Durante la sesión de esta célula legislativa, los senadores plantearon la necesidad de tener un indexador único para la fórmula tarifaria de energía eléctrica, que permita la reducción del costo. 

Por Joshua Escobar Rengifo

Bogotá D.C., noviembre 22 de 2022 (prensa senado).-  La comisión quinta de senado, citó a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a debate de control político por las altas tarifas en el precio de la energía eléctrica en el país. También fueron citados, el Ministro de Hacienda, el Superintendente de Servicios Públicos, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional Reguladora de Energía y Gas (CREG); asistieron además, en calidad de invitados, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

El senador Miguel Ángel Barreto Castillo, Partido Conservador, citante al debate, manifestó: “Nos hicieron conejo con la reducción de las tarifas de energía eléctrica; hace dos meses hicimos el debate por los altos precios que pagan los usuarios en el recibo de la luz, el gobierno tomó medidas, pero hasta ahora no han sido efectivas. Los 16 millones de hogares, pequeños comercios y pequeñas industrias, se sienten abusados con las tarifas”.

Cabe recordar que según Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  (SSPD) y la Comisión reguladora de Energía y Gas (CREG), La tarifa que pagan los colombianos responde a una fórmula compuesta por Generadores, Transmisores, Distribuidores, Comercializadores, Pérdidas y Restricciones (CU= G+T+D+C+Pr+R). Los generadores (G), son quienes producen la energía a través de diferentes fuentes; la hidráulica; es la más usada. Según la CREG, el 85% de la energía del país provienen de las hidroeléctricas.  

El costo de transportar la energía desde el sitio donde se genera hasta las regiones o ciudades es pagado por los colombianos a las empresas de Transmisión (T). Los Distribuidores (D), llevan la energía desde la entrada de las regiones o ciudades hasta los hogares. Las empresas que atienden a los clientes realizan las lecturas de medidores, la facturación y el reparto del recibo son las Comercializadoras (C).

La “piratería” en la energía eléctrica, las manipulaciones fraudulentas y el robo, están representados en la fórmula como Perdidas (Pr). Y las Restricciones (R) son el costo para mantener la continuidad del servicio cuando se presentan problemas para transportar la energía eléctrica. Frente a lo anterior, Barreto Castillo manifestó, que se debe cambiar el modelo,  donde se estudie y replantee la verticalidad de las empresas que son generadoras, distribuidoras y comercializadoras al mismo tiempo. También cuestionó por qué empresas como Celsia, que presta el servicio en el departamento del Tolima y Valle del cauca, no tiene una tarifa unificada para los usuarios de esas zonas del país.

En tal virtud, señaló el Senador conservador: “Acá, es fundamental vigilar y modificar el modelo, las tarifas y el servicio ¿Hasta cuándo los colombianos seguiremos pagándole a las empresas el cargo por confiabilidad? ¿Hasta cuándo los usuarios vamos a seguir pagando las inversiones ejecutadas a las empresas comercializadoras? Los PQRs, son un saludo a la bandera, y la única solución que plantean las empresas, es endeudar con créditos a los usuarios para reponer los elementos dañados, como lo hace Celsia. Pero además, es inaceptable que Celsia, que opera en Tolima y en el valle del Cauca, no tengan las tarifas unificadas, a pesar de ser un ordenamiento de la CREG, que permitiría bajar el costo de la tarifa”.

En el mismo sentido, el senador, José David Name, Partido de la U, manifestó que para modificar el modelo, se debe replantear el cargo por confiabilidad de las empresas generadoras: “Las recomendaciones que tenemos para Usted, señora ministra son: Reducir a toda costa la tarifa energía; modificar el cargo de confiabilidad, sin más excusas; e intervenir, vía decreto, para asegurar la seguridad energética del país”.

Por su parte, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, hizo hincapié en el pacto por la justicia tarifaria, donde 82 empresas del sector de energía eléctrica se comprometieron con la reducción de tarifas entre un 4 y 8%. Frente a esto, refirió la titular de la cartera: "El pacto por la justicia tarifaria es un esfuerzo enorme de este ministerio, porque estamos convencidos que el usuario debe estar en el centro de las preocupaciones y del sistema eléctrico nacional. Hemos logrado renegociar más de 800 contratos entre los generadores y los comercializadores. Logramos que 13 de los agentes que hacen el ejercicio de distribución se acogieran al pacto por la justicia tarifaria”.

A su vez, la Senadora Isabel Cristina Zuleta López, Pacto Histórico, le pidió a la Superintendencia un informe que soporte la información suministrada por la ministra Irene Vélez, en relación con la reducción de tarifas: “Es importante que la ciudadanía tenga conocimiento, si la Superintendencia, ha hecho la tarea de verificar lo que nos ha dicho, en relación a la reducción de tarifas”. 

Por último, los senadores de la comisión Quinta le pidieron a los entes de control y al Ministerio de Minas y Energía, realizar una revisión del comportamiento de las empresas de servicios públicos en el país.

En comisión quinta de senado se llevó a cabo la segunda parte de la discusión, sobre la problemática de la Hidroeléctrica, propuesta por la senadora Isabel Cristina Zuleta López, con la presencia del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero. 

Por Joshua Escobar Rengifo 

Bogotá D.C., noviembre 23 de 2022 (Prensa senado).- La comisión quinta del Senado dio continuidad al debate de control político, citado el pasado   miércoles 16 de noviembre, para discutir la entrada en operación de Hidroituango.

La decisión de la mesa directiva, de dar una segunda parte a la discusión sobre la hidroeléctrica, fue adoptada tras la petición de la senadora, Isabel Cristina Zuleta López, Pacto Histórico, y el senador Andrés Guerra Hoyos, Centro Democrático,  citantes al debate de control político,  quienes solicitaron tener una sesión complementaria, a la que asistieran el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa y el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle que faltaron el pasado 16 de noviembre.

La continuación del debate contó también con la presencia del Director de la comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), José Fernando Prada; la directora ad hoc para asuntos de Hidroituango por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA; el delegado de la Unidad de Gestión de Riesgo, y el Gerente general de las Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo.

La senadora y líder ambientalista, Isabel Cristina Zuleta López, tomó la batuta de la discusión y se refirió a varias medidas judiciales relacionadas con la protección del macizo rocoso, la garantía a los derechos para líderes sociales, la no implementación del debido procedimiento de búsqueda de cuerpos en fosas comunes, medidas cautelares de la JEP y el incumplimiento de medidas administrativas ambientales, que impedirían la entrada en operación de Hidroituango.

“Lo que podemos decirle al país es que la gobernación de Antioquia se ha negado a cumplir la tutela del juzgado 45 del circuito civil de Bogotá, en favor de líderes sociales del movimiento Ríos Vivos, que han sido perseguidos y estigmatizados por las autoridades. No se ha realizado la prospección subacuática para buscar los cuerpos y las fosas comunes como ordenó la JEP, y que los barequeros y pescadores de la zona han documentado. En este momento, ese proceso está ante la corte Constitucional, haciendo verificación de cumplimiento de las medidas de protección”, señaló vehemente la congresista Zuleta.

Según la Senadora del Pacto histórico, la presidente del movimiento Ríos Vivos, fuerte opositora de la entrada en operación de la hidroeléctrica de EPM, así como varios líderes sociales, aún reciben amenazas. “Como Ríos Vivos, hemos documentado 268 masacres y 1.186 víctimas en la zona donde se desarrolló el Megaproyecto. Estamos hablando que este proyecto se construye en una zona que ha sido fuertemente golpeada por la violencia. Para mí, para la gente de mi comunidad, para la gente de la zona, para el territorio nacional, los muertos son importantes, las vidas son importantes, y la generación de energía no puede estar por encima del territorio, y no puede implicar riesgo alguno para las comunidades”, sentenció Zuleta López, visiblemente indignada.

Por su parte, el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, expresó: “Esta administración no construyó Hidroituango, ni tomó las decisiones de dónde construir el proyecto; tampoco tomó la decisión de bajar la calidad en los materiales del túnel de desviación, de saltar las licencias ambientales… Esta es la administración que denunció lo que estaba pasando en Hidroituango… Esta es la administración que ha invertido 5 billones de pesos para recuperar este proyecto, para hacerlo seguro y garantizar las vidas de las poblaciones aguas abajo”.

El mandatario medellinense señaló, que la entrada en funcionamiento del proyecto hídrico protege la vida de las comunidades. La operación de las dos primeras turbinas significa que 30 millones de toneladas de agua dejarían de presionar el vertedero, que hoy en día es el mayor riesgo en Hidroituango. 

En el mismo sentido, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, resaltó la importancia de hacer efectivo los seguros del Proyecto hidroeléctrico: “Debemos trabajar todos en dos direcciones. 1) El cobro de los seguros de Hidroituango; para eso uno contrata unos seguros, para cobrarlos cuando se produzca un siniestro, y lo que pasó en la represa fue un siniestro. 2) Pongamos a funcionar Hidroituango; la mejor manera de disminuir riesgo es poner en funcionamiento la hidroeléctrica. El mayor riesgo que hay es tener el vertedero al 100%, sin posibilidad de revisarlo o hacerle mantenimiento.  

De otro lado, el Senador César Pachón Achury, Pacto histórico, se sumó a las voces que consideran necesaria la entrada en funcionamiento de Hidroituango, como fórmula para dar una seguridad energética para el país: “Salvar vidas es la prioridad y en segundo reglón debemos darle al país una seguridad energética. Debemos unirnos para buscar los recursos para que entre en funcionamiento Hidroituango”.

El Senador conservador Miguel Ángel Barreto, Recalcó: “Este proyecto va a reducir el precio de la tarifa en Colombia, y ha recibido cerca de 20 billones de pesos; no podemos ponerle trabas por un interés político, perjudicando a los 16 millones de familias colombianas, pequeños comerciantes, e industriales”.

Durante la sesión, la mesa directiva le otorgó la palabra a la actual presidente del movimiento Ríos vivos, Milena Flores, quien hizo varios cuestionamientos a EPM: “Nosotros, las víctimas, no conocemos si hay estudios reales para que entre en operación Hidroituango. Por favor, que nos muestren los estudios  ¿Por qué cambiaron los materiales y pusieron en riesgo la vida de los habitantes aguas abajo y aguas arriba? Los invito a todos Ustedes, senadores, a que visiten Puerto Valdivia e Ituango, para que conozcan por qué las víctimas viven angustiadas.

Al cierre, el senador del Centro Democrático, Andrés Guerra Hoyos, también convocante al debate de Control Político,  afirmó: “Hidroituango tiene varios escenarios, social, jurídico, económico y político.   Creo que EPM, se está jugando en los próximos15 días el escenario del futuro y el presente. El 30 de noviembre, es la fecha en la que se termina el plazo para que la empresa le informe al país si la turbina 1 y 2 entran en operación. Esa es una fecha clave para la energía del país y para Hidroituango.

Argumentó por último el congresista, que sería nefasto que EPM y los antioqueños tengan que pagar 207 millones de dólares, por la garantía de la no entrada en operación de la represa.