En sesión virtual de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, se dijo que es urgente la titulación de tierras para producir alimentos. Delegada de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recalcó: “Seguimos atendiendo un rezago que viene desde el INCORA”.

Bogotá D.C., 12 de junio de 2020 (Prensa Senado). En sesión virtual, la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, pidió al Gobierno atención diferencial para la población indígena como pueblo ancestral de Colombia.

La solicitud fue encabezada por el senador del partido MAIS, Feliciano Valencia, quien señaló que hasta la fecha no se le ha cumplido a este sector de la población del país, con la asistencia estatal, más aún cuando estas comunidades no están registradas en el SISBEN.

El congresista Valencia, representante de los indígenas en el Legislativo, pidió al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, atender las solicitudes de entrega de tierras, porque “hoy tenemos la afectación por falta de espacios donde sembrar nuestros productos alimenticios”.

“Los departamentos del Cauca, Putumayo, La Guajira y Cesar son los más perjudicados, pese a que hemos presentado un sinnúmero de solicitudes, porque hoy las tierras existentes están destinadas como bosque natural, lugares de conservación como parte de nuestra cosmovisión”, señaló el senador Feliciano.

Agregó que si los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria no atienden el enfoque diferencial con los pueblos indígenas, se va a multiplicar el contagio, “de modo que el llamado es urgente al Ministro de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras, para que estos pueblos tengan cumplimiento en su bienestar”, indicó el congresista.
Para la Alianza Verde es evidente que los indígenas han recibido una discriminación histórica y estos decretos presidenciales afectan más a los pueblos ancestrales en esta época de pandemia, según señaló el senador de esa colectividad Jorge Eduardo Londoño.

El legislador dijo que “hoy en el departamento del Amazonas hay 169 reclusos indígenas, 39 de estos son positivos del Covid-19, lo que amerita la aplicación del enfoque diferencial, porque el 30 por ciento de los contagiados son indígenas”.

A lo anterior agregó: “Llamo la atención del Gobierno para que en honor a la verdad nos dediquemos a lo que hoy la comunidad está necesitando y pido a las autoridades control de la fuerza para que no se presenten abusos de autoridad en contra de los indígenas como sucedió el 6 de mayo en La Guajira”.

“Infortunadamente nuestros campesinos hoy reciben un trato indigno con un aporte de 80 mil pesos, y en materia de financiamiento se mantiene la desatención a los pequeños empresarios, y no se ha entendido que los indígenas están en riesgo “, puntualizó el senador Londoño.

El vocero de las comunidades ARAWUAKAS, Camilo Niño, del departamento del Cesar expresó: “La primera función de nuestros políticos debe ser el derecho a la vida, porque para formar un líder nos lleva muchos años, y en lo que va de este Gobierno llevamos 167 líderes indígenas asesinados”.

Diana Perafán, líder indígena, sostuvo: “Apoyamos la solicitud del senador Feliciano Valencia, pero la atención debe ser equitativa y no desatender a los indígenas que no estamos afiliados a ninguna de estas organizaciones y nadie se debe quedar con los recursos que son para todos”.

Gobierno responde

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, respondió a los planteamientos así: “Hemos hecho un trabajo con mercados en los puntos donde están los indígenas según el censo, aquí es importante la salud y la vida de todos, quisiéramos que se realice la titulación de tierra lo más rápido, pero por el tiempo de la pandemia nos demanda precaución para preservar la vida y la salud”.
El alto funcionario del Gobierno indicó que “se está trabajando para el beneficio de todos los pueblos en general y no para algunos en particular, por lo tanto el llamado es que nos unamos todos, así mismo debemos hacerlo todos los colombianos y destacó que hoy se ha llegado a un millón 700 mil colombianos con el programa Adulto Mayor”.

Myriam Martínez, de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), recalcó: “Hemos avanzado en la legalización de tierras en departamentos como Antioquia, La Guajira, Cauca y Putumayo y seguimos atendiendo un rezago que viene desde el INCORA”.

Por su parte, el subdirector del Departamento de Planeación Nacional, Daniel Gómez, indicó: “Hemos trabajado con alcaldes para conocer quiénes son las personas vulnerables que reciben los auxilios del Gobierno, donde vemos que en el campo se mezcla el productor con el consumidor”.

El viceprocurador para el Sector Agrícola, Diego Trujillo, dijo: “Es importante que el Gobierno de seguridad y legalidad al registro de la propiedad rural y no dejar solo el trabajo a la traición y pedimos que se respalde la participación de los campesinos indígenas y negritudes en los consejos directivos de las CAR”.

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, expresó que en un país productivo se debería subsidiar la producción agrícola para lograr mayor competitividad frente a otros países.

Por su parte, el senador Eduardo Emilio Pacheco, de Colombia Justa Libre, afirmó: “Las regiones más apartadas del país son las más golpeadas en salud, economía y asistencia social y se debe aplicar un trato diferencial para la Colombia profunda, con los indígenas, afrocolombianos, porque existe un gran divorcio entre los derechos y las obligaciones correspondientes”.

“Es importante devolverle al país la vocación agropecuaria, para propender por la alimentación y trabajar pensando en la pos-pandemia”, finalizó el congresista Pacheco.

El presidente de la COT, Efraín Cepeda, del partido Conservador, insistió en el llamado al sector financiero para que atiendan la solicitud de créditos de los pequeños y medianos empresarios, porque para garantizar la seguridad alimentaria se necesita recursos.

El senador citante, Feliciano Valencia, señaló que el gobierno del presidente Iván Duque solo ha atendido a seis resguardos indígenas, de 444 existentes, en materia de titulación de tierra.

“Hoy los departamentos más rezagados son Vichada, Vaupés y toda la Orinoquia, donde no ha llegado la mano del Gobierno. Como pueblos vulnerables hacemos el llamado para que se dé el trato diferencial más aún en este tiempo de pandemia”, añadió el congresista Valencia.

Finamente, el senador Jorge Eduardo Londoño dijo. “Debemos profesionalizar el campo, pero con las herramienta que tenemos no lo vamos a lograr. Estos decretos del Gobierno serían productivos si los estudiamos con juicio y atendemos lo que está necesitando la gente hoy con esta emergencia de salud”.

Así lo establece el proyecto de ley aprobado en Comisión Primera. También dio el visto bueno a la iniciativa que faculta la redención de pena privativa de la libertad, mediante el fortalecimiento de la formación en valores en los establecimientos de reclusión.

Bogotá D.C., 12 de junio de 2020 (prensa Senado). En sesión virtual, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate dos proyectos de ley. El primero establece disposiciones para garantizar la prestación del servicio en salud y modifica el Código Penal para aclarar el delito de negación u omisión de salud, en tanto que el segundo faculta la redención de pena privativa de la libertad, mediante el fortalecimiento de la formación en valores en los establecimientos de reclusión. .

La primera iniciativa tiene como objeto tipificar penalmente la negación u omisión del servicio público de salud para quien lo requiera de manera inmediata, por estar amenazada o en peligro inminente su salud o su vida, modificando el Código Penal en ese sentido.

Dice el texto que si el director, administrador, representante legal y funcionario de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud que, sin justa causa, omita, impida, retarde o niegue la prestación del servicio de salud a una persona cuya vida se encuentre en situación de inminente peligro, incurrirá́ en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho (48) meses.

Agrega la propuesta del senador Armando Benedetti que si como consecuencia de la anterior conducta, sobreviene la muerte, la pena de prisión se aumentará hasta en una cuarta parte.

“La omisión por no atender a los pacientes será sancionada con pena de cárcel a los directores de las IPS por no admitirlos para atenderlos. Pagarán con cárcel y otras sanciones para la entidad”, dijo Armando Benedetti.

Mientras tanto, el congresista Gustavo Petro destacó que la solución no es sancionar a los directores de las IPS y a las entidades, sino reformar el sistema de salud y eliminar la Ley 100. “Ellos no son los responsables por acatar órdenes y baja de costos. Reformar la Ley 100 es la solución”, destacó.

Esta fue la propuesta de Petro que se incluyó en el articulado: “Toda atención médica en la red pública y privada será directamente sufragada por el Estado al Hospital y posteriormente el Fondo Público de la Salud cobrará el gasto hecho a la Empresa Prestadora a la que pertenezca el paciente, si está afiliado, o al Fondo si el paciente no lo está.

El senador Rodrigo Lara manifestó que este proyecto sirve para evitar los paseos de la muerte, porque los tipifica en el Código Penal como homicidio preterintencional.

“Así debe aplicarse a las clínicas, hospitales, EPS e IPS, que no atiendan a las personas que acuden al sistema de urgencias y son rechazadas. Hay que poner en cintura a esos sistemas y así hacerles cumplir el derecho fundamental a la vida”, destacó.

"Con este proyecto evitaremos que se siga practicando ese paseo de la muerte y salvaguardar la vida del usuario ante el sistema de salud y protegerlos en su derecho fundamental a la vida y la salud. Ya no podrán los celadores evaluar a quién se atiende y a quién no. Acompaño la iniciativa y que sea drástica para los responsables", manifestó en la Comisión Primera, el senador Alexander López.

También intervino, el congresista Roosevelt Rodríguez, quien dijo que acompañaba la iniciativa para que se eviten tantas evasiones de las IPS y EPS, que deciden rechazar a los pacientes que acuden al sistema de urgencias y ponen las vidas de las personas en peligro e incluso la muerte por no atenderlos a tiempo.

“Esta iniciativa la debemos apoyar para que no suceda más y se sancionen a quien niegue el servicio”, destacó el legislador del Valle.

Redención de pena privativa de libertad

Por otra parte, los integrantes de la Comisión Primera aprobaron también por mayoría la iniciativa que faculta la redención de pena privativa de la libertad, mediante el fortalecimiento de la formación en valores en los establecimientos de reclusión.

La misma tiene por objeto reglamentar la realización de talleres y cursos en formación de valores cívicos, sociales y éticos en los establecimientos de reclusión y que estos sean computables para la redención de pena.

“El reconocimiento del cómputo de días en virtud de redención de pena de que trata dicho proyecto será de obligatorio reconocimiento de la autoridad respectiva. Se les abonará un (1) día de reclusión por dos (2) días de estudio. Se computará como un (1) día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis (6) horas, así sea en días diferentes. Para estos efectos, no se podrá computar más de ocho (8) horas por semana de asistencia”, dice el articulado.

Se advierte que para que sea válida la redención, se deberá asistir por lo menos al 80% del total de horas de cada curso o taller.

El contenido sobre el que versarán las clases será determinado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional.
El INPEC deberá garantizar que en todos los establecimientos de reclusión se oferten los cursos y talleres de que trata la propuesta legislativa.
Se ordena al Gobierno asegurar el conocimiento e integridad de las personas a cargo de estos talleres o cursos.

Los beneficios no cobijarán a los procesados y condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de la Ley 599 de 2000. Tampoco procederá la redención de pena prevista en la iniciativa, sin perjuicio de que puedan asistir a los talleres y cursos en formación de valores cívicos, sociales y éticos.