Según el DANE al año 2018, el país contaba con 1.448.889 personas en condición de discapacidad, siendo el 2,9% del total de la población.

 Bogotá D.C., octubre 9 de 2019 (Prensa Senado). - El pasado primero de octubre se instaló la Comisión Accidental para la Inclusión y Participación de las Personas Discapacitadas. El acto tuvo lugar en la Casa de Nariño ante la presencia del Consejero Presidencial para el tema, Jairo Clopatofsky Ghisays, la senadora Laura Fortich Sánchez, coordinadora de la Comisión, y los congresistas integrantes de la misma, Andrés Cristo (Partido Liberal), Ana María Castañeda (Cambio Radical), Ruby Chagüi, Gabriel Velasco y John Harold Suárez (Centro Democrático), quienes hicieron un diagnóstico sobre el estado actual de la discapacidad en Colombia, con el propósito de formular iniciativas legislativas y así desarrollar actividades de control político, que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas que presentan algún tipo de deficiencia.

Reporte de lugares donde las personas con discapacidad encuentran más barreras para su movilidad y actividades diarias:

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la Sala situacional de las Personas con Discapacidad, la Oficina de Promoción Social,  a corte del 31 de diciembre de 2018, el 46% de la población encuentra barreras en las calles; el 34%, en los vehículos públicos; el 30%, en los andenes; el 26%, en los parques; el 24%, en los paraderos; el 20%, en centros comerciale; el 18%, centros de salud y lugar de trabajo y el 15%, en los centros educativos.

Discapacidad en Colombia:

La Corte Constitucional, en la sentencia C-381 de 2005, la define como “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.

Ordenamiento jurídico según la Constitución Política de Colombia

La precisa como el derecho a la igualdad y no discriminación. Asimismo, como el deber de protección del Estado a personas en condición de discapacidad, protección laboral a personas con discapacidad. También el derecho a la educación de personas con discapacidad física o mental.

Iniciativas Legislativas que hacen curso en el Congreso de la República:

El proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el artículo 34 de la Constitución Política establece que “en el evento en el que se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro o acceso carnal violento contra menores de 14 años o personas en condición de discapacidad física o mental, se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua revisable”.

El que busca modificar la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, sobre el espacio público y seguridad, con el fin de garantizar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad por padecer discapacidades diferentes a la visual.

También facilita el ejercicio irrestricto de los derechos de los ciudadanos en situación de discapacidad física, mental, sensorial, psiquiátrica o cognitiva.

Modificar las expresiones restrictivas de la Ley 1801 de 2016, que en concepto de los autores obstaculizan el goce efectivo y ejercicio libre de los derechos de los ciudadanos en situación de discapacidad. La iniciativa fue aprobada en primer debate.

Asimismo, la iniciativa que establece algunas medidas de fortalecimiento educativo y en servicios para las personas con discapacidad. El proyecto está acumulado con otras iniciativas y publicado. 

De la misma manera el proyecto que crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas y se unifica el Lenguaje de Señas a nivel nacional, el cual tendrá como función integrar y reconocer a la comunidad sorda nacional, los derechos que le corresponden. La iniciativa fue probada en segundo debate.

Igualmente, la iniciativa que adopta el uso del sistema braille en todos los empaques de los productos alimenticios, médicos y en servicios turísticos, así como en los sitios de carácter público y se dictan otras disposiciones. Publicada su ponencia en segundo debate.

El que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, mayores de edad. Aprobada conciliación en Senado. Entre otros proyectos en beneficio de los derechos de esta población.

La Comisión busca establecer los principios de igualdad y no discriminación, para que el Estado cumpla con los deberes de protección a personas con discapacidad, desde la órbita de acción consistente en garantizar la inexistencia de tratos diferenciales y la promoción de políticas públicas con tratos diferenciales acordes con sus condiciones de vulnerabilidad.

Estas fueron algunas de las propuestas expuestas en la segunda audiencia pública, que permitirá ajustar el proyecto de acto legislativo.

Bogotá D.C., octubre 9 de 2019 (Prensa Senado). Ante la necesidad de adelantar un ajuste general al actual sistema político y electoral, en la Comisión Primera del Senado se realizaron dos audiencias públicas, en desarrollo de las cuales se recogieron inquietudes y sugerencias de movimientos políticos y organizaciones sociales, material que alimentará la ponencia del proyecto de acto legislativo, que será estudiado próximamente.

Este mecanismo de participación ciudadana fue convocado por el senador Julián Gallo (Partido FARC) y en el mismo participaron voceros de los partidos Unión Patriótica, FARC, Mais, Decentes, Movimiento Indígena y organizaciones civiles como Colombia Vota No, que previamente se habían inscrito para participar en la convocatoria que recogió las sugerencias para perfeccionar el texto de la iniciativa que busca reformar el sistema electoral y participación política.

Reducir el número de personas con las cuales se pueda conformar un movimiento político para adquirir la personería jurídica y establecer normas para evitar el cambio a otro partido, habiendo sido elegido por otro, fueron las sugerencias del vocero del partido Mais, José Ospino, quien solicitó ser tenidas en cuenta en el momento de ajustar el articulado del proyecto de acto legislativo.

Por su parte, el presidente del movimiento político FARC, Rodrigo Londoño, señaló que su colectividad seguirá firme para cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, pese a que denunció que se han venido presentando problemas para sus candidatos en varias zonas del país, que originaron el retiro de algunos de ellos y por lo tanto sugirió que en la iniciativa se establezca una política firme en cuanto a las garantías que deben primar para todos los candidatos, sin distingo de ideología.

 Para la senadora Aida Avella (Movimiento Decentes) es necesaria una reforma, donde sea más incluyente los derechos de la mujer en todos los partidos y su participación electoral; se establezcan mecanismos de transparencia al momento de los conteos de los votos y que al sistema de software tengan acceso veedores de los partidos políticos participantes, al considerar que es frágil para ser objeto de manipulaciones.

A su vez, el representante del partido Unión Patriótica, Gabriel Becerra, indicó que es necesario un verdadero pacto político para generar garantías a los participantes en las elecciones y modificar los esquemas tradicionales del proceso electoral determinando acciones concretas en la vigilancia especial de las autoridades para evitar fraudes y otras irregularidades que beneficien a intereses particulares de algunos grupos políticos.

Al concluir la audiencia pública, el senador citante, Julián Gallo, FARC, resumió las solicitudes de los participantes entre los que se encuentra la conformación de un instituto que se encargue de todo el sistema electoral; financiación de las campañas por parte del Estado, prohibiendo aportes de particulares y créditos bancarios; permitir que los jóvenes de 16 años sufraguen; creación del Tribunal Nacional Electoral, que se encargaría de regular la organización, demandas, inhabilidades en la entrega de avales; el establecimiento del voto electrónico con un sistema mixto y la organización interna de los partidos con una disciplina y no extender el período presidencial a los 6 años, como se ha venido planteando.

La radicación de la ponencia del proyecto de acto legislativo con los ajustes que se le harán al tomar en cuenta algunas de las solicitudes planteadas por los participantes en las audiencias públicas, se adelantará la próxima semana para que se realicen los debates reglamentarios para su aprobación, concluyó el legislador al concluir del evento.