La comisión de Paz, contó con la participación de 19 senadores de distintas bancadas y aprobó por unanimidad 4 proposiciones.

Bogotá D.C. abril 13 de 2022 (Prensa Senado). Con el fin de realizar un análisis frente al operativo militar ocurrido en el municipio de Puerto Leguízamo, vereda Alto Remanso, Putumayo, el 28 de marzo de 2022, la Comisión de Paz y Posconflicto, desarrolló una sesión extraordinaria virtual y aprobó por unanimidad 4 proposiciones en las que incluye el desarrollo de audiencias públicas en los territorios, una de ellas en  esa región , y en los departamentos de Caquetá y Chocó, sobre los casos de violencia y violación de derechos humanos.

El senador Antonio Sanguino Páez (Alianza Verde) afirmó que lo que está ocurriendo convoca el interés de todos los integrantes de la comisión de Paz y por supuesto, ofrece la oportunidad para que se haga presencia en nombre del Estado colombiano en los territorios y se reactiven en función de los desafíos de convivencia, seguridad, reconciliación y paz de los colombianos, sobre todo de quienes habitan en la Colombia profunda, en las regiones y territorios.

Las proposiciones.

1. Apruébese por la comisión de Paz y Posconflicto del Senado de la República, citar a sesión especial, por la operación militar del pasado 28 de marzo en Puerto Leguizamo, vereda Alto Remanso, al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante general de las Fuerzas Armadas, Luis Fernando Navarro: al comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo; al Fiscal general, Francisco Barbosa; al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis;  al jefe de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero; a las autoridades municipales y líderes sociales para la próxima semana (20,21 0 22 de abril) del 2022, en el municipio de Puerto Leguizamo.

2. Apruébese por la Comisión de Paz y Pos-conflicto del Senado de la República, la realización de una audiencia pública presencial en el municipio de Quibdó, Chocó, con el objetivo de escuchar a la comunidad y organizaciones sociales sobre la grave situación de seguridad y reiteradas violaciones a los derechos humanos que vienen en aumento en las últimas semanas en ese departamento. En este espacio también se escuchará al Gobierno Nacional y a los entes de control, con el objetivo de que brinden y esclarezcan información sobre los graves hechos que se están agudizando en la capital del departamento de Chocó.

3. Se solicita a la comisión de Paz y Posconflicto del Senado de la República, escuche en audiencia pública a las comunidades de las regionales víctimas de la violencia y la violación de los derechos humanos de los departamentos del Meta y Caquetá para conocer sus denuncias sobre la judicialización y criminalización de sus organizaciones en medio de sus operaciones antinarcóticos y la lucha contra la deforestación.

4. Invítese al jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, para discutir el contenido del último informe presentado por esta misión al consejo de seguridad de la ONU.

Vea la sesión completa aquí: https://youtu.be/SmSCs0o72Uc

Insistió en que el registrador nacional, Alexander Vega, debe ser separado del cargo para las elecciones presidenciales de mayo.

BOGOTÁ, ABRIL 12 (PRENSA SENADO). Por lo complejo de las presuntas irregularidades presentadas en las elecciones del pasado 13 de marzo en asuntos como la inscripción de cédulas, el software de los jurados y las razones del por qué el Pacto Histórico conoció previamente las irregularidades en 23 mil mesas, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, reiteró las críticas a la función cumplida por el registrador nacional, Alexander Vega.

El dignatario del Senado se refirió a las recientes declaraciones del registrador Vega, en el sentido que no fueron 500 mil sino más de un millón de votos los que aparecieron en el escrutinio. “La última entrevista del registrador es completamente desorientada, parece que no estuviera al frente de semejante responsabilidad para el país. Por eso eso es que le pedimos hoy a las autoridades competentes, a la Procuraduría y a la Fiscalía actuar en este caso”.

Gómez recordó que “hay denuncias puntuales como la de Transparencia por Colombia sobre la dotación de más de 300 mil testigos electorales en dos oportunidades; más de 800 mil cédulas que se inscribieron de manera electrónica existiendo la prohibición legal de hacerlo y teniendo también la sanción de perdida del empleo al funcionario que lo haga sin el lleno de los requisitos”.

Planteó igualmente que “en tercer lugar todo lo hemos concentrado en la auditoría del software, lo importante es que el fraude, tal y como lo tenemos establecido y hemos revisado, es que el software de jurados electorales perfila y selecciona los jurados y los envía a las mesas en donde pueden aparecer estas cifras, coincidencialmente la cifra de 23 mil mesas es la misma que el Pacto Histórico había anunciado con anticipación y allí aparecen por arte de magia los votos. Esto amerita para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y nombren cuanto antes un registrador ad hoc para que se roben las elecciones presidenciales en Colombia”.

Esta solicitud la hizo el presidente Gómez la había hecho desde la semana anterior en la plenaria del Senado, en donde hubo un debate de control político en el que se expusieron, por parte de las diferentes bancadas, las posibles irregularidades en el proceso electoral de marzo pasado.