Los tres ejes centrales son la transparencia y financiación estatal de campañas; el fortalecimiento de los partidos y listas cerradas; y la garantía de una autoridad electoral estable e independiente de la política partidista.

Por: Karen Lisethe Madera Castro 

Bogotá D.C, noviembre 25 de 2024 (Prensa Senado) La reforma política fue tema central en la audiencia pública mixta que lideró la Comisión Primera del Senado en cabeza del coordinador ponente el senador liberal Fabio Amín Saleme, quien indicó que fue un espacio donde se pretendía escuchar los aportes e inquietudes de la sociedad civil, entidades y academia frente a este proyecto de acto legislativo.

Dicha reforma busca actualizar las instituciones democráticas, avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016 y acatar las recomendaciones de la Misión Especial Electoral de 2017, fruto de ese acuerdo, frente a la apertura y funcionamiento del sistema político.

Uno de los participantes, fue Luis Fernando Sánchez, profesor de la Universidad Externado, quien manifestó que la reforma es pertinente, la necesita la democracia del país, “si se justifica hacer una reforma porque mucho de lo que se quiere corregir con este acto legislativo se puede resolver a través de él. Necesitamos reformar puntualmente aspectos en materia electoral política”, dijo.

“La Constitución debe estar redactada en términos sencillos, debe tener los términos y conceptos que necesita el ciudadano de a pie y no solo los expertos en leyes, las ideas generales de esta reforma deben incluirse en la constitución”, agregó el docente.

Por su parte, el director de proyectos del Extituto de Política Abierta, David Núñez, afirmó que la reforma política es una gran oportunidad de construir confianza. “La reforma no se trata de unos requisitos de los políticos de oficio sino que es la oportunidad de construir confianza con la ciudadanía, de construir partidos políticos serios con militantes apasionados, que compartan ideas y que vibren para construir un proyecto político”.

El director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Hernández, indicó en su intervención que el planteamiento que se hace de considerar que el principal enemigo de transparencia en Colombia es la financiación privada, es errónea.

“Nosotros por lo tanto seguimos insistiendo en lo que está en la constitución y que tiene que traducirse a la práctica que es un modelo de financiación preponderantemente público que debería funcionar, consideramos que esta propuesta de financiación 100% publica no resolverá los problemas de fondo que tenemos en el país”, agregó.

Por otro lado, el Senador Humberto de la Calle aplaudió la iniciativa en tanto contribuye a una asignatura que ha quedado pendiente en Colombia desde hace mucho tiempo y particularmente en relación con la conexión de esta iniciativa con los acuerdos de paz. 

“El verdadero problema en Colombia es el dinero negro que proviene de organizaciones criminales y la lógica que se está empleando en el proyecto es prohibir la financiación transparente donde haydeficiencias, pero resulta que el problema de fondo no está siendo tocado”, dijo de la Calle.

Agregando, “se confunde el problema de la plutocracia en las campañas con el problema de la financiación ilegitima, indebida, impregnada del narcotráfico. La mejor solución para evitar la plutocracia es la que ya tiene Colombia, que es la de establecer topes a la financiación privada y controles al gasto”. 

El ministro del Interior Juan Fernando Cristo concluyó la audiencia pública indicando que el sistema político como está actualmente, es el mayor artífice de la corrupción en este país. “Si seguimos eligiendo en Colombia como elegimos hoy, en las diferentes corporaciones públicas, en gobernaciones y alcaldías, estaremos repitiendo los mismos episodios”, indicó el jefe de la cartera.

La reforma política que se propone actualmente le apuesta a fortalecer la democracia, garantizando procesos electorales, más transparentes, justos y representativos, por medio de tres pilares: 

• Financiación de las campañas políticas exclusivamente con recursos estatales.

• Implementación de listas cerradas y en cremallera para aspirar a corporaciones públicas, garantizando la equidad de género.

• Reforma a la autoridad electoral para hacerla verdaderamente independiente a las fuerzas políticas.