Hablaron en Audiencia pública la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo, El Ministerio de Defensa y víctimas de los hechos de orden público por abuso policial luego de la muerte de Javier Ordoñez.
Por: Luz Adriana Martínez Rodríguez
Bogotá D.C., septiembre 18 de 2020 (Prensa Senado). - En la audiencia pública citada por la Comisión de Derechos Humanos frente al abuso de fuerzas policiales, inició la intervención, el General Carlos Ernesto Rodríguez, Comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, quién afirmó que han hecho acompañamiento a la familia del señor Javier Ordoñez, quien falleció y reconoció que algunos policías se equivocaron.
El General Carlos Ernesto Rodriguez, señaló que se va a judicializar a los funcionarios que por el mal comportamiento y extralimitación de fuerza e indicó que deberán responder ante la justicia. Aseguró que los protocolos que fueron dados por la Alcaldía se están cumpliendo, pero informó que en las protestas se destruyeron 74 CAI, el 45% de los que están ubicados en Bogotá, se hicieron 141 capturas quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Agradeció a la comunidad por proteger a la Policía Nacional a pesar de que los vándalos los agredieron. Y culminó insistiendo que son muy respetuosos del dolor de las familias que hoy sufren por quienes fueron agredidos o asesinados".
Por su parte, la Viceministra de Defensa, Diana Abaunza, expresó rotundamente el rechazo por parte del Gobierno Nacional y el Ministro de defensa, por la muerte del abogado Javier Ordoñez y las víctimas los hechos de orden público. Afirmó que se dieron instrucciones precisas para el diligenciamiento en coordinación de la Fiscalía, Procuraduría y la Policía Nacional, con el fin de investigar y judicializar si hubo uso excesivo por parte de la fuerza pública.
“Hago un llamado a la responsabilidad, corresponde a la Fiscalía y Jueces de la República, las circunstancias de modo, tiempo y lugar si hubo uso desmedido de la fuerza. Se actuará con total transparencia y garantías para legitimar la institución. Lo que se presentó entre el viernes y domingo es un hecho total de vandalismo, coordinados por organizaciones al margen de la Ley y su objetivo era atacar la institucionalidad y legitimidad de la Policía Nacional con la presencia de células terroristas del ELN y las disidencias de las FARC.”
Posteriormente fueron escuchados los ciudadanos quienes manifestaron los diferentes atropellos a los que se vieron expuestos por la fuerza pública a raíz de los hechos por los cuales se realizó la audiencia: José Norberto Rodríguez, Wilder Andrés Tellez, Tatiana Bojacá, Sebastían Diaz, Arturo Díaz, Sandra Milena Novoa, Sebastián Ruano y Licet Orozco.
A la Audiencia Pública, hizo presencia el Vicedefensor del Pueblo, Jorge Talero, quien señaló que la Defensoría realizó un plan de contingencia haciendo monitoreo constantemente, el antes, durante y después de las protestas desde el PMU. Afirmó que la Defensoría del Pueblo, atendió entre 2018 y 2020, en su monitoreo registró 4.929 protestas sociales, es decir 155 manifestaciones mensuales y 5 diarias. En 2018 se evidenciaron 1.755, mientras que en 2019 se dieron 1.869 protestas, mientras que en lo corrido del 2020, hasta septiembre 8, se registraron 1.305, en 509 municipios y 32 departamentos muestran una alta inconformidad, reclamos sociales y conflictos en el país.
“Contamos con una línea de recepción de quejas por vulneración de los derechos humanos por abuso policial en el marco de las protestas, estas quejas las recibimos pero también la tramitamos antes la policía, la Fiscalía y la autoridad pertinente. Lamentamos las quejas por agresión tortura, tratos crueles e inhumanos, se hace n llamado a mejorar los canales de comunicación de las personas capturadas para que se les garanticen los derechos.”
Por otra parte, el funcionario delegado de la Procuraduría General de la Nación, Carlos Medina dijo, “La policía ha presentado varias explicaciones frente a lo ocurrido, cifras de instituciones, pero reflejan un problema de la institución. Se deben replantear varias cosas, la responsabilidad empieza por la policía, hay una voluntad importante pero se debe poner en marcha. Invita a las víctimas a que envíen las denuncias.”
Asi mimso, el delegado de Derechos Humanos, Andrés Idarraga, dijo que se necesita una policía respetuosa de los Derechos Humanos, reiterando que "lo que menos se quiere es que prevalezca el desorden, el caos y la muerte, por lo que están haciendo las tareas de inteligencia para dar con la individualización del personal de la fuerza pública que agredieron a ciudadanos el 9, 10 y 11 de septiembre en Bogotá, que arrojó la cifra de 10 fallecidos, 1 allanamiento ilegal, presunto abuso sexual, 2 amenazas a la vida, 121 detenciones arbitrarias, y 2 hurtos en el marco de protestas, 75 familias victimas de heridas de bala y 10 familias con fallecidos". Indicó que "frente a estos hechos se realizan acompañamiento psicológico y activación de todas las rutas de la Alcaldía Mayor para el restablecimiento de los derechos de estas familias".
El subdirector de seguridad y convivencia del ministerio del Interior, Fabio Augusto Parra, manifestó “Hoy se tiene un déficit de hombres en la Policía Nacional y se viene haciendo esfuerzo para construir el capital que se tiene, en formación en valores y buscar la protección de valores fundamentales a partir de la dignidad humana. Se busca modernización tecnológica, más cámaras de seguridad, de vigilancia, mayor control de lo que ocurre en las calles, cerrar los espacios a la delincuencia y tener material probatorio para que operadores de justicia tengan herramientas para tomar decisiones rápidas y así lograr la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad.
Los congresistas se pronunciaron en la audiencia:
La senadora Criselda Lobo, dijo que "en Colombia las formas de represión se han convertido en mecanismo normalizados por la fuerza pública, habitantes de la calle humillados, defensores de la violencia, en un país con un miedo creciente de la sociedad hacia la policía, con 40.481 casos de violencia física y 241 casos de violencia sexual, en estos casos resultado presuntamente por miembros de la fuerza pública".
Por su parte, la senadora Daira Galvis, llamó a la sensibilidad de todos, a la policía y a las víctimas de este conflicto. El problema está en buscar las soluciones que se necesitan a la situación de violación de derechos humanos, porque la Policía expresa afectos, pero reprocho el manejo de este conflicto de la sociedad civil. Se debe fortalecer la reglamentación de la policía nacional, porque las justificaciones es intentar compensar las respuestas a la ciudadanía, porque la Policía debe velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos.”
La senadora Aydeé Lizarazo, dijo "los niños no deben estar involucrados en las protestas, que se debía trabajar conjuntamente con el Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y adolescencia por los niños, menores de edad y adolescentes, para conocer qué está pasando con ellos en este tipo de protestas para que no se vulneren sus derechos. Además dio su mensaje de solidaridad, pero también una voz de apoyo a la institución de la Policía Nacional para hacerla más humana en el ejercicio de su labor".
La presidenta de la Comisión, senadora Paloma Valencia, indicó que no eran aceptables los hechos dramáticos que se presentaron, rechazó el asesinato brutal del abogado Ordoñez lamentando su muerte, afirmó que los ciudadanos salieron a expresar su legítima expresión, pero al mismo tiempo salieron también los delincuentes, producto de ello dejaron 95 instalaciones de la policía afectados, 165 vehículos dañados, 141 particulares lesionados, 11 muertos y 319 policías lesionados. Y afirmó que todo ello demuestra que hubo una organización actuando, preguntando quién atacó 79 CAI, y se evidenció así una mano negra que se infiltró en esas manifestaciones. Aseveró que el factor femenino dentro de la policía puede ser definitivo para devolver confianza".
Por su parte el senador Iván Agudelo, expresó "la violencia genera más violencia, debe haber un compromiso a desmontar la violencia, un llamado a unirse como nación y llegar a acuerdos sobre lo esencial la vida de toda la población, la integridad y la vida".
Finalmente, la presidenta de la Comisión Legal de los Derechos Humanos, Paloma Valencia, cierra la audiencia reiterando que se haría seguimiento a cada una de las denuncias hechas en la comisión.
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