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Senadores solicitan que banca estatal financie a Mipymes

Gremios sostienen que no les están llegando los créditos, a través de la banca comercial.

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2020 (Prensa Senado).- Ante representantes del Gobierno y de los gremios económicos, la Comisión Cuarta del Senado de la República urgió a entidades como Bancoldex y Finagro, a financiar directamente a los sectores productivos del país, con el objetivo de proteger el empleo y evitar un colapso económico.

Senadores como Wilson Arias, John Milton Rodríguez, Samy Mereg, Aída Avella y Juan Felipe Lemus pidieron en una sesión virtual que el Gobierno modifique su estrategia usando a la banca estatal y los organismos relacionados para ayudar a los pequeños y medianos productores y no, como lo ha hecho hasta ahora, usar a la banca comercial que busca sólo beneficiar a los grandes conglomerados económicos y al sector financiero.

En este sentido, el congresista Arias dijo que desde el inicio de la crisis por el Covid-19 el error fue apostarle a una estrategia de irrigación, a través del sistema financiero comercial que ha resultado beneficiado en detrimento de los sectores productivos.

El legislador Rodríguez coincidió en que es equivocado usar a entidades comerciales y rentistas como lo son los bancos para tratar de superar la crisis por el Covid-19. “La banca estatal es la que tiene que atender a los sectores a los que la banca privada no le está respondiendo”, dijo.

El senador Merheg cuestionó que el Estado insista en una estrategia totalmente equivocada como lo es pretender que la banca comercial sea la encargada de resolver la crisis de los sectores productivos, cuando lo único que interesa a los bancos privados es mantener su rentabilidad.

“Es urgente que organismos como Finagro otorgue créditos a las pequeñas asociaciones de agricultores que no reciben créditos de la banca comercial”, dijo el congresista Merheg como ejemplo del protagonismo que debe asumir la banca estatal para superar la crisis.

El legislador Israel Zúñiga recordó que los pequeños productores de las zonas más alejadas del país están fuera del circuito financiero comercial que no los toma en cuenta a la hora de otorgar créditos.

La senadora Aída Avella pidió que Bancoldex y Finagro llegue a los sectores menos favorecidos y puso como ejemplo a los trabajadores informales y a los pescadores artesanales que tienen que acudir a los préstamos 'gota a gota' poniendo en peligro sus vidas para sobrevivir.

El congresista Lemus dijo que falta control de parte del Ejecutivo en materia de otorgamiento de créditos. “Según las cifras del Gobierno, de 10 billones de ayudas ya se han ejecutado el 80% de estos créditos. Sin embargo, las cifras de Asobancaria no se reflejan en la realidad. Habría que ver si la Superintendencia está vigilando adecuadamente”, dijo.

El presidente de la comisión, Mario Alberto Castaño, expresó que el Congreso busca resolver las necesidades del aparato productivo del país muy afectado por la crisis por el Civid-19. “El objetivo es que la banca pública y los dirigentes de los diferentes gremios tengan un contacto directo para resolver los problemas y que nosotros como Congreso hagamos seguimiento a dichos acuerdos”, resaltó.

La senadora Myriam Paredes valoró las medidas tomadas por el Gobierno, pero pidió que haya claridad sobre el otorgamiento de créditos. “Tenemos que saber a quién están llegando los créditos”.

Por su parte, el legislador Carlos Meisel aseguró que el Ejecutivo tiene que exigir que en los créditos en los que el Estado ofrece garantías, se flexibilicen los requisitos para que éstos lleguen a la pequeña y mediana empresa. “Ya basta de pedirle solidaridad a la banca, hay que exigirle”. Dijo además que hay que cambiar la estructura de la financiación del campo.

A su turno, el congresista Laureano Acuña evalúo que en estos momentos es que se conoce a quiénes verdaderamente beneficia los Tratados de Libre Comercio, “a los grandes comerciantes y no a los pequeños agricultores. Tenemos una banca insensible, que solo piensa en las ganancias, esa banca nunca le va a servir al pueblo, pero que sí se ha beneficiado del dinero del pueblo”.

Para el senador Nicolás Pérez, el mundo va a 200 kilómetros por hora, pero los bancos de segundo piso van a 20 kilómetros por hora. "Qué sentido tiene si son tan rígidos. Esto nos tiene que ayudar a pensar en la modernización de la banca de segundo piso. “Hoy Finagro, Bancoldex y Findeter deben pensar en cómo modernizar sus plataformas”.

El congresista Juan Luis Córdoba resaltó que no es posible que los capitales le lleguen a los grandes industriales y no a los pequeños agricultores.

Finalmente, el legislador Carlos Abraham Jiménez precisó que “si alguien debería estar teniendo trato preferencial debería ser el Banco Agrario, que es el banco de primer piso que llega a todos los rincones del país”.

Funcionarios y gremios exponen sus actuaciones y peticiones

Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancoldex, explicó que su entidad es un banco estatal que obtiene recursos del sistema financiero y sirve como intermediario para dar esos recursos a los bancos de primer piso con tasas preferenciales.

Dijo que dentro del marco de la crisis por el Covid-19, su dependencia lanzó el 18 de marzo la estrategia 'Colombia Responde', que inicialmente estuvo destinada a dar recursos a tres gremios productivos: aviación, turismo y espectáculos públicos, pero que después se amplió a otros sectores productivos.

Agregó que dentro de todas las estrategias de Bancoldex, entre nacionales y regionales, su entidad está moviendo entre 1.2 y 1.5 billones de pesos otorgados a los sectores productivos. “En el primer trimestre de 2019 un banco de desarrollo como Bancoldex había desembolsado 1.5 billones de pesos. Hoy hemos desembolsado 3.3 billones lo que significa que los sectores productivos y las regiones están usando nuestros recursos”, dijo Díaz Fajardo.

Dayro Estrada, presidente de Finagro, explicó la estrategia 'Colombia Agro Produce' en la que participan varias dependencias gubernamentales. “Esta estrategia permite que los productores agrícolas reciban créditos con tasas de interés inferiores a las del mercado”, explicó.

Agregó que dentro del marco de la crisis por la pandemia, el Gobierno nacional determinó que todos los sectores agrícolas del país reciban los beneficios de estos créditos a tasas favorables. Manifestó que Finagro recibió 50 mil millones de pesos del Ministerio de Agricultura para dar subsidios especialmente destinados a los medianos y pequeños productores.

El funcionario subrayó que los recursos otorgados para los productores agropecuarios se han ejecutado de la siguiente forma: para grandes productores ya se entregó el 98 % de los recursos, 88% para medianos productores y 17% para pequeños. “Esto significa que todavía queda 83% disponible para los pequeños productores”, indicó.

El presidente  de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, en representación de todos los empresarios del país, informó que ellos denuncian que no han podido acceder a los créditos que el Gobierno Nacional afirma entregar. "El doctor pregunta ¿a dónde ha ido el dinero que Bancoldex afirma asignar para apoyar al empresariado?. Solamente el 6% de los empresarios recibieron apoyo para pago de nóminas. Sería de gran utilidad que Bancoldex diera un reporte de cuáles son las empresas que han recibido créditos, en qué sectores están y de esta manera el resto de empresarios tendrán tranquilidad con respecto al uso de los recursos".

Una de las propuestas de Fenalco es que Bancoldex pueda actuar como banco de primer piso; pero lo que se ha evidenciado es que está como banco de segundo piso, el punto es que en esa intermediación con la banca privada se pierden muchos recursos. Una inquietud de Cabal es saber cómo se va a apoyar a los sectores en la nueva etapa de reactivación, teniendo en cuenta los plazos para pago de los créditos, pues la situación de cada sector es muy diferente y sus condiciones también. Por otra parte, le planteó al Presidente de Finagro la situación de las casas agrícolas de los pequeños campesinos que en este momento están sin cobertura y pidió articular un modelo de ayuda para este grupo de pequeños productores agropecuarios.

La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, explicó que el 17% de las empresas tienen una afectación entre un 50 a 80 % de sus ventas, y el 63% tiene una afectación mayor al 80% en ventas, lo que demuestra que es urgente la recepción de los créditos de apoyo del Estado. La dirigente gremial explicó que para la línea de nóminas se deberían haber entregado a las Pymes 70.448 créditos y solamente se han desembolsado 4.901, lo que significa en promedio que de cada cuatro solicitudes de crédito, se aprueba una. En la línea de capital de trabajo se encuentra que 16.871 créditos están en reserva y desembolsados solo 4.792. Es evidente que los bancos tienen preferencias con los grandes empresarios, con el fin de asegurar el pago de estos créditos.

Por otro lado, se refirió a la reactivación de las empresas, pues algunas de estas hoy no cumplen el perfil para recibir un crédito; pero son generadoras de empleo en una escala importante. “Es necesario que se genere una dinámica de comercio internacional 'intrarregional'” para fortalecer la economía interna, a través de la manufactura, haciendo una transformación del aparato productivo”.

Por su parte, el presidente del Grupo Multisectorial del Valle, Gustavo Muñoz, sostuvo que este grupo ha venido trabajando con 27 asociaciones regionales y están impactando a 17 mil empresarios de la región. “Uno de los sectores más golpeados es el del turismo y el de entretenimiento que no son objeto de crédito para los bancos, teniendo en cuenta el largo tiempo de no reactivación que este sector enfrenta y absolutamente a todos les han rechazado la solicitud de crédito”. Muñoz solicitó que la línea de Bancoldex que va a salir en próximos días, denominada 'Valle responde' no vaya a llegar condicionada igual que están condicionados los bancos ahora, pues eso significaría que ninguna micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 93% del país, puedan acceder a estos créditos.

Por otro lado, señaló que los protocolos de bioseguridad que se están exigiendo para la reactivación de las empresas generan una necesidad financiera de las empresas para cumplirlos.

El presidente de la Comisión Cuarta, Mario Alberto Castaño, sostuvo que las respuestas de los citados le dejan un sabor amargo y sugirió que se establezcan tiempos muertos mínimo por dos años para ponerse al día con los compromisos y propuso hacer seguimiento a las solicitudes de créditos, así sea con la banca comercial.

 

“Impacto fiscal para el 2021 tendrá reducción de $4 billones por causa del Covid-19 y caída del precio del petróleo”: senadora María del Rosario Guerra

En la sesión virtual de la Comisión Tercera, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que Colombia tiene petróleo para seis años, de acuerdo a lo producido hoy, y en caso de llegar a necesitar extender el petróleo, se tendría que dejar de exportar a un costo económico muy alto.

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2020 (Prensa Senado). A nivel mundial, la producción de petróleo en Colombia en 2019 fue de 886 mil barriles por día, según indicó la senadora María del Rosario Guerra en debate de control político sobre el impacto que tiene Ecopetrol, por la caída en los precios del petróleo y el efecto del Covid-19. Para este año, se había pronosticado que la producción sería de 900 mil barriles por día, “este es el sector que más representa la inversión extranjera, aproximadamente en un 20%. Hoy la producción puede estar cayendo en 100 mil barriles poniendo en riesgo la estabilidad de 25 a 30 campos petroleros y 390 pozos de petróleo”, agregó.

La Asociación Colombiana de Petróleo, en marzo, reportó la caída del 2% en los empleos directos y el 48% en los indirectos. De acuerdo con la congresista, si la situación continúa las cifras, a diciembre, pueden ser de 8% y 72%, respectivamente.

El impacto fiscal por causa del Covid-19 y la caída del precio del petróleo, para el año 2021, tendrá una reducción de $4 billones en regalías, impuestos y derechos económicos. "Asimismo tendrá un gran impacto el sector turismo, que traía utilidades de US$7 mil millones”, dijo la senadora del Centro Democrático en la sesión virtual.

Panorama del sector petrolero nacional

Al debate de control político en Comisión Tercera, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, estuvo citada y el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, fue el invitado. También participó el viceministro de Energía, Diego Mesa.

El Gobierno nacional le venía apostando a la reactivación del sector petrolero del país y se venía avanzando de manera decidida, según lo expuesto por la ministra Suárez. La producción de crudo aumentó 2,4% entre 2018 – 2019 y en el mismo período de tiempo la Inversión Extranjera Directa en Colombia (IED) aumentó 11%. Entre otros planes, para el 2020 se había fijado una inversión entre US$5 mil y US$6 mil millones, una producción alrededor de 900 mil barriles y un precio esperado de UD$ 67 por barril.

Las proyecciones de las entidades internacionales en los precios de petróleo por barril, se ubica entre US$25 y US$50 para todo el año, promedio en el que se moverá Colombia. El estimado inicial del país para diciembre era de 900 mil barriles, con precio de US$60 a US$65, pero por motivo del Covid-19 la producción podría bajar entre 850 mil y 750 mil barriles. De acuerdo con la Ministra, a pesar de la caída en la demanda observada en los meses de marzo y abril, el promedio de despachos diarios de gasolina corriente y diésel – ACPM- aumentó 9% en lo corrido de mayo.

Sobre la seguridad energética, la funcionaria del Gobierno aseguró que “el 50% del petróleo que producimos lo exportamos, entonces es más preocupante desde el punto de vista de la balanza comercial de los ingresos a la nación y de las regalías”. Colombia tiene petróleo para seis años, de acuerdo a lo producido hoy, y en caso de llegar a necesitar extender el petróleo, se tendría que dejar de exportar a un costo económico muy alto.

En cuanto a la posibilidad de eximir al comercio de la sobretasa nacional al servicio de energía, pregunta lanzada por la senadora María del Rosario Guerra, la ministra Suárez explicó que este asunto responde más a un tema fiscal que energético. “Esa contribución va directo al fondo con el que se pagan los subsidios a estratos 1, 2 y 3. Cualquier reducción a esa sobretasa, que es cerca de $100 mil millones mensuales, significaría mayor exigencia fiscal y no hay posibilidad ni intensión de reducir los subsidios a estratos más pobres”.

Choque de oferta y demanda, sin precedente

Posteriormente, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, mencionó el plan de contingencia de la empresa formulado en 2019 y que permitirá afrontar esta crisis. Entre las medidas se encuentra: bajar costos y gastos, a la fecha van $3,5 billones en optimización de costos operativos; subir los ingresos y gestión comercial e invertir entre US$4.5 millones y US$5.5 mil millones. En este último punto, por motivo del nuevo Coronavirus la inversión estará entre US$2.500 y US$ 3mil millones.

Según Bayón, Ecopetrol ha actuado de manera rápida para afrontar la crisis y seguir suministrando gas y combustible al país. Los aportes de la empresa estatal y sus filiales a la emergencia sanitaria superan los $69 mil millones en 22 departamentos y 118 municipios. En ayuda humanitaria han entregado 112 mil mercados, implementaron protocolo para la implementación de pruebas rápidas, inauguraron un laboratorio de biología molecular que procesa 50 pruebas al día, han entregado 1.7 millones de elementos de protección personal y médico, entre otras.

 De otra parte, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, señaló que el 60% de la demanda internacional de crudo es del transporte (aéreo, terrestre, fluvial y marítimo). “La Agencia Internacional de Energía en su reporte de abril indica que la caída en la demanda del petróleo fue alrededor del 30% y estima que se va a ir recuperando de manera gradual en los meses de mayo, junio y julio”, agregó.

Sobre la situación de la industria del petróleo en 2020, en el caso de Colombia, dijo que la demanda de combustibles líquidos (gasolina y ACPM) han caído 70% impactando al sector transporte y otros renglones de la economía.

Intervención de senadores

El senador Ciro Ramírez, Centro Democrático, hizo referencia a los conflictos sociales producidos por los precios del petróleo, la estabilidad en las licencias y las líneas de créditos para el sector. Con relación a las regalías dijo que "ojalá se pueda tener control sobre las regalías, para que atienda las necesidades de los colombianos".

Entre tanto, el senador Efraín Cepeda, Partido Conservador, preguntó sobre el impacto tarifario en el servicio del gas por el precio del petróleo. “El sector de hidrocarburos es de alta importancia para Colombia por los ingresos que de allí derivan, afecta directamente el presupuesto de la Nación y especialmente las regiones y el empleo. Hemos tenido un duro golpe por desplome del precio del barril de petróleo de US$100 a US$30”.

De igual manera, el congresista Germán Hoyos, Partido de la U, sostuvo que el sector petrolero representa el 10% del PIB y que el Gobierno tiene una participación del 88% en Ecopetrol. “Los colombianos esperan que se gestione la baja en el precio de la gasolina y el Diésel".

El senador Iván Marulanda, Alianza Verde, preguntó sobre las licencias mineros energéticos. "Estamos pendientes y preocupados por los daños que se están cometiendo en el medio ambiente. ¿Cuáles son las proyecciones en el hidrocarburo o seguirán con el fracking?”, preguntó al Ministerio de Minas y Energía.

A su turno, el senador Edgar Palacio, Colombia, Justa y Libre, dijo: “Hoy tenemos la oportunidad histórica de tener seguridad energética, porque tenemos energías limpias en el país. También tenemos más de 40 mil toneladas de reserva de uranio, esto nos puede servir para producir energía para todos los colombianos, para suplir el déficit que existe por causa de la crisis".

Al finalizar, la senadora María del Rosario Guerra dijo que a pesar de la situación económica que vive el país, por causa de la pandemia, Ecopetrol está en una condición favorable. Afirmó, además, que las finanzas públicas se afectarán por la reducción de unos $10 a $12 billones, en las regalías, impuestos y dividendos e hizo un llamado a las regiones, para que priorice la inversión de las regalías en agua potable y saneamiento básico.

Sesionar de manera virtual es legítimo y legal conceptúan expertos constitucionalistas en Comisión Primera

Señalaron además que el Congreso está en mora de ejercer control político por los decretos del presidente Iván Duque, expedidos por la emergencia sanitaria y económica.


Bogotá D.C., 12 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Ante la incertidumbre de sí las sesiones de manera virtual eran o no legítimas y no violaban la Constitución Política, ni la Ley 5ª que rige las funciones del Congreso de la República ante la necesidad de realizar sesiones por plataformas por el confinamiento fueron citados a una audiencia, ocho de los más destacados profesionales del derecho para definir la legalidad de las sesiones.
También se refirieron al control político que ejerce el Legislativo sobre los dos decretos que ha expedido el presidente Iván Duque, en torno a la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, por motivo de la pandemia que enfrenta el país.

Precisamente durante la sesión informal, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, autor de la reunión de expertos, dijo que es necesario que el Congreso se dedique a realzar controles constitucionales, políticos y de tipo mixto a los decretos que expido el presidente Iván Duque para afrontar el coronavirus.

Los invitados, al finalizar la reunión de seis horas, coincidieron en señalar que sí es legal y se puede sesionar, realizar controles políticos, legislar y votar, dado que existe legalidad para realizarlo como lo han venido haciendo las altas cortes desde el momento que se ordenó el confinamiento por la pandemia y por lo tanto no se debe esperar más tiempo para iniciar labores formales y ni demorarse hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de manera oficial.

Así mismo instaron para que los legisladores no sigan perdiendo más tiempo en ese tema e inicien lo más pronto posible los controles políticos y en especial a los decretos emitidos por el Gobierno, con las medidas ante las emergencias sanitarias, económicas y sociales por la pandemia.

Inicialmente, el abogado constitucionalista Alfredo Beltrán Sierra, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre y especializado en Derecho Constitucional y Maestría en Derecho Procesal, entre otros títulos, señaló que el control político es vital en la democracia o de lo contrario el Presidente de la República se vuelve legislador, gestión que no le corresponde y que es de entera responsabilidad del Congreso en hacer el análisis para aprobar, suprimir o anexar al documento los textos que mejoren las normas que deben buscar un bien común.

Para el también abogado especialista Juan Manuel Charry, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, profesor titular de Derecho constitucional en la universidad del Rosario y miembro fundador de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política, el Congreso tiene todas las facultades legítimas para desarrollar su actividad, a través de los medios electrónicos para adelantar los controles y pueda ejercer el equilibrio de poderes que requiere el Gobierno a la hora de aplicar las normas en esta situación de emergencia.

Similar conceptuó José Gregorio Hernández, exmagistrado, catedrático universitario y autor de varios libros de derecho Constitucional, Ciencia Política y Derechos Humanos. “El control de los senadores y representantes a la Cámara debe ser jurídico y político para que impere la democracia y no hay impedimento que se conozca para que no puedan reunirse y sesionar de manera virtual”.

El especialista y exconstituyente Gustavo Zafra, egresado de la Universidad Javeriana con una maestría en Administración Pública y con doctorado en Derecho de Actividades de Administración, se deben citar a todos los funcionarios públicos y no solo a los ministros, ya que la labor del control político es conocer los alcances y la aplicación de los decretos presidenciales y hacer el debido control sobre los mismos.

Rodrigo Uprimny, ex magistrado auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado además de miembro de la Comisión Internacional de Juristas y del Comité DESC de Naciones Unidas, aseguró que en Colombia hay incertidumbre normativa, porque la Constitución y las leyes del país no estaban preparadas para una situación de cuarentena reiterada por muchos meses. “La Corte Constitucional puede declarar exequible las normas expedidas por Iván Duque, pero el Congreso puede hacer el juicio político sin ningún problema”.

Catalina Botero, experta abogada en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, aseguró que el Ejecutivo puede sentir la tentación de tener hiper poderes que erosionan el Estado de Derecho y por eso es necesario el control. “El control es importante para que las decisiones sean fruto de la mayor participación y deliberación de las mayorías y no para que sean decisiones que afecten el Estado de Derecho”.

El jurista Hernando Herrera, al final de la sesión virtual de la Comisión Primera del Senado, dijo que el artículo 12 del Decreto 491 permite sesiones virtuales o mixtas en el Congreso. “Yo entiendo las molestias de Rodrigo Lara, Roy Barrera y Temístocles Ortega, quienes piden sesiones presenciales, pero la herramienta de la virtualidad se puede usar como ya lo hacen las cortes de país”.

La senadora conservadora Esperanza Andrade indicó que es tiempo de adelantar los controles de inmediato dado que la falta de claridad sobre la virtualidad ha impedido que se ejerza, mientras su colega Miguel Ángel Pinto, del partido liberal, reiteró la necesidad de desarrollar esas actividades y manifestó que las decisiones del Congreso de deben tomar de todas formas, presencial o virtual pero no se deben demorar más.

“Nos demoramos y hemos perdido mucho terreno, dijo el congresista Iván Name, Alianza Verde, y estamos regalando terreno al hiper presidencialismo al no hacer el control, mientras para el senador Roy Barreras, del Partido de la U, es necesario que se haga de manera presencial o semipresencial, adoptando todas las medidas sanitarias, pero es vital hacer análisis y control de los decretos del presidente Duque, ya que afectan la vida de todos los colombianos. Así mismo, el legislador de las Farc Julián Gallo argumentó que las medidas han sido muy cuestionadas, en especial por la entrega de dineros y más poder a los bancos sin control alguno, así como los recursos que se giran a las EPS, las cuales tampoco las envían a los hospitales, donde se requieren para atender el contagio.

A su vez, la senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, dijo ante la conveniencia o no de la virtualidad. “Sigo sin entender qué es lo que hacen en las sesiones presenciales que no han podido hacer en las virtuales.” Y agregó que “la Corte Constitucional no puede suplantar el poder Legislativo.” “Congresistas podemos movilizarnos, pero no reunirnos con más de 50 personas, debemos dar ejemplo o no podemos pedirle a la ciudadanía que cumpla cuarentena. Los congresistas con preexistencias no podrían asistir a sesiones presenciales, eso no es democrático”.

Al finalizar la sesión quedó en claro que se puede sesionar de manera virtual y la prioridad es adelantar los controles políticos, ante lo cual para este jueves 14 de mayo fue citado el primero de ellos, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien estará a partir de las 10:00 a.m., en la plataforma Zoom y por el canal de YouTube de la Comisión Primera.