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A conciliación, proyectos de pago a plazos justos y la amnistía para los deudores de multas de tránsito

La plenaria de Senado aprobó las conciliaciones de los proyectos de racionalización de trámites y el que prohíbe pruebas en animales para productos cosméticos y la iniciativa sobre la autoridad administrativa de Policía.

Bogotá D.C., 17 de junio de 2020 (Prensa Senado). En sesión virtual, la plenaria del Senado aprobó en sus últimos debates los proyectos de ley de pago a plazos justos y la amnistía a los deudores de multas de tránsito.

La primera de las iniciativas pasa a conciliación y señala que el plazo para el pago de obligaciones será máximo de sesenta (60) días calendario durante el primer año y de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir del segundo año.

En cuanto a las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo y definitivo para el pago de obligaciones será de sesenta (60) días calendario. Para las deudas del sector salud se deja un plazo máximo para el pago de cinco años.

La presente iniciativa tiene como objeto desarrollar el principio de buena fe contractual, mediante la adopción de una serie de medidas que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando la obligación de pago en plazos justos.

Las medidas contenidas en esta ley solo permitirían compartir de manera más justa los costos de producción entre clientes y proveedores, sin que en ningún momento se aumenten los precios al consumidor. Así mismo, los riesgos de iliquidez en el mercado tampoco aumentarían, pues en este caso también se estaría simplemente transfiriendo el riesgo a las empresas a las que les corresponde verdaderamente asumirlo.

El senador ponente Richard Aguilar dijo que solamente se permite acuerdo de pagos de facturas a más de 60 días entre las grandes empresas para evitar posición dominante y en el sector salud se colocó período de gracia de tres años y en materia de contratación estatales se autorizó un pazo justo de dos meses.
Sobre la posibilidad de que las empresas sustituyan proveedores nacionales por productos importados, vale la pena recordar que las empresas nacionales requieren de una carta de crédito que certifique la disponibilidad de activos líquidos necesarios para poder pagar los insumos importados por lo que, así se limite el período de plazo a 30 días, las empresas nacionales siempre tendrán mayor liquidez contratando proveedores nacionales que internacionales.

La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, y la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, consideran que fijar plazos máximos de pago, además de atentar contra la libre empresa, podría promover las importaciones a costa de los productos nacionales, incentivar la integración vertical de las empresas y aumentar los precios para los consumidores, los riesgos de iliquidez, así como la informalidad.

Cabe enfatizar que el plazo establecido en el proyecto de ley es el mismo independientemente del tamaño de las empresas, por lo cual el argumento según el cual las medidas aquí contenidas distorsionarían el mercado al crear incentivos para que las empresas contraten con empresas de igual o mayor tamaño tampoco tendrían cabida en este caso.

Amnistía para pagar multas de tránsito

Por otro lado, el Senado en pleno aprobó en último debate el proyecto de ley por medio de la cual se establece amnistía a los deudores de multas de tránsito, se condonan unas deudas de las autoridades de tránsito y se dictan otras disposiciones.

La iniciativa tiene por objeto establecer una amnistía a los deudores de multas por infracciones al Código Nacional de Tránsito y posibilitar la suscripción de acuerdos de pago por deudas de los derechos de tránsito a las autoridades del mismo.

A partir de la promulgación de la presente ley, por única vez y por un término de seis (6) meses, todos los infractores que tengan pendiente el pago de multas, estén pagando o hayan incumplido acuerdos de pago por infracciones a las normas de tránsito, impuestas hasta el 31 de diciembre de 2018, podrán acogerse a un descuento del cincuenta por ciento (50%) del total de su deuda y del cien por ciento (100%) de sus respectivos intereses.

Los que tengan pendiente el pago de multas por infracciones a las normas de tránsito impuestas desde el 1° de enero de 2019 hasta la fecha de promulgación de la presente ley y por única vez, podrán acogerse a un descuento del cincuenta por ciento (50%) del total de su deuda con sus intereses.

Para hacer efectivo este artículo se hace obligatoria y de manera previa, la asistencia a un curso sobre normas de tránsito, que será dictado por los organismos de tránsito o los centros integrales de atención, quienes deberán dictar un solo curso independientemente de que sea una o varias multas.

A quien dicte el curso, el infractor cancelara el 25% del valor total a cancelar de las multas luego de aplicado el descuento objeto de la presente ley.

Para quienes se acogieren a los beneficios de lo dispuesto en este artículo finalizará, sin necesidad de ninguna otra actuación, el proceso contravencional de tránsito. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las figuras jurídicas de caducidad y prescripción.

El senador Horacio José Serpa, ponente del proyecto, dijo que esta iniciativa no solo es un auxilio económico para los más de cuatro millones de ciudadanos deudores, sino que también servirá para estimular el recaudo y sanear las finanzas de los entes territoriales en todo el país.

“Es un gran mensaje de apoyo y solidaridad de parte del Senado en momentos de crisis económica y social. Felicito nuevamente al representante a la Cámara Diego Patiño y al senador por la autoría de este importante y necesario proyecto”, destacó Serpa después de ser nombrado conciliador.

Otras iniciativas

La plenaria de Senado también aprobó las conciliaciones de los proyectos de racionalización de trámites, el proyecto que prohíbe pruebas en animales para productos cosméticos y la iniciativa sobre la autoridad administrativa de Policía.

A sanción presidencial pasaron los proyectos de ley que prohíben pruebas en animales para productos cosméticos y el de racionalización de trámites, después que el Senado en pleno aprobara las respectivas actas de conciliación.
La iniciativa que prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales señala que las personas jurídicas o naturales que infrinjan las prohibiciones serán sancionadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), con multa a favor del Tesoro Nacional de mínimo 133 y máximo 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos.

También aprobó el acta de conciliación del proyecto de ley por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones, que establece la eliminación de un nuevo paquete de tramites difíciles para el ciudadano.

La propuesta tiene por objeto facilitar, agilizar y hacer efectiva el acceso y ejercicio de los derechos, combatir la corrupción y fomentar la competitividad, a través de racionalizar los trámites; fijar los criterios y lineamientos que deben tener estos; obligar a que los trámites sean en línea y que las estampillas sean electrónicas; ordenar la gratuidad en los registros y certificados públicos.

Finalmente, la plenaria aprobó la conciliación del proyecto de Ley por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 1564 de 2012 y los artículos 205 y 206 de la Ley 1801 de 2016 y falta que la plenaria de la Cámara apruebe la conciliación para que pase a sanción presidencial.

Esta propuesta establece que cuando los alcaldes o demás funcionarios de Policía sean comisionados o subcomisionados deberán ejecutar la comisión directamente o podrán subcomisionar a un servidor público profesional en derecho de la respectiva alcaldía, quienes ejercerán transitoriamente como autoridad administrativa de Policía.

La comisión accidental sobre este tema la encabezó el senador Germán Varón Cotrino. Su informe se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso número 327 de 2020.

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, decidió aplazar para este jueves 18 de junio, a las 9:00 a.m., la discusión de más de 30 impedimentos que fueron presentados una vez se inició el debate y discusión del proyecto de ley por cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo - Ley 1437 de 2011 - y se dictan disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.

Los congresistas argumentan que no pueden participar en la discusión y votación de este proyecto, porque ellos o alguno de sus familiares más cercanos tienen investigaciones ante el Consejo de Estado por temas electorales.

A sanción presidencial, racionalización de trámites y proyecto que prohíbe pruebas en animales para productos cosméticos

La plenaria del Senado también aprobó la conciliación de la iniciativa sobre la autoridad administrativa de Policía y falta que la Plenaria de la Cámara apruebe la conciliación para que pase a la firma del Presidente de la República.

Bogotá D.C., 17 de junio de 2020 (Prensa Senado). A sanción presidencial pasaron los proyectos de ley que prohíben pruebas en animales para productos cosméticos y el de racionalización de trámites, después que la plenaria del Senado aprobara las respectivas actas de conciliación.

La iniciativa que prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales señala que las personas jurídicas o naturales que infrinjan las prohibiciones serán sancionadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), con multa a favor del Tesoro Nacional de mínimo 133 y máximo 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia presentarán anualmente un informe de la inversión y ejecución de los dineros provenientes de las sanciones de esta ley a las comisiones quintas del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

El Gobierno nacional reglamentará las disposiciones contenidas en la presente ley dentro de un plazo no mayor a un año, contado a partir de su promulgación.

Los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo de las empresas privadas, implementarán campañas para difundir la prohibición de experimentación de productos cosméticos en animales y el cuidado de nuestras especies.

La plenaria de la Cámara también había aprobado este miércoles el acta de conciliación.
La comisión accidental integrada por los senadores Miguel Ángel Barreto Castillo, Richard Alfonso Aguilar Villa y Jorge Eduardo Londoño Ulloa rindió su informe.

Por su parte, el Senado en pleno también aprobó el acta de conciliación del proyecto de ley por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones, que establece la eliminación de un nuevo paquete de tramites difíciles para el ciudadano.

La propuesta tiene por objeto facilitar, agilizar y efectivar el acceso y ejercicio de los derechos, combatir la corrupción y fomentar la competitividad, a través de racionalizar los trámites; fijar los criterios y lineamientos que deben tener estos; obligar a que los trámites sean en línea y que las estampillas sean electrónicas; ordenar la gratuidad en los registros y certificados públicos.

Así mismo, la norma aprobada faculta al presidente de la República, Iván Duque, para que establezca expresamente los trámites que son susceptibles a la aplicación del silencio administrativo positivo y para que deroguen algunos trámites.

Otros alcances

Se ordena la implementación de la interoperabilidad y la carpeta ciudadana; entre otros, en toda la Rama Ejecutiva a nivel nacional y territorial y, en las entidades que cumplan funciones públicas y funciones administrativas.

La nueva norma facilita, agiliza y garantiza el acceso al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, el cumplimiento de sus obligaciones, combate la corrupción y fomenta la competitividad.

Se ordena a las entidades del Estado automatizar y digitalizar la gestión interna de los trámites que se creen a partir de la entrada en vigencia de esta ley de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Dice el texto que las estampillas deberán emitirse, pagarse, adherirse o anularse a través de medios electrónicos, bajo el criterio de equivalencia funcional.

Para dar cumplimiento a este mandato, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios deberán ofrecer una plataforma de contrato inteligente que contemple todas las transacciones relacionadas con la formalización y cumplimiento de la relación contractual.

La adopción de las estampillas electrónicas se deberá realizar de acuerdo con la categoría del ente territorial, en los siguientes plazos: • Categoría Especial: Doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. • Primera Categoría: Treinta (30) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. • Segunda y Tercera Categoría: Treinta y seis (36) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. • Cuarta, Quinta y Sexta Categoría: Cuarenta y ocho (48) meses, a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Comisión accidental fue integrada por los senadores Fabio Raúl Amín Sáleme, Álvaro Uribe Vélez y Armando Alberto Benedetti Villaneda. Su informe fue publicado en la Gaceta del Congreso número 353 de 2020.

La Cámara de Representantes ya había aprobado la conciliación.

Finalmente, la Plenaria del Senado aprobó la conciliación del proyecto de Ley por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la ley 1564 de 2012 y los artículos 205 y 206 de la ley 1801 de 2016 y falta que la plenaria de la Cámara apruebe la conciliación para que pase a sanción presidencial.

Esta propuesta establece que cuando los alcaldes o demás funcionarios de Policía sean comisionados o subcomisionados deberán ejecutar la comisión directamente o podrán subcomisionar a un servidor público profesional en derecho de la respectiva alcaldía, quienes ejercerán transitoriamente como autoridad administrativa de Policía.

La comisión accidental sobre este tema la encabezó el senador Germán Varón Cotrino. Su informe se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso número 327 de 2020.

Licencia laboral por maternidad a diputadas, concejalas y edilas, aprobó Comisión Primera

También se le dio luz verde a la iniciativa que busca que no se pierdan recursos del Estado invertidos en predios sin títulos, que son necesarios legalizar.

Bogotá D.C., junio 17 de 2020 (Prensa Senado). Como una justa medida y de reconocimiento para las futuras madres, fue calificada por los miembros de la Comisión Primera la aprobación de la iniciativa que establece una licencia laboral por maternidad a las mujeres que han sido elegidas por elección popular.

El proyecto de ley por medio del cual se modifica el Decreto de Ley 1222 de 1986 y el Decreto Ley 1421 de 1993 y, la Ley 1551 de 2012 y que se compone de cinco artículos, concede una licencia laboral por maternidad a las concejalas, edilas y diputadas, quienes hoy no gozan de los tres meses reglamentarios para atender a sus hijos recién nacidos.

El ponente de la iniciativa, el senador Temístocles Ortega, del partido Cambio Radical, explicó además que a su vez, quienes sean beneficiarias de la citada licencia, serán reemplazadas en sus cargos por quien le haya seguido en su votación , cuando fuese de listas abiertas y para el caso de listas cerradas a quien le seguía en la inscripción.

De otra parte, en el desarrollo del debate se acordó ajustar uno de los artículos para que también sean cobijadas quienes realizan adopciones, en cuyo caso, sea hombre o mujer, tendría las mismas condiciones y lo que se estudiaría para el próximo debate es el establecer si la norma los ampara al momento de estar en la lista de adoptantes o al momento que le sea entregado el menor.

Con votación unánime fue aprobada la iniciativa y se asignó al mismo ponente para que en el transcurso de los próximos 15 días, se ajusten los textos y se expongan para debate en la sesión de la plenaria.

Terrenos sin títulos

Con el objeto de establecer un procedimiento para desarrollar el inciso último del artículo 48 de la Ley 1551 de 20121, donde se permite la inversión de recursos públicos en predios sin título, fue aprobado el proyecto de acto legislativo, con el fin de evitar que esos recursos se pierdan por la reclamación de un tercero.

La ponencia a cargo del senador Luis Fernando Velasco, Partido Liberal, señala que pese a que la actual norma autoriza inversiones en predios sin titulación y, siempre y cuando el municipio demuestre que la entidad territorial ejerce la posesión y que tiene uso público, mientras no haya oposición de un tercero, era procedente legalizar esos terrenos, donde por lo general se han construido escuelas, colegios, hospitales, centros de salud, parques y salones comunales, entre otros, y así no perder las mejoras por la aparición de reclamantes.

En tal sentido, lo que se busca a través de la aprobación de esta iniciativa es que se legalicen todos los predios para evitar futuros inconvenientes al no existir un título que acredite oficialmente la propiedad, puesto que la mayoría son terrenos donados por particulares o que pertenecen al Estado, reiteró el legislador liberal.

De otra parte, se anunció que se tendrán que realizar algunos ajustes al articulado para presentarlo ante la plenaria para su aprobación. El senador Eduardo Enríquez Maya, del partido Conservador, propuso crear un código de propiedad en Colombia para evitar este tipo de vacíos.

Aplazan debate

En el tercer punto del orden día se encontraba para estudio el proyecto que establece condiciones especiales para acceder al beneficio de la libertad condicional para los miembros de la Fuerza Pública y cuyo ponente, el senador José Obdulio Gaviria, Centro Democrático, buscaba la aprobación que no se dio por considerar el bloque de la oposición que no era viable sin la intervención de los representantes del Gobierno.

Así lo reiteró el congresista Roy Barreras, del Partido de la U, a quien se sumó el legislador Julián Gallo, de la Farc, al solicitar que se deben conocer otras opiniones en el debate por parte de la Fiscalía General de la Nación, ministerios de Justicia y del Interior y la Procuraduría General de la Nación, entre otros.

Por su parte, la Comisión anunció aplazar el debate y atender el llamado para que en próxima sesión, aún sin confirmar, se citen a los representantes del Gobierno para nutrir el debate y así realizar los ajustes que sean necesarios y se proceda a su aprobación.

La Comisión seguirá sesionando durante la presente semana, incluso el sábado a partir de las 8:00 a.m., para evacuar los proyectos que se encuentran en la agenda dispuesta antes que concluya el actual período legislativo.