“El país debe escuchar lo grave que es este flagelo, y debemos revisar lo que ha sucedido desde el 2001 hasta el 2023, en torno a la acción contra las minas antipersonas”, senadora, Jahel Quiroga Carrillo.

Por Angélica Arango Sepúlveda

Bogotá D.C., junio 1º. de 2023 (Prensa Senado).- En el recinto de la Comisión de Ética del senado de la república, liderada por la senadora Jahel Quiroga Carrillo, Coalición Pacto Histórico, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, se llevó a cabo audiencia pública sobre desminado en Colombia, citada a su vez por la Corporación Vivamos Humanos, la Campaña Colombiana Contra Minas, y otras organizaciones de la sociedad civil. El ejercicio democrático, contó con la presencia del expresidente Ernesto Samper Pizano, víctimas de minas antipersonal, funcionarios del Gobierno Nacional, Ministerio Público, militares, y representantes de la Cruz Roja, entre otros, quienes intervinieron para expresar sus preocupaciones, análisis y avances en materia de desminado en el país.

La congresista Quiroga Carrillo, abrió la audiencia y expresó la importancia de garantizar que todo el territorio nacional esté libre de minas antipersona, que han causado tantas muertes y dolor en nuestro país. “Esta audiencia, también se hace para que el país escuche lo grave de este flagelo, de esta tragedia. En Colombia el uso de las minas antipersona inició aproximadamente en los años 70, por parte del Ejercito Nacional, para cuidar los batallones; pero luego, su uso se amplió por parte de otros grupos armados, y hoy en día, después de tanto tiempo, se continúan implantando minas antipersonales”, manifestó.

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper Pizano, quien se articuló con la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, para propiciar este espacio, fue enfático al afirmar que es necesario que se aplique el Derecho Internacional Humanitario, para legitimar las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno con los grupos armados, "no se puede llegar a un acuerdo sin que haya la aplicación del DIH; en este país duramos discutiendo si se aceptaba el DIH como fuente de legitimidad, porque se pensaba que se aceptaba la condición de beligerancia de los alzados en armas", expresó.

La sociedad civil y las víctimas tuvieron un amplio espacio, que aprovecharon para pedir al Gobierno Nacional que se avance en las negociaciones con los grupos armados, principalmente las disidencias de las FARC, ELN, el autodenominado Estado Mayor Central y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lo que contribuiría al proceso de desminado. Yomar Dora, representante del pueblo Barí del Catatumbo en Norte de Santander, argumentó enfática: “Lastimosamente, no se ha presentado proceso alguno de desminado en nuestro territorio; nos gustaría que la institucionalidad vaya, y nos ayude a retirar las minas enterradas… Nosotros podemos apoyar”.

Las comunidades indígenas y comunidades afros colombianas, contaron con representantes en la audiencia, quienes fueron reiterativos en reclamar el apoyo del Gobierno Nacional, “para que sus territorios estén libres de minas antipersona, para poder vivir en paz”, expresaron.  William Wuanga, representante de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, manifestó: “Sabemos que en nuestros territorios ancestrales hay decenas de minas enterradas; es importante que la operatividad del Gobierno aumente, para luchar contra este flagelo de la guerra”.

De otro lado, Diego Portocarrero, de la Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura declaró: “Hablar de desminado, es hablar de sanar el territorio. En el ejercicio de desminado, la Fuerza Pública tiene que tener claro que la población civil no es un enemigo interno”.

Las lideresas también tomaron la vocería para informar sobre las situaciones que viven en sus poblaciones; Erika Cuéllar, representante de Asintracampic, expresó contundente: “No es justo que la comunidad tenga prohibidos algunos caminos veredales, por culpa de las minas; en este momento se hace el desminado en áreas petroleras, no en el resto de territorio”.

En el mismo sentido, Milena Quiroz, de la Mesa de DD.HH. del Sur de Bolívar declaró: “Desde febrero, cinco personas han sido afectadas por las minas antipersona. Además, la situación complica a la población que trabaja en el campo, pues hay temor de ir a las parcelas y sufrir un accidente”.

Lina Mejía, de la Corporación Vivamos Humanos, explicó que a esta corporación le preocupa que en el marco del cese al fuego continúen los eventos relacionados con minas antipersona, "quisiéramos hacer un énfasis en el marco del cese al fuego que tenemos; nos preocupa que ha aumentado el número, de enero a mayo, en cerca de 34 eventos relativos a minas antipersona", precisó.

Los funcionarios presentes, explicaron los avances alcanzados, y principales desafíos a los que se enfrentan en materia de desminado en el país, "tenemos 12.228 víctimas de minas antipersona; y cumplimos la tarea de asistirlas, a través de acciones que desarrollamos desde la Unidad de Víctimas. Atendemos a 10.197 víctimas registradas bajo la ley 1448 de 2011", ratificó Luis Azcárate, de la UARIV.

Por su parte, Andrés Fajardo, Vice defensor, se unió a las voces de preocupación del expresidente Ernesto Samper Pizano: "Cualquier cese debe partir de unos mínimos, que son el DIH. No puede ser posible que siga habiendo intenciones de diálogo y al mismo tiempo se implanten minas".

Ana Hernández, del Comité Internacional de la Cruz Roja, manifestó su preocupación por el alto número de víctimas de minas antipersona que aún tiene el país. "Hemos identificado en el último año un incremento del número de municipios con accidentes y víctimas de los artefactos explosivos; el año pasado fueron 515 víctimas, en 87 municipios", concluyó.

Finalmente, Zoraida Hernández, abogada delegada del Ministerio de Interior, resaltó que las víctimas no son solo los atrozmente mutilados o que mueren por estos artefactos, sino que existen otros tipos de afectaciones, "no se trata solamente de los atentados contra la vida, sino también contra el territorio, las costumbres, la convivencia social; es un desarraigo que se está dando por culpa de las minas antipersona”, resaltó.

En representación de la Iglesia católica, el padre Eliecer Soto manifestó la voluntad de apoyar el proceso de desminado, "como iglesia, queremos ser acompañantes y voceros del reclamo de voluntad política, para promover el desminado, y la pedagogía a las comunidades sobre DD.HH., y DIH. Urge la pedagogía sobre el desminado", concluy

El coordinador ponente del proyecto de Acto Legislativo, senador Alexander López Maya, Coalición Pacto Histórico, expresó, “tenemos un amplio consenso que nos permite avanzar en una jurisdicción que resuelva los conflictos agrarios. Hay una gran expectativa no solo por parte de los campesinos sino también, para el mundo académico".

Por Luis Fernando García Forero

Bogotá, D. C. mayo 31 de 2023 (Prensa-Senado). - Por 16 votos a favor, la comisión primera del senado le abrió paso, en séptimo debate, al proyecto de reforma constitucional que establece una jurisdicción agraria y rural, producto de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, luego de lograrse un consenso para continuar su última discusión y votación en la plenaria de la corporación.

Un receso de parte de los legisladores, en medio de la sesión, logró el acuerdo para viabilizar la iniciativa con la presencia de los ministros del interior, Luis Fernando Velasco Chaves; de agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; y Néstor Osuna Patiño, de Justicia, quienes, junto al coordinador ponente, Alexander López Maya, Coalición Pacto Histórico, y otros senadores, viabilizaron el trámite al último debate.

Dentro del articulado aprobado, fruto del acuerdo, no se creará una nueva corte en dicha jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia será el tribunal de cierre para algunos asuntos y el Consejo de Estado para otros, medida respaldada no solo por los congresistas integrantes de esa célula legislativa, sino por los ministros.

Por su parte, el senador Julián Gallo Cubillos, Partido Comunes, quien obtuvo su curul, fruto del acuerdo de paz, apoyó positivamente la propuesta de Acto Legislativo, por considerar que el tema de la tierra, precisamente, ha sido uno de los aspectos que ha originado el conflicto en Colombia.

Enfatizó el congresista de Comunes que “Cuando en La Habana discutimos acerca de la creación de esta jurisdicción agraria, lo hicimos pensando en aproximar la justicia al campesino, a la campesina, a las comunidades que históricamente no han tenido esa posibilidad; por eso, la creación de esta jurisdicción, consideramos nosotros, es un aporte muy significativo a la consolidación de la paz en nuestro país”.

El proyecto de Acto Legislativo tendrá su última prueba en la plenaria del Senado, y, si logra las mayorías, será promulgada como norma constitucional.