Representantes sociales e indígenas denunciaron el abandono del Estado ante la crisis humanitaria y social que golpea a esa región, en especial por la violencia desatada en los últimos años
Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2020. (Prensa Senado). En el desarrollo de la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos para analizar la actual situación de la población del departamento del Chocó, fueron denunciados por las comunidades varios hechos que serán objeto de una solicitud por parte de la célula legislativa al Gobierno Nacional para atender y buscar soluciones en corto y mediano plazo.
Al evento virtual citado por la senadora, Criselda Lobo (Farc), asistieron representantes de las comunidades indígenas del Bajo Baudó y Afro como de la capital del Chocó, Quibdó, quienes expusieron la problemática que ha surgido especialmente en los últimos años por la presencia de grupos armados al margen de la ley, que se vienen enfrentando por la supremacía de la territorialidad de esa zona del pacífico colombiano, enmarcado por el narcotráfico, plantaciones ilícitas y la minería ilegal entre otros.
Los participantes de las poblaciones afectadas por estos hechos, reclamaron atención del Gobierno que les garanticen seguridad como también acciones sociales y apoyo para resolver problemas en materia de salud, educación, vías, oportunidades de empleo, proyectos productivos y una política para la protección de los menores y violencia intrafamiliar.
Las comunidades reclaman
Hermencia Palacios, asistente por el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, señaló que su región ha sido tal vez la más afectada, no solo por la violencia que se ha venido desatado en esa zona, sino por el confinamiento que ha evidenciado aún más la crisis que persiste en el sector de la salud . “este encierro impide las labores en los campos y los habitantes se han convertido en mendigos y que no reciben recursos y son muy pocas las ayudas que han llegado para atender a las familias”.
Agregó también que “se requieren inversiones en los establecimientos educativos, generación de empleos, protección al Río Atrato y acciones para que cesen las amenazas contra líderes sociales y a la población en general y solicitamos mejores condiciones de vida, trabajo y paz con justicia social”.
Otro de los invitados, Eugenio Mosquera, coordinador de la mesa de Derechos Humanos del Chocó afirmó: “el Estado no ha cumplido y tenemos compromisos no cumplidos como en salud, educación y es una violación a los derechos humanos, ya que estamos sumergidos en la violencia. Mucha gente desplazada que han tenido que ir escapando, además otro problema agudo es el desempleo en todo el departamento que no permite surgir y sí ha aumentado el hambre y la miseria”, reiteró.
Ana Julia Hidalgo, Lideresa social de Quibdó, se pronunció seguidamente “las mujeres en esta región hemos sido el mayor número de víctimas ha aumentado los casos de abusos sexuales y de violaciones como de maltrato intrafamiliar durante esta pandemia, el Covid-19 no nos deja trabajar y como si fuera poco, nosotras ahora tenemos la carga de ser padre y madre al tiempo, dificultando nuestra labor y sin recursos, ni ayudas ni beneficios". Indicó "se han presentado 98 jóvenes asesinados en nuestra ciudad y por estos problemas estamos pidiendo la aplicación de una política pública de equidad de género y de seguridad para nuestra ciudad y todo el departamento. La pobreza también nos está matando” Recalcó.
El Gobierno responde
A la sesión fueron citados funcionarios del Gobierno a quienes se les envío el tema a tratar y fueron quienes dieron algunas respuestas a los solicitantes.
El primero en responder por la situación de inseguridad denunciada por los participantes fue el Coronel John Alzate, director de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa, quien señaló “Se están realizando acciones para mitigar la presencia de los grupos armados y adelantando otras labores con la Fiscalía General de la Nación, donde se han logrado importantes avances como fue detectar a los miembros de un grupo armado que ultimó a un líder indígena a inicios del año. Se cumplen operativos para erradicar esas amenazas y seguimos en operaciones para dar con los autores de la minería ilegal y narcotráfico donde también se han dado resultados para neutralizar acciones en contra de las comunidades como del medio ambiente. También se ha incautado, drogas, armas, insumos químicos, municiones, explosivos y capturado a delincuentes comprometidos en esas acciones ilegales”.
Por su parte, Michael Guerrero, delegado de la Consejería Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, afirmó : “estamos atendiendo y escuchando todos los reclamos y atender ágilmente y es así como se han recibido 24 alertas temporadas en zonas de riesgo en Riosucio y en el Bajo Atrato donde se identificaron acciones delincuenciales donde se enfrentan disidencias y el ELN y advertimos riesgos como de grupos armados, minas antipersonales, reclutamientos de menores. En tal sentido se adelantaron acciones con la Defensoría del Pueblo para atender en las zonas urbanas y rurales. Llama la atención de 15 desplazamientos de poblaciones ante lo cual se va a desarrollar un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos en la región mediante una política pública de formación para comunidades indígenas y afro”.
Luis Enrique Murillo, Defensor Regional del Pueblo, anunció que se ha agudizado la inseguridad por el accionar de los grupos armados al margen de la ley en territorios étnicos que ha obligado el desplazamiento pero se han desplazado a las zonas urbanas, afectado los derechos humanos de los indígenas donde seis líderes han sido asesinados en un año y una nueva fase de violencia viene afectado la vida de las comunidades étnicas sino toda la población y se requieren respuestas con acciones concretas para atender en sus reclamos a las poblaciones.
Finalmente Ricardo Arias, director de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, anunció el desarrollo de varios programas encaminados en la atención de las comunidades y exaltó que se vienen cumpliendo con labores humanitarias y entrega de elementos para el sector de la salud , medicamentos y alimentación para las comunidades indígenas y se viene avanzando en otros programas dispuestos por el Gobierno Nacional para ampliar cobertura y propiciar mejores condiciones para esa región del país.
Opinan los Senadores
A la audiencia fue invitada la parlamentaria Aida Avella (UP), quien presentó un diagnóstico de la situación que se registra en el departamento del Chocó y emitió su concepto.
“Hago un llamado para proteger el ecosistema de esa región y apoyar a las comunidades asentadas allá que realizan ese trabajo y protegen el medio ambiente”.
Sobre la situación de orden público señaló, “esa violencia que se ejerce en el departamento debe poner freno, es preocupante que se hayan registrado 98 homicidios en lo corrido del año, es decir de 12 asesinatos al mes, son crímenes que se están dando en los cascos urbanos y en las zonas rurales. Este es un departamento rico en oro, vegetación pero con un río Atrato altamente contaminado por el petróleo y químicos, la gente vive en situaciones muy difíciles y requiere una política exclusiva para ese departamento como de la zona del pacífico.”
La senadora citante de la audiencia pública, Criselda Lobo, manifestó que ante las denuncias escuchadas, es necesario crear una subcomisión que haga presencia en la región y escuche a otros sectores en compañía con el Gobierno para que se comprometa a responder de cara a las poblaciones con las necesidades expuestas y se desarrollen programas que apunten a resolver todas esas crisis que se han denunciado las comunidades que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que requieren una respuesta inmediata en favor de las comunidades.
Dicha subcomisión se conformará en la próxima semana y se fijará una agenda para el desplazamiento de los parlamentarios para reunirse con autoridades regionales, locales y nacionales para acordar una fecha y lugares donde se reunirán.
La Comisión de Derechos Humanos, también eligió como vicepresidenta de esta célula legislativa a la senadora Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical), quien tomó de inmediato posesión de la asignación realizada virtual y con votación unánime a su favor.
