En la sesión virtual de la plenaria del Senado, el titular de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no descartó subsidios salariales para pequeños y medianas empresas y dijo que es una buena idea la modificación del calendario tributario y anunció que el Gobierno está dispuesto a colaborar para lograr acuerdos como el que está planteando la ANDI, de no deshacer los contratos laborales. Plenaria sería convocada para el próximo viernes Primero de Mayo. 

Bogotá D.C, 29 de abril de 2020 (Prensa Senado).- En medio de críticas de los senadores de diferentes bancadas por la falta de efectividad del Gobierno en la llegada de recursos y alivios en materia de salud, a las regiones, el acceso a los créditos para salvar empresas y el empleo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció ante la plenaria del Senado, reunida virtualmente, que el Gobierno en el transcurso de esta semana decretará un nueva Emergencia Económica, con el objeto de adoptar nuevas medidas que permitan hacerle frente a la crisis por el coronavirus.

“¿La emergencia económica cuándo se vuelve a declarar? Yo creo que es muy pronto, no le puedo decir un día, pero yo sí diría que esta semana estamos en la necesidad de tenerla”, afirmó el ministro Carrasquilla ante una pregunta del senador Richard Aguilar, del partido Cambio Radical.

En la reunión virtual del Senado, donde nuevamente salió a flote por parte de una gran mayoría de congresistas la ausencia de la banca en la crisis, por no facilitar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, el ministro Carrasquilla dijo: “En el momento en el que esta crisis económica se convierta en una dificultad financiera, vamos a tener que usar la reserva del FMI”, y agregó que el Gobierno no ha solicitado al Banco de la República un préstamo, “es una opción que va a estar sobre la mesa”.

El alto funcionario no descartó subsidios salariales para micros, pequeñas y medianas empresas, dijo que es una buena idea la modificación del calendario tributario y anunció que el Gobierno está dispuesto a colaborar para lograr acuerdos como el que está planteando la ANDI, de no deshacer los contratos laborales.

Medidas no están funcionando

“Ministro de Hacienda, usted está Interesado en sacar decretos pero no le están funcionando”, señaló en forma contundente el senador liberal Luis Fernando Velasco quien agregó que los recursos no le están llegando a los hospitales, “ni llegó para el pago de nóminas “, destacó, tras señalar que “el Presidente de Asobancaria no les iba a prestar.

El vocero del partido liberal Guillermo García Realpe cuestionó el sistema de salud tras señalar que por ejemplo “no hay una UCI ni un ventilador en la zona del Pacífico, eso no tiene perdón y el cuestionamiento es para el sistema de salud”.

Recursos Mipymes para protección empleo

El vocero del partido conservador Efraín Cepeda Sarabia fue enfático en señalar que en la apertura de la economía, se deben garantizar todas las medidas fitosanitarias, distanciamiento físico, especialmente en los medios de transporte.

El legislador hizo un llamado al Superintendente Financiero y al Gobierno nacional, para que se desembolsen los recursos al sector productivo del país, en especial a las Mipymes, y garanticen el empleo. Solicitó al Ministro de Hacienda que informara de dónde van a salir los recursos que se requieren para preservar el empleo de los colombianos.
Enfatizó además, que "en el Partido hemos sido protectores del empleo, exigimos el desembolso para la reactivación de la economía, se requiere inyectar nuevos recursos para garantizar que las Mipymes sigan generando empleo”.

Crédito Banrepública

El senador Iván Marulanda, vocero del Partido Alianza Verde, sugirió que el Gobierno nacional solicite un crédito al Banco de la República por $70 billones para actualizar el sistema de la salud en materia del pago del personal médico y dotar a los hospitales para enfrentar el pico más fuerte de la pandemia en los próximos días. Además, los recursos serían destinados para atender directamente a la población y evitar la hambruna en las familias durante el confinamiento.

Destacó la propuesta de su colectividad sobre respaldo económico de parte del Estado con un salario mínimo y prestaciones sociales para 9,3 millones de trabajadores informales y 486 mil migrantes, especialmente venezolanos. También “2,8 millones de trabajadores formales deben recibir hasta dos salarios, a través de las empresas para que estas mantengan sus trabajadores y no se desmantelen”, afirmó.

“Todo lo que cuidamos tantos años, el Fondo Nacional del Ahorro, el Banco Agrario ahora se van para una sociedad de economía mixta que se inventaron con el nombre del ‘Bicentenario’, que quedará en manos de bancos y del sector financiero colombiano”, afirmó el senador Iván Name, Alianza Verde, mientras que su colega de partido político José Aulo Polo aseguró que nos debe preocupar la salud de las personas y el hambre del pueblo colombiano. “Las medidas del Gobierno no llegan a Ipiales y a Nariño. En el hospital Civil de Ipiales tienen una deuda de $42 mil millones”. Agregó que de ese dinero pendiente, la ARL Positiva apenas ha pagado $150.000 y la ARL Colmena $1.500.000.

Piden informe de Emergencia

Por su parte, el senador Jorge Londoño, de Alianza Verde, aseguró que el Legislativo debe equilibrar el poder y le pidió al Presidente del Senado empezar el debate de todos los decretos del estado de excepción por cuenta del Covid-19. Una intervención similar hizo el senador Antonio Sanguino, Alianza Verde, quien se basó en la Ley Quinta para reiterar que el Congreso puede pronunciarse sobre los fundamentos de la emergencia económica y de los 76 decretos expedidos en este tiempo. Le pidió al Presidente del Senado solicitar al Gobierno informe de la emergencia.

De otro lado, el senador Juan Luis Castro, Alianza Verde, le pidió al Ministro de Hacienda tener en cuenta las medidas que ha expresado la Alianza Verde “como la renta básica universal para las familias más vulnerables, un beneficio para más de 20 millones de colombianos y un subsidio para las Mipymes pues las líneas de créditos no han sido eficaces”.

Para el senador Jorge Eliécer Guevara, de Alianza Verde, la pandemia ha mostrado la pobreza del pueblo colombiano. “Esto tiene un antecedente, es culpa de la política pública de beneficiar a una minoría oligárquica, a los grandes empresarios, a las multinacionales y banqueros en detrimento de la inmensa mayoría”.

Recaudo por $300.000 millones

La senadora María del Rosario Guerra, vocera del Centro Democrático, hizo un balance de gestión del presidente Duque en medio de la crisis señalando que el Gobierno ha venido ayudando a los sectores menos favorecidos con programas sociales en esta pandemia, destinando entre otros 7 billones de pesos para que la población no pase hambre, sumado a recursos en efectivo con la devolución del IVA más los que se entregan a los adultos mayores que suman 13 billones de pesos.

"Cerca de 300 mil millones de pesos se han logrado recaudar con el impuesto a los salarios de los altos funcionarios del Estado para apoyar al sector salud. La idea es seguir buscando otros recursos para fortalecer el sistema y la atención a toda la población, especialmente a los sectores vulnerables, que llegan a la fecha a los $ 7 billones”

Por su parte, el senador Ciro Ramírez, Centro Democrático, dijo que el Ejecutivo no ha ahorrado en esfuerzos y gestiones para resolver las inquietudes de los colombianos en materia de alimentación para niños, jóvenes, adultos y tercera edad mediante programas sociales que nunca habían sido beneficiados como lo ha hecho el gobierno del Presidente Duque.

Dijo que Colombia se ubica entre los países que mejor han manejado los recursos para afrontar la pandemia del Covid-19, destinando el 4% del PIB para fortalecer el sector de salud para atender a la población afectada en el aislamiento como para la compra de equipos de bioseguridad.

Plata no está llegando

La senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, fue enfática en señalar que la plata no está llegando a las regiones. “Los bancos no están aplicando los lineamientos del Gobierno para créditos flexibles y fáciles para las mini, pequeños y medianas empresas” denunció ante el Ministro de Hacienda, a lo que agregó que llama la atención que la banca en vez de bajar intereses como lo hizo el Banco de la República, no lo hace la banca privada que los ha aumentado en detrimento de los clientes y se suma también que no facilita acceso a los créditos, sino solo a los clientes preferenciales.

Entre tanto su colega Ruby Chagüi, Centro Democrático, reiteró que el jefe de la cartera de Hacienda debe llamar la atención a la banca, porque siguen siendo inflexibles ante la crisis económica del país. No permite el acceso a los créditos que solicitan con urgencia sectores productivos como turismo, transporte, restaurantes, bares y pequeños comerciantes, entre otros.
Financiar 1 y 2 meses salario mínimo
El senador Álvaro Uribe, Centro Democrático, dijo que el presidente Duque recibió un endeudamiento muy grande y ahora con la pandemia “propongo que desembolsen recursos para las Mipymes, sería una gran ayuda que los créditos de nómina no tengan interés altos”. Afirmó que se debe asignar más de un millón de familias para financiar 1 o 2 meses de salarios mínimos. Mantener el impuesto al patrimonio para pagar bonos solidarios para los niños de la población vulnerable.

“Estamos haciendo un debate extraordinario porque ha sido medido y sin discurso de horas, ha sido muy democrático. Nosotros hemos sido opositores en el anterior gobierno y ahora que estamos en la otra orilla, sí le hemos dado más tiempo a la oposición. Ministro no deje morir a las empresas y darles mayor apoyo", señaló el senador Ernesto Macías.

Entre tanto, el senador Carlos Felipe Mejía, Centro Democrático, pidió revaluar los $300 mil millones que nos cuesta la Justicia Especial para la Paz, JEP, y el refinanciamiento del Congreso. “Se hace necesario para seguir con la gestión y salir de la crisis económica y sanitaria ante el Covid 19 y se debe invertir el infraestructura y ampliación de las TIC en todo el territorio nacional”.

Plan de Choque Social

En desarrollo de la sesión plenaria virtual que se extendió por más de siete horas, la senadora Criselda Lobo, del partido FARC, dijo: "En el marco del Covid-19 y en la búsqueda de aportar y enfrentar la crisis, aterrizando medidas a las necesidades de la gente, como partido FARC, presentamos una propuesta al país para buscar una solución a esta crisis que nos afecta y es el Plan de Choque Social”.

Posteriormente intervino el senador Julián Gallo, FARC, quien afirmó: “Reconociendo el esfuerzo que se ha hecho para que se pueda dar funcionalidad al Congreso de la República es necesario que en este momento se reflexione acerca de la necesidad de esas sesiones presenciales. Se argumenta el riesgo que pueden correr los senadores, pero al mismo tiempo el Gobierno toma la decisión de sacar a las calles a cuatro millones de colombianos humildes, quienes tienen que salir a la calle obligados a rebuscarse la vida”.

Cifras del Covid-19 retrasadas

El congresista Gustavo Bolívar, vocero de partido Decentes, dijo que “Colombia es el país con más zonas francas y genera pocos empleos y destacó que las cifras del Covid-19 que suministra el Gobierno, tienen un retraso de doce días, tras señalar que “somos el segundo país de Suramérica con menos pruebas del Covid-19”.
S.O.S por empleo

El vocero del partido Mira Carlos Eduardo Guevara hizo un urgente llamado por el empleo, microempresas y pequeños emprendimientos, “que hoy están al borde de cerrar sus operaciones, y generar un problema social crítico para el país”.

Señaló que “es importante revisar las tasas de interés y flexibilizar los requisitos para poder acceder a los créditos bancarios, que es la única tabla de salvación que tienen hoy las empresas para poder subsistir. También hay medidas tributarias, por ejemplo, mover el calendario tributario sin el pago de los intereses”.

Fondos solidarios

El vocero del partido Colombia Justa y Libres John Milton Rodríguez expresó que las medidas que se deben seguir tomando implican lecciones de forma y de fondo “Una de forma, que el Estado atienda directamente la crisis del pequeño y mediano agricultor, las Mipymes, al trabajador independiente y todos los grupos poblacionales.

Afirmó que se requiere generar al menos tres fondos solidarios, con sus respectivas mesas de trabajo, donde confluya el Gobierno, la sociedad civil y representantes de los gremios, un fondo solidario que proteja las Mipymes, en la que se garantice su permanencia y que haya una fuente de financiación clara.

Planteó el senador Rodríguez la ejecución de hipotecas en Colombia, ya que se debe aplazar de 3 a 5 años, para evitar que los grandes capitales o el sistema financiero se quede con el patrimonio de los colombianos de estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que con tanto esfuerzo han logrado tener.

Al filo de la medianoche, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, levantó la sesión no sin antes anunciar que es posible que el próximo viernes Primero de Mayo, Día del Trabajo, se convoque nuevamente a plenaria, en homenaje precisamente a los trabajadores.

Senador José David Name expuso su preocupación frente a la participación de alta funcionaria del Ministerio de Agricultura, quien aseguró aparece en todas las actas de Agro Ingreso Seguro, y que representa a esa cartera ante Finagro, Banco Agrario, la Bolsa Mercantil y la Comisión de Crédito Agropecuario y “hoy hace parte del llamado escándalo de Finagro”.

 Bogotá D.C., 29 de abril de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Quinta expresó hoy la preocupación que existe frente a que los pequeños y medianos productores, que no están recibiendo el apoyo necesario debido a la crisis que se está viviendo el país.

 En la sesión virtual de esa célula legislativa participaron el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea; el presidente del Banco Agrario, Dairo Estrada; los representantes gremiales Carlos Mayorga, presidente de Fedepanela; Augusto Solano, presidente de Asocolflores, y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan.

Por su parte, Carlos Mayorga, presidente de Fedepanela, enfatizó que han estado trabajado articuladamente con el Banco Agrario para difundir las herramientas necesarias en términos crediticios para que los pequeños y medianos productores puedan acceder a ellos sin mayor problema.

No obstante, recalcó que existe una gran preocupación sobre los pequeños productores, puesto que al hacer parte de un sector informal, no tienen el apoyo necesario para poder pasar a hacer parte de formalidad y que puedan ser sujetos de créditos como los demás productores.

 Es necesario, afirmó, ver cómo generamos herramientas que garanticen a ese subsector informal acceder a los créditos.

 Augusto Solano, presidente de Asocolflores, recalcó que el sector floricultor exportó el año pasado 1.500 millones de dólares en producto y que se exportó a 100 países en el mundo. Agregó que Colombia exporta más del 95% de la producción total de flores y generan 140 mil empleos formales dentro de la organización.

 Teniendo en consideración las altas exportaciones que tienen a lo largo del mundo, muchos países han cancelado sus pedidos debido a la pandemia. “En Europa, por ejemplo, cancelaron casi todos los países, de manera que cuando el virus llegó al país, ya teníamos un impacto considerable”, sostuvo.

 Su producción está ubicada principalmente en la Sabana de Bogotá con un 65%. El otro 30% es producido en el Oriente Antioqueño y el 5% restante en el Eje Cafetero.
Resaltó la importancia de tener en cuenta los estigmas que tienen las empresas grandes en el país, pues se da a entender que no necesitan ayuda. El criterio de afectación, es entonces el que debe primar sobre las decisiones que se tomen frente a los beneficios del Gobierno, pues es igual de bueno un empleo que genera una empresa de salario mínimo formal al de una empresa pequeña o mediana.

 Por otro lado, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, propuso el establecimiento de una línea especial de crédito, en el marco de la emergencia por el Covid-19, que permita a los productores atender sus necesidades de financiamiento y promueva el desarrollo agropecuario y rural, pues lo que se busca principalmente es que los productores tengan liquidez para solventar la crisis.

 Enfatizó en que la cartera de redescuento, a marzo de 2020 es de 8.8 billones de pesos, de los cuales el 62% está destinado a pequeños productores, el 28% destinado a medianos productores y el 10% destinado a grandes productores. Dicha cartera, comentó, está desembolsada en 893 mil productores, de los cuales el 94% son pequeños, el 6% son medianos y el 0.2% son grandes.

Destacó que la línea de Colombia Agro Produce es una línea de crédito que no tiene ni siquiera un mes de estar en ejecución. En la evaluación semanal que se va a hacer junto con la Comisión Quinta se podrá ver cómo van aumentando y evolucionando los pequeños y medianos productores de acuerdo a sus necesidades.

 Por su parte, Francisco Mejía, presidente Banco Agrario señaló que el campesino colombiano necesita acceso al crédito y capital para poder producir, pues es un insumo fundamental de la producción.

 Contó, además, que para los clientes habituales del banco les van a dar una herramienta tecnológica para que ellos, con un cupo de crédito que se les apruebe, puedan hacer sus desembolsos automáticamente y facilitar los trámites.

Resaltó que están trabajando en la implementación del Portal de Referidos, lo que implicaría habilitar a toda la red de corresponsales bancarios para que puedan enviar solicitudes de crédito. Comentó que si esto se logra hacer, se habrá aumentado la capacidad del Banco Agrario para penetrar en el pequeño productor.

 De acuerdo a lo anterior, se espera poner alrededor de 1.8 billones de pesos en pequeños productores agropecuarios y 858 mil millones de pesos en los medianos productores agropecuarios. Por esto, se tendría una colocación total de 2.6 billones de pesos, un impacto formidable para el desarrollo del campo colombiano.

 “Quiero que tengan toda la tranquilidad que hay un banco aplicado a la tarea de aumentar el acceso al crédito en la ruralidad para el pequeño, mediano y para la gran empresa agropecuaria”, concluyó.

 Por otra parte, Dairo Estrada, presidente Finagro, aseguró que el Contralor ha manifestado que se deben tener controles especiales sobre las operaciones de crédito, sobre todo en los grandes productores. Complementó diciendo que en la línea Colombia Agro Produce, la Comisión Nacional de Crédito estableció unos subsidios con condiciones especiales:
1) no menos del 40% de los recursos puede ser asignado a los pequeños productores.
2) solo hasta el 20% de los recursos deben ser destinados a los grandes productores.

 Enfatizó en la importancia de que las resoluciones sobre los subsidios de créditos a los productores sean públicas. Por más que los recursos para los grandes productores sean ágiles, no quiere decir que los recursos para los pequeños y medianos productores no estén garantizados.

Culminó haciendo hincapié en que se han asignado más de 8.300 millones en créditos para el sector floricultor y que con la línea Colombia Agro Produce, se han asignado créditos por 2.798 millones al mismo sector.

José Félix Lafaurie, presidente Fedegan, aseguró que el sector ganadero es malinterpretado. El 92% de los ganaderos, más de 614 mil personas, son ganaderos muy pequeños y que tienen en promedio 19 animales. “Queremos proteger al pequeño productor rural que muchas veces no tiene acceso al crédito pese a los grandes esfuerzos que hace el Banco Agrario”, sostuvo.

Agregó que cuando un productor rural hipoteca su finca a un banco, se “casó” indisolublemente con este. En cambio, si se logra fortalecer el crédito de redescuento y las hipotecas están amarradas a Finagro, ellos simplemente le trasladan al banco que da el crédito el valor correspondiente a la garantía.

 Hablan los senadores

Dentro de los senadores que participaron se encuentran Maritza Martínez, José David Name, Guillermo García Realpe, Daira Galvis, Jorge Robledo, Jorge Londoño, Nora García, Alejandro Corrales, Didier Lobo, Miguel Barreto, Eduardo Pacheco y Sandra Ortiz, además de haber contado con la participación de Andrés Murillo, secretario de Agricultura del Valle, y Ana Milena Nieto, secretaria de Agricultura de Caldas.

 La senadora Maritza Martínez denunció que el 90% de los pequeños productores agrarios no logran acceder a los créditos, argumentando que estas personas se postulan para subsidios y créditos, pero no logran acceder a ellos porque no son propietarios de la tierra, puesto que son solo productores sin tierra.
No obstante, a pesar de no tener tierras propias, estos pequeños productores aportan el 70% de los alimentos que se consumen en el país.

 Recalcó que toda la anormalidad que se está viviendo en el país, ha permitido que el Estado optimice sus sistemas de distribución de recursos. En necesario formalizar a los trabajadores del campo, pues cerca del 82% lo hace en esa modalidad. Hay que lograr que les lleguen los créditos.

 Concluyó su disertación afirmando que la concentración de créditos agropecuarios, puesto por Finagro ha sido de 6.1 billones de pesos, de los cuales, 4.8 billones quedaron en grandes empresarios del sector, mientras que los pequeños productores han sido beneficiados con el 10% solamente.

 El congresista Jorge Londoño recalcó que esta pandemia dentro de todo lo malo que tiene, ha dejado a la luz las fallas estructurales que tiene el país en muchas instituciones, razón por la que es necesaria una ruptura institucional para construir nuevas instituciones más justas y democráticas.

 Insistió en que es necesario recordar el proyecto de ley de arborización que se está tramitando en el Senado y como una expresión de los que es el campo y que todavía no se ha podido hacer. Enfatizó, además, en que es momento de hacer grandes cambios o no vamos a ser capaces de superar esta pandemia.

 Por su parte, el senador Guillermo García Realpe hizo hincapié en la necesidad de corregir la reglamentación de créditos y subsidios agropecuarios para que lleguen a todos los productores y no solo a un sector. Haciendo énfasis en los pequeños productores del departamento de Nariño, a quienes, a propósito de la crisis, se les debe dar la mano para tener más producción, comercialización y exportación.

El senador Jorge Robledo reconoció que la política agropecuaria es muy mala en Colombia desde hace por lo menos 30 años. Se está destruyendo el agro nacional con las importaciones de productos agrícolas sabiendo que Colombia tiene las tierras y recursos suficientes para producir.

 Enfatizó en que Colombia no puede seguir sumido en la utilidad de las grandes potencias mundiales. Colombiano come colombiano y es necesario reemplazar las importaciones; no más libre comercio. Una enseñanza que ha dejado el coronavirus, es que el mundo es mucho más enredado de lo que nos habían dicho.

 Por otra parte, la senadora Daira Galvis indicó que el flujo de caja se lo llevaron los grandes productores, razón por la que las entidades no están hoy en día en capacidad de garantizarle los recursos a los pequeños y medianos productores, cuestión que va en contra al principio de ética y equidad.

 El congresista Pablo Torres recalcó que la realidad de la ruralidad colombiana es que el 34% de la población adulta no cuenta con acceso a servicios financieros y que en el caso de los municipios rurales más dispersos, la situación es más precaria, puesto que el 45% de la población adulta no cuenta con acceso a servicios financieros.

 Hizo también una invitación al Gobierno Nacional para avanzar en la Reforma Rural Integral, pues es un paso importante para garantizar el bienestar del campesinado y la disponibilidad de alimentos para el conjunto de la sociedad, además de resaltar la urgencia de darle un giro a la política agraria de Colombia, pues se debe fomentar la pequeña agricultura, que es la que garantiza el abastecimiento de alimentos en el país.

 El secretario de Agricultura del Valle, Andrés Murillo, reconoció que las brechas entre el campo y el sector urbano se han aumentado. En el marco de esta emergencia, el funcionario hizo una solicitud para que se asignen recursos para dinamizar el sector agrícola en el Valle, sobre todo con la comercialización de las producciones, pues actualmente tienen dificultades para entregarle a los pequeños productores los insumos necesarios para que puedan llevar a cabo sus tareas habituales de producción.

 Por otra parte, la secretaria de Agricultura de Caldas, Ana Milena Nieto, sostuvo que el departamento de Caldas tiene una preocupación respecto al problema de acceso al crédito que tienen los pequeños productores. Actualmente para pequeños el fondo agropecuario de garantías ofrece un 80%, mientras que a otros sectores, como el comercial, se garantiza el 90%.

 Enfatizó en que los departamentos que cuentan con recursos propios sopesaban el 20% de garantías complementarias, pero por una decisión de la Comisión de Crédito Agropecuario, en agosto del año pasado, no se siguió permitiendo ese apalancamiento. La solicitud que le hace a Finagro, es que permitan reanudar los convenios de garantías complementarias poder apalancar ese 20% otra vez.

Así mismo, el senador Miguel Barreto manifestó que el campo en nuestro país está olvidado, existe un centralismo total, preferencias por los grandes y comercializadores, mientras que los productores se están quedando sin recursos e ingresos lo que los orilla a la pobreza extrema.

 Por otra parte y expresando su apoyo rotundo al Ministro de Agricultura se pronunció la senadora Nora García, quien resaltó la buena gestión y voluntad presentada por el funcionario en esta contingencia. Adicionalmente, se refirió a Finagro sugiriendo que hay que hacer un pare y revisar muy bien que se hará y a quien se le asignarán los recursos de los créditos de esta entidad, “me parece extraordinario que podamos dividir esto en dos partes”, con lo que exponía que se debe dividir en dos partes, la primera enfocada en las personas que realmente trabajan con la tierra, abriendo esas asignaciones a pequeños, medianos y grandes trabajadores, y la segunda parte, enfocada en la comercialización y distribución de los apoyos.

 Antes en Agro Ingreso Seguro y hoy Finagro

El senador José David Name expuso su preocupación frente a la participación de la viceministra de Asunto Agropecuarios, Marcela Ureña, quien aseguró aparece en todas las actas de Agro Ingreso Seguro, funcionaria que hoy representa al Ministro de Agricultura ante Finagro, Banco Agrario, ante la Bolsa Mercantil, y la Comisión de Crédito Agropecuario, cuestionando la participación de esta funcionaria en el escándalo de Agro Ingreso seguro y quien hoy hace parte del llamado escándalo de Finagro.

 Por lo anterior, el senador Name solicitó la renuncia del director de Finagro, Dairo Estrada, argumentado lo siguiente: “Con su intervención hoy quedó claro que las políticas que usted trazó, no le llegó al pequeño agricultor… Usted está beneficiando a los grandes agricultores del país, a los mismo que no necesitan esos créditos”.

 Entre tanto, el senador Eduardo Pacheco, afirmó que la respuesta brindada por el director de Finagro, Dairo Estrada, no satisface las inquietudes y el informe de Contraloría corrobora el mal manejo dado a la asignación de los recursos, por ende manifestó su apoyo a la solicitud presentada por la senadora Maritza Martínez, y le solicitó retirarse del cargo mientras se desarrollan las respectivas investigaciones.

El senador Didier Lobo afirmó que el sector financiero no está siendo solidario, por el contrario sigue viendo esta contingencia como un negocio, así prestándole al que más tiene, al que tiene mejores garantías, cuando hoy el Gobierno está asumiendo el 80 y el 90 % como garantía de cada uno de esos créditos, es por ello que manifiesta su preocupación, puesto que el 94 % de los recursos son dirigidos a grandes comercializadoras e industriales que nada tienen que ver con la producción primaria.

 Por su parte, el senador Alejandro Corrales felicitó al Gobierno Nacional por atender esta crisis del Covid 19 de tal manera, expresando que nadie estaba preparado para asumir esta gran responsabilidad, asegurando que el Ministerio de Agricultura tiene una oportunidad histórica para resaltar al sector agropecuario, ratificando que es este gremio el que sacará la cara por la economía colombiana.

 Contrario a lo expresado por Corrales, la senadora Sandra Ortiz manifestó su inconformidad frente al manejo presentado por el Banco Agrario, asegurando que es éste el responsable de más de 6.000 despidos y el que cuenta con los peores salarios con respecto a las otras entidades financieras, así mismo asegurando que el servicio es deficiente y la tramitología engorrosa.