Piden que no se repitan los escándalos del exrector de la Universidad Autónoma de Barranquilla y el de la familia Ambuila.  Indicaron que algunos jueces están corriendo términos como si no estuvieran suspendidos.  Senadores piden a la rama Judicial modernizarse, porque funcionarios no están preparados tecnológicamente para el trabajo en casa. También propusieron comisión especial para iniciar estudio de reforma a la justicia.

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Los integrantes de la Comisión Primera del Senado le hicieron un llamado al Gobierno y a las cabezas de la rama Judicial para que solucionen los problemas que se han presentado con los funcionarios que no tienen las herramientas tecnológicas para atender a los ciudadanos y abogados litigantes en medio de la pandemia.

En la sesión virtual de este lunes, la Fiscalía y la Procuraduría le hicieron un llamado al Gobierno para levantar la suspensión términos en lo penal, para que no se repita los escándalos del exrector de la Universidad Autónoma de Barranquilla y el de la familia Ambuila, que fueron dejados en libertad.

Así mismo se anunció que los ministerios de Justicia y Hacienda trabajan en ayudas para abogados litigantes.

La senadora Esperanza Andrade denunció en la Comisión Primera del Senado, que la justicia está paralizada, porque funcionarios de la rama Judicial no cuentan con los recursos tecnológicos para trabajar en casa.

“Hay que darles auxilio a los profesionales de la Rama Judicial que están en casa, autorizar las autenticaciones digitales, crear sedes judiciales electrónicas, gestión documental, interoperabilidad, seguridad digital, protección de datos personales, gestión de cambio. Es una revolución en la justicia que debemos empezar ya”, destacó la senadora citante.

La dirigente conservadora manifestó que la gran verdad es que los funcionarios no cuentan con recursos tecnológicos, no tienen conectividad, no tienen tecnología y no están digitalizado los procesos. “Muy difícil trabajar en Casa. Tenemos un atraso desde 1995”, destacó.

La senadora Paloma Valencia dijo que a la justicia de Colombia necesitan 69 jueces por cada 100 mil habitantes, Colombia sigue estando con 11 jueces por cada 100 mil habitantes desde 1992 y la OCDE dice que deberíamos tener 65 jueces con 100 mil habitantes.

A la dirigente del Centro Democrático le preocupa que nómina de la rama judicial creció en un 38%, es decir siete mil nuevos empleados, pero sólo se contrataron 180 jueces.

“Tenemos siete mil nuevos empleados, pero no hay nuevos jueces”, agregó Valencia.

El senador Germán Varón propuso que la Comisión Primera del Senado conforme una Comisión de Seguimiento para verificar la sistematización de todos los temas de la rama Judicial en medio de la pandemia.

“Hago un llamado al Consejo Superior de la Judicatura para que implementen elementos que necesitan los colaboradores de la rama judicial para que trabajen en casa”, destacó el congresista de Cambio Radical.

Por su lado, el senador Temístocles Ortega culpó al Consejo Superior de la Judicatura de que la Rama Judicial esté colapsada.

“No presentan reformas en el Congreso, no hacen análisis y acciones para actualizar la rama Judicial. Se están quedando corto para mejorar la justicia”, destacó.

Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, respondió sobre las críticas que le hicieron los senadores por la falta de nuevos jueces para el país que la planta no se renueva desde hace 20 años y por eso produce resultados de esa época.

Dijo que “desde 1992 la plata está intacta y representa apenas un 6% del personal de la rama Judicial para atender las necesidades de esos funcionarios de todo el país, con una demanda que se acerca a los 3 millones de procesos judiciales”.

Siguió su defensa indicado que no puede lograr cambios de fondo con “pañitos de agua tibia” que se hacen cada año, contratando a funcionarios por tres meses.

Pidió al Gobierno que de forma urgente se acabe con la suspensión de términos

La sesión de la Comisión Primera del Senado fue aprovechada por el la Fiscalía y la Procuraduría para hacer un llamado al Gobierno para que ordene levantar la suspensión de términos, en lo penal, con las restricciones de protección de funcionarios, para que los sindicados no se beneficien con los vencimientos de términos.

Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa pidió en la Comisión Primera del Senado levantar la suspensión de términos en lo penal, con las restricciones de protección de funcionarios. “Tenemos 23.516 funcionarios activos. 18.621 funcionarios en sus casas. Trabajando en forma presencial 4.895 (1.200 del CTI y 1.330 investigadores de la Dijin). Hay 58 mil actos urgentes en URI y 70 mil audiencias virtuales en los últimos dos meses. Se dan 100 capturas diarias”, destacó.

Corren términos, estando suspendidos

“Esta suspensión de términos debe terminar y deben levantarse los términos en la medida en que pone el funcionamiento de la justicia en un 100%. Estamos viendo que en algunos casos han acatado y cumplido suspensión de término y en otros han corrido los términos con interpretaciones como si estuviera funcionando normalmente la justicia. El caso concreto del exrector de la Universidad Autónoma de Barranquilla y el de la familia Ambuila en Cali”, recalcó el funcionario bastante molesto.

Siguió su denuncia indicando que algunos jueces están corriendo términos como si no estuvieran suspendidos y los abogados están pidiendo libertad. “Están corriendo términos en días hábiles y días calendarios y están pidiendo la libertad. Solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que nos diga qué está pasando con esas suspensiones. Eso no es serio para el país”.

El procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, salió a respaldar al fiscal, Francisco Barbosa, pidiendo que se levante la suspensión de términos en los procesos judiciales por la forma como alguno sindicados y sus defensas se están aprovechando para quedar en libertad.

“La Procuraduría hace eco a la propuesta del fiscal Francisco Barbosa, en el sentido de que es muy importante en este momento levantar cualquier suspensión y asegurar la continuidad en la prestación del servicio.
Creemos que los sistemas de salubridad de instituciones oficiales ya han tenido la reacción suficiente para que desde las instituciones públicas podamos participar de la continuidad del servicio público cuando se requiera”, dijo el funcionario.

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, dijo que el regreso de la normalidad de las actividades judiciales debe ser “cuidadoso, progresivo y paulatino”.

Remolina señaló que analizarán normas para volver de manera gradual a las sedes judiciales a partir del 25 de mayo y le preocupa que hay sedes a las que acuden en promedio ocho mil personas y que los protocolos deben ser rigurosos para mantener la salud de los funcionarios y de la ciudadanía.

“Se han tramitado 54 mil tutelas, 1.435 habeas corpus, 27 mil audiencias de control de garantías, 22.500 trámites de ejecución de penas y más de 5.500 de detención por decreto de excarcelación”, dijo en su defensa la funcionaria judicial.

La viceministra de Justicia, Juanita López, anunció que viene trabajando con el Ministerio de Hacienda para entregar apoyos económicos a los abogados litigantes.

“Venimos haciendo evaluaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ver si es viable tomar medidas adicionales, igualmente para el sector notarial.

Los senadores Miguel Ángel Pinto y Roosevelt Rodríguez les indicaron a los funcionarios del Ministerio de Justicia que recibieron un manifiesto de los abogados litigantes, en donde piden ayuda económica, porque viven del día a día.

La viceministra de Justicia agregó que sobre los problemas de conectividad de los despachos judiciales, en los 20 meses que lleva se aumentó en 9.4 millones las conexiones a internet con énfasis en la ruralidad.

“Estamos trabajando de la mano con el Ministerio TIC y la Consejería Presidencial para la Digitalización del Estado con el propósito de lograr la trasformación digital en todo el territorio nacional con énfasis en zonas rurales”, destacó López.

Piden comisión especial

Senadores propusieron crear una Comisión Especial para comenzar el estudio de la reforma a la Justicia

El congresista Eduardo Enríquez Maya propuso a los integrantes de la rama Judicial conformar una comisión para reforma el sector. “Se han hecho 17 reformas y ninguna ha prosperado. Le propuse a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y hoy le propongo a las cortes y al Fiscal que creemos una Comisión Legal para trabajar en la reforma a la administración de Justicia, cambiar la cultura procesal y jurídica, privación de la libertad y hacinamiento”.

El legislador Juan Carlos García Gómez anunció que acompaña la proposición del senador Eduardo Enríquez Maya para crear la comisión del derecho y la justicia, “que pueda ayudarnos a construir con todos los sectores, los artículos que se necesitan para reformar a la Rama”.

El senador José Obdulio Gaviria destacó que Colombia debe trabajar en la modernización y se instalen las sedes virtuales. “Que la tecnología sirva para otorgar justicia rápida y expedita. Pongamos en la tarea para que en los próximos dos períodos legislativos se sienten la bases para modernizar la Rama”.