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"Personas en estado de discapacidad no cuentan con garantías legales": senador Antonio Sanguino

"Este es un tema que ha venido incursionando en la agenda pública y no se puede desconocer que estos grupos de ciudadanos tienen una condición especial  de vulnerabilidad". expresó el legislador, durante audiencia pública.

Bogotá D.C., diciembre 13 de 2019 (Prensa Senado). El senador Antonio Sanguino Páez expresó su preocupación porque el grupo de personas en estado de discapacidad no cuenta con las garantías suficientes, a las cuales tiene pleno derecho como lo establece la ley actual.

De esa forma se pronunció en el marco de la audiencia pública sobre el tema  que se cumplió en el Salón Boyacá, del Capitolio Nacional, donde se plantearon distintas soluciones, líneas de acción y se instó por el goce efectivo de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

A la audiencia asistieron las organizaciones de personas en condición de discapacidad, así mismo fundaciones y organizaciones sociales, cuyo propósito es ganar la batalla por la igualdad y el acceso de todos los ciudadanos a sus derechos, dado que muchos de ellos lastimosamente tienen que enfrentar enormes barreras para lograr un escenario de inclusión social.

 “Este es un tema que ha venido incursionando en la agenda pública y no se puede desconocer que estos grupos de ciudadanos tienen una condición especial de vulnerabilidad, pues muchos de ellos están sometidos a tratos crueles e inhumanos del sistema de salud en la vida cotidiana, situación que recibe un calificativo como injusto, según el tratamiento que estas personas reciben por parte de instituciones o funcionarios públicos”, agregó el senador Sanguino Páez.

 El foro abrió la oportunidad para que todas las personas en estado de discapacidad y sus familias pudieran contar con un escenario propicio para expresar sus descontentos, al igual dirigir sus solicitudes y peticiones al Gobierno nacional.

“Nuestra misión como Congreso es fortalecer las políticas públicas para los grupos poblacionales en estado de discapacidad. Esa será nuestra misión a partir del segundo semestre del 2020”, señaló en medio del debate, el legislador Sanguino.

A lo anterior agregó: "Construiremos mesas de trabajo con las organizaciones de las personas en condición de discapacidad, dichas mesas serán apoyadas por los congresistas, quienes daremos la pelea por desarrollar una agenda legislativa que pueda abarcar esta situación.”

Seguidamente intervino Elizabeth Rivera, actual vocera y directora de los grupos poblacionales en estado de discapacidad ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, quien salió al paso enviando un mensaje al Gobierno nacional: “Hay muchos ciudadanos en estado de discapacidad, los cuales hoy están necesitando camillas ortopédicas, sillas de ruedas y neurológicas, muletas para caminar, al igual medicamentos especiales y profesionales que nos sirvan como atención necesaria”.

Al cierre del evento, la congresista Margarita Restrepo, del Centro Democrático, recalcó: “Lideraremos en compañía de organizaciones sociales y con el apoyo del Gobierno nacional compromisos reales, sobre los cuales logremos construir una agenda pública y legislativa que brinde respuesta a sus peticiones”.

 

 

 

Víctimas de represa de Anchicayá, Valle, piden pronta justicia


“Las entidades de control ambiental deben responder por su falta de vigilancia”: senador Wilson Arias.

Bogotá D.C., diciembre 13 de 2019 (Prensa Senado). Las víctimas de la represa Anchicayá, Buenaventura, Valle, pidieron a las entidades de control una aplicación pronta de justicia debido a la alta contaminación del rio del mismo nombre, producida por el vertimiento de lodo desde el embalse.

Así lo manifestaron durante la audiencia pública que se realizó en el auditorio Luis Guillermo Vélez, en el Congreso de la República.

El senador Wilson Arias, del Polo Democrático, lamentó la ausencia de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, a la vez que pidió a las autoridades correspondientes tomar medidas para resarcir el daño ambiental ocasionado por la represa Anchicayá, debido a la falta de vigilancia y control.

Para el senador Pablo Catatumbo, del partido FARC, lamentó que estos megaproyectos estén ligados a muchas injusticias, “tal como sucedió en Hidroituango, donde se presentaron masacres para desplazar a la comunidad sin que hasta ahora opere la Justicia”.

“Aquí entre todos debemos seguir con la reconstrucción de este país, tal como lo hemos hecho nosotros con nuestra reincorporación a la vida civil, permitiendo el cese del conflicto, por lo tanto brindamos nuestro apoyo a las víctimas de Anchicayá y aspiramos a que se logre la reparación de los daños allí presentados”, destacó el congresista Catatumbo.

Entre tanto, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Sandra Lucía Rodríguez, indicó: “Hemos emitido resoluciones compensatorias por las afectaciones de los derechos ambientales de la comunidad, que inciden en la salud y el trabajo de los habitantes”.

La Defensoría del Pueblo ha pedido a la ANLA, un informe específico sobre sus licencias y vigilancias para emitir un concepto frente al tratamiento del agua y el color del río teniendo en cuenta las denuncias e investigaciones que se han hecho sobre la represa de Anchicayá, Valle del Cauca.
Por su parte, la senadora Aída Abella exaltó lo positivo de la audiencia, porque les permite a los colombianos de las capitales conocer la Colombia Profunda. Seguidamente expresó: “Nuestras autoridades nos deben expresar por qué las multinacionales y empresas privadas se adueñan del sufrimiento de la gente sin que exista control alguno”.

'Nadie respeta el Estado'

“El daño al medio ambiente es otra forma de matar al ser humano, porque acaban con los ríos, la pesca, la tierra y la naturaleza en general”, afirmó la senadora Abella, quien dijo que lo peor es que no hay quién haga respetar el Estado”.

La congresista le pidió al gobierno del presidente Iván Duque “comenzar a administrar el país para todos y no dedicarse solo a conversar, sin dar soluciones a lo que espera el pueblo” e instó a los entes de control a cumplir con sus tareas y puntualizó que “si aquí no se hace justicia se acudirá a los entes internacionales”.

Para el delegado de la Contraloría, Javier Gutiérrez, “el sistema de control ambiental en Colombia debe replantearse, porque aquí no se están haciendo los seguimientos a las empresas a las que se les otorgan licencias ambientales”.

El funcionario del ente de control fiscal denunció que el Ministerio de Minas no actúa frente a estos daños ambientales y por lo contrario manifiesta que tienen 20 años para pronunciarse, mientras la comunidad sufre con las afectaciones y enfatizó que la energía de la hidroeléctrica no es limpia, porque daña el medio ambiente.

Por su parte, el delegado de la ANLA, Mario García, señaló que el Ministerio de Minas viene haciendo los estudios correspondientes donde se hace el plan de manejo y luego se inicia con las investigaciones.

Las multinacionales

Entre tanto, el líder de los pescadores, Silvano Caicedo, expresó. “Las multinacionales tienen secuestrado nuestros derechos. Yo pido atención por nuestra seguridad, porque los líderes corremos peligro y no es para que me den escolta, sino para que se cree un clima de seguridad para todos. Finalmente pido al Ministerio de Transporte trabajar sobre la navegabilidad de los ríos que son herramienta básica del desarrollo de nuestros pueblos”.
El delegado de la Procuraduría, Carlos Holguín, anunció que desde que el abogado Germán García presentó un derecho de petición, hizo un llamado al Consejo de Estado para que catalogue el proceso de Anchicayá, como tema prioritario.

Para el delegado de Abogados sin Fronteras, Hugo Saidiza, “Anchicayá en un tema complejo de la justicia colombiana. Hemos acompañado a la Defensoría del Pueblo y el cumplimiento de medidas del Estado son insatisfechas”.

Para el representante de Ríos sin Fronteras, Monti Aguirre, el Estado no ha cumplido con la repoblación del río Anchicayá, teniendo en cuenta que este era un compromiso de velar por el agua limpia.

Problemas ambientales

Según, Yazmín Victoria, líder desde el rol femenino, “el río nos ha producido a todos una serie de alergias bastante delicadas en las partes íntimas, siendo los más afectados los niños que se traduce en rasquiña permanente, causando incluso el envenenamiento gradual, y restringiendo el uso de nuestros ríos que son parte del desarrollo de nuestros niños”.

El alcalde electo de Buenaventura, Víctor Vidal, precisó durante la audiencia: “Si no podemos aprovechar nuestros recursos naturales se afecta el desarrollo natural de nuestra población y tienden a cambiar nuestros principios. Tenemos una doble responsabilidad para ser garante de los derechos”.

Finalmente el senador Wilson Arias destacó que los empresarios juegan con las necesidades de la comunidad lanzando informaciones falsas, como cuando anuncian que se va a presentar un fenómeno del niño o cuando afirman que se registrará una crisis energética, lo que indica que los negociantes son los más beneficiados a medida que hay mayor tragedia ambiental.

Luz verde a registro de 'elefantes blancos' y publicación de declaración de renta de servidores públicos

Según la Contraloría General, existen 1.193 obras inconclusas en el país, que han dejado un detrimento patrimonial de $8.7 billones. Visto bueno a área metropolitana de Bogotá y a protección de región amazónica.

Bogotá D.C., diciembre 12 de 2019 (Prensa Senado). La plenaria del Senado aprobó hoy la creación del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas o 'elefantes blancos', lo que permitirá que se incorporen e identifiquen de manera precisa las construcciones financiadas total o parcialmente con recursos públicos y los contratistas incumplidos sean sancionados.

El senador ponente de la iniciativa Horacio José Serpa Moncada explicó que la misma hace parte del paquete de los llamados proyectos anticorrupción.

Por su parte, la senadora Emma Claudia Castellanos, autora de la propuesta, indicó que en el país existen 1.193 obras inconclusas, que han dejado un detrimento patrimonial de $8.7 billones, que podría ser comparado con lo que recauda una Ley de crecimiento económico.

“El Registro Nacional de las Obras Civiles Inconclusas será un instrumento técnico y de control fiscal, el cual estará administrado por la Contraloría General de la República, con la información que suministren las entidades estatales por el término de tres (3) meses y se establece los lineamientos jurídicos para la emisión del acto administrativo que ordene la respectiva terminación o demolición de dichas obras civiles inconclusas, según disponibilidad de recursos”, dice el texto del proyecto que pasó a conciliación.

También se afirma en la iniciativa que las entidades contratantes de la administración pública consultarán las anotaciones hechas en el Registro Nacional de las Obras Civiles Inconclusas, en los procesos de contratación.

Cabe destacar que así mismo se establecen igualmente las sanciones administrativas a los contratistas e interventores con anotaciones en el registro, durante los procesos de contratación.

El Registro Nacional de las Obras Civiles Inconclusas hará parte del banco de proyectos y del Plan de Desarrollo, para de esa forma facilitar la apropiación de recursos, a fin de garantizar su terminación o demolición.

Para evitar nuevos gastos al Estado se utilizará el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (Sireci) de la Contraloría General de la República. (https://www.contraloria.gov.co/web/sireci), que es una plataforma de control fiscal dispuesta para el seguimiento a los recursos públicos y su correcta ejecución.

A divulgar declaraciones de renta

Así mismo, la plenaria del Senado aprobó igualmente la conciliación del proyecto de ley que obliga a todos los servidores públicos a revelar sus declaraciones de bienes y renta. La iniciativa pasa ahora a la respectiva sanción presidencial.

Esta norma cobija a los funcionarios elegidos mediante voto popular como el Presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Igualmente estarán obligados a publicar sus declaraciones, los ministros de Despacho; los superintendentes, los directores de Departamentos Administrativos; los directores de Unidades Administrativas Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado; al Gerente General del Banco de la República, de las CAR y los Consejos Directivos y rectores y directores de Universidades Públicas, entre otros.

En la misma situación se encuentran los magistrados de las altas cortes, de los tribunales y de la Justicia Especial para la Paz; el Fiscal General de la Nación, fiscales locales, seccionales y jueces de la República; los magistrados del Consejo Nacional Electoral; el Procurador General de la Nación; el Auditor General de la República; el Defensor del Pueblo; el Contralor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil.

Área metropolitana

De igual forma se aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 325 de la Constitución Política y que busca crear el marco jurídico constitucional que permita la creación de la región administrativa de carácter especial ‘Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca’, que tenga jurisdicción sobre Bogotá y los municipios circunvecinos con la ciudad capital.

Región amazónica y Santa Marta

En desarrollo de la sesión, la plenaria aprobó en el cuarto debate de su primera vuelta, la reforma constitucional que protege la cultura, la etnia y el medio ambiental en la región amazónica.

La iniciativa establece un régimen especial en consideración a las características del territorio que tiene dificultades de acceso, zonas no carreteables, baja densidad poblacional y con unas circunstancias socioeconómicas particulares.

El senador Gustavo Bolívar, de la lista los Decentes, denunció que hay un ‘mico’ en el texto cuando dice que “se podrán expedir nomas especiales ambientales y fiscal que fomenten la investigación”.
La oposición interpreta que ese párrafo permite la llegada de empresas que exploten los hidrocarburos, la minería y el coltán.

Sin embargo, el texto aprobado dice: “Para este fin se podrán expedir normas especiales en materia ambiental, administrativa, fiscal y poblacional, que fomenten la investigación científica, el turismo, el desarrollo del comercio y formas de explotación sostenible de los recursos, previa consulta a las comunidades directamente afectadas, que provean bienestar social y económico a sus habitantes y garanticen la preservación de los bosques, su fauna y su flora hacia el futuro y detengan la deforestación y el tráfico de fauna”.

Y agrega el texto aprobado que “en dichas normas podrán establecerse mecanismos de compensación y pago de servicios ambientales que permitan que otras entidades territoriales, el Gobierno nacional y los colombianos, en general, aporten recursos para la preservación de estos departamentos”.

También recibió luz verde, el proyecto de ley por medio del cual la Nación se asocia a la celebración del quinto centenario de la fundación de la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena.

Tras la aprobación del paquete de iniciativas, la plenaria fue levantada y se convocó una nueva sesión, el próximo lunes 16 de diciembre, último día de las sesiones ordinarias, a las 10:00 de la mañana.