La iniciativa es de autoría del senador liberal Alejandro Carlos Chacón, proyecto que viabiliza una inequidad histórica en el régimen salarial del sector justicia.

Bogotá, D. C., enero 31 de 2026, (Prensa Senado)

La Plenaria del Senado de la República aprobó el Proyecto que reconoce el carácter de factor salarial de la Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial.

El proyecto continuará su trámite en la Cámara de Representantes y busca reconocer plenamente la Bonificación Judicial como factor salarial para todos los efectos legales, y no solo para la cotización a salud y pensión.

La bonificación fue creada mediante decretos, pero su exclusión como salario integral ha generado afectaciones en el reconocimiento de prestaciones sociales, indemnizaciones y derechos laborales.

Actualmente, la Bonificación Judicial beneficia a 36.819 servidores judiciales, pero la falta de reconocimiento como factor salarial ha provocado una alta litigiosidad contra el Estado, obligando a miles de trabajadores a acudir a la justicia para reclamar un derecho que ha sido reiteradamente reconocido por la jurisprudencia.

De acuerdo con cifras oficiales:

• Existen más de 15.600 procesos judiciales relacionados con esta bonificación.

• Las pretensiones económicas superan los $750 mil millones de pesos.

• En la Rama Judicial se han registrado condenas por más de $268 mil millones en los últimos diez años.

Durante el debate, el senador Alejandro Carlos Chacón destacó que el proyecto se ajusta plenamente a la Constitución, que otorga al Congreso de la República la competencia para definir el régimen salarial de los empleados públicos, y recoge los criterios de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han señalado que los pagos habituales y permanentes constituyen salario, independientemente de su denominación.

Ahorro fiscal y seguridad jurídica

El Consejo Superior de la Judicatura ha señalado que la aprobación de esta iniciativa permitirá un ahorro anual estimado de $378.549 millones, al reducir sustancialmente los procesos judiciales, las condenas y los costos asociados a la defensa jurídica del Estado.

El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales del sector justicia como ASONAL Judicial, SINTRAFISCALÍA y UNTRAFIS, y es considerado una medida de justicia laboral, fortalecimiento del diálogo social y confianza institucional.

“Con esta aprobación en segundo debate, la Plenaria del Senado avanza en el reconocimiento de los derechos laborales de los servidores judiciales y en la construcción de un sistema salarial más justo, equitativo y jurídicamente sólido para el sector justicia, explicó el senador Alejandro Carlos Chacón.

En entrevista con el Senado de la República, la senadora Liliana Bitar explica el origen de esta iniciativa y el impacto que tendrá en miles de familias en Colombia.

Por: María Camila Fernández

Bogotá, D. C, enero 30 de 2026 (Prensa Senado).

En Colombia, cerca de 55,000 procesos ejecutivos de alimentos se encuentran estancados por retrasos judiciales. Esta parálisis administrativa ha provocado que miles de niños, niñas y adolescentes no reciban sus cuotas alimentarias a tiempo, dejando recursos vitales inmovilizados durante años y vulnerando su derecho a una vida digna.

Esta realidad inspiró la historia de Sara Guiselle, el rostro detrás de la Ley Sarita. Esta iniciativa legislativa nace para garantizar que el dinero de los menores llegue a sus manos sin demora, evitando que los recursos se congelen en medio de la burocracia procesal.

Sancionada como Ley de la República el pasado 27 de agosto de 2025, esta norma ya es una realidad que protege a la infancia colombiana. La senadora Liliana Bitar (Partido Conservador), autora de la ley, conversó con el Senado sobre el origen de esta iniciativa y su impacto transformador en la protección de los derechos de la niñez.

¿Quién es Sarita y por qué su historia se volvió tan importante para esta ley?

Sarita es una niña muy valiente, de 10 años, que no solo se ganó mi corazón, sino el de todo mi equipo de trabajo. Es una niña que ha tenido una vida difícil, ya que presenta una discapacidad múltiple que afecta varias esferas de su organismo. Por un lado, tiene parálisis cerebral leve y retardo en el desarrollo psicomotor, y por otro, epilepsia focal, que le provoca rigidez en el lado izquierdo de su cuerpo.

Hace más de tres años, su mamá Daisy acudió al consultorio jurídico de la Universidad Militar en busca de ayuda, porque el padre de Sarita no estaba cumpliendo con la cuota de alimentos que le correspondía. Para ella, siendo madre de una niña con discapacidad, era prácticamente imposible trabajar.

Al conocer la historia de Sarita, nos preocupamos y comenzamos a trabajar en una ley que permitiera garantizar que estos niños y niñas accedieran oportunamente a su cuota alimentaria y, con ello, a una mejor calidad de vida.

¿Qué fue lo que más le impactó de la situación de Sarita y de su familia cuando conoció el expediente?

Más allá de la delicada condición de salud de Sarita y del abandono de su padre a tan corta edad, una de las situaciones que más me impactó fue la historia de vida tan dura de Daisy, su madre, y la frustración que sentía al ver que, a pesar del esfuerzo del consultorio jurídico de la Universidad Militar para que los procesos avanzaran y se lograran los recursos necesarios para atender las necesidades de Sarita, estos no llegaban.

¿Cómo beneficia esta ley a niños como Sarita, que llevan meses, incluso años, esperando recibir su cuota alimentaria?

Esta ley entró en vigencia el pasado 27 de agosto y lo que busca es que el juez de familia pueda ordenar la entrega anticipada de los recursos que se vayan embargando mes a mes, ya sea de un porcentaje del salario o de la pensión del deudor, porcentaje que en Colombia no puede superar el 50 por ciento.

De esta manera, los niños, niñas y adolescentes no tienen que esperar hasta el final del proceso judicial para recibir su cuota alimentaria, sino que los recursos les lleguen de forma oportuna y anticipada, garantizando su manutención.

¿Qué es lo que usted más destacaría para las madres en Colombia que hoy están esperando una cuota alimentaria?

“Quiero enviarles un mensaje a las madres en Colombia, y también a los padres y abuelos que tienen la custodia de sus hijos y nietos: con la Ley Sarita se dio un paso importante en humanidad y agilidad dentro de los procesos judiciales de alimentos.

Gracias a esta norma, hoy es posible obtener respuestas más rápidas, y los recursos destinados a los niños, niñas y adolescentes pueden llegar de manera más oportuna. Esta ley fortalece el acceso a la justicia y reafirma la protección de los derechos de la niñez”.