Autoridades, expertos y ciudadanos expresaron preocupaciones sobre el debido proceso, la presunción de inocencia y el papel de estas herramientas en la reducción de la siniestralidad vial.
Por María Camila Fernández
Bogotá, 16 de septiembre de 2025 (Prensa Senado). Diferentes voces de autoridades, expertos y ciudadanos se escucharon en el Senado de la República en medio de una audiencia pública sobre las fotomultas y que fue convocada por el Senador por el Partido de La U Julio Elías Vidal.
En la sesión se debatieron los alcances del proyecto de ley que busca regular el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos y demás medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito y plantea nuevas reglas para la imposición de comparendos, mejor conocidas como fotomultas.
En el encuentro se escucharon voces de autoridades, expertos, ciudadanos, veedurías y representantes del sector transporte, todos con una visión común: la necesidad de actualizar y clarificar el uso de tecnologías en las vías, aunque desde posturas diversas sobre cómo lograrlo.
Desde el inicio de la audiencia, el senador Julio Elías Vidal dejó claro que el objetivo no es desconocer la utilidad de la tecnología, sino garantizar que su uso respete las garantías constitucionales.
Asimismo, fue enfático en señalar que la necesidad de esta regulación no es solo operativa, sino jurídica.
“Lo que estamos hablando acá en este tipo de proyectos, no es solamente de una necesidad, sino de la ley”, afirmó el Senador Vidal, quien añadió una crítica directa al funcionamiento actual del sistema.
Según el congresista, “lo ha dicho en varias oportunidades la Corte Constitucional, que para yo hacer valer un derecho fundamental no puedo violar otro, y eso es precisamente lo que a nuestro juicio está pasando con el tema de las fotomultas: se están violando derechos fundamentales como el debido proceso, derechos fundamentales como la presunción de inocencia, que son derechos fundamentales muy valiosos en el ámbito jurídico colombiano”.
Por su parte, representantes del Gobierno Nacional resaltaron la importancia de las tecnologías como herramientas para salvar vidas. Desde el Ministerio de Transporte, Douglas González, subdirector de Tránsito, argumentó que “las lesiones y muertes por siniestros viales son un problema de seguridad vial y la imposición de comparendos con la ayuda de tecnología permite disminuir las cifras”.
Sin embargo, desde otras entidades del Estado surgieron matices. El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, advirtió que el debido proceso ya está reglado y que no debe confundirse el debate.
“Escuchando a los congresistas presentes hablan del debido proceso, pero el proyecto de ley en ningún momento habla de la modificación al debido proceso que ya está reglado en el Código Nacional de Tránsito”, dijo el Superintendente de Transporte.
Y recordó que “los presuntos infractores, en el caso de ayudas tecnologías, tienen derecho a solicitar una audiencia si no están de acuerdo con la infracción que se les cometió”.
El concejal de Bogotá Julián Forero, uno de los intervinientes en la audiencia pública, señaló un enfoque excesivamente punitivo por parte de las autoridades. “Hay algo en lo que no estamos de acuerdo y es que volvieron el discurso de la seguridad vial un negocio”, dijo el Concejal.
Y agregó que “las autoridades de tránsito del país creen que con la sanción vamos a superar el tema de la seguridad vial y así no es”.
Numerosas intervenciones ciudadanas reflejaron inconformidades con el funcionamiento actual del sistema. Desde fallos en la identificación del conductor hasta sanciones sin pruebas claras, los relatos coincidieron en la sensación de indefensión.
Uno de los testimonios más enfáticos fue el de Alejandro González, representante de un grupo motero. “A mí me llegó un comparendo por exceso de velocidad el cual no tiene el video de a qué velocidad se supone que yo iba, tampoco tengo la descripción exacta de qué lugar fue donde se cometió esta infracción que realmente me tocó pagarla”, dijo González.
En un enfoque más técnico, Darío Hidalgo Guerrero, experto en transporte y movilidad, explicó que “la estrategia más efectiva a nivel global para reducir muertes en el corto plazo es la gestión de la velocidad y el control del exceso de velocidad”. Según datos de la ANSV, “el 28% de los conductores hoy exceden los límites de velocidad y el 42% de los motociclistas”.
Al finalizar la audiencia, el senador Jairo Castellanos, elegido por la Coalición Centro Esperanza, hizo un llamado a la equidad. “Aquí no podemos seguir premiando los intereses de los particulares por encima de la buena fe de la gente, aquí no podemos seguir metiéndole la mano al bolsillo a la gente porque sí, por defender unos intereses”, afirmó el congresista.
Finalmente, el senador Julio Elías Vidal reiteró que el objetivo del proyecto es escuchar todas las voces y avanzar hacia una solución consensuada.
“Hay que buscar la forma que esto funcione bien y yo sé que entre todos podemos buscar una mejor vía, por eso estamos hoy aquí, para escucharnos entre todos”, reflexionó el Senador por el Partido de La U.
