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Medidas económicas y sanitarias por Covid-19 pasaron al tablero en Plenaria del Senado

Por iniciativa de los senadores Juan Luis Castro y Jorge Robledo, los ministros de Salud y de Hacienda respondieron inquietudes de los congresistas sobre medidas al amparo del decreto de Emergencia Económica. Presidente del Congreso,  Lidio García, dirigió carta al jefe de Estado,  Iván Duque, en la que solicitaría que se flexibilizaran algunas medidas de la cuarentena, que buscarían que la plenaria del Senado se pueda reunir de manera presencial en el Capitolio Nacional, la próxima semana.

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2020 (Prensa Senado).- El manejo de los recursos y la asistencia sanitaria para superar la crisis del Covid-19 llenó la agenda del orden día en el primer debate formal de control político en forma virtual del Senado de la República, donde los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Salud, Fernando Ruíz, respondieron inquietudes de los senadores sobre la forma como el Gobierno ha mitigado la pandemia.

El debate de control político, que duró ocho horas, bajo la presidencia del senador Lidio García Turbay, se inició con la exposición del congresista de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, quien fue enfático en señalar que se han expedido muchos decretos, pero sin resultados concretos. Destacó la preocupante situación en varias regiones del país principalmente en el Amazonas y el Pacífico, donde es escaso el servicio al derecho a la salud.

Dijo que hasta el momento se han realizado pruebas de Covid-19 a 0.33% de la población, porcentaje que está entre los últimos a nivel latinoamericano, por eso instó al ministro de Ruiz para que se fortalezca el Instituto Nacional de Salud, INS, al indicar: El presupuesto del INS es de $11.000 mil millones, mientras que el del ESMAD es de $490.000 millones”.

Fue contundente en afirmar: “Si se reactiva el país, es muy posible que de ahora en adelante empiecen a aumentar los números de infectados. Está es una de las peores crisis económicas del mundo y está asociada precisamente al sector salud”.

Agregó el senador y médico Juan Luis Castro: “Definitivamente tuvimos la suerte de poder gestionar mejor esta pandemia, pero no abusemos de la suerte”.
Bien a EPS mal a Hospitales

El senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo dijo que la crisis ya había explotado, porque el país venía mal al señalar: “Las cifras no dejan mentir, el alza del dólar y el desempleo de marzo aumentaron 1.5 millones, la peor situación desde el 2005".

Se refirió al escaso gasto en materia social y fue concluyente en afirmar: "En la salud le va bien a las EPS pero le va mal a los hospitales, a los usuarios e IPS. Ojalá no tengamos un problema de extrema gravedad, porque el gobierno ha invertido poco dinero en respiradores. La incapacidad del Gobierno es el tema de bioseguridad" y agregó: “Las EPS no puede seguir haciendo lo que se les da la gana, el Gobierno nacional debe mirar eso con toda la seriedad".

El senador de la oposición Jorge Enrique Robledo señaló el escaso gasto en materia social y calificó como “mediocre” lo que se hace en salud.

“Es equivocado el trato dado al sector financiero, poco y tardío el respaldo a las nóminas de las empresas, las alzas de las tarifas de la energía siguen como si nada, en educación prácticamente nada, el agro es un desastre. Del total de la plata que ha llegado para gasto social es una plata que ya estaba presupuestada, lo único nuevo es el ingreso solidario".

Más de $15 billones manejaría el FOME

Según el senador Robledo, el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) estaría manejando más de más de $15 billones. “Le dieron toda esta plata a los bancos y la reestructuración de la cartera ha sido muy pequeña”.

Destacó que el sector financiero tuvo utilidades en el 2019 por $10.57 billones y que entre el 2006 y 2008 creció dos veces lo que aumentó el conjunto de la economía y “entre el 2017 y 2019 creció cinco veces más lo que significa que es una economía enferma, porque el Gobierno le ha inyectado un montón de plata a la banca”.
Ante el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el senador Robledo dijo que más del 80% de la plata destinada para el agro fue a los intermediarios, importadores e industriales" y concluyó diciendo: “Por lo menos si no ayudan no maltraten a la gente, mucho menos a los pobres del campo, a los más débiles, a los pequeños y medianos empresarios".

Medidas a tiempo

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo ante la plenaria de la corporación que el Gobierno tomó las medidas contra la emergencia a tiempo para enfrentar el coronavirus al señalar que no tiene asidero quienes manifiestan que fue tardío el cierre del aeropuerto El Dorado.

“La realidad es que si nosotros no hubiéramos permitido la entrada de más de 40.000 colombianos que estaban en el exterior, hoy en día habríamos tenido una entrada desordenada”, afirmó al señalar que aunque hay ciudades con dificultades en el tratamiento de esta emergencia, hay otras que se prepararon de una manera “meticulosa” e “intensa”.

Se refirió a Medellín, donde se “muestra una curva bastante aplanada”, pero mostró su preocupación por Cartagena: “Muestra la tasa de muerte por millón de habitantes con mayor prevalencia en relación con las demás ciudades”.

Con cifras destacó que comparado América Latina y Europa, “Colombia fue uno de los países que tomó las medidas a tiempo para controlar la pandemia. Dijo que la capacidad de camas en Unidades de Cuidado Intensivo-UCI- aumentó.

“Nosotros partimos de 5.363 camas habilitadas de cuidado intensivo, que se caracterizan por tener equipos de monitoreo y ventiladores. Hoy día tenemos 6.200 habilitadas, según el censo que terminamos este martes”, dijo el ministro Ruiz.

Sobre los pagos que debe hacer el Estado a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), aseguró que ya se han girado dos billones de pesos, “en giro directo”, para “compra de cartera y otros conceptos”.

El Ministro de Salud hizo un llamado para que en los centros médicos se reactiven los procedimientos de pacientes crónicos o con cáncer para que sean atendidos y no haya problemas destacando que se deben tener en cuenta los procedimientos contra el contagio del Covid-19.

Lupa a exenciones

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió a la comisión que fue creada para la revisión de las exenciones tributarias y dijo que el Gobierno espera que esa instancia “nos mire con lupa todas las exenciones y todos los detalles que fueron objeto de debate en las comisiones y plenarias del Congreso cuando fueron aprobadas”.

El ministro le respondió varios interrogantes al senador Robledo explicando cómo se han invertido los recursos para la atención de la emergencia.

Luego de las intervenciones de los ministros, expusieron sus puntos de vista los voceros de los partidos políticos y los senadores que desearon intervenir.

El jefe de la cartera de Hacienda no descartó llegar a unos acuerdos respecto a la renta básica propuesta en la plenaria por un gran número de senadores para superar crisis por el Covid-19.

“Entrego mi cabeza”

El titular de la cartera de Hacienda dijo: “Si se privatiza alguna empresa de la holding financiera, yo le entrego a usted mi cabeza”, al responderle en la plenaria al senador Iván Name, Alianza Verde, sobre la posible privatización de empresas oficiales del sector financiero.
Carrasquilla afirmó ante la plenaria del Senado que no se compromete para que el Gobierno pague el 100 % de las tarifas de energía, en la crisis por la pandemia, al responder a petición del senador José Aulo Polo, Alianza Verde.

Renta Básica Mensual

El senador Guillermo García Realpe, vocero del partido Liberal, manifestó el respaldo de toda la bancada por la propuesta de la Renta Básica Mensual: “Colombia debe marchar hacia la Renta Básica Mensual, porque el rescate de ingreso, por más costoso, va a resultar menos oneroso que el rescate tardío”.

Señaló que el diálogo sobre la Renta Básica está en los mejores términos para que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, avance sobre el tema.

García Realpe reconoció al Ministro haber dado claridades sobre la ampliación del subsidio a la nómina, a las microempresas de personas naturales con más de 3 empleos. Agregó: “Es una gran decisión el alivio a los salarios, que es oportuno, y le da ánimo al pequeño productor, toda vez que es debido restablecer las cadenas de abastecimiento, de materia prima, de insumo, hacia los pequeños productores”

Cerró diciendo: “Es preocupante el tema de crédito y que todavía hay muchos interrogantes, sobre todo el tema de Finagro. No podemos poner a competir a nuestros pequeños productores con los grandes industriales, porque la banca no va a preferir a quienes no tienen grandes capitales”.

Por su parte, la senadora liberal Laura Fortich dijo en su intervención que los hospitales y clínicas vienen cargando con las deudas de las EPS y su facturación se viene reduciendo debido a la cancelación de cirugías.

Dijo también que la reactivación gradual de los sectores económicos va a requerir de muchos más elementos de bioseguridad y que la pregunta es cómo se va a trabajar para que independientes reciban estos elementos, manifestó su preocupación sobre el Pacífico, Amazonas y Cartagena sobre la situación que en el momento se está presentando y finalizó diciéndole al Ministro de Salud, que de acuerdo al Conpes de salud mental, es necesario saber cómo se va a manejar la situación frente a los pacientes con problemas de salud mental que resulten contagiados.

“Cárceles: pena de muerte implícita”

El vocero de la coalición Decentes, senador Gustavo Bolívar, habló de la grave situación que se vive en las cárceles del país y la calificó de lamentable: “Lo que está pasando en las cárceles es una pena de muerte implícita “.

Indicó que la pandemia del coronavirus hasta ahora está empezando y señaló que todavía falta lo peor.

Abusos de la Ley 100

El senador Gustavo Petro, partido Colombia Humana, criticó la Ley 100 y la calificó de transformar la salud en una mercancía.

Manifestó su desconcierto con la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI-, en la temporada de pandemia e indicó que estas unidades reflejan los presuntos abusos de la Ley 100 que demuestra que la mayoría de estas unidades, sólo están en regiones donde hay grandes economías, mientras los afectados son los habitantes que viven en regiones con menor inversión económica, es decir, donde las UCI son escasas. “La capacidad de las UCI se concentró en las regiones con mejor capacidad de pago, ese es el efecto de la Ley 100”.

El senador Petro señaló que la Ley 100 de la salud no es una prioridad, “lo que genera el negocio es la enfermedad, prevenirla va contra el negocio”, el congresista de la oposición señaló que esta situación pone en riesgo la salud de los colombianos con el Covid–19.

“Estamos totalmente vulnerables con la pandemia”, concluyó.

Trabajadores rurales de la salud

La senadora Aída Avella, Decentes, habló de la grave situación que enfrentan los trabajadores de la salud en las zonas rurales, donde la gran mayoría no devenga un buen sueldo y no tiene los elementos necesarios para desempeñar su labor en el sector de la salud. “Los trabajadores de los hospitales de los pueblos no tienen un buen trato“.

La congresista criticó la Ley 100 y los beneficios que le otorga a las empresas prestadoras de salud, que no invierten para mejorar el servicio para los colombianos. Avella indicó que ya es hora de cambiar este sistema: “Las EPS son unas intermediarias tramposas, corruptas y no pasa nada. Las EPS se deben cambiar”.

Finalmente la congresista hizo un llamado al Ministro de Salud para que revise el comportamiento del actual Superintendente y solicitó una investigación por los hechos ocurridos en la ciudad de Santa Marta, “quiero pedir una investigación pública para el Superintendente de Salud”.

Bancos: responsables del desempleo

El partido Conservador señaló a los bancos de ser los causantes de la pérdida de los empleos. Así lo indicó el vocero de esa colectividad el senador Efraín Cepeda Sarabia, quien afirmó que pese a que el Gobierno les ha entregado unos millonarios recurso al sector financiero, estos no han sido solidarios con las Mipymes, pequeñas y medianas empresas que generan el 80 % del empleo en el país.

El legislador Cepeda Sarabia denunció que las EPS abusan de su situación dominante en contra de las IPS, que son los hospitales o entidades del país que atienden a las mayorías de enfermos en Colombia y señaló que ha sido imposible regularlas “pese a darles los dineros dejan a los hospitales sin con qué pagarles a su personal”.

El congresista conservador llamó la atención del ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que se atienda y se le cumpla a los médicos enfermeras que no están recibiendo sus implementos de seguridad.
Indígenas en inminente riesgo

El vocero de los indígenas, el senador Feliciano Valencia, Mais, denunció la grave situación que viven esas comunidades en el país porque son muchos los contagiados y que varios han perdido la vida.
“Un total de 168. 572 indígenas están en inminente riesgo con el Covid-19 y tenemos ocho muertos de comunidades indígenas en el país”, afirmó Valencia, quien añadió que 90 de cada 10 mil habitantes, están contagiados de Coronavirus en el Amazonas.

Indicó que el gobierno de Iván Duque a diario hace anuncios respecto a las ayudas, pero hasta la fecha no han llegado a esas comunidades, tras señalar: “Los indígenas no estamos en los planes sociales del Gobierno”.
Por su parte, el legislador Jonathan Tamayo, del partido ASI, señaló la grave situación que viven los departamentos del Meta y del Amazonas, regiones que en los últimos presenta un aumento de contagiados del COVID - 19 e indicó que esta cifras pueden aumentar con las nuevas medidas tomadas por los gobiernos locales que permitieron el ingresos de varios sectores de la economía. Esperamos que estos cincuenta días de cuarentena no se vayan a perder por permitir que nuevos sectores de trabajo, reanuden sus labores”.

Discursos ajenos a la realidad

El partido de la Farc hizo un llamado al Ministro de Salud sobre los resultados que presenta el servicio de salud a causa de la Ley 100.

La senadora Victoria Sanguino, vocera de ese partido, manifestó que esa ley ha permitido que las EPS abusen de los ingresos que reciben y que no se ven reflejados en un buen servicio para los colombianos.

“La intervención de las EPS en la Ley 100, es el cuello de botella de los colombianos” dijo la congresista quien agregó: “muchos de los discursos por parte del gobierno son ajenos a la realidad que se vive en las regiones, el cuento de la cobertura de los afiliados al sistema de salud, no lo hace mejor”.

Hizo un llamado al Gobierno de Duque para que tome medidas sobre las denuncias que ha realizado el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, sobre la intervención que ha realizado el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, al Hospital Julio Méndez Barreneche, al señalar que es urgente una solución a ese hospital para beneficio de los samarios.

Riesgo de ocupar UCI en un 75 por ciento.

El senador Iván Leonidas Name, Alianza Verde, manifestó que “hay que prepararse no para abrir a partir del 27, sino una reapertura que es distinto” y destacó: “Cuando copemos las UCIS en un 75% tenemos que cerrar la ciudad. Busquemos no tener que cerrar la cuidad, por eso clamamos por la gradualidad”.

Reiterando el tema de la apertura dijo: “Pedimos que no se vaya estructurando un estado mental de apertura indiscriminada el 27, sino de un mantenimiento de la cuarentena o si no, nos va a pasar lo de Santiago de Chile”.

Finalmente pidió a los senadores unirse “para revocar la privatización y la venta de las financieras estatales, las cuales van a ser definitivas para enfrentar la pos pandemia”.

Por su parte, el senador José Aulo Polo, Alianza Verde, se refirió específicamente al caso del Hospital Civil de Ipiales, sobre el que dijo que “le adeudan más de 60 mil millones de pesos las EPS. No le ha llegado ningún tipo de ayudas, siete meses les adeudan a los contratistas y especialistas de ese centro hospitalario, sin embargo siguen trabajando”.

“Pedimos y exigimos al señor Ministro de Hacienda que el Estado asuma el pago del servicio de energía eléctrica en Nariño al 100% en estratos bajos y se financie en un 50% al sector comercial e industrial”, indicó.
El senador Armando Benedetti, del partido de la U, criticó que a la banca le entregaran dividendos por un total de $13 billones hace cuatro semanas, de los cuales solo $5 billones fueron destinados al plan de créditos destinados para solventar la crisis de la pandemia.

Resaltó que siempre se hizo énfasis en que los bancos no tuvieran algún tipo de ganancia por cuenta de la crisis, pero, según el congresista Benedetti, “ha pasado todo lo contrario”.

Por otra parte, destacó que el nuevo fondo de emergencia entró en vigencia con $24 billones, plata proveniente de los diferentes departamentos. Sin embargo, argumentó que, a día de hoy, se han gastado 15 billones de ese presupuesto total, razón por la que pidió respuesta al Ministro de Hacienda para saber puntualmente en qué se gastaron esos dineros.

Hizo también hincapié en la renta básica destinada a las personas desempleadas, que consiste en asignar un sueldo básico por tres meses a siete millones de personas.

Entre tanto, el congresista Juan Felipe Lemus, partido de la U, manifestó que el no reconocer la labor que el Gobierno del presidente Iván Duque ha llevado a cabo para atender la pandemia, es observar una realidad que algunos quieren mostrar a la opinión pública, pero que no corresponde a la verdad.

El congresista cuestionó por qué no es posible, a estas alturas, que las bancas de segundo piso, Bancoldex y Finagro entreguen los créditos de manera directa sin problemas y sin intermediarios y agregó que Ascobancaria manifestó que de los $10 billones dispuestos para las garantías, se han consumido un total de $8.2 billones. Sin embargo, el Ministro de Hacienda expresó que los desembolsos reales llegan solamente a los $2 billones.

Garantizar bioseguridad

El vocero del Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, mostró su preocupación con el personal médico sanitario del país. “Lo lógico es que el personal médico tenga los elementos de protección garantizados. No existe un verdadero compromiso entre empleadores para poder garantizar esos elementos de bioseguridad”.

Agregó: “Preocupa mucho que hoy se sigan presentando contagios por Covid19 de personal médico y no existan los mecanismos de protección”.

El senador Didier Lobo le reconoció al ministro de Salud, Fernando Ruíz, “sus buenas acciones y las del Gobierno. Yo sé que hay muchas cosas por mejorar, ante al país quiero reconocer como congresista del partido Cambio Radical todo el esfuerzo y que ha estado a la altura de las exigencias” y añadió: “Tengo una pequeña inquietud y es revisar lo que está pasando con la Nueva EPS, hoy los informes que presenta no son reales”.

El senador John Milton Rodríquez, de Colombia, Justa y Libre, dijo: “Hay suficiente talento humano en el sector salud para atender la pandemia; pero no tienen la suficiente protección y garantía. Reiteramos la necesidad de que las ARL suministren los insumos necesarios para el sector, lo más pronto posible”.

Crédito especial

En desarrollo de la plenaria intervino el senador Álvaro Uribe, Centro Democrático, quien dijo que los altos impuestos desde 2014 pararon la economía, redujo la pobreza.  “Nosotros proponemos una póliza obligatoria de salud y también el bono solidario para los niños de bajos ingresos y sus familias. Nosotros proponemos un crédito especial para los pequeñas y medianas empresas, como para todos aquellos que son independientes, ya que así podrán tener más alivios económicos”.

El senador Carlos Guevara, del partido MIRA, indicó: “El Gobernador de Cundinamarca decidió cerrar Corabastos, no sé si estas medidas se pueden ir tomando en otras regiones del país, donde hay contagio en las zonas de abastecimiento”, a la vez que dijo que “cómo determinar el costo real de la prestación, que tiene que aprovisionar el Estado para atender esta emergencia en servicios de salud”.

Por su parte, el senador Gabriel Velasco, Centro Democrático, manifestó: “El Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para defender la salud y la vida de los ciudadanos, destinando ayudas a más de 10.6 millones de colombianos, evitando que llegue el hambre, 21 billones de pesos en salud; subsidios a nóminas, entre otras medidas, así algunos busquen negarlo”.

Antes de levantar la plenaria alrededor de la medianoche, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, anunció el envío de una carta al presidente Iván Duque con el asunto "Análisis respetuoso en relación con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio", en la que solicitaría que se flexibilizaran algunas medidas de la cuarentena, con el fin de que la plenaria del Senado pueda reunirse de manera presencial en el Capitolio Nacional, la próxima semana.

Ampliar impuesto al patrimonio proponen más de 50 senadores

A través de una proposición presentada en la plenaria de la corporación, los senadores plantean un Acuerdo Nacional entre el Gobierno y el Congreso que permita que las dos ramas del Poder Público beneficien a cerca de 34,5 millones de personas, es decir al 71% de la población colombiana, por un período de tres meses, para superar la crisis de la nación por el Covid-19

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2020 (Prensa Senado).- En el primer debate de control político en forma virtual de la plenaria del Senado, en el que se discutió sobre las acciones del Gobierno para enfrentar la crisis ocasionada por el Covid-19 y que tiene infectados a cerca de 13 mil colombianos, ha causado la muerte a más 500 personas y ha generado una devastadora crisis económica y social, más de 50 senadores propusieron ampliar el impuesto al patrimonio, reasignar gastos del presupuesto nacional, subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales, entre otros aspectos, para evitar que se aumente la tragedia nacional.

“Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía”, es el título de la propuesta respaldada por los senadores de las bancadas independientes y de la oposición donde establecen un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales, es decir $1.409.000, que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables.

De la misma manera establecen una transferencia de un salario mínimo, $877.000, a los 9.5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene Colombia, medida que cubriría a 31 millones de personas, según los cálculos del estudio de quienes lideran la proposición.

El monto de los recursos alcanzaría la suma de $40.5 billones para salvar a 71% de colombianos por Covid-19, destacan los senadores liderados por Iván Marulanda, quien leyó el documento ante la plenaria, Andrés Cristo, Guillermo García Realpe, Temistocles Ortega, Maritza Martínez, Jorge Robledo, Roy Barreras, Jaime Durán, entre otros, incluyendo voceros de los partidos, que si no es atendida por la plenaria de la corporación la propuesta, “seguiremos adelante con nuestra función legislativa y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Política, la presentaremos como iniciativa legislativa en el propósito de modificar y adicionar disposiciones contenidas en los decretos legislativos expedidos por el gobierno al amparo de la Emergencia Económica declarada el pasado 16 de marzo”.

El siguiente es el texto de la proposición que los senadores presentaron en la sesión plenaria virtual.

Proposición

Propuesta Económica: “El Estado como garante de la vida digna de la población y del sostenimiento de la economía”.

Intégrese una comisión compuesta por miembros de los partidos a los cuales pertenecen los senadores firmantes de la presente proposición para que se reúna a la mayor brevedad con el Gobierno nacional a presentarle la “Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía”, que se describe a continuación. Lo anterior en la expectativa de alcanzar un acuerdo nacional que permita a las dos ramas del poder trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño que trae a la nación la pandemia Covid-19.

Si dicho acuerdo resulta imposible, los senadores y senadoras que suscribimos la presente proposición seguiremos adelante con nuestra función legislativa y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Política, la presentaremos como iniciativa legislativa en el propósito de modificar y adicionar disposiciones contenidas en los decretos legislativos expedidos por el Gobierno al amparo de la Emergencia Económica declarada el pasado 16 de marzo, así como de nuevos decretos que pueda expedir el gobierno al amparo de otras declaraciones de emergencia en el marco de la actual crisis originada en la pandemia Covid-19, los cuales se encuentran sometidos a la revisión del Congreso.

La iniciativa, que hemos denominado ‘Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía’, está construida sobre dos grandes apoyos:
Un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis.

Una transferencia de un salario mínimo ($877.000) a los 9.5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene Colombia. Esta medida cubrirá a 31 millones de personas.
La propuesta en su totalidad permite beneficiar a cerca de 34,5 millones de personas, es decir al 71% de la población colombiana, por un período de tres meses. Tendría un costo total de 40.5 billones de pesos, lo que corresponde al 4% del PIB.

Esta propuesta garantiza a la población la supervivencia digna y sostener la estructura productiva durante la emergencia, amenazadas por el desempleo, la pérdida de ingresos y la destrucción de empresas. Busca darles la mano a los hogares pobres y vulnerables del país, a los empleados formales y trabajadores independientes vinculados a actividades laborales vulnerables, aunque no pertenezcan a hogares pobres y vulnerables, así como a las empresas que debieron cerrar su producción y sus ventas. El ingreso que se propone para estas poblaciones unificaría, reemplazaría e incrementaría la cuantía y la cobertura de las transferencias monetarias existentes: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el recién creado Ingreso Solidario.

Somos conscientes del enorme costo de estas medidas, pero corresponden al daño enorme que han sufrido las familias y la economía, así como al riesgo de que ese daño sea aún mayor y hasta irreparable. Son urgentes y su materialización es inaplazable, por lo que es indispensable diferenciar las fuentes de financiación inmediata que permitirán ponerlas en marcha y las fuentes de mediano plazo que las irían sustituyendo a medida que vayan ingresando.

Las fuentes de financiación inmediatas son:
Ampliar el impuesto al patrimonio; reasignar gastos del presupuesto nacional: llevar a este plan de urgencia los recursos de transferencias monetarias existentes; reducir los gastos de funcionamiento que no sean indispensables; los recursos de proyectos aplazables y los cancelados como consecuencia de la emergencia; los recursos disponibles en el FOME (en particular, los recursos de los títulos de solidaridad); el recaudo del impuesto solidario Covid-19 creado mediante el Decreto 568 del 2020; suspender con efecto inmediato los beneficios tributarios aprobados en la Ley 2010 de 2020, Ley de Crecimiento Económico; y solicitar un crédito directo al Banco de la República, garantizado en reservas internacionales, en desarrollo del artículo 373 de la Constitución Política.

Los recursos necesarios a mediano plazo para financiar el programa deberán provenir de una reforma tributaria estructural, por lo mismo progresiva, equitativa y eficiente como lo ordena la Constitución, que elimine beneficios tributarios injustos e innecesarios, aumente el impuesto al patrimonio, los dividendos y la renta de personas naturales de mayor riqueza. Así mismo, contemple la creación de una sobretasa a los sectores beneficiados durante la emergencia, servicios domiciliarios, supermercados, etc. De otro lado, es necesario avanzar en el trámite de créditos con la banca multilateral y la refinanciación de la deuda pública.

Firman,
Iván Marulanda (Partido Alianza Verde), Roosevelt Rodríguez (Partido de la U), Iván Cepeda (Polo Democrático), Guillermo García Realpe (Partido Liberal), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Criselda Lobo (Partido FARC), Gustavo Bolívar (Coalición Decentes), Antonio Sanguino (Partido Alianza Verde), Roy Barreras (Partido de la U), Alexander López (Polo Democrático), Gustavo Petro (Colombia Humana), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), Wilson Arias (Polo Democrático), Angélica Lozano (Partido Alianza Verde), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), Aída Avella (Coalición Decentes), Rodrigo Villalba (Partido Liberal), Miguel Amín (Partido de la U), Jorge Eduardo Londoño (Partido Alianza Verde), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Victoria Sandino (Partido FARC) y Alberto Castilla (Polo Democrático).

También integran la lista, Andrés Cristo (Partido Liberal), Feliciano Valencia (Partido Mais), Eduardo Pulgar (Partido de la U), Iván Darío Agudelo (Partido Liberal), Ritter López (Partido de la U), Juan Luis Castro (Partido Alianza Verde), Horacio José Serpa (Partido Liberal), Germán Hoyos (Partido de la U), Laura Fortich (Partido Liberal), Iván Name (Partido Alianza Verde), José Alfredo Gnecco (Partido de la U), Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), Berner Zambrano (Partido de la U), José Aulo Polo (Partido Alianza Verde), Jaime Durán Barrera (Partido Liberal), Armando Benedetti (Partido de la U), Sandra Ortiz (Partido Alianza Verde), Maritza Martínez (Partido de la U), Pablo Catatumbo (Partido FARC), Mario Castaño (Partido Liberal), John Besaile (Partido de la U), Israel Zúñiga (Partido FARC), José David Name (Partido de la U), Julián Gallo (Partido FARC), Jorge Guevara (Partido Alianza Verde), Julián Bedoya (Partido Liberal) y Andrés García Zuccardi (Partido de la U).

 

Comisión Segunda debatió tema de interceptaciones ilegales

En sesión virtual, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, instó a los organismos de control para que se esclarezcan cuanto antes las conductas de algunos integrantes del Ejército Nacional, involucrados en esos hechos.

Bogotá D.C, 13 de mayo de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión Segunda debatió hoy el tema del llamado seguimiento Informático por parte de algunos miembros del Ejército Nacional.

A la sesión fueron citados los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y del Interior, Alicia Arango; lo mismo que el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro; el comandante del Ejército Nacional mayor general Eduardo Enrique Zapateiro; el jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, coronel Milton Fajardo Guevara, y el director General Nacional de Inteligencia, almirante Rodolfo Amaya.

En la sesión virtual que se prolongó por cerca de cinco horas, los senadores Jaime Durán, liberal, y Juan Diego Gómez, conservador, calificaron como grave para la libertad de prensa y para la democracia, los seguimientos a periodistas, sindicalistas, líderes sociales, políticos y hasta funcionarios de la Casa de Nariño, aspecto que fue publicado recientemente por la Revista Semana.

El senador Jaime Durán destacó la actividad que a diario realiza el Ejército Nacional e instó para que prevalezca el respeto por los derechos humanos, la soberanía y el Estado Social de Derecho.

Sostuvo que toda actuación y respuesta por parte del Ministro de Defensa debe ser a fondo, ya que de esta manera los entes de control podrán contrarrestar cualquier irregularidad en casos ilegales.

“La mejor colaboración que se le puede prestar al Ejército de Colombia es logrando dar claridad sobre la verdad de los hechos, pues esta es una democracia en la que cabemos todos y como tal debemos rectificar y hacer mejor nuestra vivencia en el marco de la Constitución”, expresó Durán.

Por su parte, el legislador Juan Diego Gómez precisó: “Le pedimos al presidente Iván Duque hacer uso del mandato que le da la Constitución como Comandante y Jefe de las Fuerzas Militares, para que proceda a hacer una depuración al interior del Ejército Nacional y de la Policía, si fuese necesario”, a la vez que sostuvo: “No le podemos hacer eco a divisiones al interior de las Fuerzas Militares y mucho menos a divisiones dentro del Gobierno. Cuando el nombre del Ejército se pone en riesgo hay que buscar a los responsables políticos y hacer los cambios correspondientes”.

Agregó que estos hechos de interceptación ilegal ponen en juego la libertad de prensa, la institucionalidad y la democracia, “situación que nos conlleva a rodear y a coadyuvar al presidente Iván Duque en su plan de agenda”.

En su intervención, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que el presidente de la República ha sido responsable y enfático en las indicaciones para que ante todo hecho y acto de ilegalidad se actúe con todo el peso de la ley. No obstante, el Ministro invitó a la Comisión Segunda a que instauren sus denuncias correspondientes ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía generales respecto al tema de las interceptaciones ilegales.

“El nombre del Ejército no se debe poner en riesgo”, agregó el jefe de la cartera de Defensa.

Habla el Presidente del Senado

Durante la sesión virtual intervino el presidente del Senado, Lidio García Turbay, partido Liberal, quien destacó la importancia del debate de control político que se realizaba en la Comisión Segunda.

El senador García Turbay dijo que es un tema donde el país quiere saber la verdad, tras anunciar que en la plenaria del Senado se realizará un debate sobre este particular en el marco del Estatuto de la Oposición, según una proposición presentada por el congresista Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes.

En el curso de la sesión, el congresista Iván Cepeda, Polo Democrático, subrayó: “Se debe respetar la presunción de inocencia de los periodistas, dado que esas actividades de inteligencia y contrainteligencia militar resultan bastante incomodas para la dignidad de cualquier ser humano”.

Seguidamente, la senadora Emma Claudia Castellanos, Cambio Radical, expresó que las Fuerzas Militares son el equilibrio de la Democracia. “Queremos saber quién estaba solicitando esta información y saber quiénes son las personas y los nombres que reposan en estas carpetas”.

Entre tanto, el legislador Antonio Sanguino, Alianza Verde, manifestó que este tema de ilegalidad es muy parecido al que sucedió hace unos años cuando existió el DAS. “Si no tenemos conciencia que aquí hay un sector que nos considera como enemigos a todos aquellos que no pensamos de la misma manera, pues difícilmente vamos a poder superar esta situación”.

La congresista Paola Holguín, Centro Democrático, indicó: “Este Gobierno ha sido diligente y sobre todo responsable. Se han realizado cambios en la estructura de Inteligencia y Contrainteligencia militar. El Gobierno ha sido el primero en actuar con rigor. Nosotros no podemos caer en trampas, aquí hay sectores empeñados en desquebrajar la democracia y la institucionalidad”.

Para el senador Gustavo Bolívar “una operación tan grande no es posible que se haga con una sola persona, por tal razón las respectivas sospechas de las personas que hacen seguimientos deben ser denunciadas ante la Justicia Penal Militar”.

El presidente de la Comisión Segunda, José Luis Pérez Hoyuela, Cambio Radical, hizo un llamado para que se conozca toda la verdad y de la misma manera sean judicializados los responsables. “Nuestro Ejército Nacional esta vestido de Patria y de clamor por Colombia”.

Intervienen los ministros

En el curso del debate virtual intervino la ministra del Interior, Alicia Arango, quien precisó: “Nuestra misión está dirigida a cumplir con las políticas y programas que emanan del Gobierno nacional. Este Ministerio no es órgano de investigación, ni de control, tampoco de inteligencia, ni de contrainteligencia”.

Precisó que el Gobierno brinda suficientes garantías, a través del Ministerio de Defensa, para que haya una investigación coherente y de fondo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, destacó que el presidente Iván Duque es un hombre decente, respetable y siempre ha mantenido una política de cero tolerancia frente a la criminalidad. “Es un verdadero Comandante de las Fuerzas Armadas y hago una defensa del Ejército colombiano”.

“Nuestra tarea ha sido fortalecer las actividades de inteligencia y contrainteligencia, en materia de investigaciones, protocolos y sobre todo el respeto al libre ejercicio de derecho de los ciudadanos. Venimos dando pasos de manera muy rápida y contundente, pues recordemos que aquí actuamos con base en varias líneas y competencias, la disciplinaria, administrativa, penal y judicial”, manifestó.

Al concluir dijo: “Debemos reiterar que la política de Gobierno es cero corrupción, cero tolerancia con cualquier acto que atente contra la ley o contra los ciudadanos”.