En la reunión también se trató la situación que afrontan los municipios que son recorridos por el río Cauca, cuya economía está basada en  la minería,

Por: Ana María Held 

Bogotá D.C. febrero 16 de 2022(Prensa Senado). Una Mesa de Trabajo, promovida por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez (Partido Conservador), abordó las posibles soluciones a la problemática que afectan a los habitantes de la subregión del suroeste antioqueño, compuesta por 23 municipios, en materia de movilidad y temas ambientales.

Bajo la coordinación de la asesora de la Presidencia del Senado, Luisa Fernanda Fernández, y la presencia de representantes de la dirección territorial del Instituto Nacional de Vías, Invías  y  la policía de tránsito y transporte, se analizó la  funcionalidad de las rutas de acceso alternas, previendo la nueva temporada de invierno y los posibles cierres en la vía Amagá – Bolombolo, entre otros temas.

La subregión del suroeste antioqueño está conformada por  Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia.

Recomendaciones

Uno de los primeros temas tratados tuvo que ver con la vía Amagá – Bolombolo, administrada por la concesión vial Covipacífico, que presenta graves problemas de  inestabilidad del talud  que ocasiona la caída de gran cantidad de tierra y piedras en el sector conocido como La cepa y la Balastrera.

Para esta contingencia se planteó que el  Instituto Nacional de Vías, Invías y la concesión vial deberían destinar más recursos para atender el  mantenimiento de la vía. De igual manera, como solución provisional,  que se utilicen las vías terciarias en los casos que sea necesario, para lo cual se requiere apoyar a las alcaldía en la conservación de las carreteras.

Río Cauca

La Mesa de Trabajo también abordó la situación que afrontan los municipios que son recorridos por el río Cauca, cuya  economía está impulsada principalmente por actividades como la minería, la explotación carbonífera y la extracción de calizas, calcáreos, cuarzo y mármoles.

Se urgió la actualización del Acuerdo 017 de 1996 de Corantioquia, en el que están establecidos los límites y  barreras para los desarrollos de construcciones que se hagan a un kilómetro a lado y lado del rio. Para ello se invitó al ministerio del Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y otras entidades como el ministerio de Comercio, Desarrollo y Turismo, para que  se atempere  la norma, teniendo en cuenta que desde 1996 existen nuevos elementos para el cuidado del rio, sus afluentes y el desarrollo de potencialidades que tiene la subregión.

En la reunión estuvieron presentes Mauricio Hoyos, representante de la dirección territorial del Instituto Nacional de Vías INVÍAS en Antioquia, el Coronel Fernando Montaña, director de tránsito y transporte y  Jorge Rivillas, ingeniero gerente del proyecto Pacífico 1 de la ANI, entre otros invitados.

El gobierno, a través del ministerio de Transporte, expresó la total disponibilidad de la entidad para unirse en la búsqueda de soluciones.

Por: Sebastián Gómez Manrique

 Bogotá D.C., febrero 23 de 2022 (Prensa Senado). Promovida por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez (Partido Conservador), y bajo la coordinación de la asesora de la Presidencia de esa corporación , Luisa Fernanda Fernández, diferentes instituciones, entre ellas el ministerio de Transporte, Educación, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fenalco Antioquia, instituciones educativas y empresas transportadoras analizaron en la “Mesa de Trabajo #85 sobre  "Transporte Escolar” las diversas  problemáticas relacionadas con este servicio, que afectan estudiantes  de las instituciones educativas del país.

Gloria Figueroa, directora del Colegio San José de Las Vegas a nombre de las instituciones educativas dijo que  “ante los altos precios y la  falta de oferta de busetas adecuadas para llevar a cabo esta actividad y que respondan a las exigencias ambientales y técnicas que dicta la norma, se han ampliado los periodos de funcionamiento de buses y busetas, que deberían estar siendo reemplazadas por otras nuevas” lo que, según ella, implicaría poner en riesgo la seguridad de los ocupantes.

Asimismo, destacó que ha aumentado el uso de vehículos particulares para dar abasto a la demanda del servicio, empeorando el tráfico y la congestión vehicular. Todo esto afecta a las familias, las empresas transportadoras y la seguridad de los niños.  Agregó que antes del próximo año escolar se deben presentar soluciones puesto que el servicio es fundamental para asegurar la asistencia a las clases de los estudiantes.

Por otro lado, Nancy Jeannette Salazar, representante de Cootransporte, comentó que la normatividad del Decreto 431 compilado en el Decreto 478 y que obliga a la modernización del parque automotor por parte de las empresas de transporte, se quedó a mitad de camino puesto que muchos de los transportadores realizaron la chatarrización obligatoria, pero quedaron frenados ante la falta de disponibilidad de vehículos en el mercado para reemplazar las unidades descartadas.

Para los concesionarios son muy altos los costos que implica traer los vehículos con las especificaciones técnicas y de accesibilidad que determina la norma para esta actividad económica, además de que no esta la homologación para poder importar los vehículos, resaltó.

Respuesta del gobierno

Sol Indira Quiceno, representante del Ministerio de Educación, expresó la total disponibilidad de la entidad para unirse a la búsqueda de soluciones. Afirmó que: “El transporte escolar es una de las estrategias de bienestar y permanencia que más genera arraigo en el sistema educativo, especialmente en las zonas rurales donde las distancias son muy amplias”.