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Sí a doble instancia, con retroactividad, para aforados y simplificación de trámites

Las iniciativas serán ajustadas de acuerdo a las proposiciones de modificación a los artículos y en 10 días se presentarán de nuevo para ser debatidos en plenaria.

Bogotá D.C., diciembre 03 de 2019. (Prensa Senado). En medio de un controvertido y reñido debate, la Comisión Primera del Senado aprobó con 12 votos a favor y dos en contra, el proyecto que garantiza el derecho fundamental a la impugnación y el principio de favorabilidad.

Con ponencia de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) se debatió por espacio de 3 horas y media, la iniciativa que tiene como objeto garantizar el derecho a la doble instancia y doble conformidad, de manera retroactiva, reabriendo así, procesos que fueron fallados en única instancia penal para aforados constitucionales.

El desarrollo del debate se escucharon varias opiniones, una en favor y otras en contra como lo argumentado por el senador Alexander López (Polo Democrático), quien calificó el proyecto de ley como no ajustado, al indicar que “el derecho fundamental es proteger a los menores con salud y educación como a los indígenas que se les vulneran y no establecer que la doble instancia favorezca a los aforados que han sido condenados por delitos atroces y por lo tanto invitó a votar negativamente”, agregando que “esto genera impunidad y perdona a delincuentes condenados por corrupción. No debe debe haber doble instancia para perdonar criminales. Eso no es un derecho fundamental”.

Por su parte, el senador Gustavo Petro (Colombia Humana), señaló que “de aprobarse el proyecto del derecho a segunda instancia, se estaría favoreciendo a muchos econgresistas, criminales y narcotraficantes para salir de la cárcel con impunidad", mientras su colega Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), indicó “todos los colombianos tienen el derecho a la segunda instancia, ya que se han conocido muchos casos donde inocentes han sido sentenciados injustamente”, mientras el legislador Temísclotes Ortega (Cambio Radical) manifestó su opinión al reiterar que “se deben reconocer los principios de igualdad y la doble instancia “.

A su vez, otras opiniones en torno al proyecto se escucharon para apoyarlo como fue el caso de la senadora Esperanza Andrade (Partido Conservador), quien reclamó: “No más polarización en los debates y debemos ser responsables de legislar y votar positivamente el proyecto que pretende establecer un verdadero equilibrio y oportunidad para la defensa a quienes han sido condenados y apelan para demostrar su inocencia”.

Para el senador Roy Barreras (Partido de la U) es necesario mejorar la tesis del proyecto para que sea más claro y destacó la necesidad de incluir una proposición que será anexada en la próxima ponencia que se debatirá en la plenaria.

Sin embargo, en el desarrollo de las discusiones se propuso archivar el proyecto ante las múltiples diferencias expuestas y se procedió a someter por votación a su archivo, aspecto que fue sometido a votación, siendo aprobado con 12 votos a favor y 3 en contra.

La discusión se extendió hasta declarar sesión permanente para darles oportunidad a los senadores para que expusieran sus puntos de vista para perfeccionar la propuesta y ajustar los textos del articulado para su siguiente proceso legislativo y seguidamente se procedió a votar para su aprobación con 12 votos a favor y ninguno en contra.

A su vez, la siguiente iniciativa aprobada por unanimidad es la que busca establecer disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva a nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y administrativas para la racionalización de trámites, proyecto que se condensa en suprimir la tramitología y buscar más eficiencia para realizar gestiones ante las entidades públicas.

El ponente, senador Fabio Amín (Partido Liberal), explicó que este proyecto agilizará los trámites administrativos a los ciudadanos y evitar la tramitología y acabar con el exceso de los mismos y señaló que es necesaria su aprobación si se tiene en cuenta que el país tiene 62 mil trámites y solo el 50 por ciento entidades tienen sistema electrónico y se demoran 20 días en darle respuesta al ciudadano y Colombia está entre los países que más trámites se deben hacer para cualquier solicitud ante el Estado y esto es propicio para que exista corrupción”, ante lo cual solicitó su aprobación y recordó que la iniciativa pretende ser efectiva para que las gestiones ante el Estado sean transparentes y ágiles, en favor de la ciudadanía.

A su vez, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) manifestó que es vital revisar y en especial lo relacionado con las historias clínicas, donde más inconvenientes se registran y preocupa a la ciudadanía en general, así como lo relacionado con las oficinas de atención al ciudadano que es muy ineficientes para respuestas ágiles.

Otros congresistas apoyaron la aprobación del proyecto como el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), quien señaló que “el proyecto es necesario para suprimir tanta tramitología y solicitar que todas las entidades los hagan en línea, así se evita también irregularidades en los procesos y en especial la corrupción".

Igualmente explicó el senador ponente del proyecto, Fabio Amín, quien dijo que con la iniciativa antitrámite todas las entidades están de acuerdo para que sean incluidos y así agilizar las gestiones, entre ellas las estampillas electrónicas y otros y el objeto del mismo se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo y con la política del Gobierno para reducir la tramitología y la corrupción”. 

Seguidamente se procedió a la votación del articulado para su aprobación con resultado de 14 votos a favor y pasa a su cuarto debate ante la plenaria para que se convierta en Ley de la República.

Deudores de multas de tránsito tendrían amnistía

La Comisión Sexta también aprobó tres proyectos más para que siguen su curso en el Congreso.

Bogotá D.C., diciembre 3 de 2019 (Prensa Senado).- Luz verde al proyecto de ley que busca establecer amnistía a los deudores de multas de tránsito y posibilita la suscripción de acuerdos de pago por deudas de los derechos de tránsito a las autoridades. Como lo manifestó el ponente del proyecto, senador Horacio José Serpa: “La iniciativa establece una amnistía a los deudores de multas por infracciones al Código Nacional de Tránsito y se condonan unas deudas de las autoridades de tránsito”, puntualizó.

Según el texto propuesto, por una única vez y en un término de seis meses, todos los que tengan pendiente el pago de multas por infracciones a las normas de tránsito impuestas hasta el 31 de diciembre del 2017 podrían acogerse a un descuento del 50 % del total de su deuda y del 75 % de sus respectivos intereses.

La amnistía se define como una medida en la que por medio de una ley se perdona una deuda que debía cumplirse en su tiempo y no se cumplió. El senador Serpa mencionó que “si la cartera actual sigue sin recuperarse, es imposible contar con los recursos necesarios para que sean invertidos en la seguridad vial, esta propuesta apalanca su recuperación en los seis meses que se establecen como plazo máximo”.

Los beneficiarios de esta iniciativa serían los infractores con multas pendientes por pagar hasta el 31 de diciembre de 2017. El legislador aseguró que hay 33.459.446 comparendos desde la entrada en vigencia de la ley. "Si estos se hubieran pagado el recaudo seria más de $10 billones de pesos, pero solo 8.698.201 comparendos han sido cancelados, es decir un 23 por ciento solamente”, dijo Serpa.

Este proyecto sigue a la plenaria del Senado, donde se espera que sea aprobado para luego convertirse en ley de la república.

Posteriormente, la Comisión Sexta también aprobó tres proyectos más para que siguen su curso en el Congreso, en el primero se modifica y adiciona la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y tránsito.

Ese proyecto plantea modificaciones aplicadas a varias normas legales vigentes con la intención de fortalecer los planes estratégicos de seguridad vial. El ponente Horacio Serpa dijo que “se busca complementar las normas de seguridad vial para salvar vidas y evitar siniestros, por lo cual se obliga a los actores involucrados y a los usuarios de las vías para que desde temprana edad se acceda a una formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía”.

A propósito del día internacional de las personas con discapacidad, esta célula legislativa aprobó en tercer debate un proyecto de ley, el cual busca crear el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la lengua de señas en Colombia (LSC), con el objetivo de concertar la política pública para sordos en el país.

El objetivo de este proyecto es reconocer los derechos de la comunidad con discapacidad auditiva, la senadora Ruby Chagüi, ponente de esta iniciativa explicó que “lo que trae este proyecto es crear un órgano que tenga capacidad de diseñar y proponer olímpicas, proyectos y programas con relación a la lengua de señas y que sea capaz de gestionar precisamente diferentes iniciativas en esta materia a nivel nacional”.

La congresista Ana María Castañeda acompañó esta iniciativa y afirmó: “La realización plena y completa de las personas con discapacidad tiene que ser nuestro objetivo para lograr una sociedad desarrollada, sostenible y en paz” y celebró que este proyecto se haya aprobado en el día internacional de las personas con discapacidad.

En el último proyecto aprobado, se dictan normas para el ejercicio de la profesión de administración, el legislador Iván Darío Agudelo explicó que “es un proyecto que busca actualizar la norma, ya que todas estas normatividades son anteriores a la Constitución del 91”.

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el próximo martes 10 de diciembre, a las 10:00 a.m.

 

Logran consenso partidista en Comisión Séptima de Senado, en proyectos con temas laborales

"El colegaje en pro de los colombianos siempre ha sido característica de esta Comisión”, así lo afirmó el presidente de la Comisión, Fabián Castillo Suárez.

Bogotá D.C., diciembre 3 de 2019 (Prensa Senado).- Tras una serie de discusiones en el marco de respeto, los senadores integrantes de la Comisión Séptima, representantes de los partidos Centro Democrático, Liberal, Polo Democrático,  la U y Cambio Radical, lograron consensuar y aprobar por mayoría absoluta dos proyectos de vital importancia para los colombianos.

En el primero, de la autoría del senador Jesús Alberto Castilla, se propone adoptar criterios técnicos y administrativos que garanticen el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez en el sistema general de pensiones a los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo para la salud, iniciativa sobre la cual el senador Gabriel Velasco retiró ponencia negativa y acordó puntos de interés que atiendan la problemática del régimen especial de pensiones de alto riesgo.

En ese mimo orden fue consensuado por otros senadores la decisión de retirar algunas proposiciones supresivas y modificativas de los artículos 5, 7 y 9 del mismo proyecto, acordando dejarlas como constancias y someterlas a votación en el siguiente trámite ante la plenaria, con el compromiso  del senador Alberto Castilla de ajustar la iniciativa, según las observaciones de sus colegas.  Se espera que en el segundo debate sea aprobado para que se convierta en nueva ley de la República.

Por otro lado, la discusión del segundo punto en el orden del día, fue él polémico proyecto de iniciativa del partido de Gobierno, encabezado por el senador Álvaro Uribe Vélez, y el cual busca reducir la jornada laboral semanal, establece el trabajo de tiempo parcial para jóvenes y adultos mayores. Esta iniciativa recibió el visto bueno de la Comisión  y se acordó que antes del segundo debate en plenaria se realice un foro de cara al país.