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Senado aprobó declarar Patrimonio Cultural el Festival de Duetos Hermanos Martínez

El evento musical cumple 25 años y se celebra en Floridablanca, Santander. 

Por Jaime Arbeláez Ospina

Bogotá, D, C, 29 de mayo de 2025(Prensa-Senado)Continuó el tránsito en el Senado de la República un proyecto de ley que destaca la cultura musical colombiana, especialmente del departamento de Santander, y rinde homenaje a dos importantes artistas nacionales.

La plenaria aprobó en segundo debate declarar el Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez de Floridablanca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, evento que con el transcurrir de los años se ha convertido en un símbolo de la tradición musical andina. 

La iniciativa es impulsada por la senadora santandereana Sandra Jaímes, Pacto Histórico, quien resaltó el valor cultural y la importancia de este reconocimiento para fortalecer la identidad regional.

Agregó que la exaltación“contribuirá una mayor integración de artistas y un enriquecedor intercambio cultural entre regiones, promoviendo la salvaguarda de la música tradicional andina”.

El Festival, que este año celebrará la versión 25, se destaca por promover e impulsar la participación de duetos vocales en la interpretación de diversas manifestaciones artístico musicales de laregión andina.

El evento folclórico musical ha permitido visibilizar y conservar la herencia artística de los Hermanos Martínez,Jaime y Mario Martínez Jiménez, dúo icónico de la música folclórica colombiana que a lo largo de una ricatrayectoria artística ha grabado más de 30 discos.

Reforma al Código de Infancia y Adolescencia, tema clave en audiencia pública

Este proyecto está enfocado en la justicia restaurativa y terapéutica, con el objetivo principal de reparar y ayudar a los jóvenes que cometen delitos, reconociendo sus derechos y responsabilidades frente a la familia, la sociedad y el Estado.

Por: Karen Madera Castro

Bogotá D.C., 29 de mayo de 2025. (Prensa Senado)La Comisión Primera del Senado llevó a cabo una audiencia pública virtual sobre esta iniciativa legislativa que tiene como objetivo primordial avanzar en la reforma al Código de Infancia y Adolescencia, solucionar aspectos procesales específicos que han propuesto los jueces de la especialidad para el mejoramiento del sistema.

La iniciativa pretende contribuir a un enfoque restaurativo y terapéutico que redignifique la vida de los adolescentes en conflicto con la ley penal a partir de la responsabilización por su conducta, restablecer los derechos de las víctimas, afianzar lazos comunitarios y contribuir a superar el consumo problemático de sustancias estupefacientes.

El ministro encargado de Justicia y del Derecho, Augusto Ocampo Camacho, durante su intervención aseguró que “el Proyecto de Ley 416 de 2025 nace de la firme convicción de que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes debe transformarse. No por capricho, sino porque la realidad nos exige actuar con mayor coherencia, humanidad y eficacia. También, el proyecto propone una justicia que educa, que reconcilia, que sana heridas y que ayuda a reconstruir caminos. En esencia, lo que hoy proponemos es una visión de país. El propósito de esta reforma es claro: adecuar nuestro sistema juvenil para que cumpla realmente su función restaurativa, pedagógica y protectora”.

De igual forma, el ministro encargado hizo énfasis en que este proyecto no minimiza la responsabilidad ni el daño causado, pero sí reconoce que la justicia también debe servir para enmendar, no solo para sancionar y que no se trata de justificar delitos sino de corregir un modelo que en muchos casos ha fallado en ofrecer respuestas justas, eficaces y humanizantes.

Por su parte, Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, destacó las bondades del proyecto de ley asegurando que “buscamos cambiar un paradigma para pasar de lo estrictamente sancionador, hacia una justicia que transforme vidas, que transforme la vida de los jóvenes que han infringido la ley penal, así como la vida de sus familias, de sus entornos sociales, de las víctimas y de sus comunidades, en las cual tuvo lugar la ocurrencia delictiva”.     ​

La subdirectora general del ICBF Adriana Velásquez indicó en su intervención que, “cada una de las acciones que podemos aportar para las causas estructurales del comportamiento delictivo de adolescentes ante la sociedad tenga un tratamiento terapéutico y reconozca que puede estar asociado a conflictividad familiar”.

Agregó, “necesitamos tener una mirada diferenciada para los mayores y menores de 18 años, para los adolescentes que tocan el sistema de responsabilidad penal. Creemos que esta oportunidad que tenemos de reformar este capítulo del Código, va en una ruta de fortalecimiento del sistema responsabilidad penal”.

En la audiencia participaron también jueces, magistrados, y funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Reforma a la salud y su viabilidad financiera generó debate en el Senado

La Comisión Séptima de la corporación realizó un amplio Debate de Control Político sobre la viabilidad financiera de la reforma a la salud, con la participación de los ministros de Hacienda y de Salud.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá, 27 de mayo de 2025. La senadora Norma Hurtadolideró debate de control político en la Comisión Séptima con la presencia de los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, donde se controvirtió y analizó la viabilidad financiera de la reforma a la salud que cursa actualmente en el Congreso. 

La senadora Norma Hurtadocentró su intervención en exigir respuestas claras sobre cuánto costará la reforma y si existen fuentes de financiación sólidas. "Podría resumir todo en una sola pregunta: ¿Cuánto vale la reforma a la salud?", cuestionó, señalando además inconsistencias en las cifras entregadas por los ministerios. 

Alertó sobre un déficit de más de 10 billones de pesos para el aseguramiento en salud en 2024 y criticó el uso de rubros del presupuesto general para cubrir promesas de campaña, como la implementación de la atención primaria en salud sin suficiente respaldo fiscal.

Por su parte, la senadora Lorena Ríos,expresó inquietudes sobre la capacidad de los territorios para asumir nuevas responsabilidades en salud con la reforma, especialmente a partir de 2027 con la reforma al Sistema General de Participaciones. Solicitó claridad sobre la atención a poblaciones vulnerables como los migrantes y sobre los subsidios que plantea la reforma, como las licencias de maternidad para personas no cotizantes.

Ministros defienden proyecto

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la iniciativa del Gobierno, argumentando que el modelo propuesto busca eliminar las desigualdades en el acceso a la salud, priorizar la prevención y llegar a las regiones más alejadas. Señaló que el fortalecimiento de entidades como la ADRES y el INVIMA permitirá mayor eficiencia y trazabilidad en los recursos del sistema.

El ministro de Hacienda, Germán Avila, explicó que el aval fiscal entregado por su cartera permite incorporar la reforma de manera compatible con el marco fiscal de mediano plazo, siempre que se cumplan ciertos supuestos, como el crecimiento del PIB y el recaudo esperado. No obstante, reconoció que la estimación de los costos del proyecto fue realizada por el Ministerio de Salud, lo cual generó preocupación entre los senadores por la falta de verificación cruzada de las cifras.

Concepto de otros legisladores 

Durante el debate también intervinieron otros senadores como Omar Restrepo (Comunes), quien defendió la reforma y criticó el modelo actual por su lógica de mercado que ha impedido el acceso efectivo a la salud; Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien expresó dudas sobre la sostenibilidad financiera de la propuesta; y Marta Peralta (MAIS), quien celebró el esfuerzo técnico del Gobierno y destacó que el balance fiscal proyectado sería positivo si se cumplen las metas económicas.

Robustecer la ADRES

El presidente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en SaludADRES, Félix León Martínez, explicó la situación actual de los flujos financieros del sistema. Detalló que el déficit en el aseguramiento, los problemas en los pagos del SOAT y los altos niveles de siniestralidad han generado una presión fiscal significativa. Subrayó la necesidad de robustecer la ADRES para asumir las nuevas funciones que le asigna la reforma, incluyendo la gestión directa de los recursos.

Asimismo, expertos en economía de la salud y representantes de universidades manifestaron preocupación por la ausencia de una modelación detallada del impacto fiscal total de la reforma, particularmente en lo que respecta a la atención en mediana y alta complejidad. Aunque celebraron la intención del Gobierno de priorizar la atención primaria, advirtieron que esto no puede hacerse en detrimento de los pacientes con enfermedades crónicas, catastróficas o de alto costo.

Garantizar formalización laboral

También se hicieron presentes asociaciones de profesionales del sector salud, quienes insistieron en que la reforma debe garantizar la formalización laboral, condiciones dignas de contratación y pagos oportunos. Señalaron que muchos médicos y personal de enfermería en zonas rurales aún laboran bajo contratos precarios, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del talento humano que se requiere para cualquier modelo reformado.

El debate dejó en evidencia la complejidad fiscal y técnica de la reforma, así como las divisiones políticas en torno a su implementación. 

La Comisión Séptima continuará en los próximos días con la discusión de las ponencias para avanzar en el trámite legislativo del proyecto.