La iniciativa superó su paso por el Senado y debe surtir dos debates más en la Cámara de Representantes.

Por María Camila Fernández
Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2025 (Prensa Senado). Más recursos y una distribución más equitativa de los mismos son dos de las principales novedades que fueron aprobadas en la Plenaria del Senado en medio del proyecto de ley que modifica algunos aspectos de la Ley 30 y que fue celebradaspor varios sectores de las universidades públicas.

La iniciativa, que superó su paso por el Senado y va para la Cámara de Representantes, busca una financiación más equilibrada y sostenible para las universidades públicas, y fue avalada por los senadores con 60 votos a favor.

¿Qué cambia en la práctica? Una vez se apruebe el proyecto de ley y sea sancionado por el Presidente de la República, los recursos ya no se ajustarán con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -como se hace hoy en día-, sino con un índice especial (ICES) elaborado por el DANE y que reflejaría los costos reales de las instituciones, incluyendo salarios de docentes y gastos de funcionamiento.

Además, se establecen recursos adicionales permanentes por parte del Gobierno y las entidades territoriales, que se destinarían a ampliar el acceso, apoyar la permanencia y la graduación de los estudiantes, fortalecer el bienestar universitario e incrementar las plantas de profesores y administrativos.

La reforma también cobija a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales, con el fin de abrir más oportunidades educativas en las regiones. Y, a mediano plazo, fija un compromiso: en los próximos 15 años, la inversión en educación superior pública crecerá progresivamente hasta alcanzar el 1 % del PIB, acercando a Colombia a los estándares internacionales.

Lo que dijeron los senadores

Durante el debate, la Senadora Sandra Ramírez (Pacto Histórico) celebró la decisión como un triunfo de los estudiantes y la comunidad educativa.

“Recursos permanentes años tras año; no aumentos pasajeros;estudiantes, profes y directivos con voz en la construcción de presupuestos; veedurías ciudadanas para vigilar el uso de cada peso (…), y distribución de recursos con criterios de equidad y de justicia”, fueron los aspectos que resaltó la congresista.

El Senador Guido Echeverry (En Marcha) destacó que los recursos deberán destinarse a ampliar cobertura, investigación, bienestar e internacionalización, y dijo que “lo que se está planteando es que esos recursos adicionales se apliquen exactamente con unos criterios que tengan que ver con ampliación de cobertura, desarrollo de investigación, con bienestar universitario, con internacionalización de la educación superior”.

Desde otros sectores políticos hubo diferentes miradas. El Senador Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) advirtió que la reforma solo toca dos artículos de una ley que tiene 144en total.

“Hoy se está vendiendo este proyecto de ley como un gran triunfo. Yo creo que esto no es un triunfo para la educación superior. La Ley 30 tiene 144 artículos y estamos modificando dos, solo la parte financiera”, aseguró el congresista del partido independiente del Gobierno Nacional.

Por su parte, la Senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) alertó sobre las limitaciones fiscales del país.“Lo que pedimos, señores congresistas, es que demos la plata con unos criterios que permitan que el país responda a las realidades fiscales, hoy muy precarias”, advirtió la congresista opositora.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmó que “el déficit de la financiación de la universidad pública empieza a cerrarse gracias a la voluntad de este Congreso”

“Este proyecto es, sobre todo, una victoria del movimiento estudiantil, una victoria de la juventud colombiana”, manifestó el funcionario.

El congresista de Alianza Verde radicó una iniciativa que busca impulsar la producción y la industria nacional por encima de los llamados ‘ultraprocesados’.

Bogotá D.C. 25 de Septiembre. (Prensa Senado). Con el respaldo de comunidades de todo el país, el Senador por Alianza Verde León Freddy Muñoz radicó en el Senadoel proyecto de ley estatutaria ‘Soberanía alimentaria y territorios vivos: de la semilla al cuerpo’, una iniciativa que buscó transformar el sistema alimentario colombiano y garantizar a todas las familias una alimentación sana, culturalmente propia y basada en la biodiversidad.

La propuesta fue el resultado de un amplio proceso de diálogo de saberes que involucró a campesinos, sabedoras y sabedores ancestrales, madres comunitarias, liderazgos sociales y niñas y niños de 13 territorialidades alimentarias.

“Con esta ley quisimos dejar claro que la alimentación es un derecho fundamental, no un privilegio. Nuestra salud empieza en la semilla, en el agua y en el suelo, y no podía seguir secuestrada por los ultraprocesados ni por los intereses de las grandes industrias”, afirmó el Senador Muñoz.

Entre las principales propuestas del proyecto están la protección de las semillas nativas como patrimonio colectivo, libres de patentes y la prohibición de ultraprocesados en los programas estatales de alimentación.

De igual forma, promover la compra pública prioritaria de un 70% de alimentos a productores campesinos y locales y la creación de Consejos Territoriales de Alimentación con poder vinculante y mayoría comunitaria.

El Senador Muñoz destacó que la iniciativa marca un cambio de paradigma al pasar de un enfoque de “seguridad alimentaria” centrado en la cantidad de alimentos, hacia la soberanía alimentaria que prioriza la calidad, la autonomía y la justicia para productores y consumidores.

“Este proyecto fue sembrar futuro. Fue la apuesta por territorios vivos, por comunidades que deciden, por niños y niñas que crecen con alimentos reales. Estamos hablandode la posibilidad de que Colombia sea un país que se alimente con dignidad, salud y cultura”, puntualizó el congresista.