educativas públicas urbanas y rurales y se dictan otras disposiciones, el cual fue archivado para redactar uno nuevo que será más ajustado, retomando parte del mismo y el cual será radicado el próximo 20 de julio para su respectivo trámite legislativo.

Así lo anunció el ponente de la iniciativa, senador Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador, quien argumentó inicialmente que por la falta de títulos en terrenos que han sido donados por particulares, ha sido imposible que escuelas y colegios que funcionan especialmente en las zonas rurales y urbanas de pequeños municipios, no puedan recibir inversiones para mejorar sus infraestructuras y funcionamiento por parte del Gobierno Nacional al no existir la legalización de los predios.

Señaló igualmente Enríquez Maya que éste ha sido una situación muy difícil para aplicar los planes de mejoramiento y calidad educativa de las administraciones locales, regionales y nacionales, impidiendo que se logren beneficios para los estudiantes por esa circunstancia.

Por su parte, el congresista Roosevelt Rodríguez, Partido de la U, propuso que se redacte un proyecto con la finalidad de legalizar todos los predios sobre los cuales están construidas escuelas y colegios, que donaron los lotes para esas instituciones. Dificultades como en la que aparecen herederos y están reclamando pago de los lotes o comprar las edificaciones y en segundo lugar cuando van a solicitar los rectores dineros no les dan, porque ese bien no figura de propiedad del Estado. Es necesario legalizar esos títulos y legalizarlos con el proyecto de ley. No darle trámite y presentar un proyecto que abarque más temas para presentar el 20 de julio.

El legislador del partido Colombia Humana Gustavo Petro dijo que este es un problema especialmente en las zonas rurales y en menor grado en el urbano, dada la construcción de barrios piratas e informales donde no existe certeza de los títulos que impiden la inversión de las alcaldías para hacer un jardín o colegio en un barrio pobre. “Tratamos de solucionarlo con el plan de ordenamiento territorial y Camacol se opuso radicalmente y una magistrada lo hundió y ese plan trataba de solucionar ese problema y no se puedo ayudar a la juventud”, señaló. “Yo apoyo el proyecto que será benéfico para todo el sistema educativo del país”, reiteró.

Finalmente, por unanimidad se decidió archivar el proyecto para ajustarlo en su contenido y radicar uno nuevo que reúna otros aspectos para legalizar los terrenos donados para la construcción de centros educativos, salones sociales y jardines infantiles.

La Comisión Primera seguirá sesionando en la presente semana a partir de las 8:00 a.m., con el fin de evacuar otros proyecto de interés general que vienen haciendo tránsito en la presente vigencia y evitar que se hundan por falta de tiempo en su trámite, anunció el presidente de la célula legislativa, Santiago Valencia; Centro Democrático, agregando que se agilizarán los debates para salvarlos.