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Más de 250.000 pescadores artesanales afirman que enfrentan el abandono del Estado

En la Comisión Cuarta, senadores dijeron que el sector pesquero ha sido excluido totalmente de los programas del Ministerio de Agricultura y que la situación con los pescadores es de desidia total. Pescadores denunciaron que ni siquiera la Armada Nacional los protege.

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Durante la audiencia pública virtual que realizó la Comisión Cuarta, la senadora Aída Avella expuso de manera muy general el panorama económico y social de la pesca artesanal en Colombia y el abandono en el que se encuentra este sector, refiriéndose de manera específica de las regiones más afectadas como el Pacífico, el Amazonas y la Costa Caribe.

La congresista explicó que durante años este gremio ha estado en total olvido del Gobierno, sin una política pública que los regule y proteja.

El delegado para temas agrícolas de uno de los organismos de control, Jorge Camargo, afirmó que es real que el sector de los pescadores artesanales ha estado olvidado por años.

Según el funcionario, hasta ahora los censos nacionales no han arrojado distinción entre los pescadores y sería una herramienta necesaria para saber la realidad, a la vez que señaló que la entidad que representa ha venido adelantando una labor en función de apoyar a los pescadores artesanales en medio de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, comentó que en el puerto de Buenaventura, Valle, y en El Plato, Magdalena y otros sectores costeros, se ha estado avanzando en esta tarea. Se ha encontrado que aunque ésta es una actividad económica que aparentemente es para los hombres, hoy la practican muchas mujeres y que los principales problemas que aquejan este gremio son los siguientes:

 

Problemas que aquejan a pescadores

1. Las vedas de camarón y bagre han impedido el ingreso a los recursos pesqueros.
2. Hay miles de familias de este sector que no han tenido acceso a los beneficios del Gobierno durante la crisis.
3. En el programa El Campo Emprende se presentan barreras para que los beneficios lleguen a los más pequeños pescadores.
4. Comunidades de María la baja denuncian problemas con los alcantarillados mal construidos.
5. Privatización de fuentes hídricas es otra situación que preocupa a los pesadores artesanales.
6. El concepto de asociatividad que se solicita para acceder a los beneficios del Gobierno, les impide a los pescadores individuales recibirlos.

Por su parte, Diego Trujillo, procurador delegado para la Agricultura, informó que es complicada la situación de violencia y pobreza por la que por años han venido atravesando los pescadores artesanales.

Recalcó que la contaminación y el mal uso de los recursos hídricos son el cáncer de la pesca artesanal y que es necesario organizar una Unidad Nacional de Pesca estructurada que revise y supervise los contratos y ayudas para este sector. El año pasado, según dijo, se encontró que a los pescadores se les entregó unas Tablet; pero no tuvieron en cuenta que ellos no tienen ni siquiera electricidad para poderlas usar. Son el tipo de ‘ayudas” que le llegan a este gremio´, pero que han sido poco útiles.

Un gran problema para este sector es la cadena de frío, pues el costo de electricidad que tienen los cuartos fríos en los que se almacena el pescado, es altísimo. Por otro lado, el Procurador delegado pidió que no se hagan inversiones a favor de este gremio sin consultarlos a ellos, pues ha sucedido que se les llevan insumos que ellos no necesitan o que no cumplen los requisitos para aportar a sus necesidades. La unificación de las diferentes federaciones y asociaciones de pescadores es fundamental para escucharlos en unanimidad y poder responder a sus necesidades.

Posteriormente intervino en la audiencia pública el senador Israel Zúñiga, quien afirma que el sector pesquero ha sido totalmente excluido de los programas del Ministerio de Agricultura. “La situación en el Pacífico con los pescadores es de desidia total”.

El congresista Wilson Arias acompañó esta declaración al informar que más del 85% de los pescadores artesanales del país no tiene acceso a agua potable, ni a servicio de acueducto y más del 68% vive en situación de pobreza extrema; superando así las cifras de pobreza en otros sectores. Afirmó que hay una política del Estado destinada a acabar con la pesca artesanal.

 El presidente de la Federación Colombiana de pescadores artesanales, Rodrigo Morales, pidió más atención por parte del Gobierno Nacional y el cumplimiento de los acuerdos de paz para mayor tranquilidad en la zona pesquera.

Por otro lado, pidió que el Gobierno aporte con tecnología e infraestructura, pues ellos tienen el conocimiento empírico para desarrollar esta actividad. Igualmente, Fermín Pérez, presidente de la Confederación de Pescadores de Colombia, solicitó que se cree la política pública a favor de la pesca artesanal y la incluya en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Pescadores de Santa Catalina y Providencia informó que en la isla se encuentran represadas aproximadamente 500 kilos de pescado y la única opción ha sido dejar de pescar, porque el producto no tiene salida.

La Armada, nos los protege

Adicional a estas quejas, el representante legal de la Asociación de Pescadores del Amazonas hizo un paralelo entre la situación de los pescadores en Brasil y la de los colombianos, debido al Covid-19 y expresó que los ingresos han bajado a cero para los pescadores de esta zona y que en Brasil hay un incentivo para cada pescador de 3.200 reales para que no pesquen en tiempo de crisis, en tanto que en Colombia no se ha brindado apoyo alguno para los pescadores.

El senador Laureano Acuña dijo que no solo hay que evaluar la situación de los pescadores artesanales, sino la responsabilidad del Gobierno Nacional en la misma. De otro lado, Luz Fernanda Arciniégas, investigadora de la Universidad de Antioquia habló de la importancia de la protección de los ríos y los ciclos migratorios y la directora de Fedepesca denunció, por su parte, que las iniciativas que se han presentado al Gobierno no se han tenido en cuenta y aseguró que los pequeños pescadores no son tenidos en cuenta en los planes de desarrollo. Pidió que la política pesquera sea diseñada con la participación de los pescadores.

Por su parte, Reynaldo Rico, de la Asociación Momposina, dijo hay una pérdida de los humedales que están siendo afectados por proyectos de ganadería y que el río Magdalena ha perdido su capacidad hídrica, lo que afecta a miles de pescadores.

Pidió que se formalice al sector pesquero y que se diseñe una política integral y no los ‘retazos’ que hay actualmente.

Jorge Chica, de la Asociación de Pescadores del Pacífico Chocoano, afirmó que en esa zona faltan políticas de bienestar social para los pescadores. También se quejó de los altos precios de los combustibles en el Pacífico chocoano y de la falta de acceso a créditos y salud.

Por su parte, Julián Medina, de la Asociación de Pescadores del Caribe, culpó al Gobierno de la crisis de los pescadores ya que otorga permisos sin control para complejos turísticos y plantas industriales que afectan los ecosistemas marinos. Se quejó de la falta de apoyo oficial para la comercialización de sus productos.

En tanto que Silvano Caicedo, líder social de pescadores de Anchicayá, denunció que la Armada Nacional no protege a los pescadores y agregó que hay regiones como Tumaco en donde la inseguridad afecta a miles de pescadores.

Wilfrido García, de la Asociación de Pescadores del Canal del Dique, dijo que el Gobierno no tiene una política pesquera para el río Magdalena y que por el contrario muchas de las obras en esa vía hídrica están afectando a los pescadores. Mónica Mosquera, de la Asociación de Pescadores del Litoral Pacífico, lamentó que el Estado no le dé importancia a la pesca artesanal del que dependen miles de familias. Se quejó de la inseguridad que afecta a los pescadores. También participaron: Lina Saavedra, académica de la Universidad del Magdalena, y Adriana Cadena de la mesa nacional de pescadores artesanales.

Posición del Gobierno

Marcela Urueña, viceministra de Agricultura, aseguró que se está trabajando con Planeación Nacional para obtener recursos que beneficien al sector. Agregó que su dependencia busca potenciar la pesca como actividad productiva aprovechando el gran potencial del país. Otro aspecto es la formalización de todas las asociaciones pesqueras para una mejor articulación de las políticas públicas del sector.

Por su parte, Nicolás del Castillo, director de la Autoridad Nacional de Pesca, dijo que su dependencia carece de los recursos para llegar a todos los pescadores artesanales, a la vez que señaló que el país tiene un gran potencial para ser una potencia pesquera y agrícola, pero que falta avanzar en las políticas de subsidios. Admitió que faltan recursos, aunque aclaró que el Gobierno ha entregado recursos y diseñado programas de apoyo a la pequeña pesca.

A su turno, el senador John Milton Rodríguez manifestó que es preocupante la situación de unos 250 mil pescadores artesanales. Agregó que urge un proyecto de ley que aborde temas como la creación de centros de acopio, créditos y flota pesquera. También habló de la desventaja de la pesca artesanal frente a la importación de pescado.

La directora de la Agencia de Desarrollo Rural, Claudia Ortiz, sostuvo que ya hay cuatro proyectos en igual número de departamentos, a los cuales se les ha destinados más de 4 mil millones de pesos, con el fin de fortalecer proyectos pesqueros. Agregó que esas iniciativas se están articulando de acuerdo con las necesidades de las asociaciones de pescadores.

Campo Elías Vega, subdirector de la Agencia Nacional de Tierras, afirmó que su dependencia fomenta actividades piscícolas que sirvan como fuente de ingreso para las comunidades.

En representación del Ministerio del Trabajo intervino Ana María Araujo, quien anunció que ya se trabaja en una iniciativa para dar seguridad social a los pescadores artesanales.

Finalmente, la senadora Aída Avella, a manera de conclusión dijo se necesita una política pública para la pesca artesanal, una flota pesquera y centros de acopio para el desarrollo de un sector económico tan importante para el país.

Los senadores Wilson Arias, Felipe Lemus y el presidente de la Comisión Cuarta, Mario Alberto Castaño, coincidieron en la necesidad de avanzar en el mejoramiento de las condiciones de los pescadores artesanales.

“Estamos articulando esfuerzos para llegar a más familias y creamos dos nuevas estrategias para ayudar al desempleo”: Directora del DPS

El presidente de la Comisión Séptima, senador Fabián Castillo, hizo un llamado a los propietarios de colegios privados para que se pongan la mano en el corazón y ayuden un poco a los padres de familia, de los cuales muchos han visto disminuido su ingreso.

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2020 (Prensa Senado). “Logramos llegar a más de 2 millones 500 mil familias, aunque el pago del giro se cerró el 2 de mayo llegando al 97.5% del cubrimiento con un extraordinario de $145 mil pesos. Además, alrededor de 45 mil familias no pudimos contactar a pesar de haber enviado correos y mensajes de texto, para lograr el resto del porcentaje”.

Así lo señaló la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Susana Correa, en sesión virtual de la Comisión Séptima, y quien durante su intervención aseguró que ha estado muy pendiente en las regiones más necesitadas desde el 26 de marzo, cuando se dio inicio a la primera dispersión de los recursos con programas como Familias en Acción.

“Con el primer giro de programas sociales le llegamos a 29 millones 219 mil colombianos para un total de 2.8 billones de pesos. Hemos llegado a las personas que más lo necesitan. La crisis de hambre se ha visto, sabemos que se necesitan esfuerzos y que se necesita articulación con la empresa privada. Estamos en el proceso con todas las entidades y academia para poder llegar y que en esta segunda etapa de aislamiento, a la gente no le falte el alimento”, afirmó Correa.

 De acuerdo con la funcionaria, “la proyección eran 2 millones 666 mil 936 familias, de las cuales 2 millones 301 mil 342 estaban activas. En Presidencia se autorizó un giro extraordinario y lo que hicimos fue no solamente llegar a esos niños que estaban activos, sino llegar al universo de Familias en Acción. Con esto logramos llegar a más de 2.500.000 familias y se cerró el pago de ese giro el 2 de mayo llegando al 97.5% del cubrimiento. Llegamos a ese universo con un extraordinario de $145 mil pesos y alrededor de 45 mil familias no pudimos contactar, tenemos correos y mensajes de texto, pero no logramos cubrir ese otro porcentaje” añadió.

 Con respecto al programa Jóvenes en Acción, la Directora fue enfática en asegurar: “Teníamos 274 mil jóvenes para cubrirlos con el extraordinario que también fue autorizado por el presidente Duque y empezamos su dispersión el 27 de marzo. Será de $356 mil pesos, pero de esos jóvenes 121 mil 151 recibían el giro ordinario y el giro extraordinario”, expresó.

 “En esa primera dispersión de recursos se hizo parte de devolución del IVA, aunque es un programa que maneja El Departamento Nacional Planeación, y que ya nos lo van a pasar. Empezamos a manejarlo nosotros, se dividió 70% de familias en acción y 30% de Colombia rural. Estos beneficiarios de la devolución de $75.000 que debemos decir como una compensación del IVA no una devolución del IVA, porque no pedimos facturas”.

 También comentó que la Ley de Crecimiento Económico sancionada por el Congreso en diciembre del año pasado, fue aprobada como un proyecto que inicialmente iba a hacer un plan piloto con 100 mil beneficiarios, pero aseguró que decidieron llevarlo a un millón de beneficiarios hogares por la situación difícil que se está viviendo y llegaron a 700 mil familias que pertenecen a Familias en Acción. “Estamos llegando a un millón de familias y tenemos que llegar a un millón 800 mil, que en enero ya podemos tener con Ministerio de Hacienda y los otros recursos para llegar con lo que se autorizó en la Ley”, afirmó la directora del DPS.

Nuevos programas de ayudas

Igualmente anunció que se tomaron dos decisiones para ayudar a las familias más vulnerables creando dos nuevas estrategias: Empléate y Seguridad Alimentaria Express.

“Empléate es un nuevo programa donde vamos a tener que llegar a esas entidades que hoy durante esta pandemia han aumentado su empleo y lo que queremos llegar precisamente es con esas personas de base que no necesitan tener requisitos profesionales y lograr meterlos por lo menos nueve meses”, comentó.

 A lo anterior añadió: “Seguridad Alimentaria Express con Excedentes es un programa muy corto con cultivo y crianza de pollos, comprando ya las plantas para que empiecen a cultivar con anticipación, donde logremos que ya se tengan productos de estos cultivos y de esta crianza de animales”.

“En Ingreso solidario a corte de esta semana, ya tenemos un millón 660 mil 523 familias que han recibido este ingreso. Nos articulamos sobre todo con el Ministerio de Comercio para ver cómo podemos llegar a esas personas que se dedicaban al turismo y ver de qué manera se puede intercambiar para salir adelante. Los indicadores de desempleo son cientos y sabemos que van a subir y que después de esta situación vamos a tener mucha más gente desempleada”, precisó.

A renglón seguido manifestó: “Vamos a implementar precisamente el programa Empléate para poder llegar a esos sectores que están totalmente rehabilitados y que están generando empleo para que sigan contratando y para hacer muchísimo más en los programas de emprendimiento. La idea es priorizar emprendimiento colectivo, ya que es más eficiente, porque son personas que van a defender este tipo de negocios y generación de ingresos”.

Con respecto a los alimentos decomisados por la DIAN aseguró que lo único que se tiene para recoger son 1.8 toneladas de arroz, pero que no hay más alimentos.

Hablan los senadores

El senador Gabriel Velasco reconoció el trabajo y esfuerzo grande e importante que hace el DPS y en general el Gobierno para trabajar en favor de la población más vulnerable. “Se han entregado ayudas con mucha velocidad y efectiva para evitar que millones de hogares colombianos pueden tener hambre durante esta situación tan difícil”.

 La legisladora Aydeé Lizarazo afirmó que nunca es suficiente conocer las familias que están en los programas y que han sido beneficiados con la devolución del IVA o ingreso solidario y seguramente muchos de ellos están esperando alguna ayuda y “esperamos que se abran otros espacios para poderles llegar”.

 Por su parte, la congresista Laura Fortich aseguró que en estas ayudas “hay una brecha salarial de desigualdad de género y social, las mujeres son bastante golpeadas por la pandemia y resalto el programa de ingreso social, como generación de empleo para las poblaciones más vulnerables”.

 El senador Eduardo Pulgar se refirió al problema con Electricaribe, ya que los apagones son sucesivos. “No hay continuidad en el servicio, la mayoría de las provincias están habitadas por viviendas de estrato 1 y 2, donde no hay posibilidad de tener un aire acondicionado. Con la falta de oportunidades y sin luz es muy complejo que la gente se quede dentro de sus viviendas. Se necesita un buen servicio”.

 El legislador Honorio Henríquez habló sobre Familias en Acción, sobre lo que dijo que “es una herramienta fundamental para la superación de la pobreza en este Gobierno y la meta es de 2.6 millones de familias y es un gran esfuerzo que se ha hecho con liderazgo y grupo de trabajo en momentos difíciles de la economía”.

La congresista Victoria Sandino hizo fuertes cuestionamientos frente al programa de fondo solidario, donde, recordó, aparecieron unas cédulas beneficiarias que eran falsas o de personas fallecidas y afirmó que frente a este hecho “es lamentable y doloroso que esto ocurra en medio de esta crisis y pandemia que tenemos con la gente que tanto lo necesita”.

El senador Álvaro Uribe se refirió al impuesto al patrimonio de las personas naturales que debe desaparecer en el año 2022. “Creemos que puede haber un impuesto moderado a las personas naturales permanentes para financiar un importante bono”.

El presidente de la Comisión Séptima, congresista Fabián Castillo, hizo un llamado a los propietarios de colegios privados para que se pongan la mano en el corazón y ayuden un poco a los padres de familia, de los cuales muchos han visto disminuido su ingreso y se refirió a la propuesta hecha por 50 senadores, donde han planteado que se puedan beneficiar por lo menos a 34 millones de personas entre trabajadores que están en la informalidad y las familias más empobrecidas de este país, para que reciban un solo aporte del Estado.

 

 

La Dirección General Administrativa del Senado de la República se permite comunicar:

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2020 (Prensa Comunicaciones Internas).- En atención a la información que circula en varios medios de comunicación sobre la solicitud de compra de 10.000 tapabocas N95 por parte del Senado de la República, esta entidad hace las siguientes precisiones:

1. La compra de todos los elementos de protección personal que el Senado de la República vaya a realizar se dará en función de la normatividad señalada por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, que adopta el protocolo de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública. La misma definió que es aplicable a todos los empleadores y trabajadores del sector público y privado, en virtud de proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utlizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.

2. El Senado de la República debe velar por la protección y seguridad de todos los funcionarios, contratistas, personal administrativo, de archivo, de atención al público y la de todas sus familias, además de la integridad del personal médico que ejerce funciones en la entidad, así cómo de los Honorables Senadores de la República. La compra de este número de tapabocas se estima en el número de funcionarios y contratistas que tiene la entidad y en el uso de acuerdo a la reactivación progresiva de actividades presenciales, con una provisión de existencia hasta diciembre de 2020

3. Ante las observaciones presentadas, la Dirección Administrativa se permite indicar que el proceso de orden de compra fue cancelado y se ampliarán las consultas (Instituto Nacional de Salud) en pos de salvaguardar la integridad del talento humano de la entidad y las condiciones de compra de estos insumos a mediano plazo.

ASTRID SALAMANCA RAHÍN
Directora General Administrativa

Para ver el comunicado 

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