GOV CO

WEB 1 1

Noticias

En comisión cuarta, fuerte debate de control político ante irregularidades en materia de contratación en alcaldía de Cali

“Aquí se presenta un detrimento irreparable para el estado colombiano, que podría acercarse a 216 mil millones de pesos, con unas empresas de papel que reciben el contrato, y que luego lo ceden a otra empresa; contratos hechos a la medida de estas, en contra de las clases populares de la capital del Valle del Cauca”. Senador Wilson Arias.

Por Keir Ernesto Villero Damián

Bogotá D.C., noviembre 29 de 2022 (prensa senado) Una denuncia pública hizo el senador Wilson Arias Castillo, Coalición Pacto Histórico, en debate de control político al interior de la comisión cuarta, ante las irregularidades en materia de contratación en la alcaldía de la capital del Valle del Cauca, frente a lo ya conocido de compras con sobrecosto e irregularidades y direccionamiento en el momento de adjudicar contratos a empresas que no cumplen con los requisitos legales.

La citación y convocatoria fue para el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina; la ministra de minas y energía, Irene Vélez Torres; el presidente de ECOPETROL, Felipe Bayón Pardo; el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco; y el director de  Planeación Nacional, Jorge Iván González Borrero, a fin que los funcionarios invitados y citados se pronuncien sobre la transición energética, la participación de EMCALI y las empresas de servicios públicos a nivel nacional.

El congresista Arias Castillo, citante del debate denunció visiblemente indignado, “el principal problema en Cali y norte del Valle es la Cartelización de los contratos, donde en varios municipios una sola persona adelantó la formulación de los proyectos gratis, y se los entregaron a las mismas compañías en todas estas localidades, donde la contraloría tiene puesto el ojo; pero la comunidad no… Aquí, la procuraduría debería acompañar todo este proceso de contratación”, precisó.

El legislador valluno fue incisivo en el llamado al mandatario local de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina: “Por favor, que antes del 16 de diciembre enmiende su error en materia contractual; entre esos, con la empresa AMI, para que la compra millonaria de medidores sea cancelada debido a que con todo esto, el alcalde ha incumplido a sus promesas de campaña, de no afectar a la empresa municipal EMCALI, y mucho menos a la población más vulnerable, al instalar estos nuevos aparatos de medición”.

Finalmente, el senador Wilson Arias, promotor del debate, manifestó enfático: “Aquí se presenta un detrimento irreparable para el estado colombiano, que podría acercarse a 216 mil millones de pesos, con unas empresas de papel que reciben el contrato, y que luego lo ceden a otra empresa; contratos hechos a la medida de estas empresas, en contra de las clases populares de la ciudad de Cali”.

Por su parte,  la senadora Aida Avella, Coalición Pacto Histórico, presentó sus inquietudes ante la ausencia de servicios públicos y agua potable en los departamentos productores de hidrocarburos, como la Guajira, Putumayo, Meta y Casanare, de donde se saca el gas y el crudo, pero, “consulto al presidente de Ecopetrol ¿Cómo se está preparando para la transición energética?”, cuestionó contundente.

Entes de Control.

A su vez, la Contraloría informó, en cabeza del vice-contralor, Carlos Mario Zuluaga, que “hemos hecho una advertencia a la alcaldía de Cali, para que se evite el detrimento patrimonial, por contratos que carecen de soportes legales para la operatividad; vamos a seguir con el acompañamiento, haciendo nuestra tarea, hasta que la ley nos lo permita”, ratificó.

De otro lado, el presidente de ECOPERTOL, Felipe Bayón, expresó: “Nuestra entidad trabaja rápidamente en la transición energética… Aquí podemos convivir con todas las formas de energías, desde la solar, la Eólica, la hídrica, y la tradicional, porque ECOPETROL opera desde Estados Unidos, hasta el Estrecho de Magallanes, en Suramérica”.

El presidente de la empresa estatal petrolera informó: “Con los últimos descubrimientos de gas, tenemos producción para la auto sostenibilidad, pero también trabajamos para llevarle bienestar a la comunidad, a nivel académico, llevándoles pupitres y equipamiento para los centros académicos… Aunque no podemos remplazar a los alcaldes y gobernadores”.

Por último, se acordó por parte de los senadores presentes, que el debate queda abierto, “hasta que el alcalde Jorge Iván Ospina haga presencia, para responder los interrogantes que aquí se presentaron”, sostuvo la presidente de la sesión, senadora Laura Ester Fortich Sánchez, Partido Liberal.

    

En comisión quinta, se votan proyectos para evitar deforestación y proteger peces en vías de extinción

“Desde 1970, se presenta un crecimiento desproporcionado de la deforestación, asociada a tres causas: El cambio en el uso del suelo, es decir, la ganadería extensiva y agricultura; la extracción de combustibles fósiles en el país; y todos los temas asociados a minería ilegal y narcotráfico”. S. Esmeralda Hernández Silva. 

Por Joshua Escobar Rengifo

Bogotá D.C., noviembre 29 de 2022 (prensa senado).- En sesión de este martes, la comisión quinta de senado se concentró en la discusión de importantes proyectos de ley para la preservación de nuestro ecosistema y medio ambiente. Uno de ellos, busca optimizar la entrega de información sobre deforestación y degradación de los bosques del país.

La senadora Esmeralda Hernández Silva, Coalición Pacto Histórico, reconocida líder ambientalista, coordinadora ponente de este proyecto recalcó: “El objetivo de esta iniciativa, es facilitar el uso de la información sobre el cambio en la cobertura vegetal de los bosques del país, a las comunidades y autoridades pertinentes, que les permita tomar medidas necesarias y eficientes, para frenar o corregir todas las causas asociadas y las consecuencias de las pérdidas del hábitat natural y la deforestación”. 

Según la congresista Hernández Silva, la perdida de hábitat natural es una de las principales consecuencias generadoras del cambio climático y el calentamiento global, y la mayor amenaza en el equilibro de los ecosistemas.  Asimismo, indicó que la ganadería, la explotación de hidrocarburos y el narcotráfico, son tres acciones que han disparado la deforestación, “desde 1970, se presenta un crecimiento desproporcionado de la deforestación, asociada a tres causas: El cambio en el uso del suelo, es decir, la ganadería extensiva y agricultura; la extracción de combustibles fósiles en el país; y todos los temas asociados a minería ilegal y narcotráfico”, ratificó contundente.

Con 12 votos a favor, este proyecto pasó a segundo debate y continua su trámite legislativo, enfocado a convertirse en ley de la República.

Otro proyecto debatido fue el de la prohibición de la pesca industrial de los peces cartilaginosos, iniciativa que se discutió y aprobó durante la sesión de la comisión Quinta del Senado, para su segundo debate.

La Senadora, Andrea Padilla Villarraga,  Partido Alianza Verde, destacó que de las 611 especies de rayas conocidas, casi la mitad (el 41%) está bajo amenaza. Una cifra menor en lo relativo a los tiburones, de los que el 36%, de las 536 especies registradas, se encuentra también amenazada. Por el lado de las   quimeras, el 9% (52 especies) están en condiciones críticas, en riesgo de desaparecer, “en el caribe peninsular colombiano, 22 peces especies están condición de vulnerabilidad alta y muy alta, debido a la pesca indiscriminada, a la pesca industrial y a la ausencia casi total de regulación frente a la captura y pesca de peces cartilaginosos. Esta es una práctica extremadamente cruel, que consiste en capturar a los tiburones o similares, cortarles las aletas y devolverlos vivos al fondo del mar, donde mueren ahogados”, añadió la congresista.

El proyecto de ley plantea a su vez un artículo que fomenta las investigaciones científicas para fortalecer la protección de los tiburones, quimeras y rayas marinas, e implementar acciones de conservación y prevención, por parte del gobierno nacional. Esta iniciativa continuará su trámite para segundo debate, luego de la aprobación por la totalidad de Senadores presentes en la corporación.

Congresistas solicitan estabilidad financiera al Sistema de Salud colombiano

En debate de control político se pidió al Gobierno Nacional que realice el ultimo pago acumulado a la red hospitalaria del año 2021, el cual asciende a 1.6 billones de pesos.

Por: Isabel Colomna Sànchez.

Bogotá. D.C. noviembre 29 de 2022(Prensa Senado), Por iniciativa de la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), se llevó a cabo debate de control político sobre el estado financiero del sistema de salud en el país.  La citante del debate dijo existe un alto riesgo financiero en el sector salud, que ponen en peligro la vida de los colombianos. Indicó que la ministra de salud Carolina Corcho ha venido hablando de la transparencia en el sistema, “esta debe ser el pilar del control político, la información hay que darla clara y visible”

La situación financiera del sector salud

La congresista Hurtado, solicitó al ministro de Hacienda estabilidad financiera en el sector salud. “necesitamos que los dineros que se adeuda estén en las arcas de los hospitales públicos, para darle oxigeno a la red hospitalaria, para garantizar que estén antes del 31 de diciembre de este año”.Al igual manifestó su preocupación el traslado de los pacientes, talento humano, prestación del servicio y pidió garantías a los usuarios del servicio, para que tengan los mismos derechos en el servicio subsidiado y contributivo. Igualmente pidió que se aclare la disminución de los 2 puntos en la UPC, para la sustentación del presupuesto 2023 en la salud,“necesitamos darle tranquilidad al sistema, es importante darle la información clara al país. Hay departamentos que han avanzado en la atención y prevención, que nos garanticen la prestación del servicio en la Colombia profunda. El gran objetivo es prevenir las enfermedades catastróficas y mejorar la salud de los colombianos y colombianas" afirmó la senadora.

La congresista pidió que se reduzca el traumatismo ocasionado al paciente en su traslado, el cual afecta más su estado de salud, ya que en este año se han trasladado más de 3.7 millones de pacientes. Resaltó el pago de los 60 mil millones de pesos por la prestación del servicio a la población migrante. Pidió que se genere una estrategia para pagar a la red publica y hospitalaria quienes prestaron un servicio a colombianos enfermos.

Por su parte el senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo (Centro Democrático), solicitó al Gobierno Nacional los criterios para el aumentar UPC del año 2023, el cual se tiene previsto será del 12%, para los regímenes contributivos y subsidiado. El legislador manifestó su preocupación por la desfinanciación del sistema de salud, en la prestación del servicio a la población colombiana. Resaltó que el programa preventivo y predictivo en salud, se haya hecho en el departamento del Magdalena.

En su intervención la Ministra de salud Carolina Corcho dijo que con los recursos de la UPC, no se hace prevención, “ esto es un barril sin fondo, privilegiando a las enfermedades, para facturarle al estado, vemos claramente que este es un problema estructural. La funcionaria expresó,” tenemos que resolver la realidad que tiene el sistema de salud. Tenemos que ajustar la UPC, sólo trabajando de manera conjunta, podemos construir una salida a esta problemática y así transformar los riesgos en salud y la prestación de servicio de los colombianos. Anunció que el país necesita una reforma al sistema de salud, “sin querer decir que con ella, se vaya a destruir”. Agregó que lo fundamental en el sistema debe ser la atención primaria en salud. Indicó que se requieren 1.3 billones de pesos en adición presupuestal, para la construcción de puestos de salud y la prestación de servicios.

Entre tanto el director de ADRES, Félix León, expuso la evolución de los recursos del SGGSS 2014-2022, mencionó: “Las EPS no están obligadas a girar a las IPS vía giro directo en los presupuestos máximos, las EPS están obligadas a girar del recurso ordinario que reciben de UPC por giros directos, los hospitales giran más a las IPS privadas que públicas y eso es un agravamiento”.