En las instalaciones de la Universidad de Santander, UDES, sede Cúcuta, se escucharon diferentes voces que se sumaron a la discusión sobre el Acuerdo de Escazú.
Por: Christian Granados
Bogotá D.C., noviembre 23 de 2020 (Prensa Senado)- El Primer Foro Regional Semipresencial, denominado “Los retos de Colombia ante la ratificación del acuerdo de Escazú”, fue convocado por las Comisiones Segundas Conjuntas en la ciudad de Cúcuta, gracias a la aprobación de una proposición intermedia que buscaba evitar una votación precipitada.
Al iniciar el foro, el senador y presidente de la Comisión Segunda de Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, dio la bienvenida a todos los actores, entre ellos, líderes sociales, asistentes gremiales, miembros de la sociedad civil y representantes del Estado.
Dado la importancia del tema, el senador Gómez Jiménez manifestó que con el ánimo de resolver las dudas que se han venido presentando, hoy desarrollaron este primer foro, de dos previstos para culminar en unos 15 o 20 días. "Con estos foros regionales lo que buscamos es ampliar la participación ciudadana, escuchar a los diferentes sectores y la dirigencia política para llegar a una discusión del Acuerdo de Escazú”, agregó el Congresista.
“Entendemos el compromiso que ha tenido el presidente Duque, el compromiso que existe con la mesa ambiental, el significado del Tratado de Escazú en términos de acceso a la justicia, en términos de consulta previa, en términos de protección a líderes ambientales, por eso estamos trabajando unidos por la misma causa desde Cúcuta”, completó el senador.
Posteriormente intervino Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial Nacional: “Nuestras inquietudes sobre el Acuerdo de Escazú no van de ninguna manera enfocadas a la destrucción del medio ambiente, sino a lograr el equilibrio entre la producción formal y el respeto al medio ambiente”.
Luego participó el presidente de la SAG, Servicio Agrícola y Ganadero, Jorge Enrique Bedoya, quien expresó: “Nos preocupa que el Acuerdo de Escazú se quiera estigmatizar. Esto no es un tema de ideología. El espíritu del Acuerdo es loable, pero su contenido genera preocupación jurídica”.
Por su parte, Gonzalo Moreno de Fenavi aseveró: “Gran parte del contenido del Acuerdo está en la legislación colombiana. El art. 7 numeral 2 es el que más nos preocupa. Es el que tiene relación con que cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones. Es casi extender la consulta previa a cualquier proyecto”.
Asímismo, el presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Emerson Aguirre, expuso: “Hay una zona muy gris en un artículo del Tratado. Se trata del artículo 7, numeral 2. Con este se entraría en inseguridad jurídica al darle a terceros la toma de decisiones”.
Cuando el turno fue para Juliet Ramírez de la ANDI, esta reiteró "No estamos de acuerdo con la ratificación del Tratado de Escazú. Una de las razones de nuestro inconformismo, es el acceso a la información. En nuestro país existe legislación suficiente que favorece la legislación ambiental”.
En representación de Ascamcat, Asociación Campesina del Catatumbo, Yúnior Maldonado dijo “Escazú no se puede ver como un problema de litigio. Es la oportunidad para el desarrollo del país de forma organizada”.
Ante esto, Mildred Hernández, del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfatizó, “Sí es cierto que Colombia tiene legislación suficiente, pero lo que se aplica es poco. No se garantiza el derecho de participación e información”.
Durante el debate, el diputado del Partido Alianza Verde, Jhon Edison Ortega dejó clara su postura frente a la importancia de la aprobar el Acuerdo.
En la recta final de este encuentro académico, empresarial y social, Juanita Ariza de la Red Nacional de Agua, intervino,“Colombia requiere de un marco legal como lo establece el Tratado de Escazú. Este es el primer Acuerdo que evidencia la relación directa entre los derechos humanos y ambientales en la región”.
Y al cierre, Francisco Lloreda, Presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo con esta reflexión: “Si se aprueba este acuerdo se estaría entregando parte de la soberanía colombiana. Sería un cheque en blanco a la Corte Internacional de Justicia."
SENADORES:
Después de varias horas de discutir, proponer y plantear algunos ajustes al PL 057-2020 Senado/ 265-2020 Cámara, por medio del cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe adoptado en Escazú, el senador Iván Cepeda sostuvo: “Respeto los temores de los industriales, pero igual debe ser para la preservación del medio ambiente. El Tratado es de gran importancia para Colombia. La llamada inseguridad jurídica es un temor ficticio. El falso que si se ratifica el Acuerdo inmediatamente la Corte Internacional de Justicia entraría a mediar en cualquier tipo de discrepancia ambiental”.
El senador Antonio Sanguino validó lo que ha venido expresando desde un comienzo: “No hay que dilatar más el análisis a la ratificación del Tratado de Escazú. Hay que tramitar urgentemente este Acuerdo. Es una decisión responsable de Colombia con el mundo”.
El senador Feliciano Valencia, planteó: “El Acuerdo de Escazú modifica o impacta la consulta previa denota la falta de conocimiento sobre su impacto. Decir que hay suficiente normatividad es falaz. Aprobar este Acuerdo es fortalecer la legislación ambiental”.
Con alrededor de 30 intervenciones el presidente de la Comisión Segunda de Senado, Juan Diego Gómez, dio por terminada la jornada del Primer Foro Regional sobre el Acuerdo de Escazú.
Reviva todo lo desarrollado en este Foro en el siguiente link: https://youtu.be/yJLsXnq3tgM
(Foto de referencia tomada de Ministerio de Ambiente)
beneficios en salud, a aquellas personas que venían cotizando en el régimen contributivo y que quedaron desempleadas, por ende, cesantes, desafiliadas y desvinculadas de la seguridad social. De esta manera, se le otorgaría al cesante y a sus beneficiarios, una temporalidad en el régimen subsidiado hasta por un año, abrigado por el principio de universalidad y con la permanencia del Decreto 800 de 2020». 
