La iniciativa busca beneficiar a las empresas que se vieron afectados hasta en un 20% sus ingresos, por efecto de la pandemia.

Bogotá D.C. septiembre 22 de 2020 (Prensa Senado).- Con 66 votos a favor y 11 en contra la plenaria del Senado aprobó el proyecto que busca ampliar la vigencia temporal del programa de apoyo al empleo formal – PAEF.

El senador, David Alejandro Barguil (Partido Conservador), ponente del proyecto, manifestó “esta iniciativa busca beneficiar a tres millones de colombianos afectados por la pandemia. Se protegerá a todas las empresas que se hayan afectado en un 20% en sus ingresos".

Indicó que la extensión será hasta marzo de 2021 del subsidio a la nómina para trabajadores de las empresas afectadas por la pandemia. En sectores turismo, gastronomía, hotelería, artístico, entretenimiento y recreación, el subsidio para cada empleado será del 70%.

 Se amplía también el programa para el apoyo a la prima de servicios de diciembre de 2020. De esta manera los trabajadores que ganen hasta un millón de pesos recibirán:

 · Subsidio del 50% para su prima de final de año.

· Subsidio del 50% para prima de diciembre de trabajadores que ganan hasta 1 millón de pesos.

· Subsidio del 40% al salario mínimo de cada empleado en todas las empresas afectadas por pandemia.

· Para el sector turismo, hotelero y gastronómico el subsidio a la nómina será del 50%

Por su parte el senador Richard Aguilar (Cambio Radical), presentó una proposición sobre los artículos referente al sector cultural y turístico, entretenimientos hoteleros, y de recreación, para que reciban un subsidio del 50%.

Entre tanto la senadora María del Rosario Guerra, manifiesta el respaldo de la Bancada del Centro Democrático, a la proposición que otorgará subsidio del 50% al sector turístico y cultural del país.

Asimismo, el congresista Jorge Londoño señaló, "no ha existido voluntad política del Estado, para apoyar a la pequeña empresa, que es la más afectada por la crisis económica, al igual que sus trabajadores". De la misma manera el senador conservador Efraín Cepeda Sarabia dijo que el proyecto tiene muchas bondades, porque beneficiará a más de tres millones de trabajadores, con 2.5 billones de inversión.

Los congresistas aprobaron con 61 votos la proposición presentada por las senadoras Angélica Lozano y Sandra Ortiz, de la Alianza Verde, en la que proponen modificar, el programa de apoyo al empleo formal- PAEF y el programa de apoyo para el pago de la prima de servicios. PAP. Solicitaron que se adicione un nuevo artículo al proyecto con enfoque diferencial, donde indica que las empresas que incorporen mujeres a su planta de personal recibirán un 20% adicional al porcentaje establecido en el PAEF, para cada trabajadora con destino exclusivo al pago del salario de cada mujer empleada.

"El 95% de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, han sido afectadas por la pandemia y no serán beneficiadas con este proyecto, por lo tanto, no lo votaré" afirmó la senadora, Angélica Lozano.

Por su parte la senadora Sandra Ortiz, expresó "Casi siete millones de mujeres, han quedado sin empleo, por causa de la pandemia y no tienen el apoyo del gobierno". Sostuvo la senadora Sandra Ortiz.

Asimismo, con 49 votos se negó la proposición presentada por el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical), la cual pretendía apoyar a la microempresa, para que el PAEF, beneficie a las empresas conformadas por un trabajador autónomo y las que tengan, hasta tres trabajadores.

En su momento el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla manifestó que "los recursos disponibles del PAEF, son para atender a las empresas de empleo formal de nuestra economía, que hayan tenido una afectación del 20% durante la crisis; buscamos proteger el empleo y la nómina de los trabajadores".

Más adelante, en el desarrollo de la votación, el senador Wilson Arias, expresó diferencia con las cifras entregadas por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en cuanto al alcance de la iniciativa del Gobierno. “No sé de dónde reduce el número de empresas, la estadística es más de un millón 550 mil micro, pequeñas y medianas y se reduce el potencial en esta ley apenas a 1,6 millones. Yo voy a hacer una defensa de los que antes de la pandemia tenían grandes dificultades”.

“Hemos propuesto que para reactivar también la economía las cargas impositivas tienen que reducirse si queremos reactivarnos realmente, sobre todo en los impuestos indirectos. Vemos que eso empieza a tener eco, en el tema del IVA para sectores de lenta reactivación como lo son el sector turístico, hotelero y aéreo”, expresó el congresista Jhon Milton.

A su turno, el senador Gustavo Petro, consideró que cuando se habla de hoteles, artistas y gastronomía, el Congreso excluyó a las microempresas de gastronomía, a las de cultura y a las hoteleras. “Es decir, solo se le otorgará subsidio a empresas que contraten artistas, no a los artistas”. Según el congresista de Colombia Humana, esto va en contra de la Constitución Política que permite subsidios del erario hacia sectores vulnerables de la población.

En el cierre de la sesión, con aval del senador ponente, David Barguil, se puso a disposición proposiciones de tres artículos nuevos sobre el PAEF y dos para el presupuesto del Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME-: de adición al presupuesto de gastos, Ley de apropiaciones; adición al Presupuesto de Renta y Recurso capital; y el dirigido a los beneficiarios que correspondan a las actividades económicas de alojamiento y servicios de comida en los sectores turísticos, hoteleros y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. En este último, la cuantía de aporte estatal que recibirán corresponderá al número de empleados multiplicado hasta el 50% del valor del salario mínimo legal mensual vigente.

Con 58 votos por el SI y 13 por el NO, la plenaria del Senado aprobó el paquete de proposiciones de los tres artículos mencionados. De igual manera, con 66 votos afirmativos y 11 negativos aprobó los ítems de artículos, con el bloque de los mismos y el título del proyecto con el que se amplía la vigencia temporal del Programa de Apoyo al Empleo Formal –PAEF-, para que sea Ley de la República.

Por Marisol Rojas

Bogotá, D.C. septiembre 22 de 2020. (Prensa Senado).- La Comisión V del Senado, realizó debate de Control Político sobre Proyecto Quebradona de la Anglo Gold Ashanti, con efectos sobre ese municipio y el de Jericó en Antioquia, así como el Proyecto de explotación minera Soto Norte, de la Sociedad Minera de Santander (Minesa) en el departamento de Santander y sus implicaciones sobre el páramo de Santurbán, donde escuchó las posiciones del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo y al Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, Ingeniero Rodrigo Suárez Castaño.

El senador citante, Jorge Enrique Robledo, pidió a la ANLA no conceder licencia ambiental ni al proyecto de Santander, ni al proyecto de Antioquia. Precisó, que los propietarios del suelo tienen derechos, y dentro de esos derechos está el decidir cómo quieren sus territorios y cómo desean vivir en ellos, "los proyectos mineros no son sostenibles, se acaban, y cuando cierran generan una catástrofe social y económica en la región.

Al referirse al proyecto de Quebradona, el senador Robledo precisó "que se está concibiendo como un distrito minero. Explicó, que este proyecto tendrá un área de 473 hectáreas, 37 años aproximados de operación, lo que demuestra que no es sostenible y podría dejar afectaciones ambientales considerables, en especial con el agua".

Recordó, que el Estado al dar una licencia, en un futuro, si hay daños ambientales por parte de la mina, será el estado quien responda. Enfatizó, en que "no es verdad que con la minería todos se vayan a volver ricos, en el caso de Jericó apenas adquiere el derecho del 25% de las regalías. Aseguró, que en estos negocios todos ganan, menos Colombia".

Dijo que "la minería en Colombia no respalda el agro o la industria como sucede en otros lugares del mundo, aquí se ha diseñado para sustituirlas, y ese, es el gran problema. Con respecto a Santurbán indicó que ese proyecto inició dentro del páramo de Santurbán, lo que generó una gran movilización social, sin embargo, denunció que ahora pretenden meter la mina por debajo del páramo".

Por su parte, el senador Carlos Felipe Mejía, considera que los municipios que resultarían afectados por el proyecto serían Támesis, Jericó, La Pintada, Fredonia, Tarso, Jardín, Valparaíso y Caramanta, en el Sur del departamento de Antioquia. Denunció, que "el proyecto de AngloGold Ashanti se desarrollaría dentro de un espacio de gran interés para el avistamiento de aves y especies endémicas, así mismo expresó, que esa área es el corredor del oso de anteojos. Enfatizó, en que actualmente no hay aprobación del plan de obra por parte de la Secretaría de Minas de Antioquia, y que no hay estudio de impacto ambiental por parte de la ANLA. Tanto el gobierno nacional como el local pueden frenar el proyecto", dijo el Senador.

"El país necesita coherencia", dijo el senador Jorge Eduardo Londoño. Precisó, que "mientras a nivel internacional se impulsa la protección del ambiente, en la realidad, el gobierno nacional impulsa la gran minería, sin reconocer sus consecuencias en el territorio y las necesidades de las comunidades que podrían ser potencialmente afectadas. Frente a los proyectos de Quebradona y Soto Norte, dijo que son proyectos que no cuentan con licencia social, perjudican ecosistemas como el Río Cauca y el Páramo de Santurbán, tienen demasiados incentivos tributarios y barreras en la ejecución de regalías. Solicitó, al gobierno nacional, garantizar una efectiva participación ciudadana, defender e impulsar sectores económicos sostenibles, resilientes y colectivos como lo son la agricultura y el turismo, proteger la biodiversidad y el cambio climático. Cerró su intervención diciendo que -el estado debe defender los intereses de las comunidades, no los de las empresas".

Por su parte, el senador Alejandro Corrales, enfatizó que "defender el medio ambiente y agropecuario no quiere decir que no se pueda ver hacia la energía renovable, precisó, que para llegar a esto se necesita de la minería, una minería responsable. -No somos coherentes frente a la explotación minera, este sector genera 350 mil empleos directos y 900 mil indirectos-. Precisó el Senador Corrales. Destacó, que 33 proyectos minero-energéticos generan $36 billones de pesos en inversión y 54.000 empleos. Recalcó, que defiende los páramos, dijo, que en ellos no debe haber minería, pero tampoco debería existir actividad agropecuaria".

El Senador Miguel Angel Barreto, exaltó la labor frente al manejo minero en el país, y denunció que "el 50% de la minería en Colombia es ilegal, pidió, que en lugar de atacar a quienes trabajan dentro de la legalidad, se debe luchar es contra quienes están fuera del marco de la legalidad".

Desde el Gobierno Nacional

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo que el sector minero-energético es clave para la reactivación económica del país. Precisó, que "el 7% del PIB nacional proviene de los sectores de minería, hidrocarburos y energía eléctrica. Informó, que lamenta es alcanzar la reactivación económica cumpliendo con los objetivos del plan de cambio climático, como lo son: las energías renovables, movilidad sostenible, seguridad energética y la diversificación minera. Resaltó, que este sector le aporta al país 350 mil empleos".

Precisó, que "la actividad minera en el país se desarrolla en una pequeña proporción, dijo que de 114 millones de hectáreas en el país, solo el 0,2% se utiliza para explotación. El proyecto de Quebradona podrá generar 3.000 empleos durante su construcción y montaje, y 1.500 en producción, con un 80% de mano de obra local. Informó el Ministro de Minas. Expresó, que estos proyectos son una gran oportunidad para Antioquia y Santander, en aportes económicos y reactivación sostenible. Cerró su intervención diciendo: ¨No podemos elegir dónde están los recursos minerales, pero si podemos elegir cómo aprovecharlos, demandar innovadora y sostenible".

Rodrigo Suárez Castaño, director de la ANLA, indicó que se "está dando cumplimiento a lo que la ley establece frente al estudio de las licencias, dijo, que con recursos de regalías se ha podido acompañar a las regiones, y se ha logrado llegar a tiempo con los equipos de contingencia. Frente a los proyectos en discusión dijo, que no es cierto que estén a portas de dar una decisión. Precisó, que se están analizando teniendo en cuenta el impacto ambiental, social y económico de las regiones. Informó el director de la ANLA, que están revisando el tema de impacto ambiental y si cumplen con el manual de evaluación, se citaría a una audiencia pública ambiental; si no cumple, se haría solicitud de información adicional con la empresa y tendrían un plazo máximo de dos meses para responder. Aclaró, que los dos proyectos han sido radicados antes de la pandemia, por tanto, no hacen parte de la reactivación económica post pandemia".