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Al Senado aún le quedan 8 artículos por debatir, entre ellos, el pago de festivos al 100%.
Por: Luisa María Llano
Bogotá D.C., 17 de junio de 2025 (Prensa-Senado). Con la premura, al Senado de la República aún le quedan por discutir 12 artículos, entre ellos, el de la jornada máxima legal para que se trabaje cuatro días y se descanse tres; definir si los festivos tendrán o no un recargo del 100% y el porcentaje de pago en contratos de aprendizaje para estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Con una proposición radicada por la senadora Clara López, por el Pacto Histórico, la plenaria eliminó, con 45 votos a favor y 25 en contra, el artículo 9 de la reforma laboral, toda vez que cuando fue aprobado en segundo debate en plenaria de Cámara de Representantes, aún no se había aprobado el Código de Procedimiento Laboral que ya lo regula.
La plenaria del Senado se interrumpió por las palabras del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien se refirió a una supuesta estrategia del Gobierno Nacional por dilatar la discusión de la reforma laboral y sacar adelante la consulta popular.
“No es cierto que haya un acuerdo alrededor de la esencia de la reforma laboral. Lo cierto es que avanzamos en unas fórmulas que debían ser sometidas a consideración de las bancadas y del presidente de la República. Es irresponsable decir que violamos un acuerdo que nunca se celebró”, dijo el ministro.
También mostró su desacuerdo con el avance de algunos artículos que han sido modificados. “Un acuerdo que conserve el espíritu reformador no debería ser inferior a lo que se aprobó en Cámara de Representantes”, indicó.
A su paso, el coordinador ponente de la reforma, el senador Jhon Jairo Roldán por el Partido Liberal, argumentó que con los ministros del Interior, Armando Benedetti y del Trabajo, Antonio Sanguino, intentaron llegar a acuerdos, sobre todo, en los 7 de mayor interés del Gobierno. “No sabíamos que para avanzar debíamos esperar el visto bueno del presidente de la República”, añadió.
Acto seguido, la plenaria retoma la discusión del artículo 74 que contó con un respaldo de 80 votos por el SÍ y 12 votos por el NO. Este cambio abre camino hacia la formalización de los manipuladores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), especialmente las madres comunitarias. Si bien se hicieron cambios de redacción, es el mismo texto que se aprobó en Cámara.
“Este artículo garantiza derechos de madres comunitarias y establece que sean contratadas como trabajadoras oficiales en un término progresivo, sujeto a la condición de disponibilidad presupuestal y del Marco Fiscal de Mediano Plazo”, explicó el coordinador ponente Juan Felipe Lemos, por el Partido de La U.
- Contrato de aprendizaje del Sena
Álgida se puso la discusión cuando abordaron el artículo 23, que habla del contrato de aprendizaje de estudiantes del Sena. El Gobierno Nacional busca modificar el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo a fin de que el contrato cambie su naturaleza de contrato de aprendizaje a contrato laboral y que por tanto, el aprendiz reciba como mínimo durante el primer año el equivalente al 75% de un salario mínimo legal mensual vigente y durante el segundo año el equivalente al 100% de un salario mínimo legal mensual vigente.
Para la bancada del Partido Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical esto sólo reduciría las oportunidades de los jóvenes en su inserción laboral. “El contrato de aprendizaje no es laboral, es una obligación del Estado. Si lo vuelven contrato laboral, muchas empresas van a monetizar y miles de jóvenes perderán su oportunidad de aprender y trabajar”, dijo en su intervención la senadora Paloma Valencia, por el Centro Democrático.
La plenaria negó con 47 votos la proposición de los senadores coordinadores ponentes de eliminar el parágrafo 3 del artículo 23. Acto seguido aprobó la proposición aditiva presentada por el senador Ariel Ávila, por la Alianza Verde, que plantea que este tipo de contratos tengan un carácter laboral y por un tiempo no superior a tres años. Así mismo, los aprendices tendrán derecho a remuneración del 100 % de un salario mínimo en su etapa práctica y del 75 % en su etapa lectiva, así como cotización a salud, pensión, ARL, primas y vacaciones.
Como venía en la ponencia, también se aprobó con 67 votos por el sí y 25 por el NO, el artículo 62 que plantea que el Estado, las empresas de explotación minera, petrolera y demás actividades relacionadas a la generación de energía, que estén en proceso de descarbonización o de transición energética, promuevan la formulación de planes de cierre y de protección de los derechos laborales de los trabajadores que pudieran verse afectados. Para ello, se deben adoptar acciones como incentivos, mecanismos de protección y reconversión laboral.
La discusión y votación para el avance de la reforma continúa a esta hora.
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Con la presidencia de la senadora Aída Quilcué, la Comisión de Paz del Senado, realizó una Audiencia Pública, centrada en la solución a la emergencia humanitaria, ocasionada por el conflicto armado en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo.
Por Johan Nassar H.
Bogotá, 17 de junio de 2025 – (Prensa Senado)Con la participación de líderes sociales, autoridades territoriales, comunidades indígenas y representantes de diversas entidades estatales, en la Audiencia Pública, se reconocieron importantes avances en la disminución del conflicto armado en esa región de Colombia.
Aunque los asistentes lamentaron la presencia del ministro del interior, Armando Benedetti, se estableció que en el departamento de Nariño se registraron indicadores de reducción de los niveles de violencia entre el 2023 y lo que ha recorrido el 2025.
El desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y los homicidios relacionados con el conflicto armado presentaron reducciones significativas, atribuibles al trabajo coordinado entre comunidades y autoridades, así como al inicio de diálogos con estructuras armadas como la Franco Benavides del Estado Mayor Central.
Sin embargo, se insistió en que la persistencia de economías ilegales y la débil presencia estatal siguen alimentando el conflicto y la criminalidad en estas regiones.
El senador Robert Daza y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, coincidieron en que la transformación estructural de los territorios debe incluir una inversión sostenida en salud, educación, conectividad y vías terciarias.
A su vez, las comunidades indígenas y afrodescendientes presentes reclamaron condiciones dignas para la construcción de paz, respeto por sus derechos y el avance hacia una legislación de justicia transicional que responda a sus realidades.
La audiencia permitió evidenciar que la paz no se limita a la firma de acuerdos, sino que debe traducirse en acciones concretas para garantizar seguridad, justicia social y oportunidades de desarrollo en los territorios.
Se destacaron 11 acuerdos alcanzados con el grupo “Comuneros del Sur”, que incluyen ceses al fuego, zonas de concentración, entrega de armas y procesos de reincorporación, con acompañamiento internacional y participación comunitaria.
También se abordaron los retos humanitarios más apremiantes: aumento de abusos sexuales, asesinatos selectivos y restricciones a la asistencia humanitaria. A pesar de estas dificultades, entidades como el ICBF, UNICEF y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, han promovido iniciativas en favor de la niñez y la reincorporación de excombatientes.
La Unidad Nacional de Protección advirtió sobre el colapso de su capacidad operativa por el aumento en solicitudes de protección y denunció el robo constante de vehículos asignados. La entidad defendió el tránsito hacia esquemas de protección colectiva, especialmente en contextos rurales.
En el cierre de la audiencia, se reiteró la necesidad de avanzar hacia ceses al fuego regionales y se hizo un llamado a construir la paz desde los territorios, sin imposiciones externas ni enfoque militarista.
El senador Carlos Benavides pidió reconocer al suroccidente como una región estratégica para la paz nacional.
Finalmente, se anunció que las bancadas de paz presentarán el próximo 20 de julio una propuesta legislativa que consolide los avances alcanzados en estos procesos y garantice una intervención integral del Estado social de derecho.
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