Senador Richard Aguilar propuso al Gobierno Nacional exoneración del IVA, pago de peaje, disminución del costo de la gasolina, pago del 50% de los seguros, para aliviar las cargas tributarias del sector transporte terrestre del país.

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Por iniciativa del senador Richard Aguilar (Partido Cambio Radical), la Comisión Tercera de Senado llevó a cabo el debate de control político virtual sobre los efectos económicos que atraviesa el sector de transporte terrestre intermunicipal por motivo del coronavirus. Para tal fin se citó a los ministros de Transporte y de Hacienda, con la invitación a delegados de las empresas del sector transporte.

El senador Aguilar informó en su presentación, en la que mostró la relevancia que tiene el sector para el país, que antes de la pandemia, el sector transporte en el país venía con un alto crecimiento, a nivel mundial ocupando un cuarto puesto. ” Este es un sector sumamente importante para el desarrollo y la economía colombiana. La inversión pública se ha disminuido, debido a la baja del petróleo y la reactivación será muy tardía”. Señaló que en el mes de febrero el sector creció al 4.6% y en el de marzo solo 1.1%, representando el 4.9 % del PIB.

Agregó que en Colombia hay 3.500 empresas, entre sociedades comerciales, cooperativas y gremiales. Expuso que el año pasado se movilizaron unos 139 millones de pasajeros, generando 1.4 millones de empleos.

El congresista solicitó que se alivie la carga tributaria al sector hasta el mes de diciembre, por la disminución de los ingresos de las empresas de transporte. "El sector ha recibido un declive muy grande. En el año 2019, tenía 13 millones de pasajeros, este año sólo tiene 37 mil pasajeros. La nómina del sector es de 1.2 billones de pesos y no tiene para pagarla por falta de flujo en la caja. El sector no aguanta más", afirmó.

Aguilar, propuso al Gobierno la exoneración del IVA, el pago de peajes, disminución del costo de la gasolina. Asimismo, que sólo se pague el 50% de los seguros y postergar los planes de mejoramiento de las terminales de transporte. Recomendó suspender todo trámite de adjudicación de rutas, entre otras solicitudes. El senador solicitó a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que muestre cuáles son las prospectivas de lo que le espera al sector.

En sesión informal se escuchó, entre otros invitados, al gerente de la empresa de Coopetrán, Hernán Mauricio Atuesta, afirmó que el sector está grave de muerte. "Nos vemos amenazados por la crisis económica, no tenemos cómo responder a las deudas de los bancos. La demanda de los pasajeros es muy baja, debido al miedo que tienen los colombianos de contagiarse. Tenemos más de la mitad del parque automotor inmovilizado". Atuesta solicitó fácil crédito para el pago de la deuda.

Igualmente, el gerente de Asotrans, Marino Quintero, pidió un aplazamiento del pago de la prima de medio año y que se active al sector con créditos y bioseguridad.

Participación de los congresistas

En su intervención, el senador Luis Eduardo Diazgranados (Cambio Radical) solicitó que se atiendan las necesidades del sector, como la línea de crédito y ampliar las medidas del pago de los peajes.

Por su parte, el congresista Antonio Sanguino afirmó: "El Gobierno debe acordar con este gremio medidas de alivios. Ellos generan 100 mil empleos directos y 200 mil indirectos. Es una necesidad para el país que el Gobierno salve el sector, que es vital para la economía del país".

El legislador Ciro Ramírez aseguró que el sector de transporte terrestre ha estado frenado en un 99%, por la crisis sanitaria. Ramírez dice que no conduce la recuperación de la economía, sin la reactivación del sector transporte. Dijo que se estudien todos los alivios tributarios, para la recuperación del sector.

Senador Efraín Cepeda Sarabia indicó: "Tenemos que salvar a este sector, generador de empleo, facilitando una línea de crédito a cinco años y uno de gracia para aligerar cargas. También se debe extender a seis meses el subsidio a salarios y seguridad social y reducción del IVA". El congresista propuso que Bancoldex actúe como banca de primer piso ante la negativa del sector bancario de no conceder créditos al sector transporte.
A su vez, el congresista Germán Hoyos (Partido de la U) hizo un llamado al Gobierno para que tome decisiones complejas en la crisis del sector transporte. "Es mejor salvar el empleo que subsidiarlo. Tenemos que saber de dónde saldrán los recursos”.

Entre tanto, el legislador liberal Mauricio Gómez le pidió coordinación a los ministerios de Hacienda y Transporte para agilizar la línea de créditos a los sistemas de transporte masivo, tema que ha liderado en las últimas semanas. De esta manera, requirió al Gobierno extender la mano también a las empresas de transporte intermunicipal.

De la misma manera, el senador del Partido Alianza Verde, Iván Marulanda, solicitó al Gobierno que atienda al sector y le dé solución a la problemática de 36 mil transportadores.

 Líneas de crédito para sector transporte

En el debate de control político estuvo la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y la viceministra, Carmen Valderrama.

Atendiendo la preocupación de la liquidez en las empresas de transporte del país por no contar con acceso directo a una línea de crédito especial, la ministra Orozco aseguró que esta semana la cartera de Gobierno estará suscribiendo un convenio con Bancoldex para tener ese tipo de crédito con tasa compensada. “Esa tasa compensada viene de un aporte que Mintransporte otorgó precisamente a raíz que el Decreto 575 lo permitió, porque eso tenía otra destinación presupuestal”.

La medida financiera estará dirigida a personas naturales y jurídicas pertenecientes al sector transportador de carga y de pasajeros, más no a los sistemas masivos de transporte en las siete ciudades capitales que cuentan con el servicio. Esto será un aspecto aparte porque el mismo decreto “estableció la posibilidad de que los entes gestores y entidades territoriales asumieran créditos para la sostenibilidad de los sistemas masivos con garantía de la Nación hasta de un 90% con los fondos de garantías y como las empresas de transporte hoy también tienen esa posibilidad”, sostuvo la funcionaria. Sobre el tema, se adelantan unas mesas de trabajo permanente y “esa es una medida directa del Ministerio de Hacienda que es el que emite esas garantías”, agregó.

Asimismo, la Ministra de Transporte se refirió al Decreto 569, el cual fijó la exención del pago de peajes, durante el primer aislamiento decretado por el presidente Iván Duque para ayudar y apoyar al sector transportador. Esto afecta los recursos del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, que ha dejado de recaudar más de $150 mil millones por ese concepto, por lo que no se extenderá esta medida que terminaría de “afectar el presupuesto del Invías, de afectar rubros de emergencia que ya se han contratado para ejecutar, con cargos al presupuesto del Invías en zonas del país como Santander”, dijo Ángela María Orozco, quien agregó que el Gobierno está trabajando en el tema para que, a medida que se reactiven los sectores productivos, se reinicie el cobro de peajes. Ese sería un anuncio que haría el Presidente de la República posteriormente.

De otro lado, señaló que con los protocolos de bioseguridad, el Ministerio de Transporte otorgó un permiso especial y transitorio para que, en el término de la emergencia sanitaria, las empresas de transporte intermunicipal pudieran hacer convenios con las secretarías de Movilidad y los entes gestores de los municipios, donde se prestan esos servicios para poder contratarlos y prestar servicio dentro de las ciudades, con el fin de completar el servicio público de transporte evitando que este se colapse y sea foco de contagio.

Finalmente en el grupo de citados, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, se refirió a los recursos destinados por el Gobierno para atender la emergencia por el coronavirus desde cuatro fuentes, entre las que se encuentran: alivios tributarios, créditos con garantías del 90% a distintos sectores y el subsidio equivalente al 40% de un salario mínimo de los trabajadores de las empresas y entidades sin ánimo de lucro con reducción en sus ingresos del 20% y que soliciten este aporte durante los meses de mayo, junio y julio.

Sobre las necesidades de los sistemas de transporte masivo, en la misma línea de la ministra Orozco, Londoño aseguró que se han liberado fuentes para que estos “puedan destinarlas de la cofinanciación de la Nación que si solo era inicialmente para infraestructura, les hemos dicho que si tiene algún recurso en esas fuentes que no esté en este momento comprometido en infraestructura, pueden destinarlo a la operación”.

En caso de que se llegue a necesitar el 100% de las rutas, el viceministro dijo que por la salud de los colombianos los sistemas masivos de transporte deben disponer de ellas. Siendo conscientes de las pérdidas que esto les representa, apuntó que “se lo vamos a compensar con mayores plazos en sus contratos para decir que esa utilidad esperada y esa pérdida que se está dando, se les pueda reconocer en el mediano plazo”, a través de crédito, con el apoyo de la entidades territoriales y liberación de fuentes de financiación.

Al concluir el debate, el congresista Richard Aguilar le pidió al Gobierno, que atienda la problemática del sector. Expresó que habrá una línea de crédito con Bancoldex. "Celebro que el anticipo de rentas no se pague este año". Afirmó que, si no se exonera el peaje, se quebrará el sector, a la vez que pidió que haya un subsidio de nómina. "Estemos vigilantes para que los compromisos se puedan dar con agilidad, para superar la crisis de este sector que tanto le ha aportado a la economía del país".

La alta funcionaria aseguró en debate virtual de control político de la plenaria del Senado que “sin reparación y no repetición es difícil lograr la paz”. Bancadas fijaron sus posiciones frente al cumplimiento del acuerdo de pacificación. Moción de duelo de la corporación por muertes causadas por el Coronavirus.  

 Bogotá D.C., 18 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Durante el debate virtual de control político de la plenaria del Senado sobre las obligaciones derivadas del acuerdo final con las Farc, la ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que “el Gobierno no debilita el proceso de paz y tiene la obligación de cumplir con los compromisos, al igual que todos los firmantes del acuerdo. Es un tema de doble vía”, a la vez que recalcó que la administración del expresidente Iván Duque “tiene voluntad de paz con legalidad”.

Aclaró que el Ejecutivo tiene interés en la reinserción a la vida civil, especialmente por parte de los exguerrilleros rasos, al tiempo que señaló que el Gobierno está convencido de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas para adelantar el proceso de pacificación. “Sin reparación y no repetición es difícil lograr la paz”, dijo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, otro de los funcionarios citados al debate, que duró más de ocho horas, manifestó: “Humildemente les digo senadores: no es bueno creer que un acuerdo pétreo haya tenido la virtud de anticipar todos los eventos futuros. En la práctica, esa visión le cierra la puerta a las posibilidades de construir paz”.

El debate lo inició  la vocera del partido Centro Democrático, senadora María del Rosario Guerra, quien se refirió al que llamó informe de incumplimiento de las FARC a las obligaciones derivadas del Acuerdo Final, en materia de entrega de bienes y reincidencia.

En dicho informe mencionó la congresista, que las Farc no entregaron en su totalidad los elementos con que se repararían a las víctimas del conflicto armado, como bienes muebles e inmuebles, recursos económicos, ganado, cultivos, tierras, empresas, como también elementos bélicos escondidos en caletas con armas y explosivos entre otros y que según la senadora María del Rosario, se encuentran en manos de las denominadas disidencias de las Farc. Luego dijo que “nadie ronda a las Farc en el cumplimiento de los acuerdos de paz”, a la vez que reiteró su solicitud para que se entregue un informe de seguimiento de los compromisos y se exija que se cumpla.

La intervención de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, otra de las citantes, estuvo acompañada de un fuerte cuestionamiento al objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por no ser imparcial, según dijo, y expuso los puntos más importantes que argumentaban lo afirmado.

Posteriormente se registró una interpelación el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, quien respondió a la senadora, Paloma Valencia, textualmente: “No pretenda decir senadora que ahora la JEP es el partido de izquierda, porque eso es una mentira completa, como tantas otras que se han dicho en este debate".

En otra de sus intervenciones, la ministra del Interior, Alicia Arango, señaló que frente a los avances del acuerdo final se tiene la formulación del programa de protección para las comunidades y las organizaciones en los territorios y  que este programa define y adopta medidas como prevención, seguridad, protección, acciones dirigidas a promover la reconciliación y una asistencia técnica en 82 municipios en 21 departamentos, al tiempo que se construyeron ocho planes de protección y prevención para diferentes comunidades y organizaciones en los territorios.  “Vamos a seguir con el apoyo y la asistencia técnica en el impulso de estos planes integrales de prevención y auto protección”, expresó.

Luego intervino el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, quien inició diciendo que “la voluntad del presidente Iván Duque ha sido reconocida tanto internamente como internacionalmente, iniciamos el período con la expedición de la política de legalidad, es un mandato de la Corte Constitucional y que desde el Gobierno se ha venido trabajando para apoyar a quienes han sido despojados y abandonados forzosamente y hemos logrado 104 mil solicitudes habilitadas”.

Posteriormente señaló que una preocupación grande ha sido la estabilización de los 170 municipios más golpeados por el conflicto colombiano, en este momento los 170 municipio han adoptado el PDET como su política de largo plazo y le dijo a la plenaria que se han realizado desplazamientos a los territorios para identificar las características específicas que tienen cada una de estas regiones para seguirlas protegiendo y agregó que hay avances significativos en más de 102 casos de hechos victimizantes.

Por su parte, María Virginia Torres, gerente de la Sociedad de Activos Especiales, intervino señalando que en el Decreto Ley 903 que fue debate de análisis constitucional, se dictaron disposiciones especiales, como hasta cuándo se iba a recibir inventario, luego habló del Decreto 1535, expedido en noviembre de 2017, para operativizar recursos para todo el proceso de recepción. Continuó diciendo que el presente año, el Decreto 205 señaló un plazo para terminar de hacer la recepción, “teniendo en cuenta el tiempo que llevamos sin que fluya debidamente el proceso de recepción” y agregó que se han hecho 94 comisiones para la recepción de bienes, de los cuales 34 han sido operativos. “Vale la pena decir que ha habido una capacidad del Estado disponible en materia de coordinación”, indicó.

El alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo en el debate que es importante mencionar que aún quedan personas sin identificar ni ubicar, y que hay otro grupo de 206 personas en observación, quiere decir que no hay absoluta certeza de pertenencia a las FARC y afirmó que 134 personas están en un proceso de verificación, ya que pasó el proceso de observación.

Agregó que “se han certificado 545 personas que incluimos que no estaban en el certificado, entre ellos 283 menores de edad, igualmente le notificamos de esto a la JEP - Justicia Especial para la Paz, y que frente al tema, se tiene el gran reto de trabajar en un grupo tripartita técnico, creado entre el Gobierno y las FARC”, a la vez que señaló que no había sido fácil la identificación de las personas que participarían, pero que ya se ha venido haciendo, concluyó Ceballos.

Los voceros

En desarrollo de la sesión virtual intervinieron los voceros de los partidos con asiento en el Senado. Por el partido liberal lo hizo el senador Guillermo García Realpe, quien le pidió al Gobierno no continuar con actitudes de oposición contra las políticas de paz. “Ahora lo que resta es respaldar a Trump en contra de Cuba, cuando este país lo que ha hecho es solidarizarse con Colombia en los escenarios de paz".

Dijo que el Gobierno ha destinado muchos meses en lo que va corrido de su administración a objetar en el Congreso todo el marco constitucional de la paz. “El Gobierno debe dedicarse a parear la crisis, mostrar gerencia pública y no darle tanto espacio a las doctrinas, dogmas, radicalismos, porque no son una respuesta a los problemas de Colombia”.

Por la Colombia Humana, el senador Gustavo Petro afirmó que hoy se destruye el proceso de paz con el asesinato de excombatientes, porque necesitan una sociedad que viva con miedo y el régimen que gobierna impone el miedo, que no es democrático.

El congresista Gustavo Bolívar, por la Lista Decentes, manifestó que se aterra al ver cómo manipulan las cifras y la gente ya no les cree, dijo que están dejando a los campesinos sin ingresos y los guerrilleros desmovilizados viven en angustia en algunas regiones, a lo que agregó que los recursos de la Paz, los están gastando para elevar la imagen del presidente.

 Desde la Alianza Verde, el legislador Antonio Sanguino afirmó que el presupuesto del 2020 comparado con el 2019, reduce de manera protuberante los recursos a entidades fundamentales para la implementación de los acuerdos de paz, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, en la que su reducción es del 20%; en la Agencia para el Desarrollo Rural, del 14.7%; en la Agencia para la Renovación del Territorio es del 10.3% y en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, del 6.7%.

Por el partido Conservador intervino el senador Miguel Barreto, quien dijo que alrededor del 27% de los excombatientes han recibido apoyo económico para proyectos productivos y que se han aprobado 1.200 de ellos, que benefician a más de tres mil excombatientes, entre ellas 996 mujeres, garantizando la seguridad alimentaria de ellos.

El congresista Feliciano Valencia, por el Partido MAIS, señaló que ellos votaron por el S, y que creen en la paz, sin embargo, a veces se cuestionan por qué tantos hechos de guerra, tanta pobreza, el abandono, y las muertes que está dejando el virus del Covid 19. Agregó que ellos creen que los acuerdos de paz permiten defender la autonomía, la naturaleza, la espiritualidad, “por ello creemos en la paz, y consideramos que con voluntad política podremos alcanzar una verdadera reconciliación”.

El vocero del Partido Colombia Justa y Libres, el legislador John Milton Rodríguez, dijo que para ellos es clave la reconciliación, pero que solo la justicia trae como consecuencia la paz y que no hay manera de que haya paz si no hay justicia en un país. Agregó que la única manera de darle libertad a un país es cuando se conoce la verdad, también dijo que la Agencia Nacional de Tierras, habla de tener un millón 890 mil hectáreas, entre formalizadas y adjudicadas, pero no hay claridad realmente, cuántas son formalizadas y cuántas son adjudicadas, a lo que pidió a los altos funcionarios del Estado, clarificarlo.

También manifestó que le preocupa muchísimo la situación de la JEP, y en esta ocasión tiene que hacer eco a una situación delicada, presentada por la Corte Suprema de Justicia, que advirtió sobre el gran riesgo de fraude sobre la JEP, con la admisión de paramilitares o personas con conductas sin conexión al conflicto armado.

Por el partido de la U, el senador Roy Barreras manifestó en el debate que tuvo el honor de firmar el acuerdo de paz en nombre del Estado colombiano y del entonces jefe del Estado y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, y que fue un acuerdo reconocido como histórico por 26 países europeos y más de una docena de países de América Latina y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por el Partido FARC, la congresista Criselda Lobo afirmó que tienen 196 firmantes de la paz asesinados desde el año 2016, 335 líderes y lideresas inmolados en lo que va corrido del Gobierno Duque y señaló que “en el acuerdo no se pactó que el Estado colombiano desaparecía y nosotros como partido que nace del acuerdo sí, con una responsabilidad y ella es ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que estamos cumpliendo y que quien lo rectificará será Patricia Linares, presidenta de la JEP”.

Piden reforma rural integral

Por Cambio Radical, la legisladora Claudia Rodríguez dijo que Colombia tiene una deuda con los niños y niñas reclutados y el abuso de las mujeres, al tiempo que afirmó que dentro de la agenda política tiene que venir una reforma rural integral y que desde la bancada ven con preocupación que hay un mal diseño institucional que no está permitiendo que la Comisión aplique el régimen de condicionalidad, recíproca y efectiva con pronta respuesta a las víctimas.

También por Cambio Radical tomó la palabra el senador Temístocles Ortega, quien dijo que “nadie puede negar que hoy tenemos un país ensangrentado. Nos están matando en las veredas, en los municipios. Qué es lo que le importa a este Gobierno, si es la vida de los colombianos” y pidió que se agilicen los puntos del acuerdo de paz.

“En la firma del acuerdo de paz en La Habana no se estableció quién o quiénes deberían estar a cargo del seguimiento de los acuerdos por las Farc y eso ha permitido que nadie responda”, señaló el congresista Carlos Felipe Mejía, vocero del Centro Democrático, quien agregó que está de acuerdo con todos los reclamos que han hecho las senadoras Paloma Valencia y María del Rosario Guerra, citantes al debate “por el no cumplimiento de las Farc, por no cumplir acuerdos firmados en el proceso de paz”.

El vocero del Partido AICO, el legislador Manuel Bitervo Palchucán, dijo que resalta la importancia del control político para lograr el cumplimiento de los acuerdos de paz. “Es oportuno revisar los compromisos adquiridos por cada una de las partes que firmaron el proceso de paz; pues como representante de los pueblos indígenas quiero solicitar el esclarecimiento de muchas vulneraciones de los derechos humanos y poder llegar a una verdadera reparación de las víctimas”.

La senadora Aída Avella, del partido Decentes, manifestó su asombro con las declaraciones de las dos citantes al debate y precisó que ellas con sus declaraciones esperan fomentar un miedo a los colombianos con el proceso de paz, a la vez que criticó la gestión que ha realizado el actual Comisionado de Paz e insistió que el alto funcionario debería dar un paso al costado, al afirmar que Ceballos “no ha hecho nada por La Paz y que no debería estar en ese cargo“.

El debate culminó con la intervención de los citados, citantes y algunos voceros, entre los cuales, Emilio Archila, Consejero para el posconflicto, concluyó que, en Colombia, contamos con una oportunidad única, y es que la circunstancia de que estos temas trascendentales hayan quedado en el acuerdo y “permite que durante tres presidencias debamos estar actuando en favor de las víctimas”.

Finalmente, la senadora Paloma Valencia dijo que “el ciudadano debe estar mirando para juzgar lo que estamos exponiendo por el no cumplimiento de las Farc y por la actuación de la JEP”. Agregó que politizar la justicia no es el camino; y por su parte, la senadora María del Rosario Guerra cerró lamentando nuevamente que ningún otro partido político se haya pronunciado por las 13 mil víctimas y exigido justicia para ellas, tan solo lo hizo el Centro Democrático.

Por otra parte, en los minutos iniciales del debate, el senador Luis Fernando Velasco instó al Gobierno para que de manera urgente expida un decreto reglamentario en el marco de la ley del vigilante; "Es injusto después de 18 meses de Gobierno, que no hayan sido capaces de reglamentar la ley que da un seguro de vida a beneficiarios de vigilantes. Es una actitud de desprecio frente a un grupo que le ha servido mucho al país", afirmó el senador Velasco.

Moción de duelo

Así mismo, el vocero del partido Liberal, Guillermo García Realpe pidió al Gobierno cumplir con los $100 mil millones que ofreció a la región del sur del país, porque en una zona de un millón de habitantes no hay infraestructura hospitalaria ni un ventilador mecánico funcionando, para atender la gravedad del Covid-19.

Posteriormente se rindió homenaje con un minuto de silencio por las muertes causadas por el Coronavirus en todo el territorio nacional. El Presidente del Senado Lidio García Turbay, pidió esta moción de duelo, en la plenaria de la corporación, como mensaje de solidaridad del Congreso a todos los colombianos.

Alrededor de la medianoche, el senador García Turbay levantó la sesión y convocó para el próximo miércoles 20 de abril a un nuevo debate de control político virtual, con la presencia de varios funcionarios del Estado.