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Comisión Legal de Derechos Humanos escuchó a víctimas y gobierno sobre los abusos de las fuerzas policiales

Hablaron en Audiencia pública la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo, El Ministerio de Defensa y víctimas de los hechos de orden público por abuso policial luego de la muerte de Javier Ordoñez.

Por: Luz Adriana Martínez Rodríguez

 

Bogotá D.C., septiembre 18 de 2020 (Prensa Senado). - En la audiencia pública citada por la Comisión de Derechos Humanos frente al abuso de fuerzas policiales, inició la intervención, el General Carlos Ernesto Rodríguez, Comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, quién afirmó que han hecho acompañamiento a la familia del señor Javier Ordoñez, quien falleció y reconoció que algunos policías se equivocaron.

 

El General Carlos Ernesto Rodriguez, señaló que se va a judicializar a los funcionarios que por el mal comportamiento y extralimitación de fuerza e indicó que deberán responder ante la justicia. Aseguró que los protocolos que fueron dados por la Alcaldía se están cumpliendo, pero informó que en las protestas se destruyeron 74 CAI, el 45% de los que están ubicados en Bogotá, se hicieron 141 capturas quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Agradeció a la comunidad por proteger a la Policía Nacional a pesar de que los vándalos los agredieron. Y culminó insistiendo que son muy respetuosos del dolor de las familias que hoy sufren por quienes fueron agredidos o asesinados".

 

Por su parte, la Viceministra de Defensa, Diana Abaunza, expresó rotundamente el rechazo por parte del Gobierno Nacional y el Ministro de defensa, por la muerte del abogado Javier Ordoñez y las víctimas los hechos de orden público. Afirmó que se dieron instrucciones precisas para el diligenciamiento en coordinación de la Fiscalía, Procuraduría y la Policía Nacional, con el fin de investigar y judicializar si hubo uso excesivo por parte de la fuerza pública.

 

“Hago un llamado a la responsabilidad, corresponde a la Fiscalía y Jueces de la República, las circunstancias de modo, tiempo y lugar si hubo uso desmedido de la fuerza. Se actuará con total transparencia y garantías para legitimar la institución. Lo que se presentó entre el viernes y domingo es un hecho total de vandalismo, coordinados por organizaciones al margen de la Ley y su objetivo era atacar la institucionalidad y legitimidad de la Policía Nacional con la presencia de células terroristas del ELN y las disidencias de las FARC.”

 

Posteriormente fueron escuchados los ciudadanos quienes manifestaron los diferentes atropellos a los que se vieron expuestos por la fuerza pública a raíz de los hechos por los cuales se realizó la audiencia: José Norberto Rodríguez, Wilder Andrés Tellez, Tatiana Bojacá, Sebastían Diaz, Arturo Díaz, Sandra Milena Novoa, Sebastián Ruano y Licet Orozco.

 

A la Audiencia Pública, hizo presencia el Vicedefensor del Pueblo, Jorge Talero, quien señaló que la Defensoría realizó un plan de contingencia haciendo monitoreo constantemente, el antes, durante y después de las protestas desde el PMU. Afirmó que la Defensoría del Pueblo, atendió entre 2018 y 2020, en su monitoreo registró 4.929 protestas sociales, es decir 155 manifestaciones mensuales y 5 diarias. En 2018 se evidenciaron 1.755, mientras que en 2019 se dieron 1.869 protestas, mientras que en lo corrido del 2020, hasta septiembre 8, se registraron 1.305, en 509 municipios y 32 departamentos muestran una alta inconformidad, reclamos sociales y conflictos en el país.

 

“Contamos con una línea de recepción de quejas por vulneración de los derechos humanos por abuso policial en el marco de las protestas, estas quejas las recibimos pero también la tramitamos antes la policía, la Fiscalía y la autoridad pertinente. Lamentamos las quejas por agresión tortura, tratos crueles e inhumanos, se hace n llamado a mejorar los canales de comunicación de las personas capturadas para que se les garanticen los derechos.”

 

Por otra parte, el funcionario delegado de la Procuraduría General de la Nación, Carlos Medina dijo, “La policía ha presentado varias explicaciones frente a lo ocurrido, cifras de instituciones, pero reflejan un problema de la institución. Se deben replantear varias cosas, la responsabilidad empieza por la policía, hay una voluntad importante pero se debe poner en marcha. Invita a las víctimas a que envíen las denuncias.”

 

Asi mimso, el delegado de Derechos Humanos, Andrés Idarraga, dijo que se necesita una policía respetuosa de los Derechos Humanos, reiterando que "lo que menos se quiere es que prevalezca el desorden, el caos y la muerte, por lo que están haciendo las tareas de inteligencia para dar con la individualización del personal de la fuerza pública que agredieron a ciudadanos el 9, 10 y 11 de septiembre en Bogotá, que arrojó la cifra de 10 fallecidos, 1 allanamiento ilegal, presunto abuso sexual, 2 amenazas a la vida, 121 detenciones arbitrarias, y 2 hurtos en el marco de protestas, 75 familias victimas de heridas de bala y 10 familias con fallecidos". Indicó que "frente a estos hechos se realizan acompañamiento psicológico y activación de todas las rutas de la Alcaldía Mayor para el restablecimiento de los derechos de estas familias".

 

El subdirector de seguridad y convivencia del ministerio del Interior, Fabio Augusto Parra, manifestó “Hoy se tiene un déficit de hombres en la Policía Nacional y se viene haciendo esfuerzo para construir el capital que se tiene, en formación en valores y buscar la protección de valores fundamentales a partir de la dignidad humana. Se busca modernización tecnológica, más cámaras de seguridad, de vigilancia, mayor control de lo que ocurre en las calles, cerrar los espacios a la delincuencia y tener material probatorio para que operadores de justicia tengan herramientas para tomar decisiones rápidas y así lograr la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad.

 

Los congresistas se pronunciaron en la audiencia:

 

La senadora Criselda Lobo, dijo que "en Colombia las formas de represión se han convertido en mecanismo normalizados por la fuerza pública, habitantes de la calle humillados, defensores de la violencia, en un país con un miedo creciente de la sociedad hacia la policía, con 40.481 casos de violencia física y 241 casos de violencia sexual, en estos casos resultado presuntamente por miembros de la fuerza pública".

 

Por su parte, la senadora Daira Galvis, llamó a la sensibilidad de todos, a la policía y a las víctimas de este conflicto. El problema está en buscar las soluciones que se necesitan a la situación de violación de derechos humanos, porque la Policía expresa afectos, pero reprocho el manejo de este conflicto de la sociedad civil. Se debe fortalecer la reglamentación de la policía nacional, porque las justificaciones es intentar compensar las respuestas a la ciudadanía, porque la Policía debe velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos.”

 

La senadora Aydeé Lizarazo, dijo "los niños no deben estar involucrados en las protestas, que se debía trabajar conjuntamente con el Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y adolescencia por los niños, menores de edad y adolescentes, para conocer qué está pasando con ellos en este tipo de protestas para que no se vulneren sus derechos. Además dio su mensaje de solidaridad, pero también una voz de apoyo a la institución de la Policía Nacional para hacerla más humana en el ejercicio de su labor".

 

La presidenta de la Comisión, senadora Paloma Valencia, indicó que no eran aceptables los hechos dramáticos que se presentaron, rechazó el asesinato brutal del abogado Ordoñez lamentando su muerte, afirmó que los ciudadanos salieron a expresar su legítima expresión, pero al mismo tiempo salieron también los delincuentes, producto de ello dejaron 95 instalaciones de la policía afectados, 165 vehículos dañados, 141 particulares lesionados, 11 muertos y 319 policías lesionados. Y afirmó que todo ello demuestra que hubo una organización actuando, preguntando quién atacó 79 CAI, y se evidenció así una mano negra que se infiltró en esas manifestaciones. Aseveró que el factor femenino dentro de la policía puede ser definitivo para devolver confianza".

 

Por su parte el senador Iván Agudelo, expresó "la violencia genera más violencia, debe haber un compromiso a desmontar la violencia, un llamado a unirse como nación y llegar a acuerdos sobre lo esencial la vida de toda la población, la integridad y la vida".

 

Finalmente, la presidenta de la Comisión Legal de los Derechos Humanos, Paloma Valencia, cierra la audiencia reiterando que se haría seguimiento a cada una de las denuncias hechas en la comisión.

El agua no tiene color político: lema principal en Foro de la Comisión Accidental por la Protección del Páramo de Santurbán

“El único soporte técnico que dice que el proyecto no afecta es el de MINESA, el del Gobierno no tiene soporte propio, en cambio, el Comité cuenta con cuatro estudios del Acueducto de Bucaramanga, así como un informe de un experto geofísico que muestra cómo va a afectar el agua la megaminería en el Páramo de Santurbán”, sostiene Hernán Morantes del Comité Cívico en Defensa del recurso natural.-

Bogotá, D. C, 18 de septiembre de 2020 (Prensa Comisión Accidental, Paramo de Santurban).- En el Foro “El rol de la comunidad y las organizaciones sociales en defensa del Páramo de Santurbán", organizaciones que tienen que ver con el tema, la comunidad y los senadores que participaron en dicho evento virtual, coincidieron en señalar que “el agua no tiene color político” y que la Comisión Accidental creada por la Mesa Directiva del Senado, “es la expresión por la defensa y preservación del páramo más grande del mundo”.

Como antesala al gran debate en la plenaria del Senado, a realizar el seis de octubre del presente año, los senadores atendieron las observaciones y sugerencias de los participantes, de este primer foro, entre ellos el Comité del Páramo de Santurbán de Santander y Norte de Santander, Corambiente y la Asociación de Mineros de la Provincia de Soto Norte.

Medida Cautelar

“El único soporte técnico que dice que el proyecto no afecta es el de MINESA, el del Gobierno no tiene soporte propio, en cambio, el Comité cuenta con cuatro estudios del Acueducto de Bucaramanga, así como un informe de un experto geofísico que muestra cómo va a afectar el agua”, afirmó en forma contundente el vocero del Comité del Páramo de Santurbán, Hernán Morantes, quien manifestó que ya solicitaron una medida cautelar ante el Tribunal Administrativo de Santander donde se decidirá si el proceso de licenciamiento de MINESA continúa o no.

Morantes precisó que “no estamos en contra de la actividad agropecuaria ni la minería artesanal. Estamos en contra de la Gran Mineria” y agregó que los ecosistemas no deben ser delimitados porque la línea imaginaria administrativa es solo para permitir la minería y nada más.

Delimitación no es garantía

Consideró que la delimitación no es garantía para conservar el agua del Gran Santander y dijo que los campesinos, que son los más afectados, no tienen como acceder a la información porque la convocatoria al proceso no fue amplia por tanto la consideraron fallida.

Morantes llamó la atención ante los senadores y asistentes al manifestar que sí se aprueba la licencia ambiental de MINESA se está autorizando la expropiación de predios del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que se compró con el objeto de proteger las fuentes hídricas, pero los quieren volver desechos tóxicos mineros de uranio y magnesio, “por eso hacemos un llamado al presidente Duque que cumpla su promesa de campaña cuando dijo que ese proyecto no era inviable”.

A nombre de la Plataforma Cívica por la defensa del Páramo, Alix Mancilla Moreno, pidió declarar la moratoria minera en el país tras señalar que el problema no es Santurbán, sino evitar la megaminería en los demás páramos y recursos naturales del país.

Sustento de las familias

“Si los habitantes de páramo que son campesinos no pueden ejercer una actividad que siempre la han ejercido, cómo el Gobierno garantiza el sustento de estas familias que lo único que han hecho es cultivar papa, cebolla para sobrevivir, cómo se les va a decir que tienen que salir del páramo”, sostuvo Mildreth Solandy Hernández Rodríguez, vocera del Comité de Norte de Santander, quien destacó que los campesinos ni siquiera han tenido créditos para sus cosechas por parte del Banco Agrario.

Edwin Rodríguez, accionante de tutelas, sostiene que en Santurbán han primado las decisiones políticas del Gobierno para favorecer a los intereses particulares mineros “que se han alineado con el poder central para tal fin convirtiendo, paradójicamente a las decisiones gubernamentales, en la principal amenaza que hoy enfrenta nuestra agua y nuestros páramos”.

Daños irreversibles e irreparables

Rodríguez fue contundente en expresar que se generarían daños no mitigables, irreversibles e irreparables que jamás tendrían la licencia social del pueblo colombiano, por eso destacó la labor a tiempo del Senado por parte de la Comisión Accidental, al señalar que las decisiones en el presente y futuro de Santurbán y los 33 páramos del país, se van a tomar en el terreno político y jurídico.

La Asociación de Mineros de la Provincia de Soto Norte enfatizó que la actividad minera ancestral que representa al municipio de California, son comunidades milenarias cuya única fuente económica ha sido la minería.

Señalaron que nunca el Estado colombiano ha diferenciado entre un gran minero y un barequero. “Esa desigualdad, la de no mirar a todos por igual, finalmente termina por dejar desprotegidos a las comunidades mineras ancestrales y a los campesinos”.

Compromisos

Dentro de los compromisos se destaca la realización del Gran Debate en defensa del páramo de Santurbán agendado en la plenaria del Senado para el martes 6 de octubre a partir de las 10 AM.

Como compromiso del resultado del Foro se resalta lo afirmado por el senador Horacio José Serpa quien señala que además del debate político se deben considerar los procesos jurídicos que han sido elevados al Alto Tribunal de Santander por parte del Comité del Páramo de Santurbán.

El senador Juan Carlos García solicitó que como resultado del foro se realice un compendio de las acciones legales en las que la comisión pueda coadyuvar y hacer seguimiento, para que sea incluido por la secretaría técnica dentro del informe final del foro.

El siguiente es el link del Foro:

https://www.youtube.com/watch?v=K0bd-N7WoZA

Comisión de la Mujer pide al Gobierno aumentar el presupuesto a entidades del Estado para fortalecer y llevar a cabo el enfoque de género

Por: Marisol Rojas I.

Bogotá, septiembre 18 de 2020. (Prensa Senado).- Desde la Comisión para la Equidad de la Mujer, adelantaron hoy debate junto a entidades del Gobierno Nacional para buscar acciones concretas frente a la situación en la que se encuentran hoy las mujeres por cuenta de la pandemia. Esta sesión se adelantó en compañía de las viceministras de Justicia, Educación, Salud y delegados del Ministerio del Interior, del Departamento Administrativo de Prosperidad Social y de la Fiscalía General de la Nación.

La presidenta de la Comisión, Nora Garcia, pidió al Gobierno dar mayor presupuesto a cada una de las entidades del orden nacional, para poder fortalecer y generar nuevas acciones que ayuden a la mujer colombiana. Resaltó, que, según datos del DANE, hoy la tasa de desempleo en mujeres está en un 26.2% mucho mayor frente a la presentada en hombres. De otra parte, indicó que las cifras de violencia de género han aumentado en todo el país, como resultado del aislamiento; aislamiento que, a su vez, aumenta las labores y responsabilidades de la mujer, al triplicarse sus funciones dentro del hogar.

La viceministra de Justicia, Juanita López informó, que la entidad logró incrementar el presupuesto para atención en términos de género en justicia en $2.660.824.000 millones en fortalecimientos con enfoque de género para el 2021. Dijo que el trabajo que adelantan está enmarcado hacia una visión transversal en donde incluyen el tema de drogas y mujeres privadas de la libertad. Precisó, que se trabaja en el fortalecimiento del acceso a la justicia, en especial a la población de mujeres indígenas; y tienen gran empeño en el desarrollo de las comisarías de familia, proyecto que también están trabajando de manera conjunta desde el congreso de la república y con el cual buscan estar en la mayoría del territorio nacional para enfrentar de manera directa y eficiente la violencia intrafamiliar. De otra parte, dijo que, con el presupuesto incrementado, se podrá fortalecer las capacidades de las conciliadoras en equidad y conciliadoras en derecho, lo cual permitiría una mayor atención y protección a las víctimas.

Por su parte, la viceministra de Salud, María Andrea Godoy, precisó que desde su entidad trabajan a través de proyectos que benefician al fortalecimiento institucional, sistema cuidado para la mujer y mujeres libres de violencia. Informó, que la pandemia ha sido un gran reto, y que para enfrentarla vienen adelantando una serie de acciones que buscan proteger a las madres comunitarias y cabeza de familia, entre ellas, la construcción de estrategias de promoción y cuidado de la salud mental, la creación de la línea 192 para identificación y prevención de violencia. Informó, que se dispusieron recursos por 14 mil millones para garantizar alojamiento, alimentación, transporte y atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia en el marco de la pandemia, sus hijos e hijas en lugar diferente al agresor.

Indicó que en lo corrido de 2020 la ejecución presupuestal ha sido de $2.828.822.333, se han destinado 360 mil millones adicionales para rubros de salud a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, precisó la funcionaria.

Desde el Ministerio del Interior, a través de su delegada Edna Paola Najar, informaron a la comisión, que se tienen dispuestos $8.906 millones en fortalecimiento para la equidad de la mujer. La funcionaria destacó, que esto significa un crecimiento del 10%. Dijo que han acrecentado las acciones en pro de las mujeres indígenas, y que para el 2021 continuarán con la escuela política para mujeres, una escuela de líderes impulsada por el ministerio y la presidencia de la república. Otro aspecto que señaló fue el fortalecimiento del conocimiento frente a la oferta de servicios del estado y la activación de los jóvenes en procesos participativos. Dijo que junto con el SENA han desarrollado acciones enfocadas en la recuperación económica de las mujeres en relación con el fomento de la inclusión laboral y productiva.

Juan Camilo Giraldo, delegado del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, Informó que para el 2021 el programa de familias en acción tiene un presupuesto asignado por $1.270.622.220.646,77 el de jóvenes en acción $351.831.463, los programas de inclusión productiva (RESA, IRACAY FEST) $89.628.879 y Colombia mayor $927.224.064. De otra parte, dijo, que se viene trabajando en un programa de empleabilidad, en donde se busca emplear con retenciones de largo plazo a mujeres en estado de vulnerabilidad.

Por su parte, la viceministra de Educación, Constanza Calarcon, informó que durante el 2020 la inversión global ha sido de más de $3.200 millones en temas referidos para educación superior, en ampliación de acceso entre otros. Precisó que para el 2021 habrá un incremento por encima de 6 mil millones de pesos, para acciones concretas del pacto de equidad. Informó, que los temas de género transitan en líneas con acciones dirigidas a equidad de género. Dentro de las acciones que vienen trabajando está el fortalecimiento a la trayectoria educativa completa, a fortalecer los saberes de docentes, a mejor infraestructura, a la promoción de mujeres en carreras no tradicionales y siempre pensando en una educación de alta calidad e inclusiva.

La delegada de la Fiscalía Astrid Rojas, informó que se han destinado para el 2021 en temas de equidad para la mujer $7.366 millones, con los cuales trabajarán en tres líneas específicas: Prevención secundarias, que ataca riesgos de feminicidio en acceso a la justicia e investigación de delitos. Con estas acciones se pretenden fortalecer las estrategias para enfrentar todo tipo de violencia en contra de las mujeres.

Cerradas las intervenciones de los funcionarios del Gobierno nacional, la senadora Aida Avella, indicó que "con el tema de la pandemia aumentó la violencia intrafamiliar, en especial, la violencia hacia las mujeres. Denunció, que los teléfonos o líneas de atención no funcionan dejando sin protección a esta población. ¨ La violencia contra las mujeres ha sido muy complejo y más en pandemia, se deberían establecer unos teléfonos directos desde el parlamento a ver si las entidades les responden a tiempo¨. Exaltó el esfuerzo de prosperidad para los programas de inclusión, y reiteró su interés para que las mujeres tengan alguna posibilidad de ser atendidas.

La senadora, Laura Fortich, manifestó su preocupación frente a los programas FES, IRACA, RESA, porque dentro de lo expuesto por las entidades se ve claramente que tienen déficit presupuestal. De otra parte, hizo un llamado al gobierno nacional para incluir mayor presupuesto para la salud mental, precisó, - no sólo para las mujeres sino para todo el mundo, y más aún ahora con los efectos que traerá la post pandemic. Reiteró que otro gran problema al que se enfrentan las mujeres, es el riesgo a perder el empleo.

La senadora, Nora García, cerró el debate expresando su satisfacción desde la Comisión con el trazado especial que se está adelantando frente al presupuesto para fortalecer los diferentes programas en equidad de género. Dijo "hay que seguir trabajando de manera conjunta buscando siempre la equidad y la igualdad de todas las colombianas".