La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,ICBF, Lina Arbeláez, dijo que "el eje de violencia intrafamiliar no es competencia del ICBF desde que el legislador dispuso normatividades en el año 2000".

Bogotá D.C., 30 de abril de 2020 (Prensa Senado). Alimentación y educación segura para niños, niñas y adolescentes, descuentos de servicios no prestados en instituciones educativas y violencia intrafamiliar fueron los temas tratados en la Comisión Séptima durante la sesión virtual formal, que tuvo como invitadas a la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, y a la directora del ICBF, Lina Narváez.

En su intervención, la jefa de cartera de Educación dio a conocer los avances en materia de educativa por la que Colombia se vio obligada a empezar ejecutar debido a la crisis del Covid-19, sin embargo, las estadísticas siguen sin convencer a los congresistas de la Comisión Séptima, quienes coincidieron en afirmar que “hay quejas por servicios que no se están recibiendo en los colegios, que las raciones de comida no han sido las necesarias, que se necesita mayor cobertura de Internet en el territorio colombiano y sobre todo para que esto ayude en la educación de los niños y niñas de la zona rural donde también viven o habitan estudiantes indígenas campesinos”.

A los cuestionamientos hechos por los senadores que integran la Comisión Séptima del Senado, la Ministra de Educación respondió que "hasta el momento hay 4.245.400 estudiantes beneficiarios con el esquema de Escuela en Casa y que seguirán haciendo todos los esfuerzos con las 10 entidades territoriales para llegar a más de seis millones de raciones en lo que tiene que ver con el Plan de Alimentación Escolar-PAE”.

De acuerdo con la información entregada por la Ministra, el país avanza en la implementación de acciones que permiten la adaptación de la oferta institucional y de esta manera garantizar que los niños y niñas, desde la educación inicial y preescolar hasta la educación media, continúen vinculados al proceso educativo, a través de esquemas de trabajo académico en casa, para lo cual ha establecido que las propuestas diseñadas y desarrolladas por docentes y directivos docentes, consideren las particularidades del contexto que habitan (urbano, rural, diversidad étnica y cultural, condiciones de vulnerabilidad, migración, etc.), teniendo en cuenta que se debe garantizar el acceso universal de la población.

Violencia intrafamiliar no es competencia del ICBF

Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,-ICBF, Lina Arbeláez, a su turno dijo que “el eje de violencia intrafamiliar no es competencia del ICBF desde que el legislador dispuso normatividades desde el año 2000. De hecho, en varias sentencias del Consejo de Estado donde el Instituto ha insistido en hacer una intervención directa en el marco del hogar. El Consejo ha sido claro y ha dicho que el legislador ha dispuesto una separación entre las obligaciones de los defensores de Familia y los comisarios de Familia, y la competencia lo que pasa al interior de los hogares se lo ha dispuesto el legislador al territorio, es decir a los alcaldes o en su defecto a las gobernaciones”.

Con respecto a las madres comunitarias de Urabá y específicamente de Apartadó, Antioquia, la Directora del ICBF afirmó que en conjunto con la Gobernación de Antioquia se está haciendo la prestación de los servicios de primera infancia. “Uno de manera directa con el ICBF y otros a través de un convenio con la Gobernación. En este sentido, las 3.812 comunitarias que trabajan bajo la operación de ICBF están contratadas desde el primero de abril”, manifestó.

18.952 denuncias en un mes y medio

Entre el 12 de marzo y el 28 de abril del 2020 en todos los canales del ICBF se recibieron 18.952 denuncias por posibles casos de maltrato. En el mismo periodo del 2019 se recibieron 26.953 denuncias. “Hacemos un llamado a la correlación que tiene el artículo décimo del Código de Infancia, donde tenemos todos de manera conjunta los que terminemos protegiendo y estableciendo canales efectivos para la protección a los posibles casos de vulneración a niños y niñas. Hemos empezado el restablecimiento de derechos a 2.543 niños y niñas y adolescentes del país, lo cual demuestra una acción activa y efectiva por parte de la Defensoría de Familia”, afirmó Narváez.
Y agregó que “hemos relacionado alianzas con los medios de comunicación nacional en el marco de la responsabilidad social y empresarial, dónde han dispuesto espacios específicos, reiterando la línea 141 y la disposición de la misma para atender y proteger a los niños y también en emisoras comunitarias un despliegue efectivo de la misma sabemos que nada es suficiente para proteger a niños y niñas de nuestro país”.

Pese a las explicaciones entregadas por las entidades citadas en la Comisión Séptima, siguen preocupando temas como la contratación de madres comunitarias, contratos y supervisiones al programa de alimentación escolar PAE, mecanismos de protección para la niñez, calidad de la educación en la virtualidad, costo de la matrícula, y acceso a la educación en zonas rurales.

Hablan los congresistas

El legislador Édgar Pulgar hizo denuncias puntuales a la ministra. “en pleno Covid-19, en el municipio de Soledad, Atlántico, el ICBF ha contratado con la empresa Fundación Social Flor de Vida, entregó alimentos vencidos a los niños de 0 a 5 años y no podemos permitir que en Soledad y en ninguna parte del país”

A lo que la Ministra de Educación respondió que “se ha iniciado un proceso disciplinario para establecer los hechos puntuales que ocurrió con la Empresa de dicho municipio en el Atlántico. Hemos dispuesto unos peritos y hemos remitido los granos a un laboratorio y he venido revisando de manera directa y constante en qué grado de composición están”, comentó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Séptima, congresista Fabián Castilla, afirmó que “en algunos sitios del Catatumbo los padres han salido desesperadamente tratando de conseguir un teléfono o algún dispositivo para tratar de resolver, ya que hay una brecha muy grande entre lo urbano y lo rural”.
De igual manera los senadores de esta Comisión hicieron el llamado para que se vigilen los casos no solamente de violencia intrafamiliar, sino también los casos en donde pederastas se aprovechan de que los niños deben ocupar gran parte de su tiempo en Internet.

El senador José Ritter López afirmó que “algunas quejas que se presentan se refieren al cobro que se realizan en las instituciones privadas sobre el transporte y otros cobros que según los padres de familia no tienen razón de ser en esta pandemia y le sugirió al Gobierno mayor cobertura de Internet en el territorio colombiano y sobre todo para que ayude en la educación de los niños y niñas antes de la pandemia”.

La legisladora Nadia Blel hizo dos recomendaciones especialmente en estos momentos de dificultad de la cuarentena obligatoria. “Hemos visto como los casos no solamente de violencia intrafamiliar han aumentado, sino también los casos en donde pederastas se aprovechan de que los niños deben ocupar gran parte de su tiempo en Internet, Yo le quiero pedir especial control sobre un trabajo articulado con la Policía para garantizar la seguridad de los niños. Muchos aprovechan esta oportunidad y le solicitan videos, fotos, imágenes y por lo tanto es necesario aumentar los controles”.

El senador Manuel Bitervo Palchucán se dirigió a la ministra diciendo: “Es necesario que se amplíe los programas de conectividad a Internet porque en las zonas rurales donde permanecen, viven o habitan nuestros estudiantes indígenas campesinos, no hay la cobertura de Internet. Usted trabaja en llavería con el Ministerio de las Tic y es necesario de que también se ponga a funcionar las frecuencias radiales de las emisoras comunitarias, que las comunidades o cada resguardo indígena viene tramitando ante el Ministerio de las Tic desde hace mucho tiempo”.

La congresista Aydeé Lizarazo afirmó que “lo que se está haciendo en este momento no es educación virtual, sino utilizar un medio virtual para interactuar profesor-alumno y familia para ayudar en la pedagogía en temas educativos. Porque educación virtual es un tema mucho más avanzado en el que se puede ahondar.

El legislador Carlos Motoa, dijo que “a propósito del ingreso de Colombia a la OCDE, el rendimiento en las pruebas PISA en el promedio de los países que integran la OCDE, Colombia está muy por debajo de ese promedio. El 40% de los estudiantes colombianos tuvieron un rendimiento muy bajo en pruebas de ciencias de lectura y de matemáticas y esto ocurría con las clases presenciales. No me quiero imaginar lo que puede suceder en estas clases virtuales y le propuso sesión presencial al Presidente de la Comisión para bordar problemática del desempleo en el país”.

La senadora Laura Fortich habló frente al tema ICETEX y dijo: “Tengo entendido que se han dado unos beneficios presentados a los créditos. Sin embargo, revisando se encontró que hay personas que están solicitando más beneficios”.

La congresista Victoria Sandino manifestó: “Hoy no tenemos esa certeza de cuáles son las cantidades que los operadores le están entregando a los estudiantes. Cuál es la cantidad que se está suministrando, quién hace ese control. Se desconoce la minuta. Esto es muy importante Ministra. Al día de hoy ni siquiera han abierto el proceso de licitación para la operación y en otros no se cuentan ni con la interventoría”

El senador Álvaro Uribe afirmó que “en esta Comisión yo creo que ha primado la solidaridad por encima de las diferencias políticas que existen. Yo lo digo de corazón, comprendo la preocupación del senador Polo, su zona Nariño, esa frontera con Ecuador tiene muchas dificultades y él nos ha contado todo lo de Ipiales. Quiero decirle a la Ministra que trasmitan esa preocupación al Gobierno. Estoy seguro que el mismo presidente Duque se encargará de poner todos los medios para que mejore la atención, especialmente en esa zona de frontera. Además, se quejan en muchos colegios privados que no tienen con qué pagarle sus empleados ni a sus profesores”.

La senadora Maritza Martínez expresó su preocupación frente a la crisis del petróleo, indicando que esa situación puede empeorar, si no se toman las medidas necesarias.

Bogotá D.C., 30 de abril de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Quinta manifestó la preocupación por la rápida caída del precio del barril de petróleo y por la crisis que vive el sector de los hidrocarburos por cuenta de la pandemia producida por el Covid-19.

 En la sesión virtual participaron la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora; el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón; el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco Lloreda, y el presidente de Campetrol, Germán Espinosa.

La Ministra de Minas y Energía expresó que en el año 2017 el país tuvo una producción de 850 mil barriles de petróleo, siguiendo con 865 mil en el 2018 y 885 mil en el 2019. Por otra parte, el gas natural tuvo un aumento significativo, pues pasó de 976 millones de pies cúbicos a 1.069 millones de pies cúbicos.

 Entre tanto, enfatizó que en febrero de 2020 se presentó la perspectiva para el resto del año, en donde se esperaba una inversión entre los 5 mil y 6 mil millones de dólares de inversión total para todo el sector. Cuenta, además, que se esperaba realizar 42 pozos con una expectativa de producción de 900 mil barriles con un precio alrededor de los 60 dólares.

 Agregó que con una producción de 900 mil barriles de petróleo, cerca del 60% de esa producción se exporta y el resto es para consumo nacional. Con una producción de 800 mil barriles, se está más o menos en un 50% entre exportaciones y consumo nacional.

Concluyó destacando que debido a la crisis actual, la demanda del petróleo cayó cerca del 10%, el carbón cayó alrededor del 8%, el total de la demanda de energía cayó cerca del 6% y la demanda de gas aproximadamente el 5%.

Por otra parte, el presidente de la Agencia Nacional de hidrocarburos, Armando Zamora, recalcó que en los últimos 4 años se han venido aumentando las reservas de crudo y que llegó a bajar a un nivel de autosuficiencia de 5.1 años y ahora subió a 6.3. Un número que se queda corto respecto al año 2009, en donde hubo un índice de reservas de producción de 8.1 años.

 El gas destinado a la operación no se comercializa, sino que se dedica a la generación de energía. Debido a la norma del Sistema Internacional de Gestión de Reservas es obligatorio que se ajuste el nivel de las reservas y se saquen del stock de reservas comerciales.

Aseguró que las empresas productoras de petróleo también están siendo beneficiadas de la flexibilización de los compromisos, la baja en las garantías y de todas las demás medidas que a nivel industrial se han estado tomando para contrarrestar los efectos de la crisis que se vive actualmente.

 Entre tanto, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reconoce que la situación del petróleo mundial empezó como una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita con recortes de producción desde finales del año pasado.

 Este problema se vio acrecentado de manera dramática por la pandemia del Covid-19, en donde ha habido una destrucción de la demanda de cerca del 20-30% de toda la demanda total de crudo a nivel mundial.

Destacó que la compañía ha hecho inversiones sociales por 62 mil millones de pesos en 22 departamentos y en más de 100 municipios, sumado a los aportes voluntarios de los trabajadores que suman más de 1.000 millones de pesos.

Por ejemplo, en Barrancabermeja se han entregado mas de 10 mil millones de pesos, en el Meta se han donado más de 14 mil millones de pesos y Casanare ha recibido 3.400 millones de pesos para ayudas humanitarias a la población vulnerable y para el fortalecimiento del sector salud.

Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, resalta que la industria del petróleo tiene 4 principales desafíos:

1) Es necesario entender qué está pasando con la demanda y hacer un análisis de los que va a pasar por el resto del año
2) Sincronizar la caída en la demanda con un recorte de producción
3) Prepararse para un período de precios relativamente bajos
4) Cómo esta crisis impacta a Colombia

Afirmó que en los últimos 10 años, la incorporación de las nuevas reservas de petróleo han sido descubiertas en un 80%, por empresas privadas, medianas y pequeñas. Actualmente, el 70% de la actividad exploratoria en Colombia es realizada por estas empresas, que le han apostado al país invirtiendo capital de riesgo, teniendo, además, amenazada su viabilidad.

Por su parte, Germán Espinosa, presidente de Campetrol: reflexionó sobre la situación que vive el mundo y reconoce que estamos ante la mayor crisis que ha podido vivir la humanidad desde la depresión de 1929. El doble choque de oferta y demanda, con el tema de la guerra de precios y el Covid-19 es algo inédito y la humanidad no estaba preparada para este problema.

Hizo hincapié en que entre los años 2010 y 2014, Colombia tuvo precios superiores a los 100 dólares por barril de Brent, para luego tener una fuerte caída por consecuencia de la crisis de la revolución de Yale en Estados Unidos. Además Arabia Saudita dejó de ser el pivote de la oferta y demanda en la industria, razón por la que, por 17 meses, hasta febrero de 2016, el barril pasó a tener un precio de 22 dólares en el país.

Hablan los senadores

La senadora Maritza Martínez manifestó su preocupación frente a la crisis del petróleo, indicando que la situación tiende a empeorar, sugiriendo que hay que tomar medidas no solo pensando en el rescate de las empresas, sino también en la afectación del país y en la afectación de las regiones; refiriéndose a la situación del Meta, puesto que para el año 2019 la región se encontró sumida en una crisis económica y social histórica, por el cierre de la vía durante más de tres meses.

 Señaló que la región aún no se había recuperado de esta situación y enseguida tiene que afrontar el duro golpe de la disminución de los precios del petróleo y la contingencia por el Covid-19, situaciones que impactan fuertemente a la región. Es por ello, que solicitó tanto a las empresas privadas, públicas y mixtas, al igual que al sector Institucional que piensen en cada una de estas discusiones presentadas, y se empiece a dejar de lado el centralismo que asfixia a los departamentos.

 El senador Jorge Robledo reconoció que lo que está pasando con el petróleo por cuenta de la crisis que vive el país es una situación lamentable.

 Enfatizó al igual que la senadora Sandra Ortiz, que no está de acuerdo con el despido de más de 2.000 contratistas de Ecopetrol por cuenta de la crisis de la pandemia, puesto que en este momento la compañía tiene el músculo financiero suficiente para asumir la realidad que están viviendo los colombianos en este momento.

 Reconoció que existe una preocupación sobre el alto endeudamiento que tiene Ecopetrol en este momento, pues asciende, según el Banco de la República, a 9.510 millones de dólares.

La congresista Sandra Ortiz hizo especial énfasis en que la mayoría de ingresos que entran a los presupuestos provienen del sector petrolero. Además, llevó a colación el proyecto de ley 002 en el que la Corte Constitucional le otorgaba, el 30 de enero de 2019, dos periodos al Congreso de la República para que regulara la sobretasa de los combustibles.

 Por su parte, el legislador Jorge Eduardo Londoño enfatizó en la búsqueda de posibilidades que nos permitan como país reinventarnos frente a esta crisis, asegurando que no se puede sostener la economía de un territorio a partir de un recurso finito, lo que obliga a buscar otras fuentes de financiamiento, porque después de esta pandemia el país necesitará más comida y menos petróleo. Por lo anterior, hace un llamado vehemente al Gobierno Nacional a enfocarse en el campo.

 El senador Guillermo García Realpe resaltó que la crisis causada por el Covid-19 deja muchas lecciones que si no se toman, pueden tener una incidencia más fuerte en el país. Propuso, por ejemplo, que se debe hacer una profunda reforma al sistema de salud, porque no está funcionando. Criticó que en el pacífico colombiano, nariñense y caucano, que tiene un millón y medio de habitantes en el litoral, no hay una sola UCI.

 Manifestó que los puertos de Tumaco y Buenaventura pueden ser una buena opción para que importen gasolina para amplios sectores nacionales, como son Nariño, Cauca, Putumayo, Huila, Valle del Cauca, entre otros.

El congresista Eduardo Pacheco hizo hincapié en que hay dos factores principales que han incidido en la reducción del ingreso por concepto del hidrocarburo:

1) Reducción del precio del petróleo, que ha generado estrés en las economías exportadoras, además de la guerra de los precios.
2) Crisis del Covid-19, que ha causado la reducción en la demanda del petróleo.

 Resaltó, además, que existen ciertas características que ayudan a que un país, organización, etc., domine sobre las demás:

1) La capacidad instalada de producción. Entre más capacidad tenga una industria, podrá producir más para bajar el precio a su antojo
2) Los costos de producción. Si los costos de producción son bajos, la empresa podrá permitirse menores precios sin entrar en pérdida.

El congresista Didier Lobo destacó, al igual que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, que hoy el país está afectado por la unión de tres factores:

1) El desplome de precios del petróleo por la guerra comercial entre Arabia y Rusia.
2) La pandemia que ha afectado los precios del petróleo.
3) La reacción gubernamental mundial que apagó la economía.

Entre tanto, el senador Alejandro Corrales se unió a la visión de algunos senadores, expresando que el mundo se verá obligado a dar prioridad al sector agropecuario, asegurando que Colombia tiene un fuerte potencial en esta materia, sin antes aclarar que no quiere decir que no se siga explorando y explotando los recursos que tiene el país, sino por el contrario, es ahora cuando se debe tener más eficiencia y mayor efectividad en la explotación de esos recursos.