De esa manera lo establecieron las comisiones primeras del Senado y Cámara de Representantes al aprobar Estatuto Anticorrupción.
Bogotá D.C., diciembre 11 de 2019 (Prensa Senado). Los funcionarios públicos y particulares que incurran en hechos de corrupción y delitos contra el Estado tendrían que devolver en su totalidad los recursos apropiados ilegalmente y responder incluso con su patrimonio. Además se elimina el beneficio de casa por cárcel para los corruptos.
Así lo establecieron las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes, en sesión conjunta, al darle visto bueno al proyecto anticorrupción que pasó a estudio de las plenarias de las dos corporaciones.
Los congresistas de esas células legislativas coincidieron en la necesidad de castigar de manera drástica a los delincuentes quitándoles los beneficios que antes gozaban al ser condenados por delitos contra el Estado, sin tener que responder.
La sesión que se cumplió por segundo día en el recinto del Senado, tuvo la participación del Fiscal General de la Nación (e), Fabio Espitia, quien respondió inquietudes de los senadores y representantes a la Cámara sobre los alcances judiciales de cada uno de los 50 artículos que pretenden dar más herramientas jurídicas para castigar a los corruptos, a través del proyecto de ley que fue aprobado en su segundo debate.
En el desarrollo de la sesión, los senadores de la Comisión Primera abordaron temas sensibles que serán aplicados para castigar conductas punibles como el falso testimonio, que según el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), debe ser castigado con cárcel, así como en unos casos el prevaricato que debe ser ajustado en la norma para establecer el tipo de situaciones y así evitar excesos al momento de aplicarlo. Así mismo solicitó al Fiscal General que se ajuste el texto en los delitos de celebración indebida de contratos, cuyos los recursos robados sean devueltos en su totalidad.
Otro aspecto que se aplicará es la activación de las penas drásticas a las personas que han robado y señalan desconocimiento de dónde fueron a parar los recursos y por lo tanto serán objeto de sanciones sin beneficio de casa por cárcel y revelar dónde se encuentran.
Por su parte, la proposición general de no permitir la residencia del delincuente como recinto carcelario lo reiteró el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), quien señaló que “por más de dos años se viene solicitando evitar casa por cárcel y así castigar a los corruptos de manera concreta y más aún cuando también se han evidenciado esas conductas repetitivas y no solo en el sector oficial sino en el privado, donde se deben condenar por igual a empresas que han incurrido en ese delito como en el sonado caso de Odebrech”.
Un mensaje contundente a la Fiscalía fue expuesto para que se ajuste al aplicar justicia contra los corruptos como lo señaló el senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador): “Existen muchas dificultades para aplicar justicia como es la dificultad en el sistema penal acusatorio que está mal concebido y es responsable de las grandes fallas en el Justicia. La Fiscalía debe ser ajustada en todas sus funciones”.
Por su parte, el senador Carlos Guevara (MIRA), como su colega Miguel Pinto (Partido Liberal), solicitaron la necesidad de anexar al artículo 43 que los culpables de delitos de corrupción deben regresar el 100 por ciento de los dineros robados y no el 50% como lo había propuesto inicialmente la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), propuesta que fue sometida a votación y pasó de manera unánime.
A su vez, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) exigió sanciones y mecanismos más drásticos contra los corruptos para que devuelvan los dineros robados en un 100 por ciento y se reitere el no beneficio de casa por cárcel, así los devuelvan.
A su vez, el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) solicitó a la Fiscalía ser muy cuidadosa en la aplicación del capítulo 44 donde se hace referencia a los delitos y condenas contra funcionarios públicos donde se establece la separación del cargo mientras se investiga al implicado por un tiempo indefinido mientras se condena y se le dicta la medida de aseguramiento y eso conllevaría a vulnerar su derecho al trabajo, aspecto que compartió también el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) y se procederá al ajuste del texto para su aprobación en la próxima sesión en plenaria.
Otro aspecto que fue debatido en esta segunda sesión de las comisiones primeras conjuntas fue el planteamiento que se hizo en torno al delito de prevaricato, donde el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) hizo referencia al artículo 44 y el cual en su redacción tiene varias interpretaciones y solicitó ajustarlo señalando que no puede mantenerse a un funcionario público retirado del cargo hasta que sea condenado por un juez y eso se demoraría mucho tiempo.
A ello también se sumó el senador Roy Barreras (Partido de la U), quien señaló que las decisiones que se están tomando son emocionales al exponer drásticas penas por dicho delito y por lo tanto se debe estudiar más a fondo al momento de aplicarlo en el proyecto anticorrupción que pasará a su aprobación en la sesión de la plenaria.
El sector privado que incurra en hechos de corrupción en contratación con el Estado también será castigado como lo señala el artículo 2º del proyecto anticorrupción, donde se indica que los contratistas que apropien de dineros del Estado serán inhabilitados de por vida y no con una pena de 20 años.
La sesión culminó con la votación unánime de los legisladores de las comisiones primeras de Senado y Cámara para que el proyecto anticorrupción se convierta en una nueva Ley de la República y siga su proceso legislativo en plenaria, donde se espera su aprobación definitiva.
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