Bogotá D.C:, agosto 26 de 2019 (Columna del s. Nicolás Pérez).- A lo largo y ancho del País se ha convertido en algo normal ver cómo prácticamente todos los proyectos para construir o mejorar los colegios públicos han quedado convertidos en efímeras ilusiones que muchas veces ni siquiera alcanzan a ser catalogados como elefantes blancos.
Al recorrer las veredas, los municipios y al escuchar las quejas de la comunidad es sumamente notorio evidenciar que como consecuencia de las demoras en esas construcciones, nuestros niños están teniendo que recibir clase en casas arrendadas, coliseos o inclusive las directivas de los colegios han tenido que agrupar varios cursos en una misma aula para cubrir con la demanda.
Las causas de esta realidad son bastante preocupantes y las expuse esta semana en un debate de control político en el Senado. Resulta que el Gobierno de Juan Manuel Santos cuando se propuso a comienzos de su segundo periodo hacer de Colombia la Nación más educada de América Latina, estableció que para el 2030 el 100% de los estudiantes del País debían estar en jornada única. Eso implicaba la construcción y el mejoramiento de 51.134 aulas, dado que ese es el déficit total que existía.
Sin embargo, como era imposible cumplir dicha meta en tan poco tiempo ese Gobierno expidió el Conpes 3831 de 2015, donde se comprometió a entregar el 60% del total de aulas necesarias, es decir 30.680, a 2018. No obstante, a corte de 14 de junio del 2019 solamente se han entregado en todo el País 14 proyectos con 222 aulas, lo que quiere decir que después de 4 años de creado el programa el porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta inicialmente es del ¡0.72%!
Y la gravedad del asunto no para allí. De 528 proyectos que hay en ejecución para construir 12.383 aulas, el 66% (351) se encuentran en riesgo medio-alto y alto. Es decir, es bastante probable que queden en el aire. No más en Antioquia la situación es alarmante, dado que de 54 proyectos para construir 1.608 aulas, 37 se encuentran en riesgo alto, lo que implica que tienen incumplimientos de más del 20% en la ejecución.
Ahora bien, en este caótico contexto hay que hacer una salvedad más que necesaria: Los problemas en el diseño del modelo de contratación de los colegios, las fallas en las interventorías y la mala ejecución de las obras es una de las muchas difíciles herencias que el Presidente Duque recibió del Gobierno anterior. De hecho, en este primer año de mandato la Ministra de Educación ha logrado combatir la situación con una prudencia jurídica que protege al País de futuras demandas mientras garantiza reactivar unas obras que llevaban 3 años estancadas.
Sin embargo, y a pesar de estar desempeñando una gran labor, todavía es necesario hacer dos cosas fundamentales. La primera, comunicarles a las comunidades que las demoras en la construcción de los colegios no son responsabilidad de los mandatarios locales (quienes cumplieron a cabalidad con el porcentaje de financiación que se les exigió), dado que, por angustias muchas veces entendibles, se les han endilgado un daño que no hicieron y que en varios casos les han generado amenazas.
La segunda, hacerle un corte de cuentas al País donde se le explique cuál fue el inventario que se recibió del Gobierno anterior. Casos como estos no son responsabilidad del Presidente Duque, y de hecho su administración está trabajando de sol a sol para revertir la situación, pero si eso no se le comunica a la opinión pública se terminará asumiendo una responsabilidad que no le corresponde.
Los incumplimientos en las obras de los colegios son una problemática sumamente grave que se debe combatir con toda determinación y los colombianos pueden estar tranquilos que después de varios años donde no se hizo absolutamente nada, el Gobierno del Presidente Duque le devolverá la ilusión a los miles de niños que sueñan con tener aulas dignas para ir a estudiar
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