En la participación y diálogo, una de las primeras que sentó su posición fue la senadora Aída Avella (Decentes-UP) quien manifestó que, "el Congreso ha hecho lo que tiene que hacer, escuchar a los ciudadanos. El Congreso no puede estar de espaldas a los reclamos de los ciudadanos. Hay necesidad de mirar hacia dónde vamos.”, y explicó que “hoy la exigencia va más allá del retiro del proyecto, sino que se requiere y necesita un sistema único colombiano de salud público, de acceso universal y gratuito, equitativo, preventivo, por eso su partido pide archivar el proyecto”
Garantías financieras para mujeres y hombres cabeza de familia; y promoción de la igualdad de la mujer en sectores económicos donde históricamente han tenido poca participación, iniciativas que contaron con amplia mayoría, a través de votación nominal.
Por: Nancy Piedad Sánchez Pérez
Bogotá D.C., mayo 18 de 2021 (Prensa senado). - En el marco de la sesión plenaria mixta, se aprobaron dos proyectos con informe de conciliación: El primero, tiene que ver con crear garantías de acceso a servicios financieros, para mujeres y hombres cabeza de familia. (Proyecto de Ley No. 287 de 2020 Senado - 064 de 2019 Cámara).
Esta iniciativa, pertinente a la flexibilización y apoyo crediticio, suscribe en su texto que el Gobierno Nacional diseñará instrumentos y estrategias que faciliten y permitan el acceso de hombres y mujeres cabeza de familia, a los servicios financieros, brindándoles acompañamiento y capacitación permanente, a fin de reducir la pobreza. Este diseño, incluirá un enfoque diferencial para atender las particularidades y necesidades concretas de mujeres y hombres cabeza de familia de zonas rurales.
La Comisión Accidental, integrada por los senadores Aydeé Lizarazo Cubillos (Partido MIRA) y José Aulo Polo Narváez (Polo Democrático) coincidieron en afirmar que esta iniciativa brindará beneficios financieros a hombres y mujeres para la adquisición de vivienda.
Por su parte, el otro proyecto con informe de Conciliación, que se aprobó con 89 votos positivos y cero votos por el negativos, tiene por objeto modificar las Leyes 1429 de 2010 y 823 de 2003, con el fin de fortalecer y promover la igualdad de la mujer en sectores económicos donde históricamente han tenido poca participación; hacer una diferenciación positiva que ayude a mejorar sus condiciones de vida y disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres; y establecer medidas para el acceso a la educación, sin estereotipos, y así permitir la incorporación de las mujeres en los diferentes sectores productivos del país con un salario justo. (Proyecto de Ley número 317 de 2020 Senado - 158 de 2019 Cámara).
El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) de la Comisión Accidental, argumentó, respecto al texto conciliado, “la tasa de desempleo de las mujeres en Colombia, es una de las más altas de la región, y, además, la brecha de género, en materia laboral, ocupa un lugar alto en el continente; el desempleo de las mujeres el país, es un 60% superior al desempleo de los hombres”. Aparte de esta apreciación, agregó que la iniciativa hace dos precisiones técnicas para la interpretación y aplicación de este proyecto de ley, y tiene un contenido en materia de formación y educación, para que las mujeres puedan ingresar a estos sectores productivos del país.
Discusión y Votación de Proyectos en segundo debate
De otro lado, la plenaria del Senado votó negativo el archivo del proyecto de ley No. 198 de 2020 Senado “Por medio del cual se aprueba el «acuerdo entre la república de Colombia y el instituto global para el crecimiento verde con respecto a la personería jurídica y los privilegios e inmunidades del instituto global para el crecimiento verde» suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en Bogotá, el 6 de marzo de 2017”.
Esta iniciativa, de origen gubernamental, tiene que ver con el Acuerdo entre Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde. El objetivo de (GGGI) Global Green Growth Institute en Colombia, es apoyar los objetivos de crecimiento económico del país, mientras se implementan principios de crecimiento inclusivo y ambientalmente sostenible, en sus marcos de planificación económica a largo plazo. GGGI apoya al Gobierno de Colombia, para que logre su objetivo de cero deforestaciones netas para 2020, a través del programa “Visión Amazonia”, del Ministerio de Ambiente.
El senador Antonio Sanguino Páez (Alianza Verde) pidió que este proyecto no sea votado, “aún más cuando el país atraviesa una crisis fiscal; esta iniciativa incorpora exenciones tributarias y prerrogativas diplomáticas, razones suficientes para no aprobar este proyecto. El congreso debe legislar para las necesidades de los ciudadanos, como la renta básica”, precisó.
En el mismo sentido el senador Wilson Arias (Polo Democrático) en su intervención adujo, "este Instituto, Global Green Growth Institute en Colombia, (GGGI) tendría innumerables privilegios, esto produce vergüenza, le digo al país que son las mismas inmunidades que se denunciaron con el Banco Europeo de Inversión".
Francisco Javier Echeverri Lara, Vicecanciller, argumentó, con respecto a esta iniciativa, “este instituto (GGGI) brinda asesoría técnica en la construcción de políticas públicas que protegen el medio ambiente y reactivan la economía del país con respeto de los tratados internacionales”.
Seguidamente, la plenaria sometió a discusión el Proyecto de Ley número 033 de 2020 Senado, “por medio del cual se crean mecanismos para la repatriación de cuerpos de connacionales que se encuentren en el exterior”, cuyo ponente para segundo debate es el senador David Alejandro Barguil Assis (Partido Conservador) Este proyecto de ley, tiene por objeto crear mecanismos que permitan cubrir gastos, trámites y servicios necesarios para la repatriación de cuerpos o restos humanos, y la cobertura exequial, de colombianos fallecidos en el exterior.
Los beneficiarios de este proyecto, serían todas aquellas personas que acepten alguno de los mecanismos previstos en esta ley, al momento de expedición o renovación del pasaporte. Según la exposición de motivos, esta iniciativa legislativa se origina en la necesidad observada, a partir de los casos de familias que han tenido que vivir la dolorosa situación de la muerte de un familiar, y los diferentes escenarios que se presentan cuando este tipo de circunstancias suceden fuera del territorio colombiano. En ese sentido, se evidencian múltiples factores como la distancia, las diferencias culturales, las barreras idiomáticas, los diversos procedimientos administrativos y trámites o requerimientos internacionales, que al final dificultan de manera desmedida el proceso de repatriación de cuerpos.
Además, aduce el proyecto, que situaciones como la angustia de las familias, el desconocimiento total de los procesos, la escasez de recursos económicos, la vulnerabilidad a la que quedan expuestos, y las limitaciones del Gobierno para hacer frente a estos casos, son escenarios que actualmente conoce el Estado colombiano y que podrían verse subsanados a través de una Ley.
El ponente del proyecto senador David Barguil, Partido Conservador, defiende la iniciativa, toda vez que “esta va a impactar a millones de colombianos que no solo viven en el exterior, sino a aquellos que viajan y que por alguna circunstancia pierden la vida; lo que crea es una especie de seguro, valga la aclaración, que no es obligatorio, a la hora de adquirir el pasaporte y cubre la repatriación del dueño del pasaporte".
Contrario a la anterior posición, la senadora Aida Avella, (Coalición Lista de Decencia) consideró en su intervención, “no sé qué tan práctico sea este proyecto, porque en el mundo, ahora, las cremaciones se imponen, y más aún en pandemia; es mejor que miremos cómo se desarrolla todo esto, porque serían seguros perdidos".
Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) señaló, "le veo muchas dificultades a este proyecto, esta clase de seguros ya existen; el Gobierno colombiano debería hacer un esfuerzo y contratar el seguro".
Por último, la senadora Griselda Lobo, segunda vicepresidenta del Senado, (Partido los Comunes) aseguró, “este proyecto nos genera serias dudas, porque esto es para que las empresas aseguradoras tengan cómo financiarse, considero que es una ley innecesaria, no establece beneficio alguno nuevo a los ciudadanos, pero sí amplía el mercado de las compañías aseguradoras, al hacer obligatorio para el estado poner a disposición a sus funcionarios e instalaciones, desviando su función misional, para que estas ofrezcan su portafolio de servicios”.
A pesar de las voces y argumentos en contra de la iniciativa, el proyecto en mención, se aprobó, para seguir su trámite legislativo.
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ecto a las demandas presentadas ante jueces de restitución de tierras en Colombia entre el año 2020 a 2021 fueron reportadas 10.494. Por el lado de los predios entregados y compensados por fallo de los jueces fueron un total de 2.170. Mientras que los proyectos productivos ejecutados en el marco de la restitución de tierras un consolidado de 10.180.