El titular de esa cartera, Néstor Iván Osuna Patiño, alertó a la plenaria del Senado, sobre las 195.265 personas privadas de la libertad y que de ese número, 97.300 están en el sistema carcelario, 128.000 en las cárceles del INPEC, y 71. 185 en detención domiciliaria. Además, 2.900 en el sistema carcelario de las entidades territoriales, 22.300 detenidas en estaciones de policía y 1.500 en las Unidades de Reacción Inmediata, URI.

Por Luis Fernando García Forero

Bogotá, D. C, noviembre 8 de 2022 (Prensa Senado).- En debate de plenaria de senado, congresistas cuestionaron la grave crisis penitenciaria y carcelaria que afecta a 195 mil personas que actualmente están privadas de la libertad en Colombia. El ministro de justicia, Néstor Osuna, respondió que para superar el déficit de 40 mil cupos carcelarios no es con el incremento de más centros de reclusión, sino con penas menos largas, que permitan la resocialización de quienes han sido castigados por sus delitos.

En el marco de la discusión, el senador Gustavo Moreno Hurtado, Partido Alianza Verde, cuestionó en dónde están los recursos asignados para superar la crisis carcelaria, al señalar que aumenta el hacinamiento y no se lleva a cabo la resocialización de las personas que han sido privadas de la libertad.

Argumentó además, Moreno Hurtado, que el país necesita una restructuración a fondo del sistema carcelario y penitenciario, con cárceles productivas, donde los reclusos trabajen el campo. Destacó que hoy en día el problema principal en las cárceles, además del hacinamiento, es el ocio y eso lleva a los reclusos a seguir delinquiendo desde las cárceles: “Volvamos las cárceles industrias penitenciarias”, enfatizó el senador.

El senador Guido Echeverri Piedrahita, Partido Alianza Verde, expresó enfático, que uno de los elementos de la crisis carcelaria tiene que ver con el gran número de inocentes que rondan los centros carcelarios; señaló que se debe establecer, dentro de las políticas que solucionen la crisis, la identificación de los inocentes en las cárceles, “iniciativa que desarrolla el Proyecto Inocencia”, precisó.

Violación de Derechos Humanos

Por su parte, la senadora Soledad Tamayo, Partido Conservador, señaló vehemente que la situación de los reclusos requiere una atención integral, porque se afectan los derechos humanos y la salud de las personas privadas de la libertad: “El hacinamiento restringe la posibilidad de la resocialización”, afirmó.

La senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa Oliver, a través de un video puso de presente el estado en que viven los reclusos en Colombia, y cuestionó, “para qué más leyes; un montón de leyes que no sirven para nada. Quién controla esto, qué nos pasó ¡Basta ya!, no podemos permitir que siga pasando esto en nuestro país… Urge un cambio en el Sistema Penitenciario y carcelario en Colombia, que se centre en una transformación estructural y procedimental. Hay que acabar con la lentitud judicial, revisar medidas preventivas diferentes a la prisión, propiciar espacios de formación educativa, separar los procesados de los condenados…”

La congresista Espinosa Oliver fue contundente en señalar que la política criminal en Colombia fracasó: “Esto es un abuso real a los derechos fundamentales; toda persona debe ser tratada humanamente y con respeto. Hay que reconstruir el tejido social y para eso la educación es el arma”, remató.

Hablan personas privadas de la libertad    

Al declararse la sesión informal, se concedió la palabra a las personas privadas de la libertad. Emma Juliana Urdinola Henao, declaró que lleva 12 años de condena física, y que está condenada a 37 años por un homicidio, “involucrada en hechos delictivos por la vida criminal de mis padres”. Expresó además que no entiende cómo una persona que infringió la ley no se merece una vida digna: “En qué momento yo dejé de ser persona, por qué no merezco la dignidad; los presos tenemos derechos, merecemos comer bien. Lo que dijeron los senadores es mucho peor. Vivir con sufrimiento y dolor no genera cambio; tratemos las personas mejor… No pido impunidad, pido oportunidades… ¿Injusticia?, toda, porque venganza es lo que se ve allá”.

Agregó Urdinola Henao, que la mayoría de mujeres privadas de la libertad, en cárcel del Buen Pastor, son madres y hacen lo imposible para mantener a sus hijos desde adentro: “El trabajo no nos lo dan, no nos capacitan; necesitamos una oportunidad… Este uniforme no me hace menos persona, me hace un ser humano en construcción, con ganas de vivir; esto no tiene que ser indigno, debe ser un símbolo de cambio”.

De otro lado, Isabel Cristina Polanco, que ha pagado 11 años físicos de cárcel por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia, reclamó soluciones, y señaló que para resolver el problema de hacinamiento, “tenemos que participar todos. Si es verdad que el bien fundamental de la pena privativa de la libertad es la resocialización, entonces para qué una pena de 60 años? Si en 60 años no nos hemos resocializado, pues el sistema falló; y si falló, cambiémonos”.

Pidió además, Polanco, “una justicia con penas más alternativas, más restaurativas, que nos den la oportunidad de un tratamiento penitenciario, que nos haga ver el error; pero que permita que la sociedad nos perdone y nos prepare para ser reinsertadas, de una manera diferente, a la sociedad”.      

Cifras que revelan la grave crisis

El ministro de justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, llamó la atención ante la plenaria del Senado de las 195.265 personas privadas de la libertad, y dijo que de ese número, 97.300 están en el sistema carcelario; 128.000 en las cárceles del INPEC, y 71. 185 en detención domiciliaria. Además, 2.900 en el sistema carcelario de las entidades territoriales, 22.300 detenidas en estaciones de policía y 1.500 en las Unidades de Reacción Inmediata, URI.

Agregó Osuna Patiño que de las personas privadas de la libertad, el 74.6 % de éstas son condenadas, mientras que un 25.4% son sindicadas. En prisión domiciliaria, 45 % están condenadas, y 55 % sindicadas. En las estaciones de policía, 8.2 % condenadas, y 91 % sindicadas; y en las URIS, 6.3 % condenadas y 93 % sindicadas. “En las URIS, no debería haber personas sindicadas”, enfatizó. 

Fue preciso, además, en señalar que el problema más evidente del hacinamiento se refleja en las estaciones de Policía y en las URI: “En las estaciones de policía tenemos 8.364 cupos, y hay 22 mil 319 personas, datos del 31 de octubre del presente año. El caso más dramático es una estación de Riohacha, que tiene un hacinamiento de más del 1000 %”. 

Destacó el titular de la cartera de justicia, que en las URI hay 1.128 cupos para 1.561 personas, es decir un hacinamiento del 38 %, y precisó: “Si tenemos 195 mil personas privadas de la libertad, 75 mil en la casa, quiere decir que necesitamos cupos carcelarios para 130 mil personas, y tenemos mal contados solo para 90 mil. En conclusión, tenemos un déficit de 40 mil cupos carcelarios”.

Por último, Osuna Patiño hizo un balance histórico desde que se promulgó la Constitución de 1991, y dijo que hasta el día de hoy, se ha incrementado el número de cupos carcelarios a razón de 1.680 por año: “Imagínense si mantuviéramos ese ritmo, cuánto tardaríamos en construir 40 mil cupos; y en ese entonces, cuántos más necesitaríamos. Datos reales que nos llevan a pensar que la política de construir más cupos no es exitosa, nunca lo va a ser, siempre será fallida… Estos son los graves datos de una grave crisis que lleva 30 años mal contados. Hay indolencia social, un sentimiento exacerbado frente a las personas privadas de la libertad. Todo eso ha hecho que el sistema fracase”, remató.

Alcances del proyecto

Luego de la radiografía histórica, con cifras numéricas y porcentuales, de la problemática penitenciaria y carcelaria, el ministro Osuna dijo que el proyecto de ley, que radicará al congreso en marzo, propone una reforma al sistema penal y a la política criminal del país.

Destacó que en líneas generales se trata del uso racional de la cárcel, tras indicar que la Corte Constitucional ha dicho que “el hacinamiento no se soluciona siempre con más cárcel, a veces se soluciona con menos cárcel ¿Qué quiere decir eso?, penas más cortas, que permitan que sea cierta la idea de la resocialización y redención de la personas”. 

Aceptó el ministro Osuna que esa propuesta va a chocar frontalmente con el populismo punitivo que en sus palabras ha estadio de boga hace algunos años, “pero ese populismo punitivo es el que nos tiene en esta grave situación”, puntualizó.