La célula legislativa también aprobó el proyecto que establece la disponibilidad de tapabocas inclusivos.

Bogotá, D. C. 17 de junio de 2020 (Prensa Senado). En sus últimas sesiones del actual período legislativo, la Comisión Séptima de Senado aprobó hoy dos proyectos: el que establece la disponibilidad de tapabocas inclusivos y el que genera incentivos para la contratación de jóvenes al sector productivo. Las dos iniciativas pasan a estudio de la plenaria, después del 20 de julio próximo.
La sesión virtual se inició con la continuación del estudio del proyecto de tapabocas inclusivos, cuyo informe con que termina la ponencia fue aprobado ayer que ayer, lo mismo que los artículos 3 y 6 que no tenían proposiciones.

A esa altura del debate, la ponente, la senadora Laura Esther Fortich, recogió las divergencias de las proposiciones que tenían los artículos 1, 2, y 4 y el título, a lo que dijo: “Acogimos las proposiciones en el entendido que enriquecen el proyecto para hacer valer una especial protección constitucional que tienen las personas con discapacidad.”

Frente al artículo 5° que tenía proposiciones de supresión y modificación, la congresista Fortich aseguró que tras conversar con el autor del proyecto se consideró “es mejor dejar el artículo 5° para no tener duda de quiénes serán los entes de control”.

Por su parte, el senador Motoa, aseguró que el artículo 5° como venía de la ponencia le faltaba redacción legislativa. “Me parece que no es correcto asignar entidades de vigilancia, es redundante”. Sin embargo, el congresista retiró la proposición acordando con la ponente acoger la modificación de la legisladora Aydeé Lizarazo y con la aspiración que para segundo debate entre las Unidades de Trabajo Legislativo se redacte mejor el artículo.

Al respecto, el senador Uribe expresó: “La proposición de la senadora Aydeé queda mucho mejor porque elimina la mala interpretación de que al darle facultades a la Contraloría, las otras entidades quedan suprimidas”. Finalmente el artículo fue aprobado con 12 votos y uno en contra por parte del senador Motoa.

Retirada la proposición del artículo nuevo, los senadores aprobaron para segundo debate con 13 votos a favor y ninguno en contra este proyecto que tiene como objetivo hacer obligatoria la disposición de tapabocas inclusivos y que cuenten con un visor transparente que permite la adecuada lectura de labios e interacción de personas con discapacidad auditiva.

Incentivos a pequeñas empresas

Continuando con el orden día, la Comisión Séptima inició el trámite del proyecto que modifica y adiciona a la Ley 1780 de 2016, se generan incentivos para la contratación de jóvenes al sector productivo y se dictan otras disposiciones. La iniciativa es del senador Carlos Manuel Meisel.

El ponente, el congresista Gabriel Velasco, aseguró que la iniciativa tiene por objeto modificar y adicionar la Ley 1780 de 2016, “ampliando los incentivos de las pequeñas empresas jóvenes y estimulando la contratación de jóvenes al sector productivo, incentivos específicamente para las empresas que vinculen nuevo personal entre 18 y 28 años y que no tendrán que pagar durante los dos primeros años afiliación a las cajas de compensación familiar”.

Según la senadora Nadia Blel, “en nuestro país los emprendimientos juveniles se dan por la falta de empleo. Desde el Congreso debemos empezar esa dinámica para incentivar el emprendimiento. La mortalidad de pequeños emprendedores se da por todo los pagos que deben hacer como matrícula mercantil y demás”.

Rendida la ponencia y acogiendo las proposiciones, la comisión aprueba con 11 votos el informe con que termina la ponencia, con 10 votos los artículos 1, 2 y 4 que no tenían cambios y con 10 votos a favor el articulo 3 al que le fue retirada la proposición de la congresista Victoria Simancas Sandino.

Finalmente en votación publica y nominal, con 10 a favor y uno voto negativo por parte del senador Motoa, se aprueba el título y el deseo de que el proyecto pase a segundo debate.

“La Superintendencia Financiera no está defendiendo a los usuarios de los abusos de los bancos”, afirmó senador John Milton Rodríguez.

Bogotá D.C., junio 17 de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión Cuarta del Senado de la República pidió hoy que, ante la “ineficacia e insolidaridad” de la banca privada para afrontar la crisis por el Covid-19, se fortalezca la banca estatal para salvar a los sectores productivos del país.

En sesión virtual a la que fue citado el superintendente Financiero, Jorge Castaño, el senador Juan Felipe Lemus dijo que el sector financiero colombiano ha probado ser ineficaz, y que por lo tanto es necesario y urgente fortalecer la banca estatal para responder de manera democrática a crisis económica causada por la actual pandemia.

“El punto principal de este debate es demostrar que la banca privada, protegida por el Estado, ha incumplido con las exigencias que este escenario ha implicado para todos los sectores. La banca privada no ha cumplido, no ha sido eficaz y menos solidaria. Así las cosas, tenemos que repensar el modelo y avanzar al fortalecimiento de la banca estatal para lograr un equilibrio”, dijo Lemus.

El senador Wilson Arias (Polo Democrático) pidió que la llamada banca de segundo piso (Findeter, Bancoldex, Finagro etc) tome un rol protagónico para que se democraticen los créditos y que éstos lleguen a los sectores productivos y no se queden en las arcas del sector financiero privado.

“En época de crisis, los pequeños empresarios están subsidiando a los bancos privados con una Superintendencia silente. Tenemos indicios de que los bancos comerciales están cobrando tasas superiores a lo que está matando a los pequeños y medianos empresarios”, denunció Arias.

El senador John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) cuestionó a la Superintendencia Financiera por no emitir recomendaciones para evitar la tasa de usura a la que está llegando la banca privada en Colombia en plena época de pandemia. “La Superintendencia no está defendiendo a los usuarios de los abusos de los bancos”, dijo.

“Cuéntenos Superintendente qué está haciendo el Fondo Nacional del Ahorro, el Banco Agrario, entre otros, para superar la crisis económica. Es urgente que todas esas instituciones empiecen a funcionar para proteger el bolsillo de los colombianos”, agregó.

El senador Nicolás Pérez (Centro Democrático) hizo un llamado al Superintendente Financiero para que pida al Congreso “dientes”, es decir, instrumentos de control para que esa dependencia pueda ejercer una mejor vigilancia de la banca comercial.

Los senadores Juan Luis Castro, Myriam Paredes, coincidieron en que la banca privada está abusando de las tasas de interés en época de pandemia y que la Superintendencia Financiera no ha hecho lo suficiente para regular el sector.

Superfinanciera hace sus aclaraciones

A su turno, el superintendente Castaño anunció que en respuesta a la petición de la Comisión Cuarta, el Gobierno nacional ya avanza en afinar mecanismos para que organismos como Findeter y Bancoldex puedan otorgar créditos directos para beneficiar a miles de colombianos.

Agregó que su dependencia tiene como prioridad la defensa del usuario del sistema financiero y que en ese sentido se han tomado todas las medidas dentro de la actual crisis.

“En este momento cerca del 97% de los deudores de la banca, entre personas naturales y jurídicas, tiene algún tipo de alivio financiero. Esto significa que al menos 600 mil familias en Colombia se están beneficiadas por los alivios dentro de la crisis y ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo para proteger a los colombianos”, dijo el funcionario.

Castaño hizo una presentación en la que resumió las medidas tomadas por la Superintendencia Financiera entre las que destacó la vigilancia de los créditos solidarios y el seguimiento a los procesos del Fondo Nacional de Garantías.

“Vigilamos que se hagan los desembolsos de los créditos y que estos desembolsos lleguen a los sectores productivos que permitan reactivar la economía”, dijo.

El funcionario aseguró que su dependencia ha iniciado 133 investigaciones preliminares que buscan establecer si se han registrado irregularidades dentro del otorgamiento de créditos por parte de la banca privada.