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El Congreso tiene la oportunidad de resarcir el daño causado a los pensionados por la falta de información: senadora Nadia Blel

Actualmente existen más de 34 mil procesos por parte de los colombianos que buscan trasladarse a otro régimen de pensiones.

Bogotá D.C.,  septiembre 1 de 2020. Con la participación del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, centrales obreras, Colpensiones y miembros de la academia, se realizó en la Comisión Séptima el foro “cambio de régimen pensional” donde se dieron a conocer diferentes aspectos de la iniciativa con la que se busca garantizar el traslado de afiliados entre Fondos de pensiones.

Durante el foro se presentaron a profundidad los alcances y efectos legales, financieros y sociales de la propuesta legislativa que plantea que los colombianos que estén a menos de 10 años para pensionarse puedan cambiarse de régimen si cumplen con los requisitos de ser mayores de 52 años, para los hombres, o mayores de 47 años, para las mujeres, y haber cotizado un mínimo de 750 semanas, un beneficio que actualmente está prohibido y que podría favorecer a casi 500 mil colombianos.

“Con esta iniciativa el Congreso de la República tiene la oportunidad de brindarle a todos los colombianos que están a punto de pensionarse y que no contaron con la doble asesoría en el término establecido, el poder remediar una mala decisión tomada por falta de información”, afirmó la Senadora Nadia Blel, ponente de la iniciativa.

En el mismo sentido, el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, autor del proyecto de ley, indicó que con este se busca poder resarcir el error del sistema pensional que impidió que durante más de 20 años se tuviera acceso a una decisión informada “la gente no tenía información de dónde deberían tener sus intereses pensionales lo que ocasionó que miles acudan al aparato judicial para reclamar sus derechos”, expresó.

Por su parte Maria Del Rosario Vásquez, docente Universitaria y Vocera de Movimiento “Con Las Pensiones No” afirmó que esta iniciativa es una reivindicación con las víctimas de las Administradoras de Fondos de Pensiones “durante muchos años hubo presiones y exigencias ilegales por parte de los empleadores para que los trabajadores se afiliaran o tomaran asesorías obligatorias con las AFP”.
La academia también respaldó la iniciativa, indicando que las cifras que están dando sobre el impacto fiscal que tendría el proyecto, que según MinHacienda, se estiman en 34,2 billones de pesos, se está haciendo bajo proyecciones, ya que no se sabe efectivamente cuántas personas se van a trasladar al fondo “por el contrario esta iniciativa sí corregiría la falta de acompañamiento en la toma de decisiones y la brecha de traslados sin regulación de doble asesoría específica, comprendida entre los años 1994 y 2014”, indicó Iván Jaramillo Jassir, director del observatorio laboral de la Universidad El Rosario.

Frente a esto, el jefe de la cartera de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera informó que, aunque es innegable el impacto fiscal de la iniciativa “existen cerca de 34 mil demandas interpuestas por los pensionados que terminan, en un 92%, fallando a favor de los demandantes” lo cual congestiona el sector judicial y genera un detrimento económico para el Estado.

Asimismo, afirmó que desde el Ministerio se encuentran preparados conjuntamente con Colpensiones para asimilar la posibilidad de estos traslados: “la última palabra de esta decisión la tiene el Congreso de la República teniendo en cuenta las observaciones del Ministerio de Hacienda”.

Al cierre del foro, el citante del mismo, el Senador Gabriel Velazco concluyó que las recomendaciones y observaciones que se presentaron serán estudiadas con detenimiento y tenidas en cuenta para que la Comisión realice el debate de este proyecto de ley en beneficio de los pensionados en Colombia.

Sector comercio, industria y turismo trabaja en proyectos integrales

Para reactivarse, el sector pide al Gobierno nacional más acompañamiento por parte de los bancos

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2020 (Prensa Senado).- En la Comisión Sexta, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, presentó las acciones adelantadas por su cartera para la reactivación del sector como la ampliación de líneas de crédito con más plazo, tasa y mayores garantías para los sectores más afectados, así como la implementación del decreto de control de precios evitando la especulación y el acaparamiento.

Igualmente, informó que se adoptaron en sectores de restaurantes y turismo incentivos adicionales como la exclusión del IVA, la reducción en el IVA a tiquetes temporalmente, la eliminación transitoria de la sobretasa a la energía, la exclusión del impuesto al consumo en restaurantes, la supresión del IVA también en franquicias para restaurantes, a la vez que resaltó el acompañamiento que adelantan a los procesos de reestructuración de empresas con nuevos decretos desde la Superintendencia de Sociedades.

En materia de empleo señaló que se tomó la decisión de diferir el pago de impuestos y de contribuciones en IVA y renta para el sector turismo y otros asociados, contribuciones como el parafiscal para el turismo, la disminución en costos de pensiones, generación de liquidez a través de líneas de crédito especiales. Destacó el trabajo de Bancoldex de la mano de las gobernaciones con créditos regionales y dijo que se han colocado hasta el momento cerca de 1,2 billones de pesos en medio de la pandemia. Otro aspecto importante que el jefe de la cartera resaltó es el de las líneas de garantía en crédito con el Fondo Nacional de Garantías, que ha desembolsado 6.9 billones de pesos y tiene en reserva uno más, en donde el Estado es garante para los sectores afectados en un 90%.

Preciso que se avanzó en un decreto que regulaba el tema de arrendamiento, buscando lograr acuerdo entre las partes y de no ser posible facilitar la terminación unilateral del contrato, acompañaron a las guías de turismo con un subsidio durante tres meses y los esfuerzos de subsidios a la nómina y pagos de primas que diseñó el gobierno nacional.

La siguiente etapa la denominó el Ministro como el reinicio de la actividad productiva, para él ­no hay dilema entre la salud y la vida o la salud y el empleo.

Explicó que está haciendo un proceso de reapertura gradual, progresiva, ordenada en economía, el cual se ha ido técnicamente implementando y preciso que a partir del 1° de septiembre, el 99% de los sectores desde la perspectiva de la oferta podrán operar con responsabilidad empresarial, al tiempo que informó que su cartera desarrolló 95 lineamientos para igual número de subsectores de la economía, en protocolos de bioseguridad implementados con el Ministerio de Salud, los cuales se acompañan con una dosis de cultura ciudadana.

En el transcurso de su presentación dio la buena noticia que en el último mes, en exportación de elementos de protección, Colombia logró exportar 30 millones de dólares.

Intervienen los senadores

Tras la intervención del Ministro, el senador Iván Agudelo sentó su posición frente a la reactivación del sector solicitando al Gobierno Nacional la materialización de líneas de crédito.

Por su parte, la congresista Ruby Chagui resaltó el trabajo que viene haciendo el Ministro de Comercio, Industria y Turismo con respecto al manejo dado durante esta pandemia y a los procesos que viene adelantando en la reactivación económica del sector, así mismo hizo un llamado ante las cifras de desempleo en el país y pidió la pronta activación de créditos a microempresas para que generen nuevos empleos.

El legislador Horacio Serpa pidió un salvavidas al Gobierno para este sector y aprovechó su intervención para hacer un llamado de atención frente a la situación que están viviendo con respecto a los impuestos del comercio, a la nómina y arriendos.

La presidenta de la Comisión Sexta, senadora Amanda Rocio González, se refirió al incremento de la población femenina inactiva laboralmente en el país.

Para el cierre de esta Comisión, los representantes de los diferentes gremios solicitaron líneas de créditos con mayores períodos de gracia para dar viabilidad a la reactivación del sector y fueron enfáticos en que estas sean especiales e inmediatas, ya que han sido los más afectados por las medidas restrictivas en cada una de las regiones.

Dentro de sus requerimientos insisten en la extensión del subsidio a la nómina, facilidad en arrendamientos, rescate de empresas a través de capital a restaurantes, hoteles y agencias de viajes, exclusión del IVA para el alojamiento, respaldo del 100% de garantía a los créditos del sector turístico y eliminación de la sobretasa.

 

Autoridades y comunidades del Caquetá piden al Congreso modificar decisión del diferendo limítrofe que entregó al Meta 3.700 kilómetros cuadrados

Las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara decidieron no acoger y, en consecuencia, devolver el informe técnico radicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en relación con el deslinde entre los departamentos y la decisión la llevarán a Plenaria del Senado.

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2020 (Prensa Senado). - En audiencia pública, la Comisión de Ordenamiento Territorial escuchó a las partes involucradas en el diferendo limítrofe entre Caquetá, Meta y Guaviare con el fin de dirimir el conflicto territorial, el cual ya completa más de 50 años.

La senadora ponente María del Rosario Guerra aclaró en audiencia pública que los límites entre Caquetá y Meta están estipulados en la Ley y por eso no pueden acoger los límites tradicionales que están solicitando los habitantes del Departamento del Caquetá.

El senador ponente Eduardo Pacheco dijo que desde un comienzo los dos departamentos desecharon el informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es decir que inicialmente no hubo acuerdo entre Caquetá y Meta. “Ahora estamos en otro punto", dijo.

"El departamento de Caquetá se acoge al documento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Nosotros decidimos de fondo (Senado), en el tema, vamos a ver si hacemos un estudio constitucional del tema", agregó.

Esta fue la decisión que adoptaron los legisladores de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT.

Con fundamento en lo expuesto en los informes de ponencia expuestos, los miembros de las subcomisiones designadas por las mesas directivas de las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes proponemos a los miembros de estas comisiones:

- No acoger y, en consecuencia, devolver el informe técnico radicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en relación con el deslinde entre los departamentos de Caquetá́, Meta y Guaviare por no ajustarse a lo estipulado en la Ley 1447 de 2011 en sus artículos 3º y 8º.

- Mantener los límites entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, tal y como figuran en los mapas oficiales actuales.

- Solicitar al IGAC actualizar los límites de acuerdo con lo señalado en este informe.

- Desvincular al departamento del Guaviare del diferendo limítrofe entre los departamentos del Caquetá́ y Meta, sobre la base que existe consenso en el punto trifinio de límite entre Guaviare, Meta y Caquetá́ correspondiente al nacimiento del rio Ajajú, y que sus límites no se ven modificados ni por la propuesta del IGAC ni por la presentada por los departamentos de Meta y Caquetá́.

Las posturas comenzaron con el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, quien insiste en que los predios en litigios son de Caquetá y no del Meta, porque ha mantenido presencia en el territorio en litigio de manera histórica.

“Hay infraestructura educativa, vial y demográfica adscrita al Caquetá”, manifestó.

Así mismo, el secretario de planeación de Caquetá, Ancizar Marín Correa, presentó la ponencia de su departamento y pidió “no devolver el informe técnico radicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, en relación con deslinde de los departamentos Caquetá y Meta, por considerarse ajustado a derecho y de conformidad a los estipulado con la Ley 1447 de 2011”.

El alcalde de San Vicente, Julián Alfredo Perdomo, solicitó respetuosamente a los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado que les permitan realizar un plebiscito para establecer el futuro de esta región. El Congreso decidió mantener los límites entre los departamentos de Caquetá ́, Meta y Guaviare, tal y como figuran en los mapas oficiales actuales.

Fráncico Javier Munera, obispo de San Vicente del Caguán, pidió se tenga en cuenta el estudio técnico del IGAC, que dice que ese territorio pertenece al Caquetá. “Este territorio es caqueteño. San Vicente del Caguán juega un papel fundamental para la región”, dijo el prelado.

En respuesta, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, manifestó que no quiere quitarle ni un sólo centímetro al Caquetá.

“Las pretensiones del Caquetá son de 3.700 metros cuadrados. La ley es la Ley, y es justa. Nosotros demostramos que el informe del IGAC es antijurídico e ilegal. Hemos sido juicios con la ley en la mano y sin populismo defendemos el territorio. Desde hace 60 años están definidos los límites”, precisó.

Otros planteamientos

La abogada Irene Roa, quien se encarga de la defensa de la gobernación del Meta, en proceso limítrofe con Caquetá, señaló que la controversia versa por una porción de tierra, “queremos plantear lo siguiente. El informe técnico del IGAC no es absoluto, no condiciona la necesidad del Congreso. El Congreso tiene la competencia para decidir. Al IGAC le está dado que hacer el deslinde y presentar un informe con los alcances de un informe técnico, pero no es condicionante de una decisión, de lo contrario no tendría ninguna razón de ser este procedimiento. Es lo contrario, el informe está sujeto a ser observado y a ser debatido y a ser vencido como los venció el Meta”, destacó la abogada.

Julián Alonso López, secretario jurídico de Gobernación del Guaviare, confirmó que no tienen pretensión alguna ese proceso limítrofe con Meta y Caquetá porque no está juego la integridad territorial del departamento del Guaviare. No se afectó el territorio de Guaviare y se mantienen los límites tradicionales

Por su lado, el senador Jorge Londoño, dijo. "Debemos definir en justicia y no en la Ley sobre el diferendo limítrofe de Caquetá y Meta".

“No desechemos la propuesta de un funcionario que pidió una consulta. Esta consulta es un insumo vital con el concepto de territorialidad. Esa ley tiene sentido en cuanto a que pueda interpretar la justicia. Lo justo no lo vamos a encontrar en la norma”.

Mientras tanto, el senador Jorge Guevara, quien nació en esa zona del país, dijo que en estos momentos no hay nada definitivo en el diferendo limítrofe entre Caquetá y Meta.

”Se ha ganado un consenso del informe serio y sobre el terreno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El territorio no es un espacio frío, es un sitio que tiene un componente humano, que tiene hechos históricos”, manifestó.

El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, Miguel Amín, dijo que la conclusión es modificar la Ley 1447 de 2011 y sus decretos reglamentarios para que los actores tengan la posibilidad de ser escuchados por la Plenaria del Senado.

“Esta no es sesión congregacional, no se toman decisiones, sólo escuchamos las propuestas de los interesados para llevarla a la Plenaria del Senado”, recordó.