Asimismo, esas organizaciones piden el desmonte del paramilitarismo, protección y garantías de sus derechos humanos, cumplimiento de los Acuerdos de Paz, entre otros requerimientos.

Bogotá D.C. septiembre 25 de 2019 (Prensa Senado). Por iniciativa de la senadora Victoria Sandino (FARC) se llevó a cabo la audiencia pública, sobre la Crisis humanitaria del sur del departamento de Córdoba. con el propósito de analizar la realidad que viven los líderes y lideresas de esa región del país.

En el evento participaron los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda (Polo Democrático); Aída Avella y Gustavo Bolívar (Decentes) y Feliciano Valencia (MAIS). Además fueron invitadas entidades del Gobierno Nacional y organizaciones sociales.

Durante la apertura del primer bloque, sobre asesinatos y desplazamiento, el senador Alberto Castilla manifestó que con la audiencia se busca establecer la verdad de los asesinatos y amenazas que suceden en el sur de Córdoba. "Todos estos actos se le quieren otorgar al narcotráfico y eso no es cierto”, dijo.

Por su parte, el senador Iván Cepeda hizo un análisis de la situación histórica que ha tenido el sur de Córdoba, con relación a los asesinatos y violación de los derechos humanos de los cordobeses. "Siempre ha existido la cultura de la parapolítica y paramilitar. Necesitamos que las autoridades nos esclarezcan los hechos que allí suceden". Señaló que en esa región hay nexos entre las autoridades y los grupos delincuenciales.

En su intervención, José David Ortega, de las Asociaciones Campesinas del sur de Córdoba, afirmó que desde que se firmó el Acuerdo de Paz en esa región, han asesinado a 32 líderes campesinos. Ortega reclamó más presencia del Estado para que se garanticen los derechos humanos de los líderes. "Solicitamos que se solucione el desmonte del paramilitarismo en el territorio. Las fuerzas Militares no son la solución de tantos asesinatos. ¿Qué está pasando con esas investigaciones?", reclamó Ortega.

En su intervención la senadora Victoria Sandino, hace un llamado a las entidades del Gobierno convocadas, para que se hagan presente y den respuestas a la problemática del sur de Córdoba.

Sandino dijo: "Haremos seguimiento y acompañamiento de los compromisos hoy adquiridos. Estamos buscando la manera de ir a Tierra Alta, con una delegación humanitaria para acabar con tanta violencia en ese territorio".

En el bloque sobre desplazamiento, Pedro Acosta, de la Asociación Campesina del sur de Córdoba, denunció el masivo desplazamiento en el municipio de Puerto Libertador. Afirmó que unas 775 familias desplazadas se encuentran en ese municipio y 143, en Tierra Alta, "Todas víctimas del conflicto armado. Esa difícil situación no ha tenido respuesta de la institucionalidad. Este es un verdadero drama humanitario. Estamos esperanzado que podamos superar esta situación y que el Estado se haga presente", indicó el líder campesino

El delegado de la Defensoría del Pueblo, en su reporte sobre la crisis humanitaria en el sur de Córdoba, dijo que hace falta acciones preventivas por parte del Estado para evitar que menores de edad sean reclutados, para engrosar las filas delincuenciales. El funcionario hizo un llamado para que las instituciones trabajen de manera articulada y así contrarrestar la ola de violencia y desplazamientos en el territorio, “Las alertas tempranas son una herramienta para garantizar los derechos humanos y para que no se consuman los hechos victimizantes".

En el bloque sobre las inacciones de los primeros respondientes, el senador Gustavo Bolívar hizo un llamado para que el Gobierno ofrezca una política de sometimiento a todos los grupos que delinquen. "Tenemos que unirnos para hacer una paz grande, para que algún día este derramamiento de sangre pare y tengamos otro estilo de vida más seguro".

De igual manera, el senador Feliciano Valencia sotuvo: "Tenemos un Estado paralizado ante las alertas presentadas. Nos tocó unirnos para defendernos ante la inacción del Estado. Hagamos una unidad de hermandad para luchar por nuestros derechos. Es hora de buscar ayuda, mientras el Estado ofrece las herramientas para garantizar la vida", manifestó el congresista.

Entre tanto, Julieth Guzmán, vocera de la Red de Mujeres de Tierra Alta, manifestó: "Las mujeres nos sentimos con miedo, porque somos objetivo militar. En Tierra Alta las lideresas somos amenazadas. Que se cumpla la ruta de garantías de nuestros derechos. La cordobesas les apostamos a la paz y la reconciliación. Eestamos cansadas de tanta violencia y abandono», puntualizó la líder.

Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección, expresó que están capacitando a la comunidad para la autoprotección y también en la formalización de los niveles de riesgo de la población para prevenir eventuales hechos. Reiteró la disposición y voluntad que tiene esa entidad, en la protección individual y colectiva de la comunidad en la región.

Asimismo, Irma Ligia Granda, reincorporada, reclama el incumplimiento de las Acuerdos de Paz en el sur de Córdoba. "Notamos la falta de voluntad del Gobierno. No tenemos apoyo en los proyectos productivos. Pedimos protección y garantías de nuestros derechos".

Al finalizar la audiencia pública sobre la crisis humanitaria en el sur de Córdoba, el senador Castilla manifestó que no se debe estigmatizar a la población con el tema del narcotráfico, "es el Estado quien tiene que combatir la criminalidad contra la población. Como congresista de origen campesino, me comprometo en el seguimiento, para que el Gobierno los tenga en cuenta. Las poblaciones campesinas merecen una mirada distinta. Tenemos la esperanza de lograr algún día, una vida más digna", expresó el legislador.

Por su parte, la senadora Victoria Sandino dijo que existe un clamor generalizado de parte de las comunidades para que el Estado cumpla su deber. Exigió a las instituciones del orden nacional y territorial que cambien el discurso. Agregó que la crisis humanitaria en el departamento de Córdoba es histórica y pidió que se garantice la protección de los líderes, que se cumplan los Acuerdos de Paz. "Trabajaremos conjuntamente en una brigada en el territorio, en la solución del conflicto", puntualizó Sandino.

La cifra la entregó la Directora de la Unidad de Búsqueda, al entregar su segundo informe a la Comisión de Paz.

Bogotá D.C., septiembre 25 de 2019 (Prensa Senado). Cerca de 75 mil personas se encuentran desaparecidas en el país, según la Fiscalía, y solo se tiene información de 4.085, en tanto que en el Instituto Nacional de Medicina Legal hay alrededor de 25 mil restos sin identificar.

Así lo señaló ante la Comisión de Paz, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, al hacer entrega del segundo informe sobre el registro de desaparecidos.

Además hizo énfasis en uno de sus desafíos relacionados con la creación de un mecanismo humanitario extrajudicial, que no existe dentro de la institucionalidad colombiana, y que se considera importante debido a las múltiples dificultades y obstáculos que influyen en la consolidación total de los desaparecidos en el país.

Ante ello, la Comisión de Paz ratificó el compromiso de defender las necesidades presupuestales que tenga la Unidad para desarrollar sus tareas primordiales, analizar la dimensión cualitativa, cuantitativa y los avances de esta frente a la realidad que viven las víctimas en Colombia.

Al respecto, el senador Carlos Antonio Lozada precisó: “Tenemos un problema presupuestal muy grave, de 147 mil millones requeridos al Gobierno únicamente hay disponible 87 mil millones para la Unidad”, cifras que representan un retraso descomunal en la tarea humanitaria para recuperar información y cadáveres de personas dadas por desaparecidas, lo que hace más extensa una respuesta a las víctimas que desean saber sobre sus familiares.

“Dentro del Plan Nacional de Desarrollo realizaremos 10 encuentros con distintos sectores de la población para la consolidación de información, que nos permita determinar quiénes son y dónde pueden estar los desaparecidos”, indicó Luz Marina Monzón.

Avance en líneas de trabajo como el enfoque territorial; establecer cuál es el universo de las personas dadas por desaparecidas, teniendo como base la implementación de ocho planes de búsqueda; pruebas de identificación; garantía de la participación de las víctimas dentro del proceso de búsqueda y construcción de un consejo defensor que involucre la participación de la sociedad civil, son algunas de las tareas de la Unidad.

A lo anterior se suma la elaboración y ejecución de la ruta estratégica, fortalecimiento de las herramientas y las capacidades para poder cubrir escenarios complejos de búsqueda. Con base en ello se podrá presentar a los colombianos el universo real de los desaparecidos, subrayó la alta funcionaria.