GOV CO

WEB 1 1

Noticias

Asocapitales radicó en Congreso de la República Proyecto de Ley que busca mejorar situación de sindicados en Colombia

El hacinamiento en estaciones de Policía y URI, a nivel nacional, es del 174%, cerca de 23 mil personas sindicadas; y en las cárceles manejadas por el INPEC, el hacinamiento llega al 20%, más de 21 mil personas sindicadas, según Tablero de Control de Detenidos Policía Nacional.

Por José Arévalo

Bogotá D.C., noviembre 30 de 2022 (prensa senado).- Asocapitales, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, en cabeza de Juan Carlos Cárdenas, Alcalde de Bucaramanga, autor de la iniciativa, radicó hoy en el Congreso de la República un Proyecto de Ley que busca mejorar la situación que atraviesan los sindicados a nivel nacional, definir responsabilidades del Gobierno Nacional y de los entes territoriales, y fuentes de financiación para tal fin.

Líneas gruesas del proyecto:

1. Definición de las competencias de los niveles de gobierno, de acuerdo con las penas a imponer, de mayor a menor duración, los sindicados con penas deben tener una distribución equitativa de las cargas entre las entidades y centros de reclusión.

2. Integración territorial: Se crean las cárceles regionales con el objeto de que las gobernaciones puedan generar sistemas de integración con aquellos municipios que no aportan un número significativo de personas privadas de la libertad.

3. Frente al hacinamiento en las URI, se refuerza la prohibición que personas detenidas o condenadas sean recluidas en estos lugares o en Estaciones de Policía.

 4. En el proyecto se plantean nuevas fuentes de financiación, provenientes de fondos existentes (FONSECON - FONSET) y multas impuestas en procesos penales.

5. Tiempos de la responsabilidad: Se establece que la responsabilidad que tiene una entidad territorial frente a una persona privada de la libertad dura hasta dos años. Si el detenido no ha sido condenado, pasaría a competencia del Gobierno Nacional.

Radican proyecto de ley que atiende sensible problemática de privados de libertad en nuestro país: Cárceles productivas

“Debemos implementar un sistema de productividad penitenciaria, y este proyecto lo hace a través de la creación de una política pública marco, que cobijará todas las iniciativas que tengan como propósito garantizar la productividad y el trabajo individual como instrumentos resocializadores y rehabilitadores”. S. Gustavo Moreno Hurtado.

Por José Arévalo

Bogotá D.C., noviembre 30 de 2022 (prensa senado).- Ante el Secretario General del Senado de la República, se radicaron dos proyectos de ley, en cabeza del senador Gustavo Moreno Hurtado, Alianza Verde Centro Esperanza, acompañado de sus pares, Soledad Tamayo, Partido Conservador; Lorena Ríos, Partido Colombia Justa y Libres; Pedro Flórez, Pacto Histórico; Julio Chagüi, Partido de la U; y Karina Espinosa Oliver, Partido Liberal.

Tras el acto de radicación, el congresista Moreno Hurtado manifestó: “Hoy no contamos con un sistema penitenciario humano y digno, que le permita al privado de la libertad resocializarse y rehabilitarse; la única oportunidad que ofrecen nuestras cárceles es la de seguir en la delincuencia. Un sistema que tiene como presupuesto de inversión en productividad penitenciaria la suma de 580 millones de pesos, y en materia de resocialización 2.200 millones, es un sistema fracasado, es un sistema que no cumple con las funciones y fines de la pena. Por eso, debemos implementar un sistema de productividad penitenciaria, y este proyecto lo hace a través de la creación de una política pública marco, que cobijará todas las iniciativas que tengan como propósito garantizar la productividad y el trabajo individual como instrumentos resocializadores y rehabilitadores”.

Este proyecto de ley reconoce un sistema penitenciario y carcelario que necesita una reformulación en materia de resocialización y rehabilitación, de la población privada de la libertad; involucra directamente al sector público y al sector privado, para que coadyuven en los procesos de resocialización y productividad que se llevaran a cabo en las cárceles de nuestro país.

Por último, el interés del sector privado incluirá beneficios tributarios y administrativos, que estimularán su vinculación a este importante modelo.

En debate de reforma al sistema de salud, Gobierno advierte que EPS no serán intermediarias

La ministra de salud Carolina Corcho Mejía, invitó a los congresistas a concertar una transición para avanzar, de la mejor manera, en la solución a los graves problemas del sector, “con la participación de todos, para darle una segunda oportunidad sobre esta tierra, a millones de colombianos”.

Por Luis Fernando García Forero

Bogotá, D. C, noviembre 29 de 2022(Prensa senado).- El escenario fue la plenaria del senado, donde el partido de oposición, el Centro Democrático, criticó la falta de claridad del Gobierno respecto a los alcances de la anunciada reforma al sector, mientras que la ministra del ramo, Carolina Corcho, fue contundente en afirmar que “no vamos a acabar el sistema de salud, eso tiene que quedar claro”, pero advirtió que las EPS no serán más intermediarias.

El debate lo inició el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, Centro Democrático, quien se refirió a lo que se aprobó en el Presupuesto General de la Nación -PGN- y lo que puede ocurrir en el 2023, por una posible desfinanciación que pone en peligro la salud y su cobertura. El congresista boyacense, dejó como constancia que lo fundamental de la salud de todos los colombianos es garantizar lo mínimo: Los recursos que llegan al funcionamiento del sistema, a través del PGN.

El legislador Ramírez Cortés, se mostró de acuerdo que el sistema de salud tiene muchas fallas, pero agregó: “Es un sistema que no es de ideología, ni de partido alguno; por eso se debe cuidar, hay que corregir, mejorar, pero no hay que destruir”.

Reforma o desnutrición del sistema

Por su parte, la senadora Paloma Valencia Laserna, Centro Democrático, cuestionó si es una reforma al sistema de salud o desnutrición del sistema, “uno no puede sino construir sobre lo construido; cuando uno se propone transformarlo todo de cero, atropella lo que hay y termina haciendo menos de lo que hubiera podido hacer. Si hay algo valioso que haya recibido Gustavo Petro, es el esfuerzo que han hecho los colombianos en su sistema de salud… Pareciera que nos llevan, no a una reforma sino a una destrucción”, denunció.  

Expresó además la congresista Valencia Laserna, que la ley 100 no es solamente un sistema mixto, sino solidario, y que en el régimen contributivo se cuenta con 24 millones 624 mil afiliados, donde el que más paga es el empleador y el régimen subsidiado con 23 millones 669 mil personas que se benefician del Estado, “ambos tienen los mismos beneficios y la misma cobertura. Las EPS pueden ser públicas privadas o mixtas, lo mismo que las clínicas… Lo público ha venido desapareciendo por corrupción y politiquería… Lo que se quiere ahora es volverlo todo público”, enfatizó

Destacó por último la senadora del Centro Democrático: “Las EPS son el alma del sistema, y eliminarlas es destruirlo, no reformarlo. La ministra Corcho lo que propone es destruir 30 años de un sistema mixto: público-privado, de naturaleza sobresaliente; por qué vamos a arriesgar lo que tenemos bien hecho… Mejorémoslo, arreglémoslo”, aseveró.

Otro de los promotores del debate fue el senador Miguel Uribe Turbay, Centro Democrático, quien señaló que se promueve una situación que se va a medir en crisis humanas, repercusiones en la vida de los colombianos: deficiencias en la administración de la salud que y que asfixia el sistema… “Hay menos presupuesto para el sector salud y el ministerio no se mueve; nos dicen que quieren eliminar las EPS… Hoy podemos prever lo que va a pasar si hacen la Reforma a la salud”, afirmó.

No improvisamos: Minsalud

A su vez, la ministra de salud, Carolina Corcho Mejía, fue enfática en señalar: “Lideramos mejorar las políticas en materia de salud, porque lo hemos pensado desde hace muchos años. No improvisamos”, aseguró, tras criticar que en la exposición de los senadores que tuvieron el uso de la palabra, “se critican aspectos de la propuesta gubernamental, que no son verdades. Uno puede debatir sobre los desacuerdos, pero no sobre lo que nosotros no hemos dicho. EL Gobierno nunca ha dicho que vaya a entregar los recursos de la prestación servicios de salud a secretarías de salud, gobernadores y alcaldes. Eso nunca ha estado contemplado en el proyecto de ley”, manifestó vehemente.

Agregó determinante la titular de la cartera: “Usted ha dicho, senadora Paloma Valencia, que gobernadores, alcaldes y secretarios, se han robado esos recursos; eso me parece grave, hay que decirle al país quiénes son esos secretarios, alcaldes y gobernadores, e impetrar las denuncias penales correspondientes, porque está acusando a la clase política que gobierna regionalmente, de corrupta y ladrona”.

Precisó la Minsalud, que otro de los temas que se debe aclarar es que el sistema de salud hasta el 2012 era financiado una parte por los empleadores, pero hubo una reforma tributaria donde se quitaron los aportes de los patrones y se dejaron solo para entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas, “luego, el peso de financiación de los patrones es mínimo dentro del sistema de salud y eso lo suple el PGN. Nosotros vamos a construir sobre lo construido, porque el fondo ADRES es uno de los grandes avances de aportes del gobierno de Juan Manuel Santos, para tener claridad de todos los recursos de la salud en un solo fondo; recursos que desde 1998 claramente la Corte Constitucional dijo: Son recursos públicos de destinación específica. Aquí no hay capitales privados, senadores y senadoras”, ratificó. 

Se refirió la ministra Corcho Mejía al problema de escasez de medicamentos: “Qué raro que no se haya hecho el debate sobre el tema en el gobierno de Iván Duque, porque lleva más de cinco años. Uno de los problemas es la demora en el INVIMA para las renovaciones de los registros sanitarios porque es supremamente lento”. Respecto a lo que tiene que ver con Drogas la Rebaja, señaló la ministra que se alegra que los bienes del narcotráfico, que le hace tanto daño al país, pasen a servirle al pueblo colombiano, con infraestructura para garantizar el derecho fundamental a la salud, “a quién puede molestar que los bienes del narcotráfico pasen a ayudar al programa preventivo de salud. Eso me parece positivo”, destacó.

Llamó además la atención, la funcionaria del gobierno nacional, que quienes más se opusieron a la reforma tributaria, son quienes reclaman más recursos para la salud, “nos hubieran servido esos cinco billones extras, porque de esa reforma tributaria nosotros sacamos el pago y la cobertura de los recursos de la salud; aun así, la votación demostró que este es uno de los tres sectores mejor financiados por este gobierno, y es el presupuesto más alto de la historia”, argumentó convincente.

Sistema genera inequidad

En su enérgica disertación, denunció por último, la ministra Carolina Corcho, que el sistema generó una inequidad que castiga a los más pobres y humildes, “todos somos iguales frente a los derechos fundamentales… 630 municipios en Colombia, en sus zonas rurales, no tienen puestos de salud, y más de 300 localidades no tienen sala de partos… La Corte Constitucional ha ratificado que los recursos parafiscales son públicos, con destinación específica. Aquí pasó algo en estos 30 años, que en una decisión política del Estado y del Congreso se tomó una decisión equitativa para no abandonar esas gentes… Jamás hemos pensado en acabar con la medicina prepagada; se trata es de interpretar lo que ha dicho la Corte Constitucional en el tema de salud, para que el país sea más justo. Concertemos una transición e iniciémosla de la mejor manera, con la participación de todos para darle una segunda oportunidad sobre esta tierra a millones de colombianos”, concluyó.

Deudas que dejaron las EPS

En el debate participó el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, quien se refirió a las deudas que tienen las EPS. Dijo que las que están en proceso de liquidación o están liquidadas, le deben más de 33 billones de pesos a los hospitales privados y públicos al país.   Entregó además una radiografía de las deudas que tienen las EPS con los centros de atención en todo el país, y declaró: “La deuda que hoy tienen con los prestadores, las EPS que se encuentran en liquidación, es de 5,4 billones de pesos; pero la deuda que dejaron las EPS liquidadas es de 27,6 billones de pesos. Son pocas las Entidades Prestadoras de Salud que cumplen a cabalidad con los requisitos que se piden para tener viabilidad financiera. De 25 EPS activas, solamente siete cumplen los tres indicadores financieros: patrimonio adecuado, capital mínimo y régimen de inversiones”, remató.