Por: Carmen Yanury Serna Pino

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2023. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Minería, desde el 2005 se han reportado más de 1.700 emergencias en minas del país.

Situación bastante difícil si se tiene en cuenta las condiciones laborales que viven quienes en medio de túneles buscan el sustento diario.

Para la senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico, es de vital importancia poner atención a las alarmantes cifras de enfermedad laboral minera. 

“Estamos viviendo una tragedia que se ha vuelto recurrente en los territorios, más de 2 mil mineros muertos en accidentes en las minas de nuestro país, por eso es un debate por la vida”.

Agregó la senadora, “nosotros necesitamos reducir esas cifras de mortalidad minera, pero también las de enfermedad laboral.Las enfermedades asociadas a la minería son aterradoras”

En la audiencia pública realizada en la comisión Quinta, los senadoresresaltaron la importancia de trabajar en la formalización del sector, lo que ayudaráa combatir la alta tasa de accidentalidad y brindar garantías a los mineros.

Según los legisladores, lo más importante es lograr la legalización de todos esos pequeños mineros que por alguna circunstancia hoy no están legalizados y además, atacar directamente a las mafias que hacen minería legal en el país.

Por su parte, el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, “hicimos un llamado en su conclusión, que hay que trabajarle fuertemente ala formalización, al tema de lailegalidad y tramitología detodas estas pequeñas minerías”.

“Quedó claro, por ejemplo, que en la minería de cielo abierto, en la minería grande, de mediana y gran escala no ocurre tanto esto, sino más que todo en la pequeña”, concluyó el senador. 

La senadora Isabel Zuleta, citante al debate, pidió que las empresas mineras, legalmente constituidas den ejemplo, que los accidentes laborales, que en muchas ocasiones no son reportados, tenga su trámite y que trabajen para acabar con la precariedad laboral del sector.

Fuente: Noticiero del Senado.

Por Angélica Arango Sepúlveda

Bogotá D.C., diciembre 1 de 2023 (Prensa Senado). – La Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, realizó la audiencia pública ‘Reforma Policial’, con la presencia de los senadores Ariel Ávila de la Alianza Verdey María José Pizarro del Pacto Histórico

Esto con el objetivo escuchar a organizaciones sociales e instituciones del Gobierno Nacional sobre las graves violaciones cometidas por la Policía Nacional, destacar las recomendaciones para la institución y revisar los ajustes en relación con los hechos sucedidos en el marco de la protesta social.

Al inicio de la audiencia, Temblores ONG indicó que, en los informes que documenta sobre violencias cotidianas por la Policía, “entre los años 2020 y 2022, según cifras de Medicina Legal, se registraron 352 casos de violencia homicida, 20.895 violencia física y 95 casos de violencia sexual a nivel nacional”.

En materia de impunidad, se habló de hasta un 95% en casos de violencia física y sexual.

Así mismo, solicitaron ajustes en la atención de víctimas con enfoque de género, étnico y diversidad sexual ya que, según cifras más detalladas, la revictimización es más alta en estas poblaciones.

Por su parte, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, señaló que se hace necesaria la reforma policial para garantizar la no repetición de las graves vulneraciones de Derechos Humanos.

A lo largo de las intervenciones de diferentes organizaciones sociales, estas coincidieron en que la multiplicidad de funciones de la institución sobrecarga la gestión lo que afecta la seguridad ciudadana.

Durante la audiencia, Lizeth Mahecha, hermana del joven Steven Mahecha, pidió sanción ejemplar a los responsables por su asesinato luego de recibir varios impactos de bala por parte de agentes de Policía que se encontraban custodiando el peaje de Casablanca, en la vía Zipaquirá - Ubaté.

“Tres agentes de tránsito accionaron 18 veces sus armas contra Steven. Nos solidarizamos con todas las víctimas, y pedimos que los victimarios paguen en una cárcel normal. Esto es una revictimización que quieran pasarlo por la Justicia Penal Militar”, señaló.

Delegados del ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Justicia, Interior, Secretaría de Gobierno de Bogotá y Policía Nacional presentaron los esfuerzos que se están haciendo desde la institucionalidad sin desconocer el largo camino para que prevenir estos hechos.

Ariel Ávila, presidente de la Comisión,indicó la importancia de realizar la audiencia junto al Centro de Traslado por Protección en la localidad de Puente Aranda, escenario de exceso de fuerza policial durante las protestas sociales del 2021.

Al término de la audiencia, el senador destacó cuatro puntos importantes que serán tramitados en la comisión: Primero, conocer de primera mano el traslado de 23 mujeres a los centros de protección expuesto por la Personería; segundo, el seguimiento jurídico a las personas víctimas de miembros de la Policía Nacional; tercero, la coordinación de un encuentro con la Policía para analizar y comunicar las impresiones sobre las transformaciones que está haciendo la institución, y cuarto, revisar la carga excesiva en funciones alejada de las necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad.

Frente a este último punto, el senador Ávila puntualizó sobre la reforma presentada en Comisión Primera, y que fue aprobada en primer debate, que busca reducir las funciones a la Policía en materia de inspección, vigilancia y control, para que puedan ser asumidos por otra autoridad y se refuerce la misionalidad de la institución.