Impulsores del proyecto dicen que se han hecho 24 intentos fallidos, e invitaron a los demás congresistas a avanzar en la iniciativa sin más dilaciones.

Por: María Camila Fernández

Bogotá, 15 de abril de 2025 (Prensa Senado). Luego de varios proyectos archivados, una nueva iniciativa que propone reducir la remuneración de los congresistas fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera del Senado. 

El proyecto de acto legislativo modifica el artículo 187 de la Constitución Política y establece que ningún legislador podrá ganar más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

El Senador León Fredy Muñoz (Alianza Verde) celebró el avance de la iniciativa y manifestó que espera que “después de tantos intentos por escuchar a los colombianos y colombianas, ojalá este sea el último”.

“Ya van 24 intentos para rebajar el salario de congresistas. Además sería un buen mensaje para los colombianos en un momento tan complejo, y máxime después de lo que pasó con la reforma laboral”, afirmó el Senador Muñoz.

El congresista aseguró que esta remuneración actualmente “son 48 millones”, y se preguntó, “¿cuánto gana la mayoría de los colombianos y colombianas? Un salario mínimo ¿Cuántos están en la economía del rebusque? Más del 50% de la población”, dijo.

La ponente del acto legislativo, la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), subrayó la necesidad de avanzar sin más dilaciones y aseguró que el proyecto “es muy sencillo” para ver “si nosotros tomamos la decisión de hacerlo, independiente de cualquier otra consideración”.

“Mi posición es que nosotros, sin mayor dilación, sin mayor excusa, debemos proceder a votarlo y que no tengamos el veinticincoavo proyecto hundido”, aseguró la congresista.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) expresó reparos sobre el enfoque de la iniciativa de reforma a la Carta Política.

“Yo, oyéndolos, concluyó que esto claramente es una retaliación contra el Congreso por haber hundido la reforma tributaria y, por eso, está dirigido a los congresistas. Una baja del salario exclusiva para los congresistas, para castigarlos por no haber votado los nuevos impuestos de Petro, me siento en incapacidad moral de acompañarlo, yo que he sido la más defensora de este proyecto”, aseguró la legisladora.

La Senadora Valencia concluyó que está “lista” para acompañar el proyecto de enmienda constitucional, pero con la condición de que sea para todos. “Nadie puede pretender superioridad de otras ramas sobre las ramas del Congreso”, manifestó la congresista.

Tras la discusión, la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de acto legislativo con 16 votos a favor, con lo que continuará su trámite en la plenaria de la corporación, donde seguirá la discusión.

Proyecto de ley avanzó en la Comisión Sexta del Senado, donde hubo una intensa controversia entre algunos senadores.

Por María Camila Fernández

Bogotá, 14 de abril de 2025 (Prensa Senado). Con seis votos a favor, la Comisión Sexta del Senado aprobó, en primero de cuatro debates, el proyecto de ley que propone la creación del bono escolar en el país, iniciativa que propone mayores alternativas de acceso al sistema educativo, pero que ha generado un amplio debate en el Legislativo.

El Senador Esteban Quintero (Centro Democrático), ponente del proyecto, explicó que la iniciativa legislativa “tiene el objeto de crear el programa de bono escolar en el sistema educativo colombiano, para que los niños que están en condición de pobreza, vulnerabilidad o pobreza moderada, puedan escoger si quieren estudiar en una institución pública o una institución privada”.

“El bono escolar es un voucher o cheque que entrega y financia el Estado a los padres de familia o a quien tenga la patria potestad de cada uno de sus hijos”, explicó el Senador Quintero.

El congresista del partido opositor explicó que este bono se dividiría en dos modalidades: la primera sería el escolar universal, que cubriría la totalidad de los derechos académicos y servicios complementarios como matrícula, pensión, herramientas de aprendizaje, salud del estudiante, comida, administración, útiles escolares, entre otros aspectos definidos por el Ministerio de Educación.

Y la segunda sería el bono escolar aditivo, un complemento adicional para quienes ya cuentan con el bono universal, pero presentan condiciones especiales, como discapacidad.

Según el articulado, las instituciones privadas podrán participar en el programa si cumplen con requisitos como tener un Proyecto Educativo Institucional (PEI) aprobado, contar con licencia de funcionamiento vigente, obtener resultados por encima del promedio en las pruebas de Estado y asignar al menos el 30% de sus cupos por grado académico al programa bono escolar, bajo criterios de mérito.

El proyecto de ley también contempla incentivos económicos para instituciones públicas y privadas que integren al menos un 30% de beneficiarios del bono, permitiéndoles recibir un valor adicional por estudiante, porcentaje que será definido anualmente por el Ministerio de Educación.

Sin embargo, la propuesta ha generado voces de rechazo en el Senado. La Senadora Sandra Jaimes (Pacto Histórico) expresó que no entiende “cuál es el deseo de llevarse los recursos del sector público al privado.

“¿Por qué se quiere desmantelar la educación pública, si los maestros de Colombia y la Federación Colombiana de Educadores han luchado para que se incremente el presupuesto?”, se preguntó la congresista oficialista.

La senadora Jaimes manifestó que “ahora que se logra un aumento en el Sistema General de Participaciones, ¿vamos a buscar proyectos que nuevamente desvíen recursos al sector privado? No, de esto no se trata”.

“Queremos los recursos del sector público para la educación pública, donde se educan los niños pobres. La creación de bonos escolares en nuestro país constituye un retroceso en la garantía del derecho fundamental a la educación”, aseguró la Senadora.

Por su parte, el senador Robert Daza (Pacto Histórico) advirtió sobre la visión idealizada de la educación privada y dijo que “la discusión sobre la calidad educativa entre lo privado y lo público hay que relativizarla. No todo lo público es ineficiente, ni todo lo privado supera los estándares. Existen colegios públicos con comprobados estándares de calidad”.

En contraste, senadores como Soledad Tamayo (Partido Conservador) y Guido Echeverri (Coalición Centro Esperanza) respaldaron el proyecto como una alternativa ante la limitada capacidad del sistema educativo público.

“Yo creo que, ante la falta de capacidad que tiene hoy la educación pública para ofrecer todos los cupos o atender la demanda en el país, el sector público no puede estar divorciado del sector privado”, aseguró la Senadora Tamayo.

Y el Senador Echeverri manifestó: “Me parece que el subsidio a la demanda sí contribuye a generar igualdad en el acceso a la educación”.

Finalmente, el Senador Carlos Guevara (Partido Mira) destacó que “si estamos hablando de recursos públicos, se debe entregar el recurso a quien mejor lo administre y mejores resultados dé en términos de calidad, pertinencia y, sobre todo, garantice que nuestros niños puedan terminar sus ciclos educativos”.

Tras su aprobación en primer debate, el proyecto de ley continuará su trámite en la plenaria del Senado, donde posiblemente siga la controversia entre quienes lo consideran una oportunidad para la equidad y quienes lo ven como una posible amenaza para la educación pública.