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A sanción presidencial, racionalización de trámites y proyecto que prohíbe pruebas en animales para productos cosméticos

La plenaria del Senado también aprobó la conciliación de la iniciativa sobre la autoridad administrativa de Policía y falta que la Plenaria de la Cámara apruebe la conciliación para que pase a la firma del Presidente de la República.

Bogotá D.C., 17 de junio de 2020 (Prensa Senado). A sanción presidencial pasaron los proyectos de ley que prohíben pruebas en animales para productos cosméticos y el de racionalización de trámites, después que la plenaria del Senado aprobara las respectivas actas de conciliación.

La iniciativa que prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales señala que las personas jurídicas o naturales que infrinjan las prohibiciones serán sancionadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), con multa a favor del Tesoro Nacional de mínimo 133 y máximo 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia presentarán anualmente un informe de la inversión y ejecución de los dineros provenientes de las sanciones de esta ley a las comisiones quintas del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

El Gobierno nacional reglamentará las disposiciones contenidas en la presente ley dentro de un plazo no mayor a un año, contado a partir de su promulgación.

Los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo de las empresas privadas, implementarán campañas para difundir la prohibición de experimentación de productos cosméticos en animales y el cuidado de nuestras especies.

La plenaria de la Cámara también había aprobado este miércoles el acta de conciliación.
La comisión accidental integrada por los senadores Miguel Ángel Barreto Castillo, Richard Alfonso Aguilar Villa y Jorge Eduardo Londoño Ulloa rindió su informe.

Por su parte, el Senado en pleno también aprobó el acta de conciliación del proyecto de ley por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones, que establece la eliminación de un nuevo paquete de tramites difíciles para el ciudadano.

La propuesta tiene por objeto facilitar, agilizar y efectivar el acceso y ejercicio de los derechos, combatir la corrupción y fomentar la competitividad, a través de racionalizar los trámites; fijar los criterios y lineamientos que deben tener estos; obligar a que los trámites sean en línea y que las estampillas sean electrónicas; ordenar la gratuidad en los registros y certificados públicos.

Así mismo, la norma aprobada faculta al presidente de la República, Iván Duque, para que establezca expresamente los trámites que son susceptibles a la aplicación del silencio administrativo positivo y para que deroguen algunos trámites.

Otros alcances

Se ordena la implementación de la interoperabilidad y la carpeta ciudadana; entre otros, en toda la Rama Ejecutiva a nivel nacional y territorial y, en las entidades que cumplan funciones públicas y funciones administrativas.

La nueva norma facilita, agiliza y garantiza el acceso al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, el cumplimiento de sus obligaciones, combate la corrupción y fomenta la competitividad.

Se ordena a las entidades del Estado automatizar y digitalizar la gestión interna de los trámites que se creen a partir de la entrada en vigencia de esta ley de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Dice el texto que las estampillas deberán emitirse, pagarse, adherirse o anularse a través de medios electrónicos, bajo el criterio de equivalencia funcional.

Para dar cumplimiento a este mandato, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios deberán ofrecer una plataforma de contrato inteligente que contemple todas las transacciones relacionadas con la formalización y cumplimiento de la relación contractual.

La adopción de las estampillas electrónicas se deberá realizar de acuerdo con la categoría del ente territorial, en los siguientes plazos: • Categoría Especial: Doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. • Primera Categoría: Treinta (30) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. • Segunda y Tercera Categoría: Treinta y seis (36) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. • Cuarta, Quinta y Sexta Categoría: Cuarenta y ocho (48) meses, a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Comisión accidental fue integrada por los senadores Fabio Raúl Amín Sáleme, Álvaro Uribe Vélez y Armando Alberto Benedetti Villaneda. Su informe fue publicado en la Gaceta del Congreso número 353 de 2020.

La Cámara de Representantes ya había aprobado la conciliación.

Finalmente, la Plenaria del Senado aprobó la conciliación del proyecto de Ley por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la ley 1564 de 2012 y los artículos 205 y 206 de la ley 1801 de 2016 y falta que la plenaria de la Cámara apruebe la conciliación para que pase a sanción presidencial.

Esta propuesta establece que cuando los alcaldes o demás funcionarios de Policía sean comisionados o subcomisionados deberán ejecutar la comisión directamente o podrán subcomisionar a un servidor público profesional en derecho de la respectiva alcaldía, quienes ejercerán transitoriamente como autoridad administrativa de Policía.

La comisión accidental sobre este tema la encabezó el senador Germán Varón Cotrino. Su informe se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso número 327 de 2020.

Licencia laboral por maternidad a diputadas, concejalas y edilas, aprobó Comisión Primera

También se le dio luz verde a la iniciativa que busca que no se pierdan recursos del Estado invertidos en predios sin títulos, que son necesarios legalizar.

Bogotá D.C., junio 17 de 2020 (Prensa Senado). Como una justa medida y de reconocimiento para las futuras madres, fue calificada por los miembros de la Comisión Primera la aprobación de la iniciativa que establece una licencia laboral por maternidad a las mujeres que han sido elegidas por elección popular.

El proyecto de ley por medio del cual se modifica el Decreto de Ley 1222 de 1986 y el Decreto Ley 1421 de 1993 y, la Ley 1551 de 2012 y que se compone de cinco artículos, concede una licencia laboral por maternidad a las concejalas, edilas y diputadas, quienes hoy no gozan de los tres meses reglamentarios para atender a sus hijos recién nacidos.

El ponente de la iniciativa, el senador Temístocles Ortega, del partido Cambio Radical, explicó además que a su vez, quienes sean beneficiarias de la citada licencia, serán reemplazadas en sus cargos por quien le haya seguido en su votación , cuando fuese de listas abiertas y para el caso de listas cerradas a quien le seguía en la inscripción.

De otra parte, en el desarrollo del debate se acordó ajustar uno de los artículos para que también sean cobijadas quienes realizan adopciones, en cuyo caso, sea hombre o mujer, tendría las mismas condiciones y lo que se estudiaría para el próximo debate es el establecer si la norma los ampara al momento de estar en la lista de adoptantes o al momento que le sea entregado el menor.

Con votación unánime fue aprobada la iniciativa y se asignó al mismo ponente para que en el transcurso de los próximos 15 días, se ajusten los textos y se expongan para debate en la sesión de la plenaria.

Terrenos sin títulos

Con el objeto de establecer un procedimiento para desarrollar el inciso último del artículo 48 de la Ley 1551 de 20121, donde se permite la inversión de recursos públicos en predios sin título, fue aprobado el proyecto de acto legislativo, con el fin de evitar que esos recursos se pierdan por la reclamación de un tercero.

La ponencia a cargo del senador Luis Fernando Velasco, Partido Liberal, señala que pese a que la actual norma autoriza inversiones en predios sin titulación y, siempre y cuando el municipio demuestre que la entidad territorial ejerce la posesión y que tiene uso público, mientras no haya oposición de un tercero, era procedente legalizar esos terrenos, donde por lo general se han construido escuelas, colegios, hospitales, centros de salud, parques y salones comunales, entre otros, y así no perder las mejoras por la aparición de reclamantes.

En tal sentido, lo que se busca a través de la aprobación de esta iniciativa es que se legalicen todos los predios para evitar futuros inconvenientes al no existir un título que acredite oficialmente la propiedad, puesto que la mayoría son terrenos donados por particulares o que pertenecen al Estado, reiteró el legislador liberal.

De otra parte, se anunció que se tendrán que realizar algunos ajustes al articulado para presentarlo ante la plenaria para su aprobación. El senador Eduardo Enríquez Maya, del partido Conservador, propuso crear un código de propiedad en Colombia para evitar este tipo de vacíos.

Aplazan debate

En el tercer punto del orden día se encontraba para estudio el proyecto que establece condiciones especiales para acceder al beneficio de la libertad condicional para los miembros de la Fuerza Pública y cuyo ponente, el senador José Obdulio Gaviria, Centro Democrático, buscaba la aprobación que no se dio por considerar el bloque de la oposición que no era viable sin la intervención de los representantes del Gobierno.

Así lo reiteró el congresista Roy Barreras, del Partido de la U, a quien se sumó el legislador Julián Gallo, de la Farc, al solicitar que se deben conocer otras opiniones en el debate por parte de la Fiscalía General de la Nación, ministerios de Justicia y del Interior y la Procuraduría General de la Nación, entre otros.

Por su parte, la Comisión anunció aplazar el debate y atender el llamado para que en próxima sesión, aún sin confirmar, se citen a los representantes del Gobierno para nutrir el debate y así realizar los ajustes que sean necesarios y se proceda a su aprobación.

La Comisión seguirá sesionando durante la presente semana, incluso el sábado a partir de las 8:00 a.m., para evacuar los proyectos que se encuentran en la agenda dispuesta antes que concluya el actual período legislativo.

Comisión Segunda aprobó tres convenios multilaterales

Aunque se retomó la iniciativa que propone reformar la integración y actividad de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, CARE,  su discusión a fondo fue aplazada para después del próximo 20 de julio.

Bogotá D.C., 17 de junio de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Segunda aprobó hoy en sesión virtual tres proyectos. El primero se refiere a un acuerdo comercial multilateral y los dos restantes tienen que ver con dos convenios internacionales.

La primera de las iniciativas avaladas se refiere al protocolo adicional del acuerdo comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus estados miembros por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, suscrito en Bruselas, Reino de Bélgica, el 30 de junio de 1015”.

 El segundo proyecto se refiere a la aprobación del convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias y su protocolo, suscritos en Dubái, el 12 de noviembre de 2017.

Por último, dio luz verde al convenio constitutivo del fondo multilateral de inversiones III, y al de administración del fondo multilateral de inversiones III, aprobados mediante la resolución AG -8/17CII/, AG-4/17 Y MIF/ DE-13/17, de la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017.

Retoman tema de CARE

Seguidamente, la Comisión Segunda de Senado llevó a cabo la votación y discusión del proyecto el cual se modifica apartes de la Ley 68 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Al respecto, se pronunció el senador Antonio Sanguino Páez, quien anunció la modificación del artículo segundo precisando cómo quedaría conformada la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, (CARE), por lo que dijo el congresista:

“Modifíquese el artículo primero de la Ley 68 de 1993, modificado por la Ley 955 del 2005, el cual quedará así: Artículo primero - composición. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores estará integrada por: los expresidentes de la República elegidos por voto popular; tres senadores pertenecientes a la Comisión Segunda Constitucional Permanente elegidos por la misma comisión y con igual número de suplentes en la comisión; tres representantes a la Cámara pertenecientes a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, elegidos por la misma Comisión y con igual número de suplentes en la comisión; dos excancilleres designados por el Presidente de la República; cuatro expertos de reconocida trayectoria en el estudio y análisis de las relaciones internacionales o política exterior colombiana o seguridad y defensa nacional, designados por el Presidente de la República y dos individuos de reconocida trayectoria en la actividad empresarial o gremial, designados por el Presidente de la República”.

 A lo anterior, el vicecanciller, Francisco Echeverry, intervino para dar claridad jurídica sobre la posición del Gobierno frente al tema. En tal sentido, el alto funcionario sostuvo: “El proyecto de ley es inconstitucional porque interfiere claramente en las funciones que tiene la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Constitución Nacional. Hay que decir, que esto no es un tema de un Presidente. Este es un tema que va más allá y la preocupación que tenemos es que se pierda ese carácter consultivo y se invadan las orbitas del señor Presidente de la República”.

 No obstante, agregó: “La señora Canciller destaca la participación de los expertos y académicos, sin embargo nos parece que esto puede ser a manera de invitación y no de carácter obligatorio; yo creo que a un Presidente de la República no se le puede obligar a que designe un grupo de expertos que sin duda tendrían todo el reconocimiento, pero que igualmente, ya eso se está haciendo en la Comisión de Relaciones Exteriores”, concluyó Echeverry.

 A su turno, el presidente de la Comisión, senador José Luis Pérez Oyuela, señaló: “Colombia se ha gastado seis millones de dólares en asesores en el sólo diferendo con Nicaragua, por lo que desde ya anuncio que voy a dar el listado de los abogados con los cientos de miles de dólares que se les ha pagado para prestar una asesoría que en mi concepto y a mi juicio uno debe adelantarse con la academia, y, que los colombianos no hubiéremos pagado seis millones de dólares a asesoría, a internacionalistas y abogados que flaco servicio le han prestado a nuestro país” puntualizó.

Al final de su intervención, el legislador ratificó: “Seis millones de dólares, es probable que con buenos internacionalistas y con asesores de la academia, no nos hubiéremos gastado ese recurso tan lamentable en la contratación de abogados, que lo que han logrado es perder con mala estrategia jurídica el diferendo que tenemos con Nicaragua.

 Por su parte, el senador Ernesto Macías manifestó su interés por dejar constancia. “No se trata aquí de ser enemigos u oponernos en que la academia entre a la Comisión Asesora, que quede claro. Si se trata solamente de permitir que haya una representación de la academia en la Comisión Asesora, pues tramitemos otro proyecto con ese punto específico”,

Macías concluyó: “Aquí hay un proyecto que hay que mirar su integridad, no solamente ese puntico”.

El congresista John Harold Suárez manifestó al respecto: “La Comisión Asesora tiene su naturaleza desde el orden consultivo, pues no se puede convertir en una especie de orden de control de materia política exterior. El Congreso de la República al modificar esta ley, daría la posibilidad que se abran espacios que invadan tanto la competencia constitucional del Presidente, en materia de política exterior que se va confundir”.

El senador Suárez instó: “Sería muy importante, de mi parte retirar el proyecto y volverlo a presentar en la otra legislatura con las correcciones y con un debate mucho más amplio”.

En consecuencia, la agenda de la sesión virtual de la Comisión Segunda decidió aplazar la discusión frente a dicho proyecto, con el ánimo de llevar a cabo un debate más profundo.