El Contralor, Procurador y Fiscal generales revelaron en sesión virtual de la plenaria del Senado los resultados de las investigaciones sobre contrataciones irregulares. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, sostuvo que nunca antes había visto un trabajo armónico entre los tres poderes para combatir la corrupción y calificó como histórica la sesión.

Bogotá D.C., 6 de mayo de 2020 (Prensa Senado). El fiscal Francisco Barbosa, el contralor Carlos Felipe Córdoba y el procurador Fernando Carrillo anunciaron hoy en sesión virtual de la Plenaria del Senado que ya cruzaron información de la contratación irregular que se hizo en las últimas semanas con dineros de la emergencia sanitaria, originada por la pandemia del Coronavirus.

El Fiscal General de la Nación explicó que está adelantado 125 iniciativas investigativas, 40 indagaciones, revisado tres mil contratos y 14 procesos en la Unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, incluyendo un ministro y 11 gobernadores.

“No puede ser que cualquier funcionario público sea tan miserable de quedarse con recursos públicos en medio de la pandemia. No se puede utilizar la urgencia manifiesta para dirigir los recursos a un contratista o peor aún para apropiarse de esos recursos. Estamos indagando en la celebración indebida de contrato por interese no santos, peculado por apreciación o por destinación”, dijo Barbosa.

El contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, informó que de común acuerdo con bancos, los empresarios decidieron revertir préstamos por $58.000 millones de pesos, que tenían subsidio del Estado, a través de Finagro.

“Los grandes clientes de los bancos se quedaron con créditos por $213 mil millones sin ningún control de su urgencia y verificación de su destino. Se han colocado dos mil millones para floricultores sin políticas claras por parte de Finagro. El 32,5% de los recursos se concentran en Bogotá, en actividad no productivas y el 670% de los recursos se quedaron en tan sólo cinco departamentos”, dijo el funcionario.

Córdoba reveló que la unidad de análisis de la entidad contra la corrupción alertó sobre riesgos en 26 departamentos y 67 alcaldía distritales y municipales con los dineros del Covid-19. Destacó que hay 22 resoluciones para revisar 122 contratos por una cuenta de $297 mil millones.

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, reveló en la sesión virtual de la Plenaria del Senado que en este momento hay 237 procesos disciplinarios por un valor de $1.43 billones por la supuesta malversación de los recursos en la pandemia y aclaró que entre marzo y mayo se han celebrado más de 8.000 contratos por $1.87 billones.

“Son 237 procesos disciplinarios por un valor de $1.43 billones. Esto nos ha llevado a la suspensión de mandatarios seccionales, suspensión de contratos, llamamiento de juicios disciplinarios y volveremos a tener la semana entrante nuevos anuncios sobre los procesos de sobrecostos en la adquisición de mercados y la entrega de subsidios”, destacó Carrillo.

También precisó el Jefe del Ministerio Público que “desde el 20 de marzo hasta el 4 de mayo, se han celebrado más de 8.000 contratos por $1.87 billones, el 17% de orden nacional y el 87% de orden territorial. Son 2.200 actuaciones preventivas para evitar el daño y 522 registros disciplinarios.

650 contagios en cárceles

Así mismo denunció en la Plenaria del Senado que el Gobierno, EPS y aseguradores les deben a las Empresas Sociales del Estado de Salud $23 billones y sólo en Bogotá la deuda está por encima de un $1 billón. Por eso fue que le pidió al Gobierno giros directos a los hospitales públicos para pagar salarios atrasados a empleados de la salud.

Reportó que hoy hay 650 casos de contagiados por el Covid-19 en las cárceles del país y por eso ha solicitado todas las medidas de protección a reclusos, funcionarios, áreas de saludad y personal de los establecimientos carcelarios.

El presidente de Senado, Lidio García Yurbay, sostuvo que nunca antes había visto un trabajo armónico entre Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para combatir la corrupción. Agregó que el enfrentamiento que había en el país entre los tres poderes no permitía una cohesión de los entes de control para combatir la corrupción.

Hablan voceros de los partidos

Concluida la primera parte de la intervención de los altos funcionarios tomaron la palabra los voceros de los partidos con asiento en el Senado, quienes en su mayoría, presentaron sus denuncias por el manejo de los recursos de la emergencia sanitaria.

El primero en participar fue el vocero del partido de la U, el senador Roy Barreras, quien resaltó la unión de los entes de control para examinar con lupa los eventuales hechos de corrupción que se pueden presentar, con los dineros que aporta el Gobierno durante la pandemia.

“La presencia de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría resulta muy significativa, porque la emergencia misma hace que se relajen los mecanismos de contratación y al tiempo hay una gran urgencia porque lleguen los recursos al territorio. Nos parece que la presencia de la Fiscalía en las calles es una señal que nos parece muy positiva. El señor Procurador ha demostrado cómo la vigilancia preventiva permite suspender funcionarios que están en eventuales procesos de corrupción”, destacó.

Durante la plenaria, el senador Guillermo García Realpe señaló que la bancada del Partido Liberal respaldaba la proposición de Iván Marulanda y otros partidos, frente a la creación en Colombia de la renta básica mensual que deben recibir 20 millones de colombianos.

26 departamentos, en la mira

“Grave que 26 departamentos están en la mira, que están en riesgo de sanción penal fiscal y disciplinario. Eso no lo pueden aprovechar unos cuantos vivos en Colombia. No tienen perdón de Dios”, destacó el dirigente liberal.

La senadora Criselda Lobo, Vocera Partido Farc, denunció que los mercados para ayudar a los colombianos en cuarentena se los están entregando a los electores políticos. “Qué están haciendo, los mercados no llegan. Los están entregando de acuerdo a su condición política, favorecieron la afiliación política”, recalcó la legisladora.

En sesión plenaria no presencial, el partido Farc pidió a la Contraloría resultados sobre $80 mil millones, que estaban destinado a la pandemia y han incurrido en delitos algunos funcionarios sobre estos recursos.

El partido Mais, en cabeza del senador Feliciano Valencia, denunció que “no llegan los apoyos donde habitamos los territorios indígenas. Pido control en las fronteras. Se necesitan aumentar los controles de la frontera con Panamá. Por ahí también pueden llegar”, afirmó el legislador indígena.

Entre tanto, el Partido Colombia Humana, en cabeza de Gustavo Petro, pidió a los organismos de control un informe sobre los recursos de la Salud que no llegan a la Red Hospitalaria, sino al aumento patrimonial de los Bancos.

Así mismo, pidió al Gobierno y la Fiscalía la libertad inmediata de los reclusos, porque la pandemia se está extendiendo, a la vez que dijo solo se han beneficiado algo más de 200 internos de los alcances del decreto sobre excarcelación.

El vocero del Partido Conservador, Efraín Cepeda, reiteró que le han venido pidiéndole al Gobierno Nacional medidas de protección al empleo, cómo el subsidio a la nómina.

“Se acaba de anunciar que el Gobierno nacional determinó qué otorgará a Mipymes un subsidio del 40% de un salario mínimo a las nóminas de estas empresas, que hayan pedido el 20% de la facturación. Eso sin duda va en la dirección correcta de proteger el empleo de los colombianos y preservar empresas que generan el 80% como las Mipymes”, destacó Cepeda.

Agregó: “Desde el partido Conservador hemos fortalecido la participación de la mujer y ellas han encabezado el clamor de que caiga el peso de la ley a todos aquellos que atentan contra la mujer. Qué gran noticia señor Fiscal que el 90% de los casos está despejado”.

Piden investigar costos de mercados

El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, les solicitó al Fiscal, al Contralor y al Procurador que así como se ha adelantado una investigación respecto a la conducta de alcaldes y gobernadores en la contratación de la seguridad alimentaria en estos tiempos de pandemia también se adelante una investigación en el nivel central del Gobierno en estas materias.

"Ha habido suficientes denuncias respecto a la contratación de la Unidad Nacional de Gestión de riesgos, de un millón de mercados. Son evidentes sobrecostos en dónde está comprometido el Eduardo José González. Lo ha hecho el Contralor con fondos del Ministerio de Agricultura. También se examinen las maneras, procedimientos y costos de las contrataciones en el nivel central”, destacó.

El senador Iván Name, de Alianza Verde, dijo que mientras se están investigando los precios de las latas de atún en esta emergencia no se están investigando los decretos.

"Se van a trasladar por orden del último Estado de Emergencia las 17 financieras estatales al ministro Carrasquilla, el mismo Ministro tan cuestionado que tanto daño le ha hecho a la historia y memoria de este Gobierno. Es un despropósito inmenso. ¿Cómo permitimos en silencio que esto pase? Que estudien que sucede ahí, porque hay un montón de valores financieros históricamente costosos que van a ser privatizados", aseguró Name.

En sesión plenaria no presencial, la coalición de los decentes, en cabeza de la senadora Aída Avella, afirmó “por qué nadie vigila a los bancos cuando Findeter nos expresa que ellos reciben el dinero del Estado y son ellos los que fijan las tasas de intereses que se les antoje”.

El senador Wilson Arias, del Polo Democrático, presentó una proposición solicitándole al Gobierno Nacional una política de austeridad y que enfoque sus recursos en unidades de cuidados intensivos para el Amazonas y el Pacífico colombiano.

El Partido Cambio Radical con el senador Rodrigo Lara dijo que se está hablando de un decrecimiento este año del 5.5 del PIB, una cifra abismal que solo tiene eco en la crisis de 1929.

“Un déficit que puede ser más alto, 6,1%.1.6 millones de empleo perdimos en el mes de marzo y todavía no conocemos el resultado de abril que es cuando realmente se siente el efecto de la crisis. Estamos frente a un cambio estructural en muchos ámbitos que va a demorar el arranque, el crecimiento de la economía, porque está crisis va a hacer que muchas cosas cambien y por consiguiente que el crecimiento económico se demore mucho en arrancar”, lamentó.

Proteger trabajadores de salud

La senadora Aydeé Lizarazo, vocera de Partido político Mira, hizo un llamado al Gobierno y a los organismos de control para que protejan a los trabajadores de la salud que están siendo perseguidos por su actividad. “Cómo es posible que los trabajadores de la salud sean discriminados, por eso el llamado también a los diferentes entes de control, para que unamos fuerzas y los blindemos. Existe la Ley 1482 del 2011 que es de la autoría de nuestro partido, y cuyo objeto es sancionar penalmente actos de discriminación”.

El vocero de Partido Centro Democrático, senador Álvaro Uribe, destacó las decisiones adoptadas por el presidente Iván Duque.

“Se han tomado decisiones a tiempo y eso ha permitido que Colombia esté mucho mejor que otros países. Aspiramos poder tener cerca de 2.300 Unidades de Cuidados Intensivos. Se espera que sigan fluyendo los recursos a la salud, el Gobierno sigue haciendo esfuerzos sociales y económicos, los bancos deben colaborar y tienen que seguir desembolsando en esta crisis”.

Uribe crítico la reducción de la tasa de interés por parte de la Junta del Banco de la República. “La reducción de las tasas de interés ha sido. Muchos independientes y pequeños negocios no han podido llegar a los bancos, sin embargo, el presidente Duque continúa insistiendo en que es vital y prioridad apoyar al pequeño y mediano empresario”, destacó.
Insistió el senador que se necesita financiar el bono extraordinario para los niños que nacen en hogares de escasos recursos.

El partido Aico, en cabeza del senador Manuel Biterbo, pidió vigilancia especial a las actuaciones administrativas en los resguardos indígenas para frenar un Etnocidio. “Las guardias indígenas están esperando dotación de bioseguridad, camionetas, motociclistas y equipo de comunicación para hacer vigilancia de buena manera. Que los mercados prometidos se hagan efectivos. Ya hay contagio en municipios indígenas”, dijo Biterbo.
El senador John Milton Rodríguez, vocero de Colombia Justa Libres, manifestó que “es necesario considerar el congelamiento de los TLC, para poder reactivar el campo, pues si lo hacemos podemos tener mínimo dos millones de empleos más.”

“Endeudar las Mipymes no es la solución y mucho menos comprometer las empresas que dan más del 80% del empleo en Colombia”, destacó Rodríguez.

El senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal afirmó que “quienes asistieron a este debate, invitados por el Congreso, tienen la capacidad para ayudarnos a realizar control de política criminal, desde el control disciplinario y control fiscal”, dijo, a la vez que anunció que el Contralor hizo una buena tarea destapando lo de Finagro.

“Eso que pasó en Finagro puede terminar pasando en Bancoldex, hay bancos jugándole sucio al país, a cambio de recibir unos recursos frescos del país, para dinamizar su economía, para arreglar viejas obligaciones, viejos problemas . “El arreglarle la cartera a los bancos me parece un despropósito, por eso señor Contralor hagámosle debates de control político, revise con su equipo a dónde se fueron los recursos de Bancoldex, revisar si es cierto que están refinanciando viejas obligaciones, pero no están cumpliendo su papel de reactivar la economía”.

Antes de cerrar la sesión, el Presidente del Senado invitó para este viernes 8 de mayo, a las 9:00 a.m, al foro Colombia hacia una Seguridad Farmacéutica, auspiciado por CADEL, y coordinado por el senador liberal Iván Darío Agudelo.

 

 

Los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Feliciano Valencia y Juan Diego Gómez, como promotores del debate, coincidieron en rechazar las masacres y asesinatos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales e indígenas, que han bañado de sangre ese territorio del sur de Colombia.

Bogotá D.C., 6 de mayo de 2020 (Prensa Senado).- En una sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado, con la presencia de ministros, congresistas, organismos de control, Fuerzas Militares, representantes de corporaciones públicas, sectores económicos y sociales y un delegado de la ONU, el jefe de la cartera de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, exhortó a los senadores y demás participantes a que “nos juntemos y construyamos el Plan Social del Cauca”.

En sesión virtual, que duró cerca de 5 horas bajo la presidencia del senador José Luis Pérez, de Cambio Radical, el ministro Trujillo García hizo una defensa del despliegue militar en esa región del país, pero coincidió con sus interlocutores del Senado de adelantar un contacto permanente para avanzar en el Plan Social a través de una acción interinstitucional que permita superar la grave crisis de ese departamento del sur del país.

Destacó el Ministro de Defensa la importancia del debate por considerar que se han hecho avances teniendo en cuenta acciones integrales, no solo con lo institucional, sino en lo militar, social, económico; el respeto a la variedad étnica y a la naturaleza pluricultural del departamento del Cauca.

“Aquí lo que hemos presenciado es la expresión de un gran acuerdo fundamental, todos los que han intervenido, no solo los congresistas, sino de otras instituciones, lo han hecho con el propósito de cómo debemos combatir el narcotráfico y otros grupos al margen de la ley, para poner en marcha un gran Plan Social en el departamento del Cauca”.

Se mostró de acuerdo en adelantar un contacto permanente de la Fuerza Pública, las distintas instituciones del Estado, con la ciudadanía. También una acción interinstitucional y colectiva para mejorar la situación en ese departamento al considerar que hace falta un gran acuerdo político para actuar dentro de esas líneas en favor del Cauca.
Dijo que lo que se muestra con evidencias es la decisión del presidente Duque de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en ese departamento para combatir a los criminales y no para adelantar ningún tipo de connivencia con ellos.

El ministro Trujillo García fue enfático en manifestar: “No habrá ninguna acción que la Fuerza Púbica deje de hacer para continuar cumpliendo con lo que es su tarea constitucional y legal”, pero reconoció que “hay un acuerdo sobre la necesidad de actuar juntos en la construcción de las condiciones que permitan a los caucanos vivir y trabajar tranquilos”.

En la sesión estaban citados además del ministro Trujillo, la jefe de la cartera del Interior Alicia Arango; el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos; el defensor del Pueblo, Carlos Negret; e invitados: la vicefiscal General de la Nación, Martha Yaneth Mancera; el comandante de la Fuerza de Tarea del Cauca, general Wilson Chávez, el representante adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández, así como representantes de los sectores económicos y políticos del departamento del Cauca.

Rechazan masacres

Los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático; Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde; Feliciano Valencia, del partido Mais, Movimiento Indígena y Social, y Juan Diego Gómez, del partido Conservador, como promotores del debate, coincidieron en rechazar las masacres y asesinatos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales e indígenas, que han bañado de sangre ese territorio del sur de Colombia.

El senador Cepeda dijo que la violencia del Cauca es la más grave, porque son múltiples conflictos los que se están dando y puso de ejemplo lo que ha ocurrido en la pandemia: “20 personas han sido asesinadas en ese departamento, mientras que en el país se habla de 34, lo que permite establecer que aún no hay solución para evitar asesinato contra líderes sociales, indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos. Ya han perpetrado cinco masacres”.

Dijo que se conjugan problemas históricos como la tenencia de la tierra, narcotráfico y “del nivel de participación de agentes del Estado en ese negocio, como parte de la problemática”. No descartó las numerosas agrupaciones, bandas delincuenciales, el ELN, EPL, grupos paramilitares como el Clan del Golfo y las Águilas Negras, entre otros, que han aparecido después del acuerdo de paz, que no solo se han fortalecido, sino que han extendido su presencia de operaciones especialmente en el norte del departamento.

No hay acción contra victimarios

Destacó el legislador Cepeda que las principales víctimas son indígenas, líderes sociales, afrodescendientes y comunidades campesinas y “no son los victimarios”.

Calificó como una paradoja que hay cerca de 10 mil efectivos de la Fuerza Pública en esa región y al mismo tiempo se estén fortaleciendo los grupos al margen de la ley.

Se refirió a la disparidad que hay entre la presencia militar del Estado y las soluciones a los problemas sociales y de atraso en las comunidades de esa región del país.

Pobreza extrema y multidimensional

“Lo que pasa en el Cauca es un tema social porque se concentra la pobreza extrema y multidimensional”, dijo el senador Feliciano Valencia.

Agregó que hay gran número de jurisprudencia que aboga por la atención y defensa del pueblo indígena, “pero nos están asesinando, por qué no se cumple”.

Señaló que no se han cumplido los acuerdos entre los gobiernos y las comunidades indígenas y añadió que no es con una salida militar que se resuelve el problema, sino con inversión social y programas serios y responsables. “Juntémonos todos para buscar una solución a este problema”, concluyó el senador Valencia.

Incumplimiento de acuerdos

El senador Antonio Sanguino destacó que el Cauca ha sufrido el incumplimiento de los acuerdos por parte de los gobiernos, desde antes que existieran las economías ilegales.

Recordó que en esa región se selló la paz con el M-19 y destacó que la solución no es militar, sino con acciones gubernamentales con inversiones para parar la pobreza extrema y multidimensional.

Precisó que el 29.24 % de los asesinatos sociales y excombatientes han ocurrido en el Cauca. “Estamos cumpliendo la cuarentena, menos los sicarios”, enfatizó el senador Sanguino, quien añadió: “Los mercados ilegales difícilmente pueden existir sin la complicidad de agentes del Estado”.

Entre tanto, otro de los citantes, el senador Juan Diego Gómez, fue contundente en señalar: “La pobreza ayuda a las economías ilegales, por eso es urgente la presencia del Estado”.

Juntémonos para sacar adelante al Cauca

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, fue directo en señalar que el problema del Cauca desde el 2016 a la fecha no ha cambiado. Dijo que se han emitido 16 alertas tempranas, pero que aún no se muestran los resultados tras destacar que el gran problema de esa región es el narcotráfico y la minería ilegal.

“El Cauca tiene todos los grupos ilegales y cualquiera que quisiera nacer, lo haría allí”, acentuó Negret, quien pidió a la Fiscalía resultados, porque desde el 2016 a la fecha se han registrado 154 homicidios contra líderes que se dedicaban a la defensa de la vida.

“Juntémonos todos los colombianos para sacar adelante al Cauca”, pidió desde el foro de la sesión virtual el defensor Negret.

"No somos pueblo de mendigos"

El senador y exgobernador del Cauca, Temístocles Ortega, fue severo en señalar que no se conoce verdaderamente al departamento y “si no se conoce no esperamos respuestas”. Señaló en forma vehemente: “No continúen diciendo que somos un pueblo de mendigos”, tras indicar que la vida de los habitantes de esa región del país no va a cambiar "mientras sigamos como seguimos”.

Destacó que lleva 40 años en el servicio público y los hechos demuestran que cada día se va hacia atrás en el tema de seguridad.

“Dejen de hacer acuerditos para un puente. No somos mendigos. Si el Gobierno no cambia su política en materia social para hacerla más contundente y eficaz, la política de seguridad en esa región sigue fracasando”, dijo.

Aseveró el senador Ortega que se esperan verdaderas soluciones del Estado en cabeza del Gobierno tras señalar que si no hay resultados “tenemos la opción de la protesta social”.

Más Inversión al Plan Social

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se refirió al Plan del Cauca y dijo que desde que está en ese cargo ha trabajado coordinadamente con la administración departamental.

Destacó el Plan Social del Cauca que tiene apenas dos meses, coordinado con todo el equipo de Gobierno basado en cinco ejes: generación de oportunidades a través de proyectos productivos, eje de legalidad convivencia y diálogo social, el eje de equidad, fortalecimiento institucional y finalmente el de infraestructura vial, social y comunitaria.

Dijo que el presupuesto de inversión se implementó en $985.000 millones y “el de inversión del 2020, fruto de este plan social, es de un billón 267.122 millones de pesos, es decir, un aumento cercano al 30%. Estamos hablando de $370.000 millones más de inversión que van para el departamento del Cauca.

Se refirió en su exposición a varios contratos para obras de beneficio a la comunidad en el Plan de Acción social del Cauca y fue contundente en invitar a los presentes para trabajar juntos y sacar adelante al departamento en paz.

Fortalecer investigación penal

Por su parte Guillermo Fernández, alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó la presencia de la ONU y la preocupación de ese organismo multilateral por el tema.

“Consideramos de especial importancia redoblar esfuerzos para la presencia de las instituciones del Estado priorizando a la sociedad civil y a las entidades públicas, que son responsables de las acciones sociales”, señaló Fernández, quien consideró la necesidad de fortalecer la investigación penal contra los grupos ilegales.

Recordó la solicitud de su jefe en la ONU, la expresidenta de Chile Michel Bachalet, tras destacar “que todos están involucrados en la solución para que cese la violencia”.
Combatiendo todas las estructuras

Las Fuerzas Militares tuvieron presencia en la reunión virtual con el brigadier general Marco Vinicio Mayorga Niño, quién está a cargo de la Vigésima Novena Brigada, el Comando Operativo Apolo y la Fuerza de Despliegue jurisdicción del Cauca, quien hizo un bosquejo histórico de la presencia militar en esa región del país.

Se refirió a todos los actores de la cruel violencia en el departamento y fue severo en señalar: “No tenemos distingo en perseguir a unos y otros, estamos combatiendo a todas las estructuras, ayudamos a todas las comunidades y estamos de la mano del Comisionado de Paz”.

El alto oficial mostró su preocupación por los cultivos hidropónicos de marihuana en los resguardos indígena. “No podemos hacer nada, estamos en cumplimiento de la ley”.

Destacó que las Fuerzas Militares están actuando bajo el marco de la política de paz con legalidad. “Las Fuerzas Militares están trabajando día a día para aportarle a la paz al Cauca, apoyándolas con proyectos productivos y roles de la seguridad ciudadana”.

Integración social

“Necesitamos más participación de la comunidad del Cauca, darle importancia a la Mesa Territorial de Garantías, somos conscientes de la situación pero tenemos todo el interés de solucionar, con los mejores resultados, la situación que está viviendo el departamento”, afirmó la ministra del Interior, Alicia Arango, quien hizo un balance de las acciones de su cartera para proteger a los líderes sociales, defensores de los DD.HH, indígenas, campesinos entre otros ciudadanos amenazados.

Dijo que se lleva a cabo un monitoreo respecto a la situación humanitaria en el Cauca. “Nos falta mucho, sabemos de los compromisos y de sacarlos adelante” y fue precisa en señalar que el Plan Integral se construye con la comunidad, todos juntos”.

Al reconocer la labor de la Fuerza Pública, la ministra Arango fue directa en señalar que todas las acciones velan por la seguridad y vida de los habitantes del departamento”.

Reconoció que sin la integración social no se llega al éxito por eso destacó la necesidad de tener más información porque los grupos ilegales están haciendo mucho daño. “Están asesinando a los que están defendiendo la sustitución de cultivos”, dijo.

Afirmó la titular de la cartera política que es necesario una mejor comunicación entre la comunidad, los representantes y senadores con el objeto de tener una respuesta y retroalimentación, “porque el Ministerio no está a la defensiva, sino de puertas abiertas para solución de los problemas”.

Hemos cumplido con judicialización

La vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, dijo que lo que se ha hecho en los últimos años en el departamento del Cauca es la de llevar a cabo investigaciones estructurales, al indicar que están comprometidos con perseguir a quienes cometen delitos asociados y reclutamiento de niños, entre otros, y no dudó en señalar que los grupos al margen de la ley son responsables de la victimización en esa región del país.

Hizo un balance de las capturas de integrantes de esos grupos criminales. “Hemos cumplido con la judicialización y seguiremos avanzando con el Ejército y la Policía para realizar ordenes de capturas que disminuyan la capacidad de esos grupos”.

“La Fiscalía está dispuesta a participar en una Mesa para avanzar juntos enérgicamente contra los grupos ilegales en el Cauca”, afirmó.

No al maltrato contra Fuerza Pública

El senador Ernesto Macías dijo que la situación del Cauca ha sido muy compleja y destacó que la situación del departamento del Huila es similar: “Están todas las expresiones de las organizaciones criminales y cuando hay narcotráfico y minería ilegal, se vuelven más agresivas”.

Señaló que el debate debe continuar tras señalar que es muy preocupante el maltrato que recibe la Fuerza Pública y “eso no lo podemos permitir”.
Agregó que se ha invitado a la unidad, “lo corrobora el Ministro de Defensa y a eso debemos llegar”.

El presidente de la Comisión Segunda, José Luis Pérez, levantó la sesión, porque los senadores debían ir a contestar el llamado virtual de la plenaria de la corporación, por eso anunció que el debate continuará el próximo martes 12 de mayo para darle la palabra a quienes no tuvieron la oportunidad de hablar, por falta de tiempo.